Nacionales
Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico
Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.
Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.
El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.
Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.
Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.
Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.
El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.
¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?
Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.
“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.
Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.
Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.
De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.
En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.
Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)
Nacionales
La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana
El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.
Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.
El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.
También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.
Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.
La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.
El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.
Nacionales
Ministerio de Salud apuesta por plataforma de USD 240 millones para controlar medicinas y conectar hospitales
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de una plataforma de gestión hospitalaria que busca mejorar la atención a los pacientes y fortalecer el control de medicamentos e insumos.
El proyecto, cuyo plazo de ejecución será de siete años, busca integrar la información de los pacientes, avanzar hacia una historia clínica electrónica única y fortalecer el control de medicamentos e insumos en la red pública.
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
“Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
Plataforma para atención de pacientes
Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos.
Por medio de este proceso, las autoridades buscan “conectar progresivamente” los establecimientos administrados por el Ministerio y mejorar la atención a los pacientes.
“Queremos que cada uno de ustedes tenga una identidad única dentro del sistema y avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada y disponible para el personal médico”, dijo Aveiga.
“Contaremos con Dedalus Group, uno de los sistemas más probados y utilizados en el mundo y uno de los mayores proveedores globales de software de salud y soluciones de sistemas de información hospitalaria e historia clínica electrónica”, manifestó el gerente de CNT.
Esta contratación se anuncia en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas que atraviesan los hospitales públicos y que el Gobierno del presidente Daniel Noboa no ha logrado solucionar.
Las autoridades han atribuido esta escasez a supuestas mafias enquistadas en los hospitales. Ante esta situación, Noboa también ha anunciado compras masivas de medicamentos para enfrentar el desabastecimiento. Fuente: Vistazo
Nacionales
Bajan 3 centavos de las gasolinas Extra y Ecopaís y diésel en septiembre de 2026, anuncia presidente Noboa
El presidente Daniel Noboa anunció una reducción de USD 0,03 por galón de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel a partir del 12 de septiembre de 2026.
Con el ajuste, las gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos, pasarán de USD 3,24 a USD 3,21 por galón. El diésel Premium bajará de USD 3,18 a USD 3,15. Este precio estará vigente hasta el 11 de octubre próximo.
Se trata de la tercera reducción consecutiva. En julio, las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel bajaron cinco centavos por galón. En agosto, los tres combustibles volvieron a bajar USD 0,02 por galón: la Extra y Ecopaís pasaron de USD 3,26 a USD 3,24, mientras que el diésel Premium bajó de USD 3,20 a USD 3,18.
Gobierno anticipó nuevas reducciones hasta diciembre
El Gobierno ya había anticipado que las reducciones podrían continuar de manera gradual hasta diciembre de 2026, pese al repunte del precio del petróleo en el mercado internacional, marcada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que comenzó el 28 de febrero de 2026.
El precio del petróleo WTI, referencia para Ecuador, cerró este martes 8 de septiembre con un alza de 1,7%, en USD 93,03 por barril, impulsado por los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.
Es el precio más alto desde el 24 de julio, cuando el crudo cerró en USD 89,31.
Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo y los combustibles han mostrado gran volatilidad. En marzo subieron con fuerza, pero bajaron en abril tras el alto el fuego. En junio volvieron a repuntar, ante las nuevas tensiones y las dificultades para mantener el acuerdo.
Ecuador siente este impacto porque los precios de los combustibles para el sector automotor (gasolinas de bajo octanaje y diésel) ya no están congelados ni subsidiados. Ahora cambian mensualmente bajo un sistema de bandas que toma en cuenta el precio internacional del petróleo junto a otras variables.
Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 para las gasolinas Extra y Ecopaís, y se incorporó al diésel en diciembre de 2025.
El sistema de bandas establece límites para los cambios mensuales: los precios pueden subir hasta 5% o bajar hasta 10% frente al período anterior.
Sin embargo, este año el Gobierno de Daniel Noboa modificó el mecanismo con el objetivo de reducir el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, que habían aumentado de manera consecutiva desde enero. Con el sistema de bandas, cuando los precios del petróleo y los combustibles bajaron en abril, tras el alto al fuego, esa reducción no se trasladó al consumidor final.
Por ello, en julio, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 444, con este se creó un mecanismo excepcional para acelerar las bajas cuando se cumplen determinadas condiciones. Luego, en agosto, el Decreto Ejecutivo 468 modificó ese esquema para que las reducciones del costo de importación se trasladen de manera gradual a los precios de los combustibles.
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