Nacionales
Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico
Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.
Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.
El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.
Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.
Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.
Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.
El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.
¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?
Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.
“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.
Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.
Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.
De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.
En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.
Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)
Nacionales
Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.
La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.
La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.
Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.
Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría
Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.
Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.
Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.
Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.
De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.
El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad
Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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