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Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico

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Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.

Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.

El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.

Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.

Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.

Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.

El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.

¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?

Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.

“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.

Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.

Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.

De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.

En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.

Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)

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MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó una nueva organización territorial mediante un acuerdo publicado el 19 de febrero de 2026 en el Registro Oficial. La reforma elimina las actuales 9 coordinaciones zonales y 92 direcciones distritales, y las reemplaza por 153 unidades desconcentradas en todo el país. La nueva estructura estará conformada por 24 direcciones provinciales —una por cada provincia— y 129 oficinas técnicas.
La medida se fundamenta en un análisis de presencia institucional y se enmarca en el cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 70 y 108 de 2025. Según lo dispuesto, las direcciones provinciales asumirán la responsabilidad de la articulación y gestión territorial de la política pública de salud.
El acuerdo es de aplicación obligatoria para el nivel central y las nuevas unidades desconcentradas. Además, establece que en un plazo de 20 días deberán emitirse los lineamientos necesarios para su implementación. Asimismo, se fija un período de 180 días para completar los procesos de transferencia y reorganización institucional en todo el territorio nacional.
El MSP garantizó la continuidad de los servicios de salud durante la transición y el respeto a los derechos del personal. También se dispuso que los establecimientos que no ingresen en la primera fase de reorganización mantendrán su funcionamiento actual hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar una implementación progresiva y ordenada.
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Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.

En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Se pueden hacer denuncias

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.

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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

Los canales habilitados

El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:

Canal webhttps://www.contactociudadano.gob.ec/

Línea telefónica: 1800 266 822

Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.

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Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa

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Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de EcuadorDaniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

«La educación municipal no se toca», «no a la reforma 70/30» y «no a los cierres de colegios y escuelas municipales» fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

«Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros», señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)

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