Nacionales
Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico
Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.
Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.
El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.
Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.
Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.
Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.
El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.
¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?
Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.
“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.
Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.
Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.
De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.
En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.
Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)
Nacionales
Paquisha conmemoró 45 años de la Gesta Heroica y fue sede del IX Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú
El cantón Paquisha fue el escenario del acto solemne por la conmemoración de los 45 años de la Gesta Heroica de Paquisha (1981) y el 31 aniversario de la Gesta del Alto Cenepa (1995), evento que se desarrolló mediante una Ceremonia Civil y el Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú, como símbolo de memoria histórica, reconocimiento y compromiso con la paz.
La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa encargada del cantón Paquisha, María Velásquez, autoridades civiles y militares, representantes de la Gobernación de Zamora Chinchipe, delegados del Batallón de Selva N.º 62 Zamora, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, delegaciones de veteranos de guerra de Ecuador y del Perú, instituciones educativas, organizaciones de paz y ciudadanía en general.
En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa encargada María Velásquez, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, destacó que la fecha “no es un día cualquiera”, sino un momento en el que la historia exige memoria, respeto y gratitud. Subrayó que Paquisha no solo representa un punto geográfico, sino un símbolo de dignidad, soberanía y amor profundo por la patria, reafirmando el compromiso institucional de preservar la memoria histórica y promover valores de unidad, justicia social y paz duradera.
Por su parte, el capitán Luis Eras, delegado del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y del teniente coronel Héctor Chimborazo Martínez, transmitió un mensaje de reconocimiento a los veteranos de las gestas de Paquisha, Mayaico, Machinaza y Alto Cenepa, resaltando el legado de patriotismo, disciplina y sacrificio que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones militares y civiles. En su intervención, enfatizó que la paz alcanzada es fruto del valor y la entrega de quienes defendieron la soberanía nacional.
Durante el acto, el coronel Guillermo Vélez, miembro del Comité Mundial de la Paz, realizó una reflexión histórica y humanista sobre el significado de Paquisha como territorio de patriotismo, progreso y reconciliación binacional. Recordó su participación en los acontecimientos de 1981 y resaltó que el mayor triunfo de los pueblos no es la guerra, sino la construcción de una paz basada en justicia, democracia y libertad. Asimismo, destacó el crecimiento y desarrollo del cantón como evidencia del valor de la paz consolidada.
En el marco del encuentro binacional, Jorge Acuña, obispo y representante de la delegación del Perú, señaló que este noveno encuentro bilateral forma parte de un proceso sostenido de integración iniciado en 2018, orientado a promover la amistad, la convivencia y el desarrollo entre Ecuador y Perú. Recordó que la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú fue nominada en 2019 al Premio Nobel de la Paz y al Premio Princesa de Asturias, como reconocimiento a su labor por la reconciliación y la paz.
A su vez, Emilio González, en representación de los veteranos de guerra, enfatizó el rol de los excombatientes como constructores de paz y guardianes de la memoria histórica, destacando que la historia de los conflictos de 1941, 1981 y 1995 debe ser comprendida desde una mirada ética y humana, orientada a evitar la repetición de la violencia. Subrayó que la verdadera victoria no se mide en territorios, sino en la capacidad de preservar la vida y fortalecer el diálogo entre los pueblos.
Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento público al señor Job Sarango, héroe civil de la provincia de Zamora Chinchipe, destacado por su apoyo y guía a las tropas durante la Gesta Heroica de Paquisha, resaltando el papel fundamental de la población civil en la defensa del territorio nacional.
El Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra ratificó el compromiso de Ecuador y Perú con la paz, la integración y la cooperación, dejando como mensaje central que recordar la historia no divide a los pueblos, sino que los fortalece, y que la memoria es una herramienta fundamental para construir un futuro de convivencia, desarrollo y esperanza para las nuevas generaciones.
¡Que viva Paquisha! ¡Que viva Zamora Chinchipe! ¡Que viva el Ecuador y la paz entre los pueblos!
Nacionales
Minería en disputa: Zamora Chinchipe reivindica autonomía gremial frente al centralismo del sector industrial
La Cámara de Minería del Ecuador (CME), organismo gremial con 47 años de trayectoria institucional, reafirmó públicamente su rol como entidad técnica y empresarial encargada de agrupar y representar a las empresas del sector minero industrial, promoviendo una actividad minera responsable, legal y en estricto apego al marco normativo vigente.
En su pronunciamiento oficial, la CME precisó que el ciudadano Paul Pineda, de la provincia de Zamora Chinchipe, no integra esta organización, por lo cual la institución no reconoce ni valida ninguna vocería, representación o declaración atribuida al sector minero industrial que provenga de personas u organizaciones ajenas a su estructura formal. En ese contexto, la Cámara Nacional reiteró que no avala manifestaciones realizadas a nombre de la industria minera por actores externos al gremio.

Posición institucional de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe
Frente a este comunicado, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe (CAMIZ) emitió una aclaración pública dirigida a la ciudadanía y al sector minero nacional, en la que ratifica su constitución legal, su autonomía gremial y su ámbito legítimo de representación.
La CAMIZ explicó que su presidente, el Sr. Paul Pineda, ejerce su liderazgo exclusivamente en representación de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia, sin que exista pretensión alguna de representar a la minería industrial o transnacional, competencia propia de la CME. La organización enfatizó que su legitimidad se sustenta en la base productiva local, vinculada directamente al territorio y a la economía provincial.
Regularización minera y derechos constitucionales
En su pronunciamiento, la Cámara provincial advirtió sobre la necesidad de centrar el debate público en los procesos de regularización minera pendientes, señalando que la falta de cumplimiento estatal constituye un factor de inseguridad jurídica para miles de familias que dependen históricamente de esta actividad.
La CAMIZ recordó que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al trabajo, así como la seguridad jurídica para quienes, por tradición productiva, han ocupado y trabajado el territorio. En este sentido, reiteró su oposición a cualquier iniciativa que implique desplazamiento o despojo territorial en favor de intereses económicos externos a la provincia.
Autonomía gremial y ética institucional
Desde una perspectiva jurídica, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe subrayó que el derecho de asociación, reconocido por el ordenamiento legal ecuatoriano, garantiza la independencia organizativa de los gremios, por lo que no existe relación de subordinación entre la CAMIZ y la Cámara Nacional.
Asimismo, la organización hizo un llamado a la ética institucional, instando a que el debate minero se conduzca con responsabilidad, evitando prácticas de desinformación o confrontación política que afecten la credibilidad del sector y la convivencia social en los territorios.
Compromiso con una minería justa y soberana
La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reiteró su compromiso con una minería justa, soberana y socialmente responsable, orientada al desarrollo local, al respeto de la historia productiva de la provincia y a la defensa de los derechos de los pequeños productores.

Nacionales
Estudiantes de derecho de la UTPL presentan el primer boletín jurídico del sur del país
En una entrevista concedida al programa informativo de Diario El Amazónico, Gabriela Durán, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), dio a conocer los alcances, objetivos y proyección académica del Primer Boletín Jurídico del sur del Ecuador, una iniciativa inédita impulsada desde la comunidad estudiantil universitaria.
Durante su intervención, Durán explicó que este proyecto surge como resultado del interés de los estudiantes de Derecho por materializar ideas académicas generadas en espacios de reflexión, diálogo con docentes y trabajo colaborativo entre compañeros. El boletín tiene un doble propósito: constituirse en un aporte tangible a la sociedad y, a su vez, funcionar como una escuela de formación académica para futuros abogados y abogadas del país.
La entrevistada señaló que el boletín busca cubrir vacíos de información jurídica en la región sur, ofreciendo perspectivas estudiantiles sobre derecho, política y sociedad. Al tratarse de un proyecto “de estudiantes para estudiantes”, su enfoque se centra en brindar información actualizada, verídica, accesible y de alta calidad, dirigida no solo a jueces, fiscales y profesionales del Derecho, sino también a la ciudadanía en general.
Desde el ámbito formativo, Gabriela Durán destacó que el valor del boletín trasciende lo material, pues constituye un referente simbólico y académico, al ser una de las primeras iniciativas de este tipo en la región. Asimismo, subrayó que el proyecto demuestra que los estudiantes no deben esperar al ejercicio profesional para liderar propuestas de impacto, sino que pueden hacerlo desde su etapa universitaria, con el respaldo institucional correspondiente.
En cuanto al proceso editorial, Durán informó que para esta primera edición se recibieron alrededor de 150 artículos a nivel nacional, provenientes de estudiantes de Derecho de la UTPL en modalidad presencial y a distancia. Los criterios de selección se centraron en aspectos técnicos, estructura, argumentación jurídica y redacción, brindando además un acompañamiento personalizado a cada autor, lo que fortaleció el carácter formativo del proyecto.
Los contenidos del boletín abarcan diversas ramas del Derecho, entre ellas Derecho Constitucional, Penal, Ambiental y Derecho Comparado, así como análisis de coyuntura social y política internacional. Entre los artículos destacados constan trabajos sobre los derechos de la naturaleza, temática en la que Ecuador es referente mundial, y estudios comparativos sobre figuras jurídicas como el infanticidio y la cadena perpetua en Ecuador y Perú.
Gabriela Durán resaltó que los estudiantes cumplen un rol central como investigadores y protagonistas del boletín, lo que contribuye a fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad analítica y el compromiso social desde la academia. En este sentido, enfatizó la importancia de democratizar el conocimiento jurídico, promoviendo el acceso ciudadano a información que permita comprender y ejercer los derechos establecidos en la normativa vigente.
Finalmente, la estudiante agradeció el apoyo brindado por las autoridades y docentes de la UTPL, quienes respaldaron el proyecto tanto en el ámbito técnico como logístico y presupuestario, posibilitando la publicación del boletín en formato físico y digital, disponible en las plataformas oficiales de la universidad, en la sección de novedades.
Al cierre de la entrevista, Gabriela Durán invitó a la comunidad académica, jurídica y a la ciudadanía en general a leer el boletín, señalando que este no está dirigido exclusivamente a especialistas, sino a toda persona interesada en la justicia y en la construcción de un país más informado. “Aquí el derecho deja de ser herencia para convertirse en porvenir”, concluyó.
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