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Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico

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Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.

Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.

El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.

Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.

Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.

Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.

El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.

¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?

Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.

“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.

Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.

Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.

De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.

En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.

Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)

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Reimberg advierte a jueces: “Se enderezan o van presos”, tras allanamientos a magistrados de la Corte Nacional

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El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura advertencia a los operadores de justicia luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara allanamientos contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho.

«Allanaron a un juez de la Corte Nacional por cohecho para que les llegue el mensaje: no son intocables, nadie es intocable. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos«, manifestó Reimberg en una entrevista radial.

Las diligencias son el resultado de una investigación relacionada con un fallo judicial emitido en 2023 que favoreció a una empresa china con una indemnización millonaria.

Presunto cohecho en fallo a favor de empresa china

La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito, dentro de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.

Durante los allanamientos se levantaron como indicios documentos, teléfonos celulares y computadoras.

Los investigados son Milton Velasquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces que habrían integrado el Tribunal que ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 59’334.103,17 a favor de una empresa china.

La compañía asiática China Railway había iniciado acciones legales contra el Ministerio de Educación por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

La noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, quien fue sentenciado en el caso Plaga.

Hernández recuperó su libertad en abril de 2025, tras cumplir diez meses de prisión por colaborar con la Fiscalía, y rindió su versión en calidad de testigo protegido.

Manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.

Por último, Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, «con respeto al debido proceso».

El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fuente: Vistazo

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Cedulación en Ecuador: ¿por qué los niños deben esperar hasta los siete años para tener el código dactilar permanente?

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A los siete años de edad, las niñas y niños registran por primera vez sus huellas dactilares en la cédula de identidad. Es recién en esta etapa cuando las crestas papilares (los relieves en la piel que forman las líneas de los dedos, palmas y plantas de los pies) alcanzan la nitidez y definición necesarias para garantizar una identificación biométrica confiable.

A partir de esta edad, el Registro Civil realiza la captura, por primera vez, de estas huellas cuando obtiene su cédula por primera vez o la renueva.

En este proceso responde a criterios científicos y técnicos y es un dactiloscopista de la entidad, quien realiza una verificación técnica y registra el código dactilar permanente, el cual reemplaza al registro temporal asignado durante la primera infancia.

¿Por qué las huellas dactilares son confiables?

Las huellas dactilares poseen características que las convierten en uno de los métodos de identificación más seguros del mundo. Estas son algunas de ellas:

  • Son únicas: No existen dos personas en el mundo con el mismo dibujo dactilar.
  • Son permanentes: Se mantienen sin variaciones estructurales desde su formación y maduración técnica.
  • Son inmutables: No cambian con el paso del tiempo ni por el crecimiento físico.
¿Cómo obtener la cédula de identidad?

Al acudir a cualquiera de las agencias a nivel nacional, el ciudadano debe presentar la siguiente documentación según su caso:

  • En caso de requerir una renovación del documento se debe acercar a la institución con su cédula anterior.
  • Si la cédula fue robada o se perdió, será necesario llevar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea.
  • Llevar el recibo impreso solo si la transacción se realizó previamente en canales virtuales o banca externa.

La cédula emitida por primera vez tiene un costo de USD 5; sin embargo, por renovación su precio cambia a USD 16.

Por disposición del presidente Daniel Noboa, el Registro Civil del Ecuador extendió la atención de los servicios de cédulas y pasaportes, sin agendamiento de turno hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión, se implementó en todas a las agencias de la entidad a escala nacional. Fuente: Vistazo

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Fiscalía investiga a jueces de la Corte Nacional que presuntamente recibieron dinero a cambio de una sentencia

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La Fiscalía realizó varios allanamientos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en el norte de Quito, como parte de una investigación previa de un presunto caso de cohecho, que se desprende el caso Plaga.

El Ministerio Público detalló que investiga a jueces de la Corte Nacional de Justicia, «quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación en una causa en la que estaría involucrada una empresa china».

La investigación se inició con base en el testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga, informó la Fiscalía.

Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos.

La Fiscalía todavía no ha proporcionado más detalles de este caso. Pero hay antecedentes.

El abogado quiteño Michael Hernández, conocido en círculos judiciales como ‘Mike’, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, declaró en septiembre de 2024 que habría operado como intermediario entre abogados y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En su testimonio anticipado vinculó a los entonces magistrados Iván Saquicela y Wilman Terán con una supuesta estructura de favores y pagos ilegales.

Según Hernández, se habrían entregado USD 30.000 a Saquicela para influir en un proceso relacionado con la empresa china China Railway, que reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano. El caso terminó con una decisión judicial que ordenó un pago cercano a USD 59 millones a favor de la compañía.

La causa se originó por un contrato firmado en 2015 entre China Railway y el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. Tras la terminación unilateral del contrato en 2018, la empresa inició acciones legales y obtuvo fallos favorables en tribunales administrativos.

Saquicela rechazó las declaraciones de Hernández y calificó el testimonio como una supuesta maniobra política. Por su parte, Terán purga actualmente condenas por corrupción. Fuente: Primicias

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