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Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico

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Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.

Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.

El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.

Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.

Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.

Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.

El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.

¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?

Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.

“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.

Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.

Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.

De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.

En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.

Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)

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Policías implicados en femicidios en Ecuador: al menos nueve casos entre 2022 y 2026

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Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.

Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.

La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.

El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.

En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.

El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.

El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.

Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.

Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.

En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.

Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.

Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.

Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.

En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.

María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía

María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.

11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.

Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.

Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.

Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista

La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.

Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.

Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.

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Gobierno recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del FMI

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Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.

La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.

Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.

Programa de crédito del FMI

Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.

Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.

Medidas tomadas por Ecuador

El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.

El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.

“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.

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Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.

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La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.

Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.

Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.

Durante su permanencia en prisión, alias “Topo” estableció vínculos con la organización criminal Los Choneros, donde consolidó una relación clave con José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, quien en ese momento era segundo al mando del grupo, por debajo de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña».

Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.

En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.

Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.

En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.

En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.

“Este angelito le hará compañía a Fito»

Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.

“Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”, enfatizó el funcionario. Fuente: Vistazo
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