Nacionales
Capaya ratifica existencia de estructura organizada de corrupción en Petroecuador
Carlos Pareja Yanuzzelli, exgerente de Petroecuador, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, ratificó la existencia de una estructura organizada de corrupción en el sector petrolero, dirigido desde el Ejecutivo, que sometía a organismos de control como la Fiscalía, Contraloría General del Estado, el Comité de Deuda Externa, Ministerio de Finanzas, entre otras carteras, hecho que redundó en la pérdida de más de 5.000 millones de dólares para el país.
Pareja Yanuzzelli, quien cumple siete sentencias por diversos delitos en un centro de privación de libertad, aseguró que, en agosto de 2008, dirigió una carta al Mandatario de la época, alertándole de las prácticas irregulares en las contrataciones petroleras que generaban pérdidas mensuales de nueve millones de dólares, pero no se tomaron acciones.
Igualmente, remitió información al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, para que inicie las correspondientes investigaciones, pero tampoco tuvo respuesta. Por eso, insistió, no podía existir una estructura de delincuencia organizada con la venia de las entidades de control.
Recordó que durante la administración de Carlos Pólit como contralor general del Estado hubo una estructura que desvanecía las glosas en contra de empresas que no cumplían los términos de los contratos. Así como para establecer las glosas se requieren informes técnicos y una serie de procedimientos administrativos, también se efectuaban los informes para desvanecer dichas glosas, explicó.
El exfuncionario de la estatal petrolera agregó que, en su momento, entregó documentación al expresidente Lenín Moreno para que tomara los correctivos, así como al titular de la Legislatura, César Litardo, quien tampoco remitió la información a alguna de las comisiones especializadas para que realice las correspondientes investigaciones.
Subrayó que hay responsables directos por las pérdidas económicas por las contrataciones petroleras, por la contratación de deuda con China, con una garantía soberana ilegal, pero también hay otros exfuncionarios responsables por omisión, ya que conocían de estas prácticas y no hicieron nada para contrarrestarlas, ni para sancionarlas.
Legisladores miembros de la comisión y quienes pidieron asistir con voz a esta comparecencia formularon algunas preguntas al exfuncionario Carlos Pareja Yanuzzelli, algunas de las cuales fueron respondidas y, en otros casos, dijo que no contaba con la documentación de respaldo para topar temas que no formaban parte de su comparecencia. Fuente: Ecuadorenvivo
Nacionales
IESS inaugura punto de atención ciudadana en Zumba para fortalecer acceso a servicios en el cantón Chinchipe
En el marco de una entrevista concedida a Radio San Antonio del cantón Chinchipe, la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Zamora Chinchipe, Susana Ochoa, informó sobre la inauguración oficial de un nuevo punto de atención al ciudadano en la parroquia Zumba, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios administrativos para los afiliados de la zona.
Durante su intervención, Ochoa extendió un saludo a la ciudadanía y destacó la importancia de este nuevo espacio, el cual funcionará en el Centro de Salud Tipo A de Zumba. Señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de descentralizar los servicios del IESS, especialmente para los habitantes de sectores rurales y fronterizos.
El punto de atención permitirá a los usuarios realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a las ciudades de Zamora o Loja, como ocurría anteriormente. Entre los principales servicios habilitados constan: generación y desbloqueo de claves, actualización de datos personales, registro y cambio de cuentas bancarias, así como atención de consultas relacionadas con afiliación, cartera y servicios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
Este servicio se brindará de manera permanente todos los días miércoles, en un horario de 08h00 a 16h00, lo que representa un avance significativo frente al sistema anterior basado en brigadas ocasionales que atendían de forma mensual o bimensual.
La directora provincial subrayó que esta gestión responde a las condiciones geográficas y sociales de los cantones Chinchipe y Palanda, considerados entre los más distantes de la provincia. En este sentido, destacó que la implementación del punto de atención busca garantizar equidad en el acceso a los servicios públicos, especialmente para personas de escasos recursos que enfrentaban dificultades para movilizarse.
Abastecimiento de medicamentos
En relación con la situación de medicamentos, Ochoa informó que, tras una reunión con la directora del Centro de Salud de Zumba, Mayra Pérez, el establecimiento cuenta actualmente con un 77% de abastecimiento, nivel que calificó como adecuado para garantizar la atención a los afiliados.
Por su parte, Mayra Pérez, responsable del IESS en Zumba, explicó que la apertura de este punto de atención es el resultado de un trabajo coordinado sostenido desde el año anterior con la Dirección Provincial del IESS, mediante el cual se gestionaron autorizaciones y recursos necesarios para su implementación.
Pérez destacó que anteriormente los usuarios debían desplazarse a otras ciudades para realizar trámites administrativos, lo que implicaba costos y limitaciones. En ese contexto, resaltó que la institucionalización de este servicio en la localidad representa un avance en términos de eficiencia y cercanía institucional.
El Centro de Salud de Zumba dispone actualmente de servicios en medicina familiar, medicina general, odontología, laboratorio clínico y farmacia. Adicionalmente, se mantiene el servicio de atención médica domiciliaria, que se realiza los días jueves, previa coordinación con los pacientes que lo requieran.
La apertura del punto de atención del IESS en Zumba constituye un paso relevante en la descentralización de servicios y en el fortalecimiento de la cobertura institucional en territorios rurales. Esta iniciativa apunta a mejorar la calidad de atención y reducir las brechas de acceso para los afiliados de la provincia de Zamora Chinchipe.
El juez de la Corte Constitucional, Raúl Llasag Fernández, renunció a su puesto en medio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría sobre el patrimonio de los magistrados en Ecuador. La decisión se conoció este 8 de abril de 2026, según fuentes del organismo.
La renuncia del juez Raúl Llasag Fernández -quien argumentó motivos de salud- debe ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional, de acuerdo con el art. 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su reglamento.
Raúl Llasag Fernández se desempeña como juez titular de la Corte Constitucional del Ecuador desde julio de 2025, cuando fue posesionado para el periodo 2025-2028.
Para que su renuncia sea aceptada se requiere de mayoría calificada (2/3 de votos) en el Pleno de la Corte, en un procedimiento similar al que siguió el organismo cuando renunció la jueza Teresa Núques Martínez y fue reemplazada por Llasag.
Su salida ocurre en en momentos que la Fiscalía General del Estado adelanta una investigación penal contra José Luis Terán y Alí Lozada, jueces de la Corte Constitucional, tras informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
El 2 de abril, el contralor Mauricio Torres reveló que son examinados por este organismo seis jueces de la Corte Constitucional: tres ya completaron su revisión, tres están en proceso y tres más comenzarán en los próximos días.
El funcionario explicó que los informes de indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía, que determinará si existe o no enriquecimiento ilícito, en alusión al caso de Terán y Lozada.
A su vez, la Corte Constitucional emitió un comunicado el 1 de abril, en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial. Fuente: Primicias
Nacionales
La pareja de ‘Fito’, la ‘influencer vacunadora’ y la matricida: estas son las reclusas más peligrosas enviadas a La Roca
La pareja sentimental de alias ‘Fito’, Verónica Briones, la denominada ‘influencer vacunadora’ de Machala, Diana Carolina G., y Andreína L., la mujer acusada del asesinato y desmembramiento de su madre, figuran entre las privadas de libertad de alta peligrosidad trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Estas mujeres cumplen condenas por diversos delitos, entre ellos matricidio, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, sicariato e incluso casos de delincuencia de cuello blanco. Entre las internas también figura ‘La Barbie del Sur’.
“Una extensa lista de delitos que no entrarían en este post si los enumero”, señaló el ministro del Interior, John Reimberg, quien difundió los rostros de las mujeres incluidas en este grupo.
Reimberg informó este miércoles 8 de abril que un total de 61 mujeres fueron reubicadas en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.° 3, mejor conocido como La Roca, como parte de una estrategia para reforzar el control penitenciario.
El traslado se ejecutó entre el martes 7 y miércoles 8 de abril desde nueve centros penitenciarios del país.
“Bienvenidas a La Roca”, escribió Reimberg en sus redes sociales, en alusión al centro de máxima seguridad, cuyo uso para albergar a reclusas de alto perfil ya había sido anunciado días atrás.
Pareja de alias ‘Fito’
Verónica Narcisa Briones Z., conocida como pareja sentimental de alias ‘Fito’, fue llamada a juicio dentro del caso ‘Blanqueo Fito’, que investiga una presunta red de lavado de activos que operaba como un “clan familiar”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, esta estructura habría estado liderada por alias ‘Fito’, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, quien actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, en Estados Unidos.
Según las autoridades, Inda Peñarrieta Tuárez, esposa de ‘Fito’, quien permanece prófuga de la justicia, junto con Verónica Briones habrían ingresado presuntamente alrededor de 2,4 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano.
La ‘influencer’ acusada de vacunar en Machala
La influencer Diana Carolina G. es acusada de formar parte de una red de extorsión o ‘vacunas’ relacionada con la banda criminal ‘Los Lobos’, según la Policía. La joven mostraba su vida cotidiana en Machala, pero en los últimos años sus publicaciones dieron un giro radical: viajes y lujos comenzaron a ser más frecuentes.
Su nombre salió a la luz luego de su captura en un operativo. “Los servidores policiales recibieron la denuncia por parte de una comerciante quien indicó que empezó a recibir mensajes y llamadas de carácter extorsivo. Los antisociales exigían la cantidad de 6.000 dólares, a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia”, dice el informe de la entidad.
La matricida de Sauces 9
Una pena máxima agravada de 40 años de prisión cumple Andreina L. S. por el asesinato de su madre, Marta Solís Cruz, en un caso que conmocionó al norte de Guayaquil por la forma en que el crimen fue cometido.
El hecho ocurrió en octubre de 2025 en una vivienda del sector Sauces 9, donde fue hallado el cadáver de la víctima, en estado de descomposición, oculto en una lavadora.
El crimen, en el que se determinó que Andreína L. S. actuó con alevosía y ensañameinto, fue reconstruído por la Fiscalía a partir de la denuncia por la desaparición de Marta Cecilia Solís Cruz, reportada el 5 de octubre de ese año.
La ‘Barbie del sur’ de Guayaquil
Simuy L. S., conocida por su alias como ‘Barbie del sur‘, cumple una pena privativa de libertad de 23 años 11 meses por la tentativa de asesinato cometida en contra de la modelo de televisión Angie Silva, el 28 de junio de 2015, a las afueras de una discoteca ubicada en la zona rosa en el centro de Guayaquil.
Además, durante su permanencia en prisión, fue nuevamente sentenciada por las lesiones causadas a una compañera de celda, en un hecho registrado el 3 de septiembre de 2018.
De acuerdo con las autoridades, esta medida busca concentrar a las internas consideradas más peligrosas en un solo recinto, con el fin de fortalecer el control estatal y la seguridad del sistema penitenciario. Fuente: Vistazo
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