El lunes 27 de julio del 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón condenó a Gabriela Panchana a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por el delito de injuria, contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para la comunicadora y activista, el proceso no puede entenderse como una situación aislada. Lo ve como parte de una cadena de hechos que empezaron:

Según Luis De Guzmán, la honra es un derecho

Panchana ya contabiliza cuatro denuncias penales en su contra, contando con dos de Luis De Guzmán, quien ha dicho en X que “la honra es un derecho” y que defiende la libertad de expresión, pero que ningún tratado ni corte nacional o internacional señala que ese derecho incluye “imputar delitos sin pruebas”.

“La sentencia es dura, sobre todo por el impacto en mi familia. Hay miedo, angustia. Ahora toca esperar la notificación escrita para presentar los recursos que contempla la ley”, señaló. “Aspiro a que, en la apelación, el tribunal actúe con independencia y aplique el derecho sin presiones”, concluyó.

Al respecto, la abogada constitucionalista María Dolores Miño dijo que “quien denuncia es una persona afín al Gobierno, eso de entrada y en este contexto ya pone la cancha inclinada».

Además, Miño resalta que «Gabriela responde a una provocación. Eso jamás se toma en cuenta a la hora de medir el grado de afectación de sus expresiones. En estos casos, el estándar convencional exige ver si el discurso ha causado un daño demostrable a la presunta víctima. La ofensa por sí sola no es suficiente para activar un castigo. Ese análisis no se hizo. En materia de derecho al honor, la vía penal siempre es excesiva”.

Y añadió: “En este caso, si se hubiera demostrado una afectación real derivada de las declaraciones, lo procedente era daño moral en civil, pero para estos casos la reparación adecuada es la disculpa pública. La cárcel, medida de última ratio, jamás puede ser proporcional para un caso de una expresión que ocurre en el contexto de un intercambio en redes producto de una provocación del supuesto afectado”.

El también constitucionalista Farith Simon considera que el problema en este caso es el uso del derecho penal para desincentivar la crítica pública y la denuncia sobre el funcionamiento irregular de instituciones.

“Cuando una persona acusa de corrupción, infiltración del crimen organizado o violación de derechos y termina condenada a prisión por sus expresiones públicas, la sanción penal deja de proteger bienes jurídicos relevantes para una democracia y se convierte en herramienta de represión”.

“Que alguien sea condenado a privación de la libertad por el delito de injurias por sus expresiones públicas, debe ser tomado como una alarma en democracia. El recurso a pena privativa de libertad por injurias deja en claro que se busca silenciar voces incómodas”.

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La búsqueda de Mónica Paulina Luzuriaga Velasco terminó con un desenlace trágico.

La funcionaria del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, reportada -por su esposo Carlos Molina- como desaparecida desde la noche del 27 de julio, fue encontrada sin vida al día siguiente en el norte de Quito.

El caso, que inicialmente movilizó una intensa búsqueda de familiares y amigos, ahora suma un nuevo elemento: las denuncias de su esposo sobre una presunta 2sobrecarga y mal ambiente laboral» que, según sostiene, afectó gravemente la salud emocional de la trabajadora.

Las investigaciones continúan y la Policía aún no ha determinado oficialmente qué provocó su muerte.

¿Quién era Mónica Luzuriaga?

Mónica Luzuriaga tenía 38 años y trabajaba en el área de Compras Públicas del Ministerio de Educación.

Según relataron sus familiares, el lunes salió de las oficinas de la cartera de Estado, ubicadas en Iñaquito, con destino a su vivienda en El Ponciano, un trayecto que realizaba con frecuencia. Sin embargo, nunca llegó a su casa.

Su desaparición fue denunciada durante la madrugada del martes y comenzó una búsqueda que concluyó horas después con el hallazgo de su cuerpo.

Una llamada fue el último contacto con su familia

Carlos Molina dijo que habló por última vez con su esposa a las 19:25 del 27 de julio.

Durante esa conversación, ella le comentó que había salido del trabajo y que regresaba a casa. Cinco minutos después dejó de contestar llamadas y su teléfono permaneció apagado.

Compañeros de trabajo señalaron que Mónica acostumbraba movilizarse en bicicleta y que normalmente utilizaba las avenidas Amazonas o 10 de Agosto para regresar a su domicilio.

El esposo denuncia acoso laboral

Tras confirmarse el fallecimiento, Carlos Molina aseguró a El Telégrafo que su esposa enfrentaba una carga laboral que excedía la jornada normal de trabajo.

Mi esposa estaba demasiado saturada de trabajo».

Según relató, incluso el domingo por la noche, cuando ya debía descansar, seguía recibiendo mensajes relacionados con su trabajo.

Imagínese usted que el domingo, a las 21:30, seguía recibiendo mensajes cuando ya era hora de dormir».

El esposo también afirmó que Mónica debía atender asuntos laborales aun cuando oficialmente había iniciado su período de vacaciones.

No entiendo cómo es posible que mi esposa, estando en vacaciones desde el lunes, terminara en la oficina y todavía trabajando fuera del horario normal. Es acoso».

Pide explicaciones al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Carlos Molina reveló que, la tarde del 28 de julio, mantuvo una reunión con funcionarios de la cartera de Estado en la que trabajó su esposa. Según dijo, la institución le informó que abrirá una investigación interna.

Sin embargo, anunció que solicitará explicaciones formales a las autoridades

Voy a escribir a la ministra para que me dé una explicación técnica y jurídica de por qué llevaron a una persona a un estrés crónico».

Hasta el momento de esta publicación, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones.

Un duelo familiar que aún no terminaba

El esposo también relató que Mónica atravesaba un proceso emocional complejo por la muerte reciente de su hermano. Explicó que ella fue quien encontró el cuerpo cuando ocurrió ese hecho y que esa experiencia la afectó profundamente.

Según Molina, en las últimas semanas ella hablaba constantemente de su hermano y manifestaba sentimientos de culpa.

Últimamente comenzó a publicar muchas fotos de su hermano. Me decía que se sentía culpable».

También recordó que insistía para que descansara.

Yo le decía que así como tenemos deberes, también tenemos derechos, y uno de ellos es el descanso, pero ella temía ser despedida. Nosotros tenemos un préstamo por la casa que compramos».

¿Dónde fue encontrada?

Carlos Molina explicó que fue convocado por la Policía hasta un hotel en el norte de Quito y que nunca vio directamente el cuerpo de su esposa.

Los agentes únicamente le informaron que el personal del hotel la encontró cuando ingresó a la habitación al no obtener respuesta durante la hora de salida.

El esposo indicó que, de acuerdo con la información preliminar que recibió de los investigadores, no se observaron signos evidentes de violencia.

La investigación sigue abierta

La Policía Nacional continúa con las diligencias para establecer qué ocurrió.

Carlos Molina señaló que preguntó a los investigadores si existían indicios de consumo de alcohol u otras sustancias, pero le respondieron que esa información dependerá de los resultados de Medicina Legal.

Respecto a la posibilidad de que se trate de un suicidio, el esposo aclaró que se trata únicamente de una hipótesis personal basada en el estado emocional de Mónica y en los antecedentes familiares.

Las investigaciones dirán eso al final».

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la causa de la muerte. Fuente: El Telégrafo