Nacionales
Así será la elección de la Asamblea Nacional este 2023
El próximo 20 de agosto de 2023, los ciudadanos ecuatorianos no solo elegirán un nuevo Presidente para que termine el periodo. También deberán elegir a una nueva Asamblea Nacional. En total, se deberá elegir 137 asambleístas. De estos, 15 serán legisladores nacionales, 122 provinciales y 6 representarán a los ecuatorianos en el extranjero.
Pero si bien es una asamblea que legisla por el país, la representación de cada provincia en el Pleno dependerá del número de habitantes de cada una. Así lo estipula el artículo 118 de la Constitución del Ecuador.
Este dice que la Asamblea Nacional se integrará por dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, un asambleísta por cada provincia y adicional, un asambleísta por cada 250 mil habitantes. Además, se elegirá a un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior.
Es por esto, que Guayas, al tener casi 3 millones de habitantes deberá escoger a 20 nuevos legisladores que representarán a los cuatro distritos de la provincia. Es así que la provincia costera se convertirá en la localidad con más representación en el pleno.
Otras provincias representadas
Además de Guayas, hay otras provincias que contarán con mayor representación en la nueva Asamblea. La provincia que le sigue es Pichincha, que con cuatro distritos, elegirá a 16 nuevos legisladores. La tercera provincia con más representación es Manabí, que con 1,5 millones de habitantes y dos distritos, elegirá a nueve asambleístas.
El resto de provincias tendrá menos representación. Por ejemplo, Azuay y El Oro elegirán a 5 legisladores cada una. Bolívar, Cañar, Santa Elena, Sucumbíos y Carchi escogerán 3 cada una, Mientras que Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo, Tungurahua y Loja a 4. Los Ríos elegirá a 6 representantes. Finalmente, Galápagos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe, escogerán a 2.
El cálculo de la representatividad de cada provincia se hizo en base al censo poblacional de 2010, reseña Teleamazonas. Hasta esa fecha, Ecuador era un país de 14 millones de habitantes. Ahora, según el INEC, la población supera los 18 millones. Fuente: Ecuadorenvivo
Nacionales
ANT aprueba alza del 25% en los pasajes de buses interprovinciales: estas son las nuevas tarifas
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial a escala nacional, mediante la Resolución N.º 020-DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026.
La medida establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25% sobre la estructura de costos operativos y reemplaza el cuadro tarifario que se mantenía vigente desde 2021.
Sin embargo, aunque la resolución ya entró en vigor, representantes del sector transportista señalaron que las nuevas tarifas todavía no se están cobrando, debido a que el incremento aún no ha sido socializado oficialmente con los usuarios.
Estas son las nuevas tarifas
De acuerdo con el cuadro tarifario publicado por la ANT, los nuevos valores para algunas de las principales rutas del país son:
- Quito – Guayaquil: USD 14,66 (tarifa preferencial: USD 7,33).
- Tulcán – Quito: USD 8,77 (preferencial: USD 4,38).
- Quito – Cuenca: USD 17,25 (preferencial: USD 8,63).
- Guayaquil – Cuenca: USD 11,50 (preferencial: USD 5,75).
- Santo Domingo – Guayaquil: USD 9,92 (preferencial: USD 4,96).
- Manta – Guayaquil: USD 7,19 (preferencial: USD 3,59).
- Esmeraldas – Quito: USD 11,07 (preferencial: USD 5,53).
- Esmeraldas – Guayaquil: USD 16,39 (preferencial: USD 8,19).
La ANT recordó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad seguirán pagando el 50% del valor del pasaje, tal como establece la normativa vigente.
¿Por qué suben los pasajes?
Según el informe técnico de la ANT, el incremento responde al Índice de Variación de Costos Operativos y al Factor de Equilibrio Económico y Social, parámetros utilizados para actualizar las tarifas.
Además, el ajuste coincide con el fin del esquema de compensación económica que el Gobierno entregaba a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.
Mediante el Decreto Ejecutivo 428, el presidente Daniel Noboa extendió por nueve meses las transferencias directas a los propietarios de buses interprovinciales e intraprovinciales, mecanismo que concluyó con el pago correspondiente a julio de 2026.
El objetivo de esa compensación era evitar un aumento inmediato en el precio de los pasajes tras el incremento del costo del combustible.
Un ajuste temporal
La ANT aclaró que este incremento no constituye la metodología tarifaria definitiva.
La entidad explicó que el ajuste del 25% funcionará como una medida transitoria mientras se desarrolla e implementa un nuevo sistema técnico para la fijación de tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial.
Nuevas condiciones para las cooperativas
El aumento también estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las operadoras.
Entre ellos constan la instalación de botones de pánico y contadores de pasajeros en las unidades de transporte, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.
Asimismo, la ANT anunció que realizará controles periódicos en las terminales terrestres para verificar que las cooperativas respeten las tarifas autorizadas y evitar cobros indebidos o especulativos. Las operadoras que incumplan la normativa podrán enfrentar sanciones conforme a la ley.
El Gobierno aclaró que no se trata de un incremento generalizado de los pasajes, sino de una regularización de las tarifas en cerca de 8.000 rutas interprovinciales e intraprovinciales, de las cuales alrededor de 2.000 ya fueron regularizadas. Según las autoridades, esta medida busca transparentar los valores del servicio y frenar los cobros irregulares que algunas operadoras venían aplicando.
Luque aseguró que la regularización no necesariamente implicará que los usuarios paguen más en todas las rutas, ya que muchas operadoras ya cobraban valores por encima de los autorizados. «En muchos de esos casos las empresas cobraban mucho más. El valor que pagaba el ciudadano se mantiene porque ya se estaban cobrando montos adicionales que no estaban siendo controlados», sostuvo.
El Consejo de la Judicatura resolvió suspender de forma preventiva, sin remuneración y por el plazo de tres meses, a la jueza y exministra de Trabajo Ivonne Núñez Figueroa y al magistrado Francisco Rafael Morales, integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo la tarde del 29 de julio de 2026, con cinco votos a favor, mientras continúa el sumario administrativo abierto en contra de ambos funcionarios judiciales.
La razón de la suspensión
La medida se sustenta en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que determinó que los jueces incurrieron en un error inexcusable al resolver mediante una acción de protección un conflicto de naturaleza contractual.
De acuerdo con el informe de la Subdirección de Control Disciplinario, los magistrados desnaturalizaron esta garantía constitucional al utilizarla para resolver un asunto que no correspondía a esa vía judicial.
Como consecuencia de esa decisión, se habría ordenado de manera indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo las atribuciones previstas en la Constitución.
Mientras dure el proceso disciplinario, ambos jueces permanecerán suspendidos de sus funciones y dejarán de percibir sus remuneraciones.
La trayectoria de Ivonne Núñez
En 2016 fue destituida de la Corte Provincial del Guayas durante la administración del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Sin embargo, dos años después recuperó su cargo por disposición de la Corte Constitucional.
Posteriormente, fue designada por el presidente Daniel Noboa como ministra de Trabajo, función que desempeñó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, antes de reincorporarse a la Función Judicial.
Se suma a otra sanción
La suspensión dispuesta por el Consejo de la Judicatura se suma a una sanción emitida en mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En esa ocasión, el organismo electoral suspendió los derechos políticos de Núñez por tres meses, la inhabilitó temporalmente para ejercer funciones públicas y le impuso una multa económica.
El fallo se originó tras una denuncia por el presunto incumplimiento de una resolución relacionada con el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, conducta que fue considerada un desacato a la autoridad electoral.
Con la apertura del sumario administrativo, el Consejo de la Judicatura continuará analizando el caso para determinar si corresponde imponer una sanción definitiva a los dos magistrados involucrados.
Nacionales
Reimberg advierte a jueces: “Se enderezan o van presos”, tras allanamientos a magistrados de la Corte Nacional
El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura advertencia a los operadores de justicia luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara allanamientos contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho.
Las diligencias son el resultado de una investigación relacionada con un fallo judicial emitido en 2023 que favoreció a una empresa china con una indemnización millonaria.
Presunto cohecho en fallo a favor de empresa china
La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito, dentro de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.
Los investigados son Milton Velasquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces que habrían integrado el Tribunal que ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 59’334.103,17 a favor de una empresa china.
La compañía asiática China Railway había iniciado acciones legales contra el Ministerio de Educación por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.
Hernández recuperó su libertad en abril de 2025, tras cumplir diez meses de prisión por colaborar con la Fiscalía, y rindió su versión en calidad de testigo protegido.
Manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.
Por último, Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, «con respeto al debido proceso».
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fuente: Vistazo
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas