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Así cambió la economía de Ecuador desde que volvió a tocar las puertas del FMI

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Ecuador vuelve a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de recibir un nuevo préstamo de Servicio Ampliado (SAF), por alrededor de USD 3.000 millones.

El FMI confirmó el 7 de marzo de 2024 que el Gobierno de Daniel Noboa solicitó formalmente negociar un nuevo acuerdo.

Si este nuevo acuerdo se concreta, sería el crédito número 23 para Ecuador, pero el tercero de tipo SAF.

En 2019 y en 2020 el país accedió a dos programas SAF. Antes, Ecuador solo había alcanzado acuerdos de tipo Stand by con el FMI y dos préstamos de emergencia de montos más bajos, uno por el terremoto de Manabí (2016) y otro por la pandemia de Covid-19 (2020).

Pero, ¿por qué Ecuador vuelve a necesitar un crédito SAF?

El crédito SAF se otorga a países con deficiencias económicas estructurales. Esto significa que un programa de tipo SAF se aprueba para países con problemas que tomarán más tiempo en resolverse. Por ejemplo: bajo crecimiento económico y elevados déficit de recursos en el Presupuesto del Estado.

Y Ecuador no ha logrado resolver esos problemas, dice Hanns Soledispa, director de la firma Exponential Research.

En parte, porque desde 2019 el país ha atravesado dos escenarios complejos: la pandemia de Covid-19 y la crisis de seguridad atada al narcotráfico, dice Soledispa.

Pero a esto se suman también otros problemas persistentes en Ecuador: los conflictos sociales y la tensión política entre Ejecutivo y Legislativo, que han impedido tomar medidas fuertes, pero polémicas, que se plantearon dentro de los acuerdos con el FMI, añade.

Evolución del déficit fiscal con relación al PIB

Deslice el cursor sobre el gráfico para visualizar las cifras

El FMI y dos acuerdos con polémica

Han pasado cinco años del primer acuerdo de financiamiento SAF que pidió el país al FMI, el 11 marzo de 2019, por USD 4.200 millones, en el gobierno de Lenín Moreno.

Lo anecdótico de este primer acuerdo es que tuvo que suspenderse en abril de 2020, porque el FMI descubrió que hubo errores de buena fe en los datos económicos que proporcionó Ecuador.

Por eso el país solo recibió USD 1.396 millones de ese primer acuerdo.

Préstamos aprobados por el FMI a Ecuador

En millones de USD

Más tarde, el propio FMI dijo en un informe que el episodio de información errónea «puso de relieve las limitaciones en cuanto a capacidad técnica y limitada coordinación interinstitucional».

Y fue el 30 de septiembre de 2020 cuando se negoció un segundo acuerdo SAF, por USD 6.500 millones.

Fue un acuerdo en el que se tuvieron que renegociar ciertas metas porque hubo un cambio de Gobierno, cuando llegó a la presidencia Guillermo Lasso.

Este fue el primer acuerdo en la historia de Ecuador que se cerró con todos los desembolsos cumplidos, en diciembre de 2022.

Así, tras esas dos operaciones con el FMI, hasta diciembre de 2023, el país le debe USD 7.949 millones a este organismo multilateral.

¿Cómo cambió Ecuador desde 2019 con el FMI?

Los países que acuden al FMI por programas SAF son aquellos con problemas económicos difíciles de resolver y que tienen pocas opciones para pedir préstamos en otras fuentes, explica el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

Por eso, en los acuerdos de crédito con el FMI el país debe cumplir metas relacionadas con mejorar los ingresos, reducir los gastos del Estado y plantear reformas para dinamizar la economía, añade.

¿Qué ha cambiado desde el primer acuerdo SAF?

En cuanto al crecimiento de la economía, en 2018, un año antes del primer acuerdo SAF, el Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB) creció 1,4% y en 2024 se prevé que crezca 0,8% apenas.

Por otro lado, los gastos en el Presupuesto del Estado superaban a los ingresos por unos USD 3.300 millones en 2018.

Tras cinco años el hueco en el Presupuesto estatal persiste. En 2023 el déficit fue de USD 5.400 millones y se prevé que sea de USD 4.800 millones.

Con los elevados déficit fiscales, Ecuador tampoco ha podido reducir su alta dependencia de préstamos internacionales, porque la deuda interna, que se apalanca sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no es suficiente, dice el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre.

Noboa no hará importantes recortes de gastos presupuestarios en 2024 Como consecuencia del alto déficit, el país necesita conseguir al menos USD 11.000 millones en créditos en 2024. Pero, igual que en 2019 y 2020, hay pocas opciones de financiamiento porque el riesgo país de Ecuador es elevado.

El riesgo país de Ecuador

Por eso, los Gobierno de Lasso y de Noboa han tenido que acumular millonarios atrasos con la seguridad social, proveedores y gobiernos locales, lo que también resta dinamismo a la economía, añade De la Torre.

¿Qué medidas se han tomado?

Pozo dice que el país no ha podido corregir sus problemas estructurales porque las medidas que se han tomado dentro de los dos acuerdos con el FMI han sido transitorias, insuficientes o se han revertido.

En la carta de intención con la que el Gobierno de Moreno pidió ese primer programa de crédito con el FMI se menciona el compromiso de reducir el gasto en subsidio a los combustibles.

Y así lo hizo en octubre de 2019, cuando eliminó de un plumazo el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, lo que desencadenó un paro nacional indígena que dejó USD 821 millones en pérdidas al país.

Lasso también se enfrentó a un paro nacional indígena en junio de 2022, por intentar focalizar los subsidios a las gasolinas y tuvo que dar marcha atrás.

Los dos gobiernos, el de Lasso y Moreno, también propusieron medidas económicas con las que buscaban aumentar los ingresos del presupuesto.

Por ejemplo, Moreno proponía un plan de monetización de activos del Estado, pero no se concretó.

En el gobierno de Moreno, en 2019, también se aprobó una ley de Progresividad Tributaria, que creó un impuesto temporal para las empresas y gravó con IVA a las plataformas digitales.

Lasso también implementó la Ley de Desarrollo Económico, en 2021, con impuestos temporales para las empresas y personas con altos patrimonios, incrementos al Impuesto a la Renta y reducción de deducciones de este impuesto.

Sin embargo, en mayo de 2023, en medio de la muerte cruzada, Lasso revirtió algunas de esas medidas y la recaudación tributaria se redujo.

El mismo FMI cuestionó que Lasso haya tomado esa decisión, pues se ahondó más el déficit fiscal que heredó Noboa.

¿Qué medidas se tomarán ahora?

De la Torre explica que en 2024 el panorama es similar al 2019, por lo que se esperarían medidas parecidas en la carta de intención de Noboa al FMI, como la reducción del gasto en subsidios y en gasto de inversión.

Según el exministro, el alza del IVA a 15%, que fue una medida para allanar el camino para un acuerdo con el FMI, podría ser insuficiente, ya que en 2024 el crecimiento económico será bajo y es probable que el consumo se contraiga. Fuente: Primicias

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MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó una nueva organización territorial mediante un acuerdo publicado el 19 de febrero de 2026 en el Registro Oficial. La reforma elimina las actuales 9 coordinaciones zonales y 92 direcciones distritales, y las reemplaza por 153 unidades desconcentradas en todo el país. La nueva estructura estará conformada por 24 direcciones provinciales —una por cada provincia— y 129 oficinas técnicas.
La medida se fundamenta en un análisis de presencia institucional y se enmarca en el cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 70 y 108 de 2025. Según lo dispuesto, las direcciones provinciales asumirán la responsabilidad de la articulación y gestión territorial de la política pública de salud.
El acuerdo es de aplicación obligatoria para el nivel central y las nuevas unidades desconcentradas. Además, establece que en un plazo de 20 días deberán emitirse los lineamientos necesarios para su implementación. Asimismo, se fija un período de 180 días para completar los procesos de transferencia y reorganización institucional en todo el territorio nacional.
El MSP garantizó la continuidad de los servicios de salud durante la transición y el respeto a los derechos del personal. También se dispuso que los establecimientos que no ingresen en la primera fase de reorganización mantendrán su funcionamiento actual hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar una implementación progresiva y ordenada.
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Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.

En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Se pueden hacer denuncias

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.

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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

Los canales habilitados

El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:

Canal webhttps://www.contactociudadano.gob.ec/

Línea telefónica: 1800 266 822

Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.

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Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa

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Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de EcuadorDaniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

«La educación municipal no se toca», «no a la reforma 70/30» y «no a los cierres de colegios y escuelas municipales» fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

«Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros», señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)

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