Nacionales
Así cambió la economía de Ecuador desde que volvió a tocar las puertas del FMI
Ecuador vuelve a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de recibir un nuevo préstamo de Servicio Ampliado (SAF), por alrededor de USD 3.000 millones.
El FMI confirmó el 7 de marzo de 2024 que el Gobierno de Daniel Noboa solicitó formalmente negociar un nuevo acuerdo.
Si este nuevo acuerdo se concreta, sería el crédito número 23 para Ecuador, pero el tercero de tipo SAF.
En 2019 y en 2020 el país accedió a dos programas SAF. Antes, Ecuador solo había alcanzado acuerdos de tipo Stand by con el FMI y dos préstamos de emergencia de montos más bajos, uno por el terremoto de Manabí (2016) y otro por la pandemia de Covid-19 (2020).
Pero, ¿por qué Ecuador vuelve a necesitar un crédito SAF?
El crédito SAF se otorga a países con deficiencias económicas estructurales. Esto significa que un programa de tipo SAF se aprueba para países con problemas que tomarán más tiempo en resolverse. Por ejemplo: bajo crecimiento económico y elevados déficit de recursos en el Presupuesto del Estado.
Y Ecuador no ha logrado resolver esos problemas, dice Hanns Soledispa, director de la firma Exponential Research.
En parte, porque desde 2019 el país ha atravesado dos escenarios complejos: la pandemia de Covid-19 y la crisis de seguridad atada al narcotráfico, dice Soledispa.
Pero a esto se suman también otros problemas persistentes en Ecuador: los conflictos sociales y la tensión política entre Ejecutivo y Legislativo, que han impedido tomar medidas fuertes, pero polémicas, que se plantearon dentro de los acuerdos con el FMI, añade.
Evolución del déficit fiscal con relación al PIB
Deslice el cursor sobre el gráfico para visualizar las cifras

El FMI y dos acuerdos con polémica
Han pasado cinco años del primer acuerdo de financiamiento SAF que pidió el país al FMI, el 11 marzo de 2019, por USD 4.200 millones, en el gobierno de Lenín Moreno.
Lo anecdótico de este primer acuerdo es que tuvo que suspenderse en abril de 2020, porque el FMI descubrió que hubo errores de buena fe en los datos económicos que proporcionó Ecuador.
Por eso el país solo recibió USD 1.396 millones de ese primer acuerdo.
Préstamos aprobados por el FMI a Ecuador
En millones de USD

Más tarde, el propio FMI dijo en un informe que el episodio de información errónea «puso de relieve las limitaciones en cuanto a capacidad técnica y limitada coordinación interinstitucional».
Y fue el 30 de septiembre de 2020 cuando se negoció un segundo acuerdo SAF, por USD 6.500 millones.
Fue un acuerdo en el que se tuvieron que renegociar ciertas metas porque hubo un cambio de Gobierno, cuando llegó a la presidencia Guillermo Lasso.
Este fue el primer acuerdo en la historia de Ecuador que se cerró con todos los desembolsos cumplidos, en diciembre de 2022.
Así, tras esas dos operaciones con el FMI, hasta diciembre de 2023, el país le debe USD 7.949 millones a este organismo multilateral.
¿Cómo cambió Ecuador desde 2019 con el FMI?
Los países que acuden al FMI por programas SAF son aquellos con problemas económicos difíciles de resolver y que tienen pocas opciones para pedir préstamos en otras fuentes, explica el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo.
Por eso, en los acuerdos de crédito con el FMI el país debe cumplir metas relacionadas con mejorar los ingresos, reducir los gastos del Estado y plantear reformas para dinamizar la economía, añade.
¿Qué ha cambiado desde el primer acuerdo SAF?
En cuanto al crecimiento de la economía, en 2018, un año antes del primer acuerdo SAF, el Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB) creció 1,4% y en 2024 se prevé que crezca 0,8% apenas.
Por otro lado, los gastos en el Presupuesto del Estado superaban a los ingresos por unos USD 3.300 millones en 2018.
Tras cinco años el hueco en el Presupuesto estatal persiste. En 2023 el déficit fue de USD 5.400 millones y se prevé que sea de USD 4.800 millones.
Con los elevados déficit fiscales, Ecuador tampoco ha podido reducir su alta dependencia de préstamos internacionales, porque la deuda interna, que se apalanca sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no es suficiente, dice el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre.
Noboa no hará importantes recortes de gastos presupuestarios en 2024 Como consecuencia del alto déficit, el país necesita conseguir al menos USD 11.000 millones en créditos en 2024. Pero, igual que en 2019 y 2020, hay pocas opciones de financiamiento porque el riesgo país de Ecuador es elevado.
El riesgo país de Ecuador

Por eso, los Gobierno de Lasso y de Noboa han tenido que acumular millonarios atrasos con la seguridad social, proveedores y gobiernos locales, lo que también resta dinamismo a la economía, añade De la Torre.
¿Qué medidas se han tomado?
Pozo dice que el país no ha podido corregir sus problemas estructurales porque las medidas que se han tomado dentro de los dos acuerdos con el FMI han sido transitorias, insuficientes o se han revertido.
En la carta de intención con la que el Gobierno de Moreno pidió ese primer programa de crédito con el FMI se menciona el compromiso de reducir el gasto en subsidio a los combustibles.
Y así lo hizo en octubre de 2019, cuando eliminó de un plumazo el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, lo que desencadenó un paro nacional indígena que dejó USD 821 millones en pérdidas al país.
Lasso también se enfrentó a un paro nacional indígena en junio de 2022, por intentar focalizar los subsidios a las gasolinas y tuvo que dar marcha atrás.
Los dos gobiernos, el de Lasso y Moreno, también propusieron medidas económicas con las que buscaban aumentar los ingresos del presupuesto.
Por ejemplo, Moreno proponía un plan de monetización de activos del Estado, pero no se concretó.
En el gobierno de Moreno, en 2019, también se aprobó una ley de Progresividad Tributaria, que creó un impuesto temporal para las empresas y gravó con IVA a las plataformas digitales.
Lasso también implementó la Ley de Desarrollo Económico, en 2021, con impuestos temporales para las empresas y personas con altos patrimonios, incrementos al Impuesto a la Renta y reducción de deducciones de este impuesto.
Sin embargo, en mayo de 2023, en medio de la muerte cruzada, Lasso revirtió algunas de esas medidas y la recaudación tributaria se redujo.
El mismo FMI cuestionó que Lasso haya tomado esa decisión, pues se ahondó más el déficit fiscal que heredó Noboa.
¿Qué medidas se tomarán ahora?
De la Torre explica que en 2024 el panorama es similar al 2019, por lo que se esperarían medidas parecidas en la carta de intención de Noboa al FMI, como la reducción del gasto en subsidios y en gasto de inversión.
Según el exministro, el alza del IVA a 15%, que fue una medida para allanar el camino para un acuerdo con el FMI, podría ser insuficiente, ya que en 2024 el crecimiento económico será bajo y es probable que el consumo se contraiga. Fuente: Primicias
Nacionales
«18 plantas que procesaban oro operaban sin licencia ambiental y no podrán regularizarse», dice Ministra de Energía
A casi un mes de que el Gobierno de Daniel Noboa dispuso la suspensión de todas las actividades mineras en Napo, Loja y El Oro, por contaminación ambiental en ríos, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, detalla en entrevista con PRIMICIAS cuáles han sido los resultados de esta medida.
Según Manzano, hasta el 25 de febrero de 2026, unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos y, por otro lado, se realizaron 105 notificaciones de cese de operaciones en plantas de beneficio en la provincia de El Oro.
La Ministra reconoce que el Gobierno todavía no ha podido tomar el control de ocho frentes de minería ilegal en Napo, en la zona de Alto Punino, por la presencia de grupos armados.
Ha pasado casi un mes desde que se suspendió la minería en Napo, Loja y en Portovelo, ¿qué resultados hay?
Cuando emitimos la resolución, el foco era la conservación de cuencas hidrográficas. Primero, la cuenca hidrográfica Tumbes- Puyango, en dos provincias, El Oro y Loja.
Y después, también pensamos en la cuenca del Napo, en donde están importantes afluentes de ese río.
Tenemos ya el último reporte de Arcom. Unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos, pero lo que dice el reporte también es que tienen ciertos puntos en donde no han podido acceder, por ejemplo, en Napo, porque son de difícil acceso; es decir, tienen que acceder por vía aérea.
En Napo se colocaron 28 sellos de suspensión. En Loja había 100 concesiones, pero se hicieron 82 inspecciones, no tenemos personal suficiente para cubrir todas. De esas, 62 siguen suspendidas, porque 20 demostraron que estaban con todo en orden.
¿Qué va a pasar con las concesiones tomadas por Los Lobos? ¿Se podría hacer una incursión como en Buenos Aires, desde el cielo?
Es diferente, Napo es plano, selva. Pero en todo caso, las Fuerzas Armadas tienen diferentes tácticas, en caso de Sierra, montaña, selva.
El año pasado tuvimos más de 390 incursiones en el tema de minería ilegal con Fuerzas Armadas.
No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar. Pero sí, vamos a llegar, siempre llegamos.
«No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar»
Si llegamos a Buenos Aires y Muyuyacu, podemos llegar a Alto Punino sin problemas, necesitamos la coordinación. Pero eso yo no lo manejo directamente, lo manejan muy confidencial entre Fuerzas Armadas y Arcom.
En Napo hay más concesiones, ¿por qué solo 28 tienen sellos? ¿No han podido acceder por temas logísticos o no pueden entrar por grupos armados?
Antes de la suspensión del 2 de febrero, ya había algunas concesiones que estaban suspendidas, por ejemplo, las cuatro del proyecto Tena, de Terraearth, que suspendimos en mayo de 2025.
Luego de la resolución emitida el 2 de febrero, sí, en Napo hay un par de puntos a los que no se ha podido acceder por temas logísticos y otros por tema de bandas, en la zona de Alto Punino. Ahí están Los Lobos.
En Alto Punino se requieren medios aéreos y seguridad. Son ocho concesiones que no se ha podido acceder.
En Napo denuncian que se han reactivado puntos de minería ilegal luego de la medida del Gobierno, ¿qué ha pasado?
Se tienen que hacer nuevamente incursiones. Pero lo que pasa es que hay filtración de información, entonces, cuando llegamos, ya no hay actividades, porque se enteran que vamos.
En las 28 concesiones suspendidas no se ha podido llevar material aurífero, porque se han llevado todo, y eso es porque les avisaron, seguro hubo fuga de información. Por eso solo se ponen sellos, no hay ni una sola acta de decomiso.
¿Qué va a pasar con minería en Napo ya que es tan difícil distinguir entre legal e ilegal? Usted habló de que se estaban alquilando concesiones
En el caso de Napo, es minería en la que hay un derecho minero, pero el problema surgió por la misma normativa. La ley de Minería del año 2009 permitía lo que se llama «silencio administrativo positivo», que decía que si en seis meses no tienes la licencia ambiental, cuando ya la solicitaste, automáticamente puedes entrar a trabajar.
Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso.
«Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso»
Por otro lado, en la ley, sí existe lo que se llaman contratos de operación.
Un pequeño minero decide que dentro de su área concesionada va a darle un contrato de operación a un tercero y esos son los que van y extraen.
Por eso, en la nueva ley minera aprobada hoy propusimos un cambio para regular los contratos de operación. Ahora solo la empresa pública Enami va a poder otorgar contratos de operación en pequeña minería.
Con eso se crea un registro y vamos a tener controlados a todos los contratos de operación que nunca le han pagado nada al Estado. Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y sin control alguno. Podrías tener un pequeño minero y cinco contratos de operación en esa concesión.
«Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y sin control alguno»
La empresa Terraearth ha estado envuelta en polémicas por presunta contaminación y por alquiler de concesiones en Napo, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno?
El proyecto Tena, de Terraearth estaba ya suspendido desde mayo del año pasado y presentaron un plan de acción, pero no lo cumplieron.
Ellos son parte de los que hacen contratos de operación con terceros. Y sí, encontramos que ellos no estaban haciendo adecuadamente las cosas, ni en tema ambiental, ni en el tema operativo.
Entonces ya están en un proceso legal, desde la Subsecretaría de Pequeña Minería y también desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental, son dos procesos diferentes.
Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos.
«Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos»
Yo no puedo estar, con el dinero que me entra de la minería, haciendo tratamiento de las aguas o haciendo yo como Estado la reparación. Ahí estaría haciendo lo que ellos deberían de hacer. Yo debería utilizar el dinero que ingresa por minería para el bienestar de la comunidad.
Lo que hago no es porque estoy en de contra la minería, estoy en contra de la minería ilegal y de la ilegal disfrazada de legal. Estoy en contra de la contaminación.
¿Pero qué acciones tomarán con ellos? ¿Se les puede revertir las concesiones?
Yo no puedo decir qué va a pasar, son procesos que están en marcha. Además, son dos temas diferentes, el uno es de revisión del derecho minero y el otro ambiental.
¿Y qué ha pasado con las plantas de beneficio en El Oro? ¿Qué sanciones van a recibir?
Antes de haber sacado la resolución del 2 de febrero, se había hecho 15 días antes unos muestreos del agua de los dos ríos, Calera y Amarillo. Encontramos plomo cinco veces más del límite permisible, arsénico y cianuro. El cianuro, por ejemplo, estaba muy por encima de los límites permisibles.
Bajo la presunción de que pueden ser todos los operarios de plantas los que causaron eso, suspendimos actividades a todas.
Y hoy en día el agua de esos ríos tiene otro aspecto, definitivamente falta restauración, pero por lo menos ya se ve el agua limpia y también ha cambiado el olor.
Pero eso es solo visual, ¿han hecho nuevos muestreos?
Sí, los muestreos los hace la Agencia de Regulación y Control del Agua. Y también lo están haciendo en Napo.
Ellos están monitoreando, porque, lo que teníamos era una línea base de cuando ellos estaban operando, ahora quiero tener una línea base de la situación cuando ya no están operando. Tal vez en unos 10 días más sabremos cómo están esos monitoreos.
¿Y cuándo vendrá la reparación?
Falta la restauración de todo lo que pasaba en los márgenes de los ríos, eso tenemos que reparar, pero para eso tenemos que hacer todo un proceso sancionatorio.
Ojalá todo se resolviera en menos de un mes, pero no. Sobre todo toma tiempo la parte en la que se va a hacer responsable a alguien por la restauración.
De las 105 plantas en El Oro, 66 que tenían la licencia ambiental, pero igual las suspendimos. No importa si tienes licencia ambiental, si llego como autoridad y veo que en ese momento están contaminando eso se llama responsabilidad objetiva y son responsables de lo que en ese momento se encontró.
Sí, tienes licencia, pero estás contaminando, la licencia no te permite contaminar. La licencia te dice minimiza los riesgos.
De estas 66 plantas, luego del 2 de febrero, unas 57 me presentaron planes de acción.
¿Qué implica el plan de acción? ¿Con eso ya pueden volver a operar?
Es un instrumento en el que nos dicen qué es lo que van a hacer para reparar el daño.
Si no cumplen lo del plan se les vuelve a suspender. Solamente se ha permitido la operación nuevamente a quienes les hemos aprobado los planes de acción.
De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos, porque eran planes que se podían cumplir, hicimos inspecciones.
«De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos»
Por otro lado, hay 21 plantas que estaban en proceso de licencia ambiental; es decir, que habían estado operando sin licencia ambiental, porque la famosa Ley de Minería les permite esa majadería, por el «silencio administrativo positivo».
Y otras 18 plantas de beneficio nunca iniciaron un proceso de licenciamiento ambiental, pensaban que estaban por encima de norma. Esas no van a poder tener ningún tipo de levantamiento.
Aunque presenten plan de acción, debe haber sanciones, ¿cuáles serían?
No puedo decir de antemano cuál ser sería la sanción, eso sería prevaricato. Las sanciones están en el Código Ambiental y te dicen que puedes tener sanciones pecuniarias o sanciones administrativas. Pero los procesos están avanzando.
Habría que esperar, algunos procesos ya están en etapas de prueba. Fuente: Primicias
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Ecuador rompe el diálogo con Colombia y extiende la guerra arancelaria “por tiempo indefinido”
El Gobierno de Ecuador rompió el diálogo con Colombia y advirtió que la llamada “guerra arancelaria” se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que Bogotá adopte “acciones” para reforzar el control fronterizo frente a grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal, según declaraciones del ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en entrevista con Ecuavisa.
Jaramillo aseguró que “no hay diálogo en este momento” y afirmó que la comunicación “se ha cortado” debido a que, pese a contactos previos, no recibieron una respuesta favorable del Gobierno colombiano. En ese contexto, atribuyó la escalada a la decisión de Colombia de restringir el ingreso por vía terrestre de un grupo de productos ecuatorianos, lo que —dijo— afectó de forma importante al sector y se aplicó sin un plazo de reacción para evitar que mercancías queden detenidas en frontera.
Como respuesta, el ministro confirmó que Ecuador elevó los aranceles a importaciones colombianas del 30% al 50%, y recalcó que la medida se adoptó por razones de seguridad, al sostener que “no puede haber comercio sostenible si no hay control en frontera y seguridad”. Añadió que la “pelota está en la cancha de Colombia” y que la desescalada dependerá de una señal política concreta del vecino país para reforzar controles fronterizos.
En medio de la preocupación empresarial por el impacto económico, Jaramillo reconoció que, por las restricciones actuales, se vería afectado un tercio de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia y estimó un volumen de entre 6 y 7 millones de dólares mensuales (con base en datos del año pasado). En contraste, planteó que el encarecimiento de importaciones desde Colombia podría convertirse en una “oportunidad” para sustituir compras externas con producción local y, a mediano plazo, reducir el déficit comercial, aunque insistió en que ese no es el “espíritu” central de la decisión.
El ministro también vinculó el pulso comercial con la “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador, al sostener que se requieren recursos para mayor presencia en frontera —personal, logística y equipamiento— y reiteró que el desenlace dependerá de una respuesta favorable de Colombia en materia de control fronterizo. Fuente: El Telégrafo
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