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Así cambió la economía de Ecuador desde que volvió a tocar las puertas del FMI

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Ecuador vuelve a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de recibir un nuevo préstamo de Servicio Ampliado (SAF), por alrededor de USD 3.000 millones.

El FMI confirmó el 7 de marzo de 2024 que el Gobierno de Daniel Noboa solicitó formalmente negociar un nuevo acuerdo.

Si este nuevo acuerdo se concreta, sería el crédito número 23 para Ecuador, pero el tercero de tipo SAF.

En 2019 y en 2020 el país accedió a dos programas SAF. Antes, Ecuador solo había alcanzado acuerdos de tipo Stand by con el FMI y dos préstamos de emergencia de montos más bajos, uno por el terremoto de Manabí (2016) y otro por la pandemia de Covid-19 (2020).

Pero, ¿por qué Ecuador vuelve a necesitar un crédito SAF?

El crédito SAF se otorga a países con deficiencias económicas estructurales. Esto significa que un programa de tipo SAF se aprueba para países con problemas que tomarán más tiempo en resolverse. Por ejemplo: bajo crecimiento económico y elevados déficit de recursos en el Presupuesto del Estado.

Y Ecuador no ha logrado resolver esos problemas, dice Hanns Soledispa, director de la firma Exponential Research.

En parte, porque desde 2019 el país ha atravesado dos escenarios complejos: la pandemia de Covid-19 y la crisis de seguridad atada al narcotráfico, dice Soledispa.

Pero a esto se suman también otros problemas persistentes en Ecuador: los conflictos sociales y la tensión política entre Ejecutivo y Legislativo, que han impedido tomar medidas fuertes, pero polémicas, que se plantearon dentro de los acuerdos con el FMI, añade.

Evolución del déficit fiscal con relación al PIB

Deslice el cursor sobre el gráfico para visualizar las cifras

El FMI y dos acuerdos con polémica

Han pasado cinco años del primer acuerdo de financiamiento SAF que pidió el país al FMI, el 11 marzo de 2019, por USD 4.200 millones, en el gobierno de Lenín Moreno.

Lo anecdótico de este primer acuerdo es que tuvo que suspenderse en abril de 2020, porque el FMI descubrió que hubo errores de buena fe en los datos económicos que proporcionó Ecuador.

Por eso el país solo recibió USD 1.396 millones de ese primer acuerdo.

Préstamos aprobados por el FMI a Ecuador

En millones de USD

Más tarde, el propio FMI dijo en un informe que el episodio de información errónea «puso de relieve las limitaciones en cuanto a capacidad técnica y limitada coordinación interinstitucional».

Y fue el 30 de septiembre de 2020 cuando se negoció un segundo acuerdo SAF, por USD 6.500 millones.

Fue un acuerdo en el que se tuvieron que renegociar ciertas metas porque hubo un cambio de Gobierno, cuando llegó a la presidencia Guillermo Lasso.

Este fue el primer acuerdo en la historia de Ecuador que se cerró con todos los desembolsos cumplidos, en diciembre de 2022.

Así, tras esas dos operaciones con el FMI, hasta diciembre de 2023, el país le debe USD 7.949 millones a este organismo multilateral.

¿Cómo cambió Ecuador desde 2019 con el FMI?

Los países que acuden al FMI por programas SAF son aquellos con problemas económicos difíciles de resolver y que tienen pocas opciones para pedir préstamos en otras fuentes, explica el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

Por eso, en los acuerdos de crédito con el FMI el país debe cumplir metas relacionadas con mejorar los ingresos, reducir los gastos del Estado y plantear reformas para dinamizar la economía, añade.

¿Qué ha cambiado desde el primer acuerdo SAF?

En cuanto al crecimiento de la economía, en 2018, un año antes del primer acuerdo SAF, el Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB) creció 1,4% y en 2024 se prevé que crezca 0,8% apenas.

Por otro lado, los gastos en el Presupuesto del Estado superaban a los ingresos por unos USD 3.300 millones en 2018.

Tras cinco años el hueco en el Presupuesto estatal persiste. En 2023 el déficit fue de USD 5.400 millones y se prevé que sea de USD 4.800 millones.

Con los elevados déficit fiscales, Ecuador tampoco ha podido reducir su alta dependencia de préstamos internacionales, porque la deuda interna, que se apalanca sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no es suficiente, dice el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre.

Noboa no hará importantes recortes de gastos presupuestarios en 2024 Como consecuencia del alto déficit, el país necesita conseguir al menos USD 11.000 millones en créditos en 2024. Pero, igual que en 2019 y 2020, hay pocas opciones de financiamiento porque el riesgo país de Ecuador es elevado.

El riesgo país de Ecuador

Por eso, los Gobierno de Lasso y de Noboa han tenido que acumular millonarios atrasos con la seguridad social, proveedores y gobiernos locales, lo que también resta dinamismo a la economía, añade De la Torre.

¿Qué medidas se han tomado?

Pozo dice que el país no ha podido corregir sus problemas estructurales porque las medidas que se han tomado dentro de los dos acuerdos con el FMI han sido transitorias, insuficientes o se han revertido.

En la carta de intención con la que el Gobierno de Moreno pidió ese primer programa de crédito con el FMI se menciona el compromiso de reducir el gasto en subsidio a los combustibles.

Y así lo hizo en octubre de 2019, cuando eliminó de un plumazo el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, lo que desencadenó un paro nacional indígena que dejó USD 821 millones en pérdidas al país.

Lasso también se enfrentó a un paro nacional indígena en junio de 2022, por intentar focalizar los subsidios a las gasolinas y tuvo que dar marcha atrás.

Los dos gobiernos, el de Lasso y Moreno, también propusieron medidas económicas con las que buscaban aumentar los ingresos del presupuesto.

Por ejemplo, Moreno proponía un plan de monetización de activos del Estado, pero no se concretó.

En el gobierno de Moreno, en 2019, también se aprobó una ley de Progresividad Tributaria, que creó un impuesto temporal para las empresas y gravó con IVA a las plataformas digitales.

Lasso también implementó la Ley de Desarrollo Económico, en 2021, con impuestos temporales para las empresas y personas con altos patrimonios, incrementos al Impuesto a la Renta y reducción de deducciones de este impuesto.

Sin embargo, en mayo de 2023, en medio de la muerte cruzada, Lasso revirtió algunas de esas medidas y la recaudación tributaria se redujo.

El mismo FMI cuestionó que Lasso haya tomado esa decisión, pues se ahondó más el déficit fiscal que heredó Noboa.

¿Qué medidas se tomarán ahora?

De la Torre explica que en 2024 el panorama es similar al 2019, por lo que se esperarían medidas parecidas en la carta de intención de Noboa al FMI, como la reducción del gasto en subsidios y en gasto de inversión.

Según el exministro, el alza del IVA a 15%, que fue una medida para allanar el camino para un acuerdo con el FMI, podría ser insuficiente, ya que en 2024 el crecimiento económico será bajo y es probable que el consumo se contraiga. Fuente: Primicias

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«No hay lluvias, pero hay energía», sostiene la ministra Inés Manzano, mientras el embalse de Mazar cae de forma acelerada

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La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó, este 8 de enero de 2026, un riesgo de apagones en Ecuador, en medio de la preocupación por la falta de lluvias en el sur del país y la caída acelerada del embalse de Mazar.

«No hay ningún riesgo de apagón. Acordémonos, en 2024 no había lluvias, no había energía. 2026: no hay lluvias, pero hay energía», explicó la ministra en una entrevista con Radio Centro.

Según la funcionaria, eso significa que «lo que hicimos todo el año pasado, mantener nuestro embalse Mazar, que es el más importante… y para eso son los embalses, cuando hay la época en que no hay lluvia, comienzas a utilizar la energía que está represada».

Debido a la falta de lluvias desde diciembre de 2025 en el Austro del país, donde se encuentra Paute-Molino, el complejo hidroeléctrico más grande de Ecuador, el nivel del embalse de Mazar ha empezado a caer más rápido.

El nivel máximo del embalse de Mazar es de 2.153 msnm, según el Operador Nacional de Electricidad Cenace. Pero por la disminución de lluvias, este 8 de enero (con corte a las 10:00), el nivel del embalse se encuentra en 2.137 msnm.

Si el nivel del embalse cae por debajo de 2.115 msnm, lo recomendable, desde el punto de vista técnico, es que la hidroeléctrica Mazar salga de operación, para no sufrir daños en sus turbinas por el ingreso de sedimentos.

Inés Manzano añadió que el Gobierno ha realizado algunas inversiones en el sector eléctrico. «Este año tienen que entrar 300 megavatios de térmicas, que es la energía firme, y, adicionalmente, la energía solar».

Sin embargo, el sistema eléctrico de Ecuador aún es vulnerable. Hay un faltante de 866 megavatios de generación pendiente por instalar, de acuerdo con un informe del operador estatal Cenace.

Mientras tanto, en el Austro del país, los niveles de los ríos que alimentan al complejo hidroeléctrico Paute y al embalse de Mazar siguen cayendo.

En Cuenca, por ejemplo, tres de los cuatro ríos que alimentan a Mazar se encuentran en niveles bajos este 8 de enero, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA. Fuente: Primicias

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CAL pide informe para avanzar con el juicio político contra Mario Godoy: ‘esta Asamblea no adelanta sentencias’

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional pidió un informe técnico para avanzar con el procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Este jueves 8 de enero de 2026, se instaló la sesión presidida por el titular del Legislativo, Niels Olsen, los vocales Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Celleri y Steven Ordoñez, para conocer y resolver la solicitud contra Godoy, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, acerca de presuntas presiones y amenazas para beneficiar un narco serbio.

Al inicio de la sesión, Olsen manifestó que “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia”, recalcó.

Asimismo, Olsen enfatizó: «esta Asamblea Nacional no adelanta sentencias, hace que le corresponde, cuando corresponde«.

Con 5 votos a favor, el Consejo aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura, a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual deberá ser presentado en el plazo máximo de 3 días.

En la misma sesión, los consejeros del CAL acogieron la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

Presuntas amenazas en la Judicatura

En diciembre de 2025, el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció presuntas presiones desde la propia Judicatura para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado por el delito de lavado de activos.

Según relató Serrano, su pesadilla comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando sentenció a 10 años de prisión a Srdan por lavado de dinero. Tras el fallo condenatorio, le fue retirada la protección policial, una decisión que —advirtió— lo obligó a abandonar el país ante las amenazas que habrían puesto en riesgo inminente su vida.

A las denuncias de Serrano se suma el caso de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien aseguró que la institución, bajo el liderazgo de Mario Godoy, la dejó “a merced del crimen organizado”, pese a haber recibido múltiples amenazas de muerte.

En su defensa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció este lunes ante la Asamblea Nacional para responder a las acusaciones surgidas tras la denuncia del juez Serrano. En su intervención, sostuvo que la entidad que dirige “no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales y no emite ni modifica fallos”.

Asimismo, Godoy advirtió sobre un supuesto plan político que buscaría afectar a todas las funciones del Estado y que, según afirmó, habría iniciado en su contra con el objetivo de apartarlo del aparato judicial. Fuente: Vistazo 

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Empresa vinculada con ‘El Turco’ Massuh vendió un software inservible a CNT por USD 4,5 millones

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El informe de la Contraloría fue publicado el 24 de diciembre de 2025. El documento revela presuntas irregularidades en un acuerdo comercial firmado entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y una empresa no identificada, que causó un perjuicio de USD 4,5 millones. Pero detrás de dicho acuerdo, cuyos detalles se hacen públicos por primera vez, hay conexiones que se extienden más allá y llegan hasta el caso Encuentro.

La empresa que no es mencionada en el informe de la Contraloría es Milton Morris Partners & Co, una compañía ecuatoriana con sede en Samborondón, provincia del Guayas, y relacionada con Nain Massuh, ‘El Turco’, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana, cuyo último paradero conocido es Colombia, donde fue detenido y luego liberado.

Massuh es un personaje del que se conoce poco, pero cuyo nombre salió a la luz en los casos Encuentro y Metástasis. Es un empresario mencionado en las conversaciones entre Xavier Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero, aunque no está procesado en este caso.

Sí lo está en el caso Encuentro, en el que la Fiscalía lo señala de ser quien manejaría varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener «réditos económicos indebidos» para su socio y amigo, Clemente Icaza Morla, entonces gerente de la empresa pública CNEL.

Según el informe de la Contraloría, Milton Morris Partners & Co vendió una «solución tecnológica de gestión de procesos corporativos y de cumplimiento», por el que CNT pagó USD 4,5 millones. La idea era que CNT luego venda ese software a las instituciones públicas, y recupere lo «invertido». Pero eso nunca pasó, pues en realidad no había interés en las instituciones públicas en un sistema de ese tipo.

Las irregularidades en el acuerdo comercial
El acuerdo comercial entre CNT y Milton Morris se firmó el 27 de mayo de 2022, es decir en el tiempo que Ralph Suástegui se desempeñaba como gerente (entre agosto de 2021 y mayo de 2023). Según la Contraloría, el 21 de junio de 2022 CNT desembolsó los USD 4,5 millones.

Pero antes de firmar el acuerdo, CNT comenzó a ‘armar’ la necesidad de dicha contratación. La investigación de la Contraloría evidenció que, en realidad, no había interés de parte de las instituciones públicas en adquirir un «sistema de gestión de contratos».

Una segunda irregularidad que CNT halló es que originalmente Milton Morris había ofertado que el pago de los USD 4,5 millones era por «la acreditación (a CNT) como canal comercial exclusivo» de dicho software. Pero luego, el acuerdo comercial firmado, estableció que el pago de los USD 4,5 millones sería por el «soporte, mantenimiento y actualización de todas las licencias entregadas en comodato por tres años». Es decir, CNT recibió las licencias «en calidad de préstamo de uso».

Al final, la Contraloría encontró que, a 2025, CNT no recibió ni un dólar de ingresos por la reventa de este software, ni consiguió cerrar una sola venta. La «solución tecnológica» tampoco fue usada por todas las áreas de CNT, como estaba previsto. Es decir, que el perjuicio ascendió a USD 4,5 millones, el mismo valor pagado a Milton Morris.

PRIMICIAS consultó a CNT si el acuerdo sigue vigente y si se han hecho gestiones para recuperar algo de lo pagado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota la tarde del 7 de enero de 2026 no ha habido una respuesta.

La «solución tecnológica» que CNT compró con el acuerdo comercial incluía módulos para gestión de contratos, de gobierno corporativo, de recursos humanos, gestión documental, «data room» y gestión de procesos y debida diligencia. Además, el uso de una aplicación llamada Proximit.

Massuh, detrás de Milton Morris
Milton Morris Partners & Co fue creada, en 2019, por Francisco y Raúl Marchán. Después de algunos movimientos en sus registros, la accionista principal de esta firma desde 2020 es Erna Aguirre Palacios, esposa de Nain Massuh. Es una empresa que, según su registro en la Superintendencia de Compañías, se dedica al desarrollo de software y tecnología.

Milton Morris & Partners también existe como empresa registrada en Delaware, Estados Unidos, aunque no es público el nombre de sus directivos o accionistas.

El nombre de la empresa aparece varias veces en el caso Encuentro. En ese expediente, constan las transcripciones de cientos de grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa de Massuh, en Samborondón, que se obtuvieron en un allanamiento. Aunque ningún contrato con CNT llegó a ser incluido en la acusación contra Massuh, pues las investigaciones se concentraron en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en su amistad con Antonio Icaza, exgerente de esa empresa

En las grabaciones obtenidas de la casa de Massuh (en las que no se identifica a los interlocutores), el nombre de la empresa Milton Morris aparece varias veces, al igual que múltiples menciones a CNT. Por ejemplo, en un archivo de diciembre de 2022 (después de la firma del acuerdo comercial), un hombre dice: «Acuérdate que Milton me compró a mí con CNT».

Los archivos del caso Encuentro
En otro archivo, de septiembre de 2022, el grupo aparentemente se refiere al acuerdo de Milton Morris con CNT:

– VM1: llego ayer a llorarme, que ayude, que ni sé, que con este man del Municipio, que le ayude con el software porque le puede vender. (Le) digo: bueno, está bien, véndelo el software, yo le pago comisión. No (v)es que yo soy el que vende el software. Yo hice un acuerdo con CNT y  CNT no vende.
VM2: Ah ya.
VM1: Y CNT es mi socio, es mi distribuidor autorizado. Entonces yo vendo en (USD) 5 millones, CNT se queda con 2 (millones) y yo con 3 (millones). Así 40-60.
VM2: No te creo.
VM1: Yo he vendido como pan caliente y en el Estado quieren.

En otra grabación, que corresponde a enero de 2023, un hombre dice: «Erna (la esposa de Massuh) administra 29 empresas, tiene certificaciones ISO9001, 37000, 36000. Adminases (otra empresa de Erna Aguirre) le da el servicio de administración a Milton Morris de Estados Unidos, Milton Morris Ecuador…».

Esto se menciona en el marco de una conversación en un grupo sobre un posible negocio con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Los participantes buscan usar el mismo modelo: llegar a proveer el servicio a través de un acuerdo comercial con CNT. «La intención es que el acuerdo comercial se firme entre la ANT y CNT y si es que nosotros como integradores estamos apagando el CNT para soportar esa consola», dice una parte de la conversación. Fuente: Primicias

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