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Así cambió la economía de Ecuador desde que volvió a tocar las puertas del FMI

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Ecuador vuelve a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de recibir un nuevo préstamo de Servicio Ampliado (SAF), por alrededor de USD 3.000 millones.

El FMI confirmó el 7 de marzo de 2024 que el Gobierno de Daniel Noboa solicitó formalmente negociar un nuevo acuerdo.

Si este nuevo acuerdo se concreta, sería el crédito número 23 para Ecuador, pero el tercero de tipo SAF.

En 2019 y en 2020 el país accedió a dos programas SAF. Antes, Ecuador solo había alcanzado acuerdos de tipo Stand by con el FMI y dos préstamos de emergencia de montos más bajos, uno por el terremoto de Manabí (2016) y otro por la pandemia de Covid-19 (2020).

Pero, ¿por qué Ecuador vuelve a necesitar un crédito SAF?

El crédito SAF se otorga a países con deficiencias económicas estructurales. Esto significa que un programa de tipo SAF se aprueba para países con problemas que tomarán más tiempo en resolverse. Por ejemplo: bajo crecimiento económico y elevados déficit de recursos en el Presupuesto del Estado.

Y Ecuador no ha logrado resolver esos problemas, dice Hanns Soledispa, director de la firma Exponential Research.

En parte, porque desde 2019 el país ha atravesado dos escenarios complejos: la pandemia de Covid-19 y la crisis de seguridad atada al narcotráfico, dice Soledispa.

Pero a esto se suman también otros problemas persistentes en Ecuador: los conflictos sociales y la tensión política entre Ejecutivo y Legislativo, que han impedido tomar medidas fuertes, pero polémicas, que se plantearon dentro de los acuerdos con el FMI, añade.

Evolución del déficit fiscal con relación al PIB

Deslice el cursor sobre el gráfico para visualizar las cifras

El FMI y dos acuerdos con polémica

Han pasado cinco años del primer acuerdo de financiamiento SAF que pidió el país al FMI, el 11 marzo de 2019, por USD 4.200 millones, en el gobierno de Lenín Moreno.

Lo anecdótico de este primer acuerdo es que tuvo que suspenderse en abril de 2020, porque el FMI descubrió que hubo errores de buena fe en los datos económicos que proporcionó Ecuador.

Por eso el país solo recibió USD 1.396 millones de ese primer acuerdo.

Préstamos aprobados por el FMI a Ecuador

En millones de USD

Más tarde, el propio FMI dijo en un informe que el episodio de información errónea «puso de relieve las limitaciones en cuanto a capacidad técnica y limitada coordinación interinstitucional».

Y fue el 30 de septiembre de 2020 cuando se negoció un segundo acuerdo SAF, por USD 6.500 millones.

Fue un acuerdo en el que se tuvieron que renegociar ciertas metas porque hubo un cambio de Gobierno, cuando llegó a la presidencia Guillermo Lasso.

Este fue el primer acuerdo en la historia de Ecuador que se cerró con todos los desembolsos cumplidos, en diciembre de 2022.

Así, tras esas dos operaciones con el FMI, hasta diciembre de 2023, el país le debe USD 7.949 millones a este organismo multilateral.

¿Cómo cambió Ecuador desde 2019 con el FMI?

Los países que acuden al FMI por programas SAF son aquellos con problemas económicos difíciles de resolver y que tienen pocas opciones para pedir préstamos en otras fuentes, explica el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

Por eso, en los acuerdos de crédito con el FMI el país debe cumplir metas relacionadas con mejorar los ingresos, reducir los gastos del Estado y plantear reformas para dinamizar la economía, añade.

¿Qué ha cambiado desde el primer acuerdo SAF?

En cuanto al crecimiento de la economía, en 2018, un año antes del primer acuerdo SAF, el Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB) creció 1,4% y en 2024 se prevé que crezca 0,8% apenas.

Por otro lado, los gastos en el Presupuesto del Estado superaban a los ingresos por unos USD 3.300 millones en 2018.

Tras cinco años el hueco en el Presupuesto estatal persiste. En 2023 el déficit fue de USD 5.400 millones y se prevé que sea de USD 4.800 millones.

Con los elevados déficit fiscales, Ecuador tampoco ha podido reducir su alta dependencia de préstamos internacionales, porque la deuda interna, que se apalanca sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no es suficiente, dice el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre.

Noboa no hará importantes recortes de gastos presupuestarios en 2024 Como consecuencia del alto déficit, el país necesita conseguir al menos USD 11.000 millones en créditos en 2024. Pero, igual que en 2019 y 2020, hay pocas opciones de financiamiento porque el riesgo país de Ecuador es elevado.

El riesgo país de Ecuador

Por eso, los Gobierno de Lasso y de Noboa han tenido que acumular millonarios atrasos con la seguridad social, proveedores y gobiernos locales, lo que también resta dinamismo a la economía, añade De la Torre.

¿Qué medidas se han tomado?

Pozo dice que el país no ha podido corregir sus problemas estructurales porque las medidas que se han tomado dentro de los dos acuerdos con el FMI han sido transitorias, insuficientes o se han revertido.

En la carta de intención con la que el Gobierno de Moreno pidió ese primer programa de crédito con el FMI se menciona el compromiso de reducir el gasto en subsidio a los combustibles.

Y así lo hizo en octubre de 2019, cuando eliminó de un plumazo el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, lo que desencadenó un paro nacional indígena que dejó USD 821 millones en pérdidas al país.

Lasso también se enfrentó a un paro nacional indígena en junio de 2022, por intentar focalizar los subsidios a las gasolinas y tuvo que dar marcha atrás.

Los dos gobiernos, el de Lasso y Moreno, también propusieron medidas económicas con las que buscaban aumentar los ingresos del presupuesto.

Por ejemplo, Moreno proponía un plan de monetización de activos del Estado, pero no se concretó.

En el gobierno de Moreno, en 2019, también se aprobó una ley de Progresividad Tributaria, que creó un impuesto temporal para las empresas y gravó con IVA a las plataformas digitales.

Lasso también implementó la Ley de Desarrollo Económico, en 2021, con impuestos temporales para las empresas y personas con altos patrimonios, incrementos al Impuesto a la Renta y reducción de deducciones de este impuesto.

Sin embargo, en mayo de 2023, en medio de la muerte cruzada, Lasso revirtió algunas de esas medidas y la recaudación tributaria se redujo.

El mismo FMI cuestionó que Lasso haya tomado esa decisión, pues se ahondó más el déficit fiscal que heredó Noboa.

¿Qué medidas se tomarán ahora?

De la Torre explica que en 2024 el panorama es similar al 2019, por lo que se esperarían medidas parecidas en la carta de intención de Noboa al FMI, como la reducción del gasto en subsidios y en gasto de inversión.

Según el exministro, el alza del IVA a 15%, que fue una medida para allanar el camino para un acuerdo con el FMI, podría ser insuficiente, ya que en 2024 el crecimiento económico será bajo y es probable que el consumo se contraiga. Fuente: Primicias

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Ecuador aumenta de USD 3 a USD 30 la tarifa de transporte de crudo colombiano por el SOTE

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Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en «reciprocidad» a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30% a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.

Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.

Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista radial que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino.

Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.

La ministra indicó que Ecuador le está dando «un servicio importantísimo» a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.

La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una «tasa de seguridad» del 30% a los productos colombianos, ante la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.

El mandatario indicó que la medida se mantendría «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera».

En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30% a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.

El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.

En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones. Fuente: Vistazo

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Experto internacional analiza la relación entre Justicia Ordinaria y Justicia Indígena

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En el marco del programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un conversatorio académico con la participación del doctor Bruno Teixeira Lins, experto internacional en Derechos Humanos, quien abordó el tema “Justicia Ordinaria y Justicia Indígena: un análisis comparado desde los estándares internacionales de derechos humanos”.

El doctor Teixeira Lins, de nacionalidad brasileña, es abogado y profesor universitario. Cuenta con un máster en Derechos Humanos, cursa su segunda maestría en Antropología Social y desarrolla su doctorado en Derecho en la Universidad Tiradentes de Brasil. Actualmente realiza una estancia de investigación vinculada a un instituto académico de carácter nacional, además de desempeñarse como profesor invitado en universidades de Brasil y en la Universidad Católica de Quito.

Durante el diálogo, el invitado explicó que la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena debe analizarse desde el pluralismo jurídico, entendido como un hecho social permanente. Señaló que ambos sistemas cumplen la misma función esencial, organizar la vida social y resolver conflictos—, pero se estructuran a partir de perspectivas, normas, autoridades y procedimientos distintos, por lo que no pueden ser evaluados bajo un criterio de superioridad, sino desde un enfoque intercultural y comparado.

En relación con los límites de la justicia indígena, Teixeira Lins indicó que, en el caso ecuatoriano, estos se encuentran establecidos principalmente por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos, y no por la justicia ordinaria.

Destacó que Ecuador, a diferencia de otros países de la región, reconoce no solo la jurisdicción indígena, sino también a las comunidades, pueblos y nacionalidades como fuentes del derecho, lo que constituye un avance significativo dentro del constitucionalismo plurinacional.

Asimismo, explicó que las decisiones de la justicia indígena pueden ser impugnadas únicamente a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual no actúa como instancia de apelación, sino que verifica el respeto a los derechos constitucionales, la territorialidad, el carácter interno del conflicto y la compatibilidad con los derechos humanos. En casos excepcionales de privación de libertad, procede el hábeas corpus, limitado a analizar la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad de la medida.

En el debate sobre la interculturalidad jurídica, el experto sostuvo que persisten tensiones entre el reconocimiento constitucional del derecho indígena y su aplicación práctica, debido a la tendencia del sistema jurídico a jerarquizar y simplificar la complejidad social, lo que en ocasiones deriva en limitaciones jurisprudenciales. No obstante, resaltó la importancia de decisiones judiciales que incorporan peritajes antropológicos, al permitir una comprensión más adecuada de los sistemas normativos indígenas desde su propio contexto cultural.

Finalmente, el doctor Teixeira Lins fue enfático al señalar que la justicia indígena no puede ser eliminada como hecho social, aun cuando no sea reconocida formalmente por el Estado, ya que responde a una necesidad inherente de organización y resolución de conflictos dentro de las comunidades.

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‘Pasar el problema al vecino no es la solución’, advierte Daniel Noboa antes de dialogar con Colombia

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En medio de la escalada de tensiones entre Ecuador y Colombia, el presidente de la República, Daniel Noboa, reiteró el llamado a la cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales, durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas Ecuador 2026, este lunes 26 de enero en Quito.

Durante su intervención, el Jefe de Estado destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre los países y entre las instituciones del Estado para proteger a la ciudadanía y enfrentar al crimen organizado. “No tenemos tiempo que perder (…). Nuestro objetivo es destruir los cimientos de esas redes criminales que operan sin escrúpulos y sin fronteras”, puntualizó.

Noboa envía mensaje a Colombia

Noboa señaló que para enfrentar la lucha contra las drogas se requiere inteligencia compartida, intercambio de información y un control estricto de sustancias sujetas a fiscalización.

Sin embargo, dijo que mientras Ecuador refuerza sus acciones contra el crimen transnacional en la frontera, otros países no muestran la misma firmeza y reciprocidad, «lo que termina afectando a nuestro país».

Pasar el problema al vecino no es una solución; es simplemente trasladar la destrucción de familias a otra nación vecina, a otra nación hermana”, afirmó Noboa.

El presidente subrayó que solo mediante el trabajo conjunto se podrá derrotar a un enemigo que utiliza la violencia para «envenenar nuestro futuro».

Todo empezó por el anuncio de aranceles del 30%

Aunque no mencionó de forma explícita a Colombia, Noboa dejó claro su mensaje hacia el país vecino al señalar que Ecuador está dispuesto a abrir el diálogo, pero advirtió que este debe traducirse en acciones concretas.

“Podemos abrir el diálogo, pero si no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar y hacer algo significativo para cooperar, para mejorar la situación, ya entonces vemos que es absurdo continuar por un camino cuando no se ve ningún resultado”, expresó el presidente Noboa.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión bilateral, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa impusiera un arancel del 30 % a los productos colombianos que ingresan a Ecuador. En respuesta, la administración del presidente Gustavo Petro anunció una tasa adicional a artículos ecuatorianos y la suspensión de la venta de energía al país.

El conflicto se originó tras un mensaje publicado por Noboa en la red social X, en el que anunció la aplicación de una denominada ‘tasa de seguridad’, a partir de febrero, a productos colombianos. Según el mandatario, la medida responde a la falta de reciprocidad y de acciones firmes de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Fuente: Vistazo

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