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Asamblea Nacional: el correísmo tiene el control en seis comisiones, ADN en cinco y PSC en cuatro

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La Asamblea Nacional aprobó con 114 votos la conformación de las comisiones legislativas. Minutos después, se reunieron los miembros de cada mesa para escoger a sus presidentes y vicepresidentes.

Revolución Ciudadana preside seis comisiones

El correísmo logró la presidencia de la Comisión de Fiscalización. La asambleísta Pamela Aguirre presidirá y el vicepresidente es Luis Alvarado de (ADN). Adelantó que retomará los juicios que quedaron pendientes.

También tienen el control en la Comisión de Justicia, bajo la conducción de Fernando Cedeño. La vicepresidencia es para Acción Democrática Nacional (ADN), con la legisladora María Fernanda Araujo.

La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados está presidida por Victoria Desintonio de la Revolución Ciudadana (RC); el vicepresidente es Carlos Vera del Partido Social Cristiano.

En la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, el presidente será Patricio Chávez de RC y la vicepresidenta es Eseperanza Moreta del PSC.

Paola Cabezas liderará la Comisión de Garantías Constitucionales y la vicepresidencia es de Adrián Castro de ADN.

Pierina Correa regresa a presidir la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, tal como lo hacía en el periodo que fue cesada.

ADN logra presidir comisiones económicas

En cambio, el oficialismo presidirá la Comisión de Régimen Económico, que estará a cargo de Nathaly Farinango. El vicepresidente es Jorge Álvarez del Partido Social Cristiano.

Lea también: Cinco claves para entender las votaciones de la Asamblea en la posesión de autoridades

La jefa de esa bancada, Valentina Centeno, fue nombrada presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, el vicepresidente es Blasco Luna de la Revolución Ciudadana.

Inés Alarcón, también de ADN, estará al frente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, junto con Leonardo Berrezueta del correísmo.

Jorge Guevara liderará Salud y Deporte y la vicepresidencia se llevó la RC, con Ana Herrera.

En la comisión de Relaciones Internacionales el presidente es Jonathan Parra Villacís y la vicepresidenta es Raisa Corra.

Partido Social Cristiano lidera comisión de Trabajo

Johnny Terán fue escogido como presidente de Derecho al Trabajo y Seguridad Social; mientras que Marcela Holguín será la vicepresidenta.

Guido Vargas, que llegó con una alianza entre el Partido Sociedad Patriótica y el PSC, preside la comisión de Biodiversidad. Yadira Bayas (ADN) es la vicepresidenta.

En Educación preside Zolanda Plúas y el vicepresidente es Mauricio Zambrano.

En Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, el presidente es Jaminton Intriago y la vicepresidenta es Lorena Rosado, de ADN. Fuente: Ecuavisa

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Horror en Latacunga: madre es procesada por el femicidio de su hija de 3 años

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La investigación por la muerte violenta de una niña de 3 años en Latacunga avanza. La Fiscalía vinculó a la madre de la menor, Lizbeth Katherine T. Ch., de 21 años, como presunta coautora del delito de femicidio y obtuvo una orden de prisión preventiva en su contra.

La causa ya tenía como procesado a Jhon Carlos C. V., pareja de la mujer y padrastro de la niña, quien es agente de control municipal del GAD de Latacunga. Él permanece procesado desde agosto de 2026.

Fiscalía presentó más de 35 elementos de convicción

Durante la audiencia de vinculación, realizada en la Unidad Judicial de Cotopaxi, la Fiscalía expuso más de 35 elementos de convicción para sustentar la presunta participación de la madre.

Entre ellos constan declaraciones de policías, documentos relacionados con el levantamiento del cuerpo, pericias realizadas en el lugar de los hechos y la ampliación de la autopsia médico-legal.

El juez consideró suficientes los elementos presentados para incorporarla al proceso y dispuso su encarcelamiento preventivo. Con esta decisión, la etapa de instrucción fiscal se amplió por 30 días.

La niña habría sido golpeada durante varios días

La investigación reconstruye una secuencia de agresiones que habría comenzado el 3 de agosto de 2026.

Ese día, la pequeña viajó junto con su padrastro desde Latacunga hacia Quito. Durante el recorrido habría tenido un incidente y, según la hipótesis fiscal, el hombre habría reaccionado golpeándola en repetidas ocasiones.

Al regresar a la vivienda familiar, ubicada en el sector La Merced, el procesado habría contado a la madre lo sucedido durante el trayecto.

En ese punto, la Fiscalía atribuye una participación directa a Lizbeth Katherine T. Ch.: la mujer presuntamente golpeó a su hija con un cinturón.

Las investigaciones sostienen que los ataques contra la menor habrían continuado hasta el día siguiente y que tanto la madre como su pareja habrían participado en las agresiones.

La niña llegó al hospital sin signos vitales

El 5 de agosto, Jhon Carlos C. V. habría llevado a la menor al Hospital General de Latacunga después de encontrarla nuevamente en la vivienda y, según la investigación, agredirla.

El médico que la recibió alertó a la Policía al detectar numerosas lesiones en su cuerpo. Durante el examen externo se identificaron hematomas en el rostro, espalda, tórax y otras zonas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Latacunga.

Autopsia determinó una muerte violenta

La autopsia médico-legal estableció que la pequeña murió debido a una hemorragia interna y determinó que se trató de una muerte violenta.

La Fiscalía sostiene que la madre habría tenido un rol activo en la coejecución de los hechos, razón por la cual decidió procesarla como presunta coautora de femicidio.

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IESS: transferencias estatales aumentan un 91% en los últimos tres años

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El Gobierno Nacional prevé destinar 8.917 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre 2024 y diciembre de 2026, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEP). La cifra representa un incremento del 91% frente a los 4.668 millones de dólares registrados entre 2021 y 2023.

Del monto previsto para el periodo 2024-2026, 8.595 millones de dólares corresponden al aporte estatal del 40% para pensiones jubilares, seguro social campesino, contribución anual, Ley 2004-39, seguro del magisterio y riesgos de trabajo.

Este rubro registra una variación del 94% respecto de los 4.435 millones de dólares contabilizados entre 2021 y 2023.

Prestaciones de salud también aumentan

El MDEP señaló que otros 322 millones de dólares corresponden a prestaciones externas de salud para jubilados, previamente auditadas. Este valor supera en 38% los 233 millones de dólares registrados durante el periodo de 2021-2023.

El Gobierno también informó que trabaja con el IESS en la revisión de registros contables, bases de datos y montos pendientes relacionados con obligaciones de administraciones anteriores.

En lo que va de 2026, se han suscrito siete actas de conciliación por concepto del 40% de pensiones y otros rubros, de acuerdo al boletín 113 MDEP, emitido el 15 de septiembre de 2026.

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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