El año 2025 dejó cifras significativas que reflejan emociones, transformaciones sociales y nuevos comienzos en la vida de miles de ciudadanos ecuatorianos. Entre promesas que se consolidan y decisiones que marcan cierres necesarios, el Registro Civil del Ecuador acompañó a la población en algunos de los momentos más trascendentales de su ciclo vital, reafirmando su rol como institución garante de derechos y seguridad jurídica.

De enero a diciembre de 2025, el Registro Civil celebró 50.556 matrimonios a nivel nacional, cifra que evidencia un incremento respecto al año 2024, cuando se registraron 48.907 enlaces matrimoniales. Del total de matrimonios celebrados en 2025, 334 correspondieron a matrimonios igualitarios, consolidando el enfoque inclusivo y de respeto a la diversidad que impulsa la institución.

En cuanto a la distribución territorial, la provincia del Guayas lideró el número de matrimonios con 10.898, seguida de Pichincha con 10.592 y Manabí con 4.273 enlaces, lo que demuestra una alta demanda de este servicio en las provincias con mayor densidad poblacional.

Más allá de los datos estadísticos, cada ceremonia encierra historias íntimas y profundamente significativas. Un ejemplo de ello es la experiencia de Ashley y Douglas, quienes decidieron compartir su matrimonio junto a Oddie, su mascota, a quien consideran un miembro fundamental de su familia. Este hecho refleja la visión empática e inclusiva del Registro Civil, que reconoce que el concepto de familia se construye desde diversas realidades y afectos. Ashley expresó su agradecimiento señalando: “Oddie es un ser muy especial en nuestras vidas, es como nuestro hijo. Agradecemos de corazón al Registro Civil por permitirnos vivir esta experiencia tan significativa en familia”.

Así como existen historias que inician, también se evidencian decisiones responsables que concluyen etapas. Durante 2025, el Registro Civil inscribió 23.440 divorcios en todo el país, lo que representa que, aproximadamente, por cada dos matrimonios se registró un divorcio. Las provincias con mayor número de divorcios fueron Pichincha con 5.849, Guayas con 4.359 y Azuay con 2.139, cifras que reflejan procesos personales asumidos con madurez y respeto.

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó el rol sensible de la institución frente a estas realidades sociales, señalando que: “Cada matrimonio y cada divorcio que se registra en nuestras agencias representa una historia real, con emociones profundas detrás.

Nuestro deber como institución es acompañar estos momentos con respeto, profesionalismo y cercanía, garantizando derechos y brindando confianza a la ciudadanía”.

Entre uniones que nacen y caminos que se transforman, el Registro Civil del Ecuador continúa siendo parte esencial de las etapas que definen la vida de las personas, reafirmando su compromiso institucional de que registrar no es únicamente un acto administrativo, sino un gesto de respeto hacia las decisiones que construyen el presente y el futuro del país.

Matrimonios registrados por provincia desde enero a diciembre 2025
• Azuay: 2.635
• Bolívar: 474
• Cañar: 845
• Carchi: 401
• Chimborazo: 1.901
• Cotopaxi: 1.573
• El Oro: 2.290
• Esmeraldas: 1.300
• Galápagos: 227
• Guayas: 10.898
• Imbabura: 1.701
• Loja: 1.522
• Los Ríos: 2.322
• Manabí: 4.273
• Morona Santiago: 377
• Napo: 354
• Orellana: 553
• Pastaza: 333
• Pichincha: 10.592
• Santa Elena: 1.095
• Santo Domingo de los Tsáchilas: 1.821
• Sucumbíos: 567
• Tungurahua: 2.102
• Zamora Chinchipe: 400
Tota Nacional: 50.556 matrimonios

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Zamora, a través de la Unidad de Tránsito, informó a la ciudadanía sobre la habilitación del proceso de matriculación vehicular para el presente año, conforme a la normativa y resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Juan Carlos Pineda, jefe de la Unidad de Tránsito del GAD Zamora, indicó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó el sistema para el pago de valores correspondientes a la matriculación vehicular a partir del 8 de enero, permitiendo a los propietarios realizar todas las transacciones necesarias para la legalización de sus vehículos. En este proceso se incluyen también aquellos automotores que no pudieron matricularse en el año o mes correspondiente, por situaciones de índole personal.

El funcionario explicó que, en cumplimiento del proceso de interoperabilidad, todo vehículo que vaya a matricularse deberá presentarse con al menos 48 horas de antelación para completar los trámites respectivos. Durante el mes de enero, la matriculación está habilitada para todo tipo de vehículos, independientemente del número de placa, de acuerdo con la resolución vigente.

Asimismo, detalló que desde el mes de febrero se aplicará el cronograma ordinario de matriculación conforme al último dígito de la placa, iniciando con el dígito 1 y avanzando progresivamente hasta el mes de noviembre. En el mes de diciembre, nuevamente se habilita la matriculación para todos los vehículos sin restricción de dígito. Este proceso se mantiene activo durante todo el año, bajo la rectoría de la Agencia Nacional de Tránsito, entidad encargada de habilitar los sistemas nacionales correspondientes.

Pineda precisó que todas las modalidades de transporte que operan dentro de la jurisdicción del cantón Zamora —entre ellas taxi ejecutivo, taxi convencional, transporte escolar, transporte urbano y carga liviana— están obligadas a realizar el proceso de matriculación en el GAD Municipal de Zamora.

En relación con las sanciones, el jefe de la Unidad de Tránsito señaló que los propietarios que no hayan cumplido el proceso de matriculación dentro del mes correspondiente a su dígito de placa deberán someterse a una sanción económica, establecida en la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y respaldada por la ordenanza municipal vigente. Dichos valores pueden ser cancelados tanto en el GAD como en los centros de matriculación autorizados.

Respecto a la regulación de operadoras de transporte, Pineda indicó que la Unidad de Tránsito se rige por el Plan de Movilidad, el cual permite evaluar y regular la apertura o continuidad de operadoras dentro del cantón, conforme a las necesidades del territorio y a las notificaciones emitidas por la administración competente.

La Unidad de Tránsito del GAD Zamora se encuentra ubicada en la avenida Héroes de Paquisha y Manuelita Cañizares, a pocos metros del Cuerpo de Bomberos. La atención al público se brinda en horario de 08h00 a 12h30 y de 14h00 a 17h00. En el caso específico del proceso de matriculación vehicular, el sistema nacional se encuentra habilitado desde las 08h00 hasta las 17h00, mientras que la atención presencial se extiende hasta las 17h30.

Finalmente, la autoridad reiteró que el objetivo principal de la Unidad de Tránsito es legalizar y regularizar los procesos de matriculación, garantizando que los propietarios y conductores cuenten con su documentación al día, evitando inconvenientes con los agentes de tránsito y asegurando el cumplimiento de la normativa y la Ley Orgánica de Transporte y Seguridad Vial.

El 6 de enero de 2026, a través de un video difundido en la plataforma digital Facebook, en la página de Café Radio, la ex médica del Subcentro de Salud de Yantzaza, Andrea R., hizo públicas una serie de denuncias sobre presuntos abusos, hostigamiento laboral y deficiencias administrativas ocurridas, según su testimonio, en el Distrito de Salud 19D04.

En su pronunciamiento, la profesional de la salud relató que, desde hace aproximadamente 15 días, ha solicitado formalmente una entrevista con la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de exponer estas denuncias por los canales institucionales correspondientes, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta oficial.

En el video, Andrea R. describe un contexto laboral caracterizado —según su versión— por sobrecarga de trabajo sostenida, jornadas extendidas, negación de permisos y vacaciones, presión administrativa, hostigamiento psicológico y prácticas que habrían afectado gravemente la salud mental del personal. La exfuncionaria señaló que estas condiciones se habrían normalizado durante varios meses, hasta derivar en un colapso físico y emocional, situación que, afirmó, la llevó a recibir diagnósticos de ansiedad, depresión, síndrome de burnout e ideas suicidas.

Asimismo, relató que, durante campañas sanitarias desarrolladas desde el mes de mayo, el personal habría laborado de lunes a domingo, bajo condiciones climáticas adversas y con exigencias administrativas adicionales, como cursos obligatorios, entrega de matrices e informes, sin una planificación que considere —según manifestó— la salud ocupacional de los trabajadores. A ello se sumarían, de acuerdo con su testimonio, deficiencias en servicios básicos, como la ausencia de personal de limpieza y de seguridad, lo que habría obligado al personal médico y administrativo a asumir funciones adicionales no contempladas en sus responsabilidades.

Uno de los hechos más graves relatados en el video hace referencia a un episodio en el que, tras la finalización del contrato del personal de seguridad, trabajadores y usuarios —incluida una bebé de aproximadamente dos meses— habrían quedado encerrados dentro de las instalaciones del centro de salud, debiendo salir por medios improvisados, sin que —según la denunciante— se priorizara su seguridad.

Andrea R. también sostuvo que, tras exigir el respeto de sus derechos laborales y negarse a participar en prácticas que consideró contrarias a sus valores éticos, habría sido objeto de aislamiento, represalias, insultos, negación de permisos y amenazas de procesos disciplinarios, atribuyendo estos hechos a una autoridad que —según indicó— representa al Ministerio de Salud Pública en el nivel distrital.

En su mensaje, la ex médica hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se investiguen estos hechos, señalando que el incremento de diagnósticos de depresión, ansiedad y hostigamiento laboral entre trabajadores de la salud constituye un problema estructural que requiere atención urgente. Enfatizó que su testimonio no busca generar confrontación, sino visibilizar una problemática que, a su criterio, afecta la dignidad laboral, la salud mental del personal y, en consecuencia, la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

Finalmente, Andrea R. exhortó a otros profesionales que se sientan identificados con situaciones similares a romper el silencio, afirmando que el trabajo en el sistema de salud debe realizarse en condiciones dignas y seguras, sin que ello implique un deterioro de la salud física y emocional de quienes lo sostienen.