Los presuntos incrementos patrimoniales reportados por alcaldes y prefectos del país, considerados injustificados, serán sometidos a investigación en el Legislativo.

La resolución faculta a la comisión para solicitar información, informes técnicos y documentación, así como convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, especialistas y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados. En un plazo máximo de 90 días, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de este proceso de control político.

Asimismo, el legislador señaló que la información difundida por la Contraloría General del Estado y diversas investigaciones periodísticas ha puesto en evidencia variaciones patrimoniales que merecen ser examinadas con rigurosidad y responsabilidad institucional. En ese contexto, sostuvo que el Legislativo debe ejercer plenamente sus facultades de control para asegurar la rendición de cuentas de quienes administran recursos públicos.

Durante el debate, varios legisladores solicitaron la colaboración de entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La decisión de la Asamblea Nacional de iniciar un proceso de fiscalización surge tras la publicación de la serie periodística ‘Alcaldes y prefectos bajo la lupa’, que ha presentado Spondylus Info Lab gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center, en alianza con Fundamedios y con la participación de Vistazo, junto a 36 medios de comunicación del país.

Entre los hallazgos constan autoridades que, en apenas un año de gestión, reportaron la adquisición de varios lotes de terrenos y viviendas, vehículos de alta gama, ganado e incluso maquinaria pesada.

La revisión de los registros públicos de 225 alcaldes (222 titulares y tres subrogantes) y 23 prefectos provinciales —Galápagos no cuenta con esta figura administrativa— permitió identificar 79 casos de saltos patrimoniales inusuales reflejados en las declaraciones juramentadas entregadas a la Contraloría General del Estado. Fuente: Vistazo

En Tungurahua cuatro alcaldes y el prefecto cuentan con denuncias por diversos delitos: presuntos enriquecimiento ilícito, estafa, contaminación del ambiente y otros relacionados con violencia de género. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones quedaron archivadas.

Esta es la radiografía de una de las provincias más prósperas del país. Con una población de 584.638 personas, Tungurahua se ha convertido en un centro industrial que genera cada año algo más de USD 4 mil millones. Y se evidencia en los patrimonios de sus autoridades.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

El alcalde de Baños, Marlon Guevara, quien va por su segundo periodo, es uno de los funcionarios que más acumula procesos en el sistema de la Función Judicial: tres investigaciones archivadas y un sobreseimiento. En 2023 fue electo por la alianza Centro Democrático – Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua (CD–MCAT), que también ganó las alcaldías de Mocha y Patate.

En 2018, la Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal contra Guevara y tres funcionarios del Municipio, además del representante legal de la empresa Amazonas Building, que ganó la adjudicación de un contrato para la construcción del proyecto Termas de la Virgen, por un valor de USD 6’469.558. La Contraloría había detectado irregularidades en el proceso de licitación. La compañía presuntamente presentó documentos, para acreditar su experiencia, con firmas y montos inconsistentes. Por eso, se presumió un delito de falsificación o uso de documento falso. La comisión técnica y el alcalde manifestaron que cumplieron con todos los aspectos de la Ley de Contratación Pública y que, en la etapa precontractual, no estaban facultados para verificar la autenticidad de las firmas. En enero de 2022, la fiscalía provincial de Tungurahua pidió el archivo de la causa por falta de documentos originales y el vencimiento de los plazos legales. Una jueza aceptó el archivo.

En 2018 y 2021, el alcalde de Baños tuvo otras dos denuncias por el supuesto delito de estafa. El primer proceso fue archivado sin detalles de lo sucedido. El segundo terminó en sobreseimiento tras el pagó una deuda de USD 12.000 a una proveedora de Patate, por la confección de unos implementos deportivos, por lo tanto, la Fiscalía retiró los cargos.

En Tungurahua, dos alcaldes han sido vinculados a casos relacionados con violencia de género. Danilo Ortiz, del cantón Mocha, fue denunciado por presunta violencia psicológica en septiembre de 2022. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de conciliación y la investigación quedó archivada. En respuesta al pedido de su versión el alcalde dijo telefónicamente que no habían las pruebas suficientes y que por eso se archivó.

El alcalde de Patate, Hernán Medina, enfrentó una investigación por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con violencia intrafamiliar. El caso también fue archivado.

Finalmente, Pablo Velasco, alcalde de Quero, registra una investigación previa por el presunto delito de intimidación contra una mujer en el cantón La Libertad (Santa Elena). El caso se archivó.

El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, cuenta con tres investigaciones: dos fueron archivadas y la otra continúa en trámite. Las tres tienen relación con sus funciones cuando fue alcalde de Pelileo.

La primera causa se originó tras una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en 2014 por un presunto delito ambiental. En documentos judiciales se explica que el agua utilizada por las lavadoras de jeans del cantón va directo a los ríos y los estaría contaminando. El caso sigue en investigación previa luego de que un fiscal quisiera archivarlo, pero la solicitud fue negada y el expediente pasó a otro agente.

La segunda investigación previa inició en el 2016, cuando un ciudadano acusó a Caizabanda de presunta usurpación ya que autoridades municipales habían ingresado a sus terrenos para remover la tierra y construir un estadio. El juez declaró la causa como desierta y la archivó.

Un año después, en 2017, se abrió una nueva investigación por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pero fue archivada.

Las autoridades de Tungurahua se caracterizan por tener patrimonios altos. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza Telenchana (Pachakutik), registra en la Contraloría General del Estado un patrimonio de USD 1.140.929 en 2025. Entre 2023 y 2024, tuvo un aumento del 25% pasando de USD 904.864 a USD 1.131.082, en un año.

La funcionaria es accionista y administradora actual de Chibuleo Motors Cía. Ltda., según el portal público de la Superintendencia de Compañías. La empresa se dedica a la venta de vehículos nuevos y usados. El pago de impuestos de Caiza también ha aumentado en los últimos años. En 2022, cuando aún no era alcaldesa, canceló USD 826 por el impuesto a la renta. Mientras que, en 2025, el valor abonado al SRI fue de USD 6.964.

El alcalde de Mocha, Danilo Ortiz, también registra un patrimonio en ascenso. Él lleva en el cargo siete años. Fue reelecto en 2023 con más del 80%, una de las votaciones más altas del país. Ortiz arrancó su primer mandato en 2019 con una declaración patrimonial juramentada de USD 410.013. En 2025 su patrimonio declarado llegó a USD 771.238, lo que representa un incremento del 88%. equivalente a USD 361.225.

En la página de la Superintendencia de Compañías identifican al alcalde Danilo Ortiz como accionista de la Compañía de Transporte Pesado Internacional Nueva Generación en Transporte Nugetrans S.A.. Además, tiene un RUC como productor de leche desde 2006.

Danilo Ortiz conversó por teléfono con el equipo de Spondylus Info Lab. El alcalde de Mocha dijo que el aumento del patrimonio se debía a que, en su primer periodo, hizo una gestión para revalorizar los predios que habrían pasado de 50 centavos a USD 5,00 en la zona urbana y USD 3,00 en la zona rural. Se le solicitó que envíe por mail los documentos que sustenten estas afirmaciones sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

De hecho, la finca que registra Ortiz, en 2019 estaba avaluada en USD 350.000 y, en 2025, su valor bajó a USD USD 303.737. De igual manera la diferencia entre sus bienes inmuebles de 2019 y los de 2025 (eliminando los 3 terrenos, y la casa obtenida después de ese año) es de apenas USD USD 5.715.

También existen funcionarios con patrimonios relativamente más moderados. El alcalde de Patate, Hernán Medina Castro (CD/MCAT) tiene USD 153.650. El líder del cantón Quero, Pablo Velasco Garcés (SP), contabiliza USD 147.800. Mientras que, el prefecto Manuel Caizabanda (Pachakutik) inició su gestión con un patrimonio de USD 119.324. En 2025 este cayó a USD 95.887.

Marlon Guevara, ha sido alcalde de Baños en los últimos dos periodos consecutivos: 2014-2019 y 2023-2027, arrancó su segundo mandato, en 2023, con un patrimonio de USD 1.255. En 2025 esa cifra aumentó a USD 54.680, equivalente a un aumento de 4.256%.

Acercando la lupa, dentro de los bienes declarados en 2023 se encuentra un terreno en Tungurahua, un departamento y una casa en Pichincha, todo avaluado en USD 233.949. Lo que hace la diferencia es que, en 2025, dentro de los bienes inmuebles se suma otro terreno, también en Tungurahua, con un valor de USD 63.642. Adicionalmente, una deuda personal registrada por Guevara bajó de USD 220.000 a USD 180.000 entre 2023 y 2025.

Ramírez respondió a Spondylus Info Lab que, el incremento patrimonial entre 2023 y 2024 “no representa un enriquecimiento injustificado”, sino la incorporación de un bien inmueble avaluado en USD 60.000 comprado en 2019 y que por error fue omitido en la declaración inicial de 2023.

Por su parte, el burgomaestre del cantón Cevallos, Carlos Soria, inició su gestión en 2023 con un patrimonio de USD 233.700. Un año después, ese valor aumentó en 37%, pasando a USD 320.964, es decir una diferencia de USD 87.264. En 2025 se halló un disminución del 30% en su patrimonio declarado en 2025, con un valor de USD 224.964, es decir bajó en USD 96.000 y tiene relación con una deuda contraída entre 2024 y 2025 por el valor de USD 120.000 con un saldo que pagar de USD 109.000.

El alcalde de Pelileo, Gabriel Nicanor Zúñiga Silva, tuvo un crecimiento patrimonial constante del 5% por año, es decir, en 2023, declaró un valor de USD 321.376, en 2024 su patrimonio fue de USD 339.263 y, en 2025, este llegó a los USD 355.431.

El burgomaestre explicó a esta alianza periodística que, la variación registrada responde a circunstancias normales, transparentes y debidamente reflejadas en las declaraciones patrimoniales presentadas ante los organismos de control competentes. Y que el incremento se debe, principalmente, a la reducción de obligaciones previamente adquiridas.  Fuente: Vistazo