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Nacionales

$473 millones recupera el SRI por acciones decobro

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Como resultado de los operativos y acciones de cobro ejecutados en todo el país, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recuperó más de USD 473 millones, a través de acciones de cobro aplicadas a aquellos contribuyentes que mantienen deudas tributarias pendientes.

Durante los últimos días, como parte de los procesos coactivos, la Administración Tributaria ejecutó el secuestro de vehículos, a escala nacional, cuyos propietarios mantienen deudas tributarias pendientes. Para acceder a las fotografías de algunos de los vehículos secuestrados dé clic aquí. 

El SRI informó que ha iniciado 1.680 nuevos procedimientos de ejecución coactiva.

La directora general del SRI, Marisol Andrade, explicó que, en concordancia con las directrices emitidas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el Servicio de Rentas Internas ha intensificado sus procesos de cobro para exigir el pago de impuestos a quienes, teniendo la obligación de hacerlo, no lo hacen.

Andrade señaló que los valores recaudados son el resultado de las acciones de cobro efectuadas en todas las provincias del país y resaltó que el Servicio de Rentas Internas continuará intensificando sus acciones de cobro, en el marco de la lucha decidida contra la evasión y el fraude fiscal.

El SRI mantiene habilitadas distintas formas de pago para que los contribuyentes cancelen oportunamente sus obligaciones tributarias y eviten procesos coactivos. (I)

Puede revisar las opciones disponibles en https://www.sri.gob.ec/como-pago-mis-impuestos1

Para más información visite www.sri.gob.ec.

Nacionales

La penalista María Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador

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En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.

María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.

En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.

La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.

En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.

La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.

Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.

El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.

La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.

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Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito

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La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impuso la pérdida de los derechos políticos del exfuncionario, lo cual significa que no podrá postularse a cargos de elección popular, ejercer funciones públicas ni contratar con el Estado.

Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.

Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado

De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.

Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.

La Fiscalía expuso que, mientras ejercía el cargo, el exalcalde recibió depósitos que excedían los ingresos correspondientes a su remuneración, adquirió un vehículo y un inmueble, además de cancelar diversas obligaciones económicas.

Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, incorporó 28 pruebas documentales, entre ellas el informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría, pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificaciones relacionadas con la propiedad de bienes muebles e inmuebles.
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Gobierno anuncia proyecto habitacional para afectados por el aluvión en Zamora

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El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien es presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), informó que el Gobierno planea ejecutar un proyecto habitacional para las familias afectadas por el aluvión en la parroquia Guadalupe, del cantón Zamora.

La zona amazónica resultó gravemente afectada tras el desbordamiento de un río, que se llevó todo lo había a su paso: casas, autos, plantaciones y personas.

Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, hay al menos cinco fallecidos y 10 desaparecidos, entre ellos la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi.

Por ello, anunció que el Gobierno planea hacer un proyecto habitacional, pero aclaró que primero se levantará información del número exacto de víctimas y luego se buscará un terreno.

Luque también comunicó que la vía Loja-Zamora ya está habilitada y personal del Ministerio de Transporte seguirá ejecutando labores de limpieza.

A nivel sanitario, el ministro aseguró que se van a trasladar ciertos insumos médicos que estaban haciendo falta en Zamora y Loja, donde funciona un hospital regional.

Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, mencionó que los afectados también recibirán bonos y otros estímulos, una vez que tengan la data total de afectados.

$!Gobierno evalúa acciones frente al aluvión en Zamora.

Militares ayudan en rescate de víctimas

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, informó que desde ayer se han desplazado varios equipos especializados de militares para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas.

Además, en la zona hay tres helicópteros para el traslado de kits y medicinas.

Las Fuerzas Armadas siempre son los primeros en llegar y los últimos en irse cuando hay un desastre”, recordó el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Riesgos detalló que hay 300 familias afectadas, las cuales recibirán ayuda humanitaria. ​​​​Fuente: Vistazo

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