{"id":5315,"date":"2022-08-08T11:29:16","date_gmt":"2022-08-08T16:29:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=5315"},"modified":"2022-08-08T11:29:23","modified_gmt":"2022-08-08T16:29:23","slug":"expediente-el-rodeo-jueces-al-banquillo-por-rebajas-y-extorsiones%ef%bf%bc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/expediente-el-rodeo-jueces-al-banquillo-por-rebajas-y-extorsiones%ef%bf%bc\/","title":{"rendered":"Expediente El Rodeo: Jueces al banquillo por rebajas y extorsiones\ufffc"},"content":{"rendered":"\n

Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manab\u00ed fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n con cuatro implicados m\u00e1s; todos est\u00e1n libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acus\u00f3, en medio de duros cuestionamientos a su decisi\u00f3n.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Omar Orellana<\/strong> a\u00fan era juez de garant\u00edas penitenciarias cuando se descubri\u00f3 que tambi\u00e9n integraba una red que extorsionaba a reclusos en las c\u00e1rceles El Rodeo <\/strong>y Bah\u00eda de Car\u00e1quez<\/strong>, en la provincia de Manab\u00ed. Otros tres jueces fueron investigados por posibles v\u00ednculos con esta organizaci\u00f3n: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier L\u00f3pez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta trama, que se conoce como el caso \u201cEl Rodeo\u201d, qued\u00f3 al descubierto a mediados de 2019, por una delaci\u00f3n: la pareja de un preso llamado Carlos Mej\u00eda, alias Nariz Virada<\/strong>, denunci\u00f3 al grupo de extorsionadores ante la polic\u00eda porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella hab\u00eda pagado por adelantado 500 d\u00f3lares al agente penitenciario Eker Garc\u00eda <\/strong>y al abogado Marcos Acosta<\/strong>, que acordaba con los juzgadores las liberaciones.<\/p>\n\n\n\n

El esquema delictivo se comprob\u00f3 con escuchas telef\u00f3nicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, as\u00ed como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscal\u00eda y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilit\u00f3 la excarcelaci\u00f3n de unos 90 detenidos por delitos graves<\/strong>, en su mayor\u00eda por narcotr\u00e1fico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que s\u00ed reun\u00edan las condiciones para su liberaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para apurar las liberaciones, los integrantes de la red abordaban a los presos que con ayuda de sus familiares pagaban sobornos que oscilaban entre los 500 y tres mil d\u00f3lares. Los desembolsos se hac\u00edan despu\u00e9s de la medianoche. Aprovechando la penumbra del cementerio de Portoviejo, los parientes pagaban a los intermediarios dinero en efectivo y botellas de whisky<\/strong>. Para no despertar sospechas, en otras ocasiones dejaban sobres sellados con dinero debajo de las puertas en las casas de los funcionarios. Cuando estaban m\u00e1s apremiados, los encuentros se realizaban en los parqueaderos de los presidios.<\/p>\n\n\n\n

Durante la primera etapa de la investigaci\u00f3n, los abogados del CJ y la fiscal Claudia Romero coincidieron en que los principales responsables eran los jueces Orellana y Molina, que fueron procesados cuatro meses despu\u00e9s del inicio formal del caso, junto a los jueces Sabando y L\u00f3pez<\/strong>. Este \u00faltimo, adem\u00e1s, est\u00e1 envuelto en otro juicio por prevaricato: fue sentenciado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por reducir la condena de 25 a 13 a\u00f1os a varios polic\u00edas condenados por asesinato<\/strong>, que luego fueron liberados. L\u00f3pez pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena, que deber\u00e1 ser resuelta por la Corte Superior las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n\n\n\n

Debido al fuero especial de los cuatro jueces, la causa subi\u00f3 de un juzgado inferior a la Corte. Fue as\u00ed como el fiscal provincial Alberto Santill\u00e1n<\/strong> se puso al frente de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se celebr\u00f3 la audiencia de juzgamiento, en noviembre de 2020, Santill\u00e1n no llam\u00f3 a declarar a varios testigos, incluidos funcionarios penitenciarios, que en la primera etapa de la investigaci\u00f3n hab\u00edan contado c\u00f3mo operaba la red y sus conexiones. Algunos de ellos dieron sus versiones por pedido de la anterior fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Durante sus alegatos finales, Santill\u00e1n acus\u00f3 a cinco de los procesados: el juez Orellana, los funcionarios penitenciarios Eker Garc\u00eda, Einsten Garc\u00eda, Rodrigo Men\u00e9ndez y el abogado Marcos Acosta. Para ellos pidi\u00f3 la pena de 13 a\u00f1os por asociaci\u00f3n il\u00edcita y concusi\u00f3n. Luego de cinco d\u00edas de audiencia, la Corte Provincial deliber\u00f3 y los conden\u00f3 a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, durante sus alegatos, Santill\u00e1n se abstuvo de acusar al juez Banny Molina<\/strong>, aunque exist\u00edan suficientes pruebas en su contra, seg\u00fan denunciaron las juzgadoras Gina Mora <\/strong>y Carmita Garc\u00eda<\/strong>, que por mayor\u00eda dictaron la sentencia, con la oposici\u00f3n y voto salvado del tercer juez de la Corte.<\/p>\n\n\n\n

Cuando la Fiscal\u00eda no acusa a un implicado, los jueces no pueden pronunciarse; quedan atados de manos. No obstante, al anunciar su fallo, en diciembre de 2020, las magistradas Mora y Garc\u00eda dejaron sentada su preocupaci\u00f3n indicando que el fiscal no actu\u00f3 con objetividad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA nuestro criterio, y una vez que procedi\u00f3 a la valoraci\u00f3n de la prueba sobre las dem\u00e1s personas procesadas, exist\u00edan elementos inculpatorios suficientes que justificar\u00edan la participaci\u00f3n de Banny Molina en los hechos investigados\u201d, destacaron en la sentencia. No obstante \u2013agregaron\u2013, Santill\u00e1n retir\u00f3 los cargos, \u201cimposibilitando a este tribunal analizar la prueba inculpatoria que fue anunciada por la Fiscal\u00eda\u201d. Tras describir las contradicciones de Santill\u00e1n, las juezas pidieron al CJ que investigara su actuaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El CJ no respondi\u00f3 el pedido que se hizo para esta investigaci\u00f3n period\u00edstica, con el fin de conocer si a Santill\u00e1n se le abri\u00f3 un expediente disciplinario o recibi\u00f3 alguna sanci\u00f3n. Asimismo, se requiri\u00f3 la versi\u00f3n del Fiscal para conocer por qu\u00e9 no acus\u00f3 a Molina. Envi\u00f3 su respuesta a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. En ella advirti\u00f3 que no pod\u00eda pronunciarse porque el caso se encontraba en fase de apelaci\u00f3n ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manab\u00ed. Actualmente, Santill\u00e1n es candidato para ocupar un cargo como Juez Nacional Anticorrupci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Molina fue reintegrado a su cargo de juez de garant\u00edas penales en Portoviejo, en diciembre de 2020, luego de permanecer suspendido nueve meses, desde el 6 de marzo cuando fue enjuiciado.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9l forma parte de una camada de abogados j\u00f3venes que se hicieron jueces durante el gobierno de Rafael Correa<\/a>, quien, en 2011, llam\u00f3 a una consulta popular para que se le permitiera \u201cmeter la mano en la justicia\u201d<\/strong>. As\u00ed empez\u00f3 una reforma del sistema judicial que implic\u00f3 el nombramiento de m\u00e1s de mil nuevos jueces y cientos de fiscales. Sus designaciones y posteriores actuaciones fueron cuestionados por organismos nacionales e internacionales debido a su falta de independencia, sobre todo en los casos en los cuales litigaba el gobierno. Eso profundiz\u00f3 la politizaci\u00f3n de la justicia ecuatoriana.<\/p>\n\n\n\n

Banny Molina hoy tiene 33 a\u00f1os. Lleg\u00f3 a la judicatura a los 25 a\u00f1os. Fue nombrado juez pocos meses despu\u00e9s de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En su descargo, durante el juicio, declar\u00f3 que las autoridades de la Judicatura desataron una persecuci\u00f3n medi\u00e1tica y policial<\/strong>, forzando pruebas y manipulando evidencias para perjudicarlo. Asegur\u00f3 que los hechos denunciados por testigos y corroborados por 20 pruebas documentales nunca sucedieron. \u201cO es que acaso que los funcionarios manabitas no tienen derecho a una vida social, a reunirse a llamar a un familiar y amigo\u201d, dijo refiri\u00e9ndose a las evidencias de las conversaciones que tuvo con otros procesados.<\/p>\n\n\n\n

Molina tambi\u00e9n dijo que no firm\u00f3 ninguna de las carpetas que dieron paso a la liberaci\u00f3n de varios presos, lo cual fue responsabilidad de otros jueces. \u201cNunca recib\u00ed un solo centavo, ning\u00fan pago\u201d<\/strong>, destac\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Hoy, adem\u00e1s, este juez de garant\u00edas oriundo de Portoviejo, la capital de Manab\u00ed, enfrenta otro proceso penal por prevaricato (fallar contra una ley expresa). El caso se remonta a 2018, cuando recibi\u00f3 un pedido de beneficios, interpuesto por Susana Molina Aray<\/strong>, sentenciada a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n por abuso de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Cuando era directora de Recursos Humanos en el municipio de Tosagua, en Esmeraldas, ella form\u00f3 parte de una red de corrupci\u00f3n que recibi\u00f3 pagos desde cuentas del Banco Central por 218 mil d\u00f3lares, entre 2008 y 2010. El caso involucr\u00f3 al alcalde y seis autoridades m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

Banny Molina acept\u00f3 el recurso de Susana Molina en 2018. Decidi\u00f3 que cumpliera la condena en su domicilio, por motivos de salud, aunque no hab\u00eda probado que sufr\u00eda una enfermedad catastr\u00f3fica. El juez no ten\u00eda competencia para disponer que la procesada no cumpliera su condena en prisi\u00f3n, seg\u00fan un informe del CJ.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia por un supuesto delito de prevaricato contra Banny Molina fue presentada por la jueza Carmen Garc\u00eda<\/strong>, quien se percat\u00f3 de las irregularidades cuando el juicio por la corrupci\u00f3n en la Alcald\u00eda de Tosagua<\/strong> lleg\u00f3 a su despacho para la ejecuci\u00f3n de la pena. Garc\u00eda es una de las juezas que dict\u00f3 la sentencia del caso El Rodeo.<\/p>\n\n\n\n

En el llamado a juicio, Molina fue absuelto provisionalmente en abril pasado. Los jueces de la Corte Provincial estimaron que no infringi\u00f3 ley alguna. La Fiscal\u00eda y el CJ apelaron la decisi\u00f3n, pero el Tribunal que conocer\u00e1 la apelaci\u00f3n todav\u00eda no se integra.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente ninguno de los sentenciados por asociaci\u00f3n il\u00edcita en las c\u00e1rceles de Manab\u00ed est\u00e1 detenido<\/strong>. Recibieron medidas sustitutivas a la prisi\u00f3n preventiva. Deben presentarse peri\u00f3dicamente a la Corte de Manab\u00ed y tienen prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Para esta investigaci\u00f3n period\u00edstica se trat\u00f3 de ubicar al exjuez Orellana a sus n\u00fameros de referencia, pero no respondi\u00f3 las llamadas ni los mensajes.<\/p>\n\n\n\n

El jueves 16 de junio de 2022 tambi\u00e9n se contact\u00f3 a Molina a su celular y se le pidi\u00f3 una entrevista, a la cual accedi\u00f3. Sin embargo, al siguiente d\u00eda no respondi\u00f3 las llamadas. Las dos siguientes semanas se le volvi\u00f3 a pedir su pronunciamiento y tampoco contest\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

(I) Vistazo<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"$!Expediente<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manab\u00ed fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n con cuatro implicados m\u00e1s; todos est\u00e1n libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acus\u00f3, en medio de duros cuestionamientos a su decisi\u00f3n. Omar Orellana a\u00fan era juez de garant\u00edas penitenciarias cuando se descubri\u00f3 que tambi\u00e9n integraba una red que extorsionaba a reclusos en las c\u00e1rceles El Rodeo y Bah\u00eda de Car\u00e1quez, en la provincia de Manab\u00ed. Otros tres jueces fueron investigados por posibles v\u00ednculos con esta organizaci\u00f3n: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier L\u00f3pez. Esta trama, que se conoce como el caso \u201cEl Rodeo\u201d, qued\u00f3 al descubierto a mediados de 2019, por una delaci\u00f3n: la pareja de un preso llamado Carlos Mej\u00eda, alias Nariz Virada, denunci\u00f3 al grupo de extorsionadores ante la polic\u00eda porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella hab\u00eda pagado por adelantado 500 d\u00f3lares al agente penitenciario Eker Garc\u00eda y al abogado Marcos Acosta, que acordaba con los juzgadores las liberaciones. El esquema delictivo se comprob\u00f3 con escuchas telef\u00f3nicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, as\u00ed como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscal\u00eda y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilit\u00f3 la excarcelaci\u00f3n de unos 90 detenidos por delitos graves, en su mayor\u00eda por narcotr\u00e1fico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que s\u00ed reun\u00edan las condiciones para su liberaci\u00f3n. Para apurar las liberaciones, los integrantes de la red abordaban a los presos que con ayuda de sus familiares pagaban sobornos que oscilaban entre los 500 y tres mil d\u00f3lares. Los desembolsos se hac\u00edan despu\u00e9s de la medianoche. Aprovechando la penumbra del cementerio de Portoviejo, los parientes pagaban a los intermediarios dinero en efectivo y botellas de whisky. Para no despertar sospechas, en otras ocasiones dejaban sobres sellados con dinero debajo de las puertas en las casas de los funcionarios. Cuando estaban m\u00e1s apremiados, los encuentros se realizaban en los parqueaderos de los presidios. Durante la primera etapa de la investigaci\u00f3n, los abogados del CJ y la fiscal Claudia Romero coincidieron en que los principales responsables eran los jueces Orellana y Molina, que fueron procesados cuatro meses despu\u00e9s del inicio formal del caso, junto a los jueces Sabando y L\u00f3pez. Este \u00faltimo, adem\u00e1s, est\u00e1 envuelto en otro juicio por prevaricato: fue sentenciado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por reducir la condena de 25 a 13 a\u00f1os a varios polic\u00edas condenados por asesinato, que luego fueron liberados. L\u00f3pez pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena, que deber\u00e1 ser resuelta por la Corte Superior las pr\u00f3ximas semanas. Debido al fuero especial de los cuatro jueces, la causa subi\u00f3 de un juzgado inferior a la Corte. Fue as\u00ed como el fiscal provincial Alberto Santill\u00e1n se puso al frente de la investigaci\u00f3n. Cuando se celebr\u00f3 la audiencia de juzgamiento, en noviembre de 2020, Santill\u00e1n no llam\u00f3 a declarar a varios testigos, incluidos funcionarios penitenciarios, que en la primera etapa de la investigaci\u00f3n hab\u00edan contado c\u00f3mo operaba la red y sus conexiones. Algunos de ellos dieron sus versiones por pedido de la anterior fiscal. Durante sus alegatos finales, Santill\u00e1n acus\u00f3 a cinco de los procesados: el juez Orellana, los funcionarios penitenciarios Eker Garc\u00eda, Einsten Garc\u00eda, Rodrigo Men\u00e9ndez y el abogado Marcos Acosta. Para ellos pidi\u00f3 la pena de 13 a\u00f1os por asociaci\u00f3n il\u00edcita y concusi\u00f3n. Luego de cinco d\u00edas de audiencia, la Corte Provincial deliber\u00f3 y los conden\u00f3 a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n. Sin embargo, durante sus alegatos, Santill\u00e1n se abstuvo de acusar al juez Banny Molina, aunque exist\u00edan suficientes pruebas en su contra, seg\u00fan denunciaron las juzgadoras Gina Mora y Carmita Garc\u00eda, que por mayor\u00eda dictaron la sentencia, con la oposici\u00f3n y voto salvado del tercer juez de la Corte. Cuando la Fiscal\u00eda no acusa a un implicado, los jueces no pueden pronunciarse; quedan atados de manos. No obstante, al anunciar su fallo, en diciembre de 2020, las magistradas Mora y Garc\u00eda dejaron sentada su preocupaci\u00f3n indicando que el fiscal no actu\u00f3 con objetividad. \u201cA nuestro criterio, y una vez que procedi\u00f3 a la valoraci\u00f3n de la prueba sobre las dem\u00e1s personas procesadas, exist\u00edan elementos inculpatorios suficientes que justificar\u00edan la participaci\u00f3n de Banny Molina en los hechos investigados\u201d, destacaron en la sentencia. No obstante \u2013agregaron\u2013, Santill\u00e1n retir\u00f3 los cargos, \u201cimposibilitando a este tribunal analizar la prueba inculpatoria que fue anunciada por la Fiscal\u00eda\u201d. Tras describir las contradicciones de Santill\u00e1n, las juezas pidieron al CJ que investigara su actuaci\u00f3n. El CJ no respondi\u00f3 el pedido que se hizo para esta investigaci\u00f3n period\u00edstica, con el fin de conocer si a Santill\u00e1n se le abri\u00f3 un expediente disciplinario o recibi\u00f3 alguna sanci\u00f3n. Asimismo, se requiri\u00f3 la versi\u00f3n del Fiscal para conocer por qu\u00e9 no acus\u00f3 a Molina. Envi\u00f3 su respuesta a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. En ella advirti\u00f3 que no pod\u00eda pronunciarse porque el caso se encontraba en fase de apelaci\u00f3n ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manab\u00ed. Actualmente, Santill\u00e1n es candidato para ocupar un cargo como Juez Nacional Anticorrupci\u00f3n. Por su parte, Molina fue reintegrado a su cargo de juez de garant\u00edas penales en Portoviejo, en diciembre de 2020, luego de permanecer suspendido nueve meses, desde el 6 de marzo cuando fue enjuiciado. \u00c9l forma parte de una camada de abogados j\u00f3venes que se hicieron jueces durante el gobierno de Rafael Correa, quien, en 2011, llam\u00f3 a una consulta popular para que se le permitiera \u201cmeter la mano en la justicia\u201d. As\u00ed empez\u00f3 una reforma del sistema judicial que implic\u00f3 el nombramiento de m\u00e1s de mil nuevos jueces y cientos de fiscales. 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