En una entrevista para Diario El Amaz\u00f3nico, Omar Sempertegui, constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional, analiz\u00f3 las implicaciones jur\u00eddicas y constitucionales de la nueva legislaci\u00f3n relacionada con el reclutamiento de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes por parte de organizaciones criminales, tras la aprobaci\u00f3n del proyecto por parte de la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2026.<\/p>\n
Durante el di\u00e1logo, Sempertegui sostuvo que el fen\u00f3meno del reclutamiento infantil debe ser comprendido como una problem\u00e1tica de car\u00e1cter multidimensional, debido a que las organizaciones criminales no necesariamente captan \u00fanicamente a adolescentes pr\u00f3ximos a la mayor\u00eda de edad, sino que pueden iniciar procesos de acercamiento desde edades tempranas.<\/p>\n
Protecci\u00f3n integral frente a la captaci\u00f3n criminal<\/strong> Seg\u00fan su an\u00e1lisis, los procesos de captaci\u00f3n pueden comenzar mediante mecanismos de persuasi\u00f3n, acercamiento y normalizaci\u00f3n de determinadas conductas. Posteriormente, los menores pueden ser involucrados progresivamente en actividades de menor complejidad hasta terminar formando parte de estructuras criminales.<\/p>\n Sempertegui explic\u00f3 que este proceso puede generar un denominado \u201crecambio generacional\u201d dentro de las organizaciones delictivas, debido a que los grupos criminales buscan incorporar nuevos integrantes para mantener su capacidad operativa.<\/p>\n V\u00edctima y victimario: una doble dimensi\u00f3n jur\u00eddica<\/strong> El especialista manifest\u00f3 que, en primera instancia, el menor debe ser considerado v\u00edctima cuando es captado, persuadido o incorporado a una estructura criminal. Sin embargo, sostuvo que la valoraci\u00f3n jur\u00eddica puede cambiar cuando el adolescente participa directamente en la comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n En este sentido, plante\u00f3 la necesidad de diferenciar entre la condici\u00f3n de v\u00edctima derivada del reclutamiento y la eventual responsabilidad que pueda generarse por la comisi\u00f3n de infracciones, siempre dentro del r\u00e9gimen jur\u00eddico especial aplicable a adolescentes.<\/p>\n Para Sempertegui, esta diferenciaci\u00f3n resulta fundamental para evitar que la protecci\u00f3n integral de los menores sea utilizada para generar espacios de impunidad frente a delitos graves.<\/p>\n Redes sociales, un nuevo espacio de captaci\u00f3n<\/strong> El constitucionalista se\u00f1al\u00f3 que la exposici\u00f3n de contenidos relacionados con armas, dinero, drogas o estilos de vida asociados al crimen puede contribuir a la normalizaci\u00f3n de determinadas conductas entre adolescentes.<\/p>\n A su criterio, el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n y control en los espacios digitales, pero respetando derechos constitucionales como la privacidad y la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n En este contexto, consider\u00f3 necesaria una coordinaci\u00f3n entre el Estado y las plataformas digitales para establecer mecanismos que permitan identificar y limitar contenidos vinculados con la apolog\u00eda del delito o la captaci\u00f3n de menores, bajo criterios jur\u00eddicos previamente establecidos.<\/p>\n Penas y capacidad de investigaci\u00f3n<\/strong> Sempertegui sostuvo que el incremento de las penas puede cumplir una funci\u00f3n disuasoria, pero advirti\u00f3 que una sanci\u00f3n elevada por s\u00ed sola no resuelve el problema.<\/p>\n A su criterio, el verdadero desaf\u00edo institucional consiste tambi\u00e9n en fortalecer las capacidades de investigaci\u00f3n, identificaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de quienes participan en procesos de captaci\u00f3n y reclutamiento.<\/p>\n El especialista relacion\u00f3 este aspecto con tres etapas de la pol\u00edtica criminal: contenci\u00f3n, disuasi\u00f3n y recuperaci\u00f3n, considerando que la respuesta estatal debe combinar operaciones de seguridad con mecanismos preventivos y programas destinados a recuperar a quienes han estado expuestos a estructuras criminales.<\/p>\n Coordinaci\u00f3n institucional y prevenci\u00f3n territorial<\/strong> El enfoque, sostuvo, no deber\u00eda limitarse a intervenir cuando el delito ya se ha cometido, sino desarrollar mecanismos de prevenci\u00f3n capaces de identificar factores de riesgo en barrios, comunidades, centros educativos y otros espacios frecuentados por menores.<\/p>\n Reinserci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n del proyecto de vida<\/strong> El constitucionalista consider\u00f3 que estos j\u00f3venes requieren alternativas que les permitan recuperar su proyecto de vida, retornar al sistema educativo, desarrollar habilidades y acceder a actividades deportivas, profesionales y de capacitaci\u00f3n.<\/p>\n En este punto, propuso analizar programas estatales espec\u00edficos orientados a la recuperaci\u00f3n y reinserci\u00f3n de j\u00f3venes que hayan estado expuestos a organizaciones delictivas, con el prop\u00f3sito de reducir el riesgo de una nueva captaci\u00f3n.<\/p>\n Falta de informaci\u00f3n y necesidad de un sistema de seguimiento<\/strong> A su criterio, la aplicaci\u00f3n de la nueva normativa deber\u00e1 estar acompa\u00f1ada de acciones operativas, investigaci\u00f3n y seguimiento, de manera que las instituciones puedan obtener informaci\u00f3n m\u00e1s precisa sobre la magnitud del problema.<\/p>\n El entrevistado consider\u00f3 que la legislaci\u00f3n constituye una herramienta necesaria, aunque su efectividad depender\u00e1 de la capacidad institucional para aplicarla de manera coordinada.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 hacer ante una sospecha de reclutamiento?<\/strong> Entre las alternativas mencionadas durante la entrevista estuvieron las unidades policiales, iglesias y organizaciones de la sociedad civil que puedan orientar a las familias hacia los mecanismos institucionales correspondientes.<\/p>\n El constitucionalista insisti\u00f3 en que la prevenci\u00f3n del reclutamiento infantil no puede depender exclusivamente de la acci\u00f3n estatal, sino que requiere la participaci\u00f3n coordinada de las familias, comunidades, instituciones educativas, gobiernos locales y sociedad civil.<\/p>\n Un desaf\u00edo jur\u00eddico y social<\/strong> La nueva legislaci\u00f3n, en consecuencia, constituye \u2014desde la perspectiva expuesta durante la entrevista\u2014 una herramienta jur\u00eddica que deber\u00e1 complementarse con pol\u00edticas p\u00fablicas, coordinaci\u00f3n interinstitucional y mecanismos efectivos de prevenci\u00f3n para evitar que ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes sean incorporados a estructuras de delincuencia organizada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En 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\nEl constitucionalista se\u00f1al\u00f3 que el marco jur\u00eddico ecuatoriano reconoce la obligaci\u00f3n de garantizar el desarrollo integral de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y sostuvo que la nueva normativa busca cubrir un vac\u00edo relacionado espec\u00edficamente con la actuaci\u00f3n de adultos u organizaciones que captan y utilizan a menores de edad para actividades delictivas.<\/p>\n
\nUno de los principales aspectos abordados durante la entrevista fue la situaci\u00f3n jur\u00eddica de un adolescente que ha sido reclutado y posteriormente participa en actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
\nOtro de los ejes de la entrevista fue el uso de redes sociales y entornos digitales como posibles mecanismos de acercamiento y captaci\u00f3n de menores.<\/p>\n
\nDurante la entrevista tambi\u00e9n se analiz\u00f3 el componente sancionatorio de la nueva normativa. De acuerdo con lo expuesto en el di\u00e1logo, el proyecto aprobado contempla penas de entre 22 y 26 a\u00f1os para quienes recluten o utilicen a menores de edad en las circunstancias previstas por la legislaci\u00f3n.<\/p>\n
\nSempertegui destac\u00f3 adem\u00e1s la importancia de la participaci\u00f3n de los diferentes niveles de gobierno y organismos de protecci\u00f3n de derechos.
\nEn su an\u00e1lisis, los gobiernos aut\u00f3nomos descentralizados, juntas cantonales de protecci\u00f3n de derechos y otras instituciones pueden desempe\u00f1ar un papel relevante en la prevenci\u00f3n mediante programas sociales dirigidos a ni\u00f1os, adolescentes y j\u00f3venes en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n
\nOtro aspecto planteado durante la entrevista fue la necesidad de establecer mecanismos de protecci\u00f3n para los adolescentes que logren abandonar una organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
\nRespecto a la ausencia de cifras p\u00fablicas que permitan dimensionar completamente el fen\u00f3meno del reclutamiento infantil en Ecuador, Sempertegui sostuvo que es necesario avanzar hacia mecanismos que permitan identificar las zonas y estructuras vinculadas con estos procesos.<\/p>\n
\nFinalmente, ante la posibilidad de que un padre, madre o familiar detecte se\u00f1ales de captaci\u00f3n de un menor por parte de una organizaci\u00f3n criminal, Sempertegui recomend\u00f3 buscar ayuda y realizar la correspondiente denuncia ante las instituciones competentes.<\/p>\n
\nEl an\u00e1lisis de Omar Sempertegui evidencia que el reclutamiento infantil representa un desaf\u00edo que trasciende el \u00e1mbito estrictamente penal. La problem\u00e1tica involucra protecci\u00f3n integral de derechos, prevenci\u00f3n, seguridad, investigaci\u00f3n criminal, responsabilidad penal, recuperaci\u00f3n social y protecci\u00f3n de adolescentes en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n