Por: Alcibar Lupercio<\/p>\n
La libertad de expresi\u00f3n no es un privilegio de los periodistas ni una concesi\u00f3n de los gobiernos de turno. Es un derecho fundamental y una de las condiciones esenciales para que una democracia funcione. Cuando una sociedad deja de cuestionar al poder, comienza a perder una de sus principales herramientas de control ciudadano.<\/strong><\/p>\n Ecuador conoce demasiado bien los riesgos de confundir autoridad con silencio. La historia reciente ofrece antecedentes que deber\u00edan servirnos como advertencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos document\u00f3, entre 2007 y 2017, una pol\u00edtica de desacreditaci\u00f3n, estigmatizaci\u00f3n y sanci\u00f3n contra periodistas, medios y otros actores cr\u00edticos.<\/p>\n Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos fue el proceso contra el periodista Emilio Palacio y directivos de El Universo. La CIDH manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por una sentencia que contemplaba penas de prisi\u00f3n y una millonaria indemnizaci\u00f3n por un art\u00edculo de opini\u00f3n referido a asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Posteriormente, la propia Comisi\u00f3n llev\u00f3 el caso ante la Corte Interamericana.<\/p>\n Aquellos episodios deber\u00edan haber dejado una lecci\u00f3n permanente: ning\u00fan gobierno, independientemente de su ideolog\u00eda, deber\u00eda sentirse due\u00f1o de la verdad ni utilizar el poder estatal para intimidar a quienes lo cuestionan.<\/p>\n Pero el problema no pertenece \u00fanicamente al pasado.<\/p>\n Durante el actual Gobierno tambi\u00e9n se han registrado preocupaciones relacionadas con el ejercicio period\u00edstico. Fundamedios report\u00f3 en 2024 un incremento de agresiones contra periodistas y medios, incluyendo obst\u00e1culos al acceso a la informaci\u00f3n y episodios de hostigamiento estatal. En septiembre de ese a\u00f1o se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s su preocupaci\u00f3n por declaraciones que pod\u00edan interpretarse como una intenci\u00f3n de utilizar la publicidad oficial para favorecer o castigar determinadas l\u00edneas editoriales.<\/p>\n En 2025, Fundamedios report\u00f3 231 agresiones relacionadas con la libertad de expresi\u00f3n, de las cuales 114 fueron atribuidas a agentes estatales, seg\u00fan su metodolog\u00eda de monitoreo.<\/p>\n A esto se suma una realidad todav\u00eda m\u00e1s grave: la violencia del crimen organizado. El Comit\u00e9 para la Protecci\u00f3n de los Periodistas ha documentado amenazas, ataques y el \u00e9xodo de periodistas ecuatorianos, mientras varios comunicadores han tenido que abandonar sus ciudades o incluso el pa\u00eds para proteger su integridad.<\/p>\n Entonces, \u00bfqu\u00e9 pa\u00eds queremos construir?<\/p>\n Un pa\u00eds donde un periodista pueda preguntar por qu\u00e9 faltan medicamentos en un hospital. Donde pueda investigar las condiciones de una escuela p\u00fablica. Donde pueda cuestionar el estado de una carretera. Donde pueda preguntar cu\u00e1nto se gast\u00f3, qui\u00e9n contrat\u00f3, qui\u00e9n gan\u00f3 un contrato y si los recursos p\u00fablicos fueron utilizados correctamente.<\/p>\n Eso no deber\u00eda considerarse una agresi\u00f3n contra el Gobierno. Eso es periodismo.<\/p>\n El problema aparece cuando la cr\u00edtica comienza a interpretarse como enemistad pol\u00edtica. Y resulta todav\u00eda m\u00e1s preocupante si un periodista o propietario de un medio que mantiene relaciones comerciales leg\u00edtimas con el Estado siente que, por esa raz\u00f3n, debe guardar silencio frente a posibles irregularidades.<\/p>\n Aqu\u00ed debemos ser particularmente cuidadosos: ser proveedor del Estado no elimina los derechos constitucionales de una persona, pero tampoco convierte al periodista en intocable frente a la ley. La obligaci\u00f3n debe ser la misma para todos: contratos transparentes, informaci\u00f3n verificable, ausencia de conflictos de inter\u00e9s y respeto absoluto a las normas.<\/p>\n Lo peligroso ser\u00eda que una relaci\u00f3n contractual con una instituci\u00f3n p\u00fablica se convierta, de hecho, o por temor, en un mecanismo de autocensura.<\/p>\n Porque si un periodista piensa: \u201cNo puedo investigar esto porque tengo un contrato con el Estado\u201d, la sociedad pierde mucho m\u00e1s que una noticia. Pierde una voz.<\/p>\n Y si un funcionario piensa: \u201cEste medio no puede cuestionarme porque trabaja para el Estado\u201d, entonces el problema ya no es solamente period\u00edstico. Es democr\u00e1tico.<\/p>\n Tambi\u00e9n debemos reconocer que la prensa tiene responsabilidades. La libertad de expresi\u00f3n no significa libertad para mentir, difamar o manipular. El periodismo serio debe investigar, contrastar fuentes, separar informaci\u00f3n de opini\u00f3n y permitir el derecho a la r\u00e9plica. Precisamente por eso, la respuesta frente a una publicaci\u00f3n period\u00edstica debe ser m\u00e1s informaci\u00f3n, m\u00e1s transparencia y, cuando corresponda, las v\u00edas legales; nunca la intimidaci\u00f3n.<\/p>\n Ecuador enfrenta problemas demasiado grandes para desperdiciar energ\u00eda persiguiendo voces cr\u00edticas. La inseguridad contin\u00faa siendo una preocupaci\u00f3n central para los ciudadanos; existen cuestionamientos sobre servicios p\u00fablicos, infraestructura, educaci\u00f3n, salud, empleo y econom\u00eda. Las decisiones gubernamentales sobre combustibles, impuestos y transporte tienen consecuencias directas sobre millones de personas.<\/p>\n En una democracia, esas decisiones deben poder ser discutidas.<\/p>\n El ciudadano tiene derecho a preguntar. El periodista tiene derecho a investigar. El medio tiene derecho a publicar. Y el Gobierno tiene la obligaci\u00f3n democr\u00e1tica de responder.<\/p>\n No importa si el Gobierno es de derecha, de izquierda, liberal, conservador o de cualquier otra corriente. Los derechos no cambian dependiendo del nombre del presidente.<\/p>\n Por eso tampoco debemos repetir los errores del pasado. La defensa de la libertad de prensa no puede convertirse en una bandera selectiva: no puede defenderse cuando gobierna alguien que nos agrada y olvidarse cuando gobierna alguien que nos disgusta.<\/p>\n La libertad de expresi\u00f3n debe defenderse incluso cuando la voz que habla no coincide con nuestra propia opini\u00f3n.<\/p>\n Y aqu\u00ed existe una responsabilidad particular para las nuevas generaciones. Los j\u00f3venes no tienen que aceptar que cuestionar sea considerado traici\u00f3n, que investigar sea considerado oposici\u00f3n o que exigir transparencia sea considerado un ataque.<\/p>\n Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de preguntar y autoridades capaces de responder.<\/p>\n El silencio impuesto nunca ser\u00e1 una pol\u00edtica p\u00fablica.<\/p>\n El Ecuador no necesita menos periodismo. Necesita mejor periodismo, m\u00e1s investigaci\u00f3n, m\u00e1s transparencia y mayor protecci\u00f3n para quienes ejercen esta profesi\u00f3n.<\/p>\n Y necesita, sobre todo, entender una verdad elemental: un Gobierno fuerte no es aquel que consigue que nadie lo critique; es aquel que puede soportar la cr\u00edtica, responder con argumentos y rendir cuentas ante sus ciudadanos.<\/p>\n Porque cuando la prensa deja de preguntar por miedo, cuando el periodista comienza a autocensurarse para conservar un contrato y cuando el ciudadano prefiere callar para evitar consecuencias, la democracia empieza a quedarse sin voz.<\/p>\n Y un pa\u00eds sin voces cr\u00edticas no es un pa\u00eds en paz.<\/p>\n Es un pa\u00eds en silencio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: Alcibar Lupercio La libertad de expresi\u00f3n no es un privilegio de los periodistas ni una concesi\u00f3n de los gobiernos de turno. Es un derecho fundamental y una de las condiciones esenciales para que una democracia funcione. Cuando una sociedad deja de cuestionar al poder, comienza a perder una de sus principales herramientas de control ciudadano. Ecuador conoce demasiado bien los riesgos de confundir autoridad con silencio. La historia reciente ofrece antecedentes que deber\u00edan servirnos como advertencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos document\u00f3, entre 2007 y 2017, una pol\u00edtica de desacreditaci\u00f3n, estigmatizaci\u00f3n y sanci\u00f3n contra periodistas, medios y otros actores cr\u00edticos. Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos fue el proceso contra el periodista Emilio Palacio y directivos de El Universo. La CIDH manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por una sentencia que contemplaba penas de prisi\u00f3n y una millonaria indemnizaci\u00f3n por un art\u00edculo de opini\u00f3n referido a asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Posteriormente, la propia Comisi\u00f3n llev\u00f3 el caso ante la Corte Interamericana. Aquellos episodios deber\u00edan haber dejado una lecci\u00f3n permanente: ning\u00fan gobierno, independientemente de su ideolog\u00eda, deber\u00eda sentirse due\u00f1o de la verdad ni utilizar el poder estatal para intimidar a quienes lo cuestionan. Pero el problema no pertenece \u00fanicamente al pasado. Durante el actual Gobierno tambi\u00e9n se han registrado preocupaciones relacionadas con el ejercicio period\u00edstico. Fundamedios report\u00f3 en 2024 un incremento de agresiones contra periodistas y medios, incluyendo obst\u00e1culos al acceso a la informaci\u00f3n y episodios de hostigamiento estatal. En septiembre de ese a\u00f1o se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s su preocupaci\u00f3n por declaraciones que pod\u00edan interpretarse como una intenci\u00f3n de utilizar la publicidad oficial para favorecer o castigar determinadas l\u00edneas editoriales. En 2025, Fundamedios report\u00f3 231 agresiones relacionadas con la libertad de expresi\u00f3n, de las cuales 114 fueron atribuidas a agentes estatales, seg\u00fan su metodolog\u00eda de monitoreo. A esto se suma una realidad todav\u00eda m\u00e1s grave: la violencia del crimen organizado. El Comit\u00e9 para la Protecci\u00f3n de los Periodistas ha documentado amenazas, ataques y el \u00e9xodo de periodistas ecuatorianos, mientras varios comunicadores han tenido que abandonar sus ciudades o incluso el pa\u00eds para proteger su integridad. Entonces, \u00bfqu\u00e9 pa\u00eds queremos construir? Un pa\u00eds donde un periodista pueda preguntar por qu\u00e9 faltan medicamentos en un hospital. Donde pueda investigar las condiciones de una escuela p\u00fablica. Donde pueda cuestionar el estado de una carretera. Donde pueda preguntar cu\u00e1nto se gast\u00f3, qui\u00e9n contrat\u00f3, qui\u00e9n gan\u00f3 un contrato y si los recursos p\u00fablicos fueron utilizados correctamente. Eso no deber\u00eda considerarse una agresi\u00f3n contra el Gobierno. Eso es periodismo. El problema aparece cuando la cr\u00edtica comienza a interpretarse como enemistad pol\u00edtica. Y resulta todav\u00eda m\u00e1s preocupante si un periodista o propietario de un medio que mantiene relaciones comerciales leg\u00edtimas con el Estado siente que, por esa raz\u00f3n, debe guardar silencio frente a posibles irregularidades. Aqu\u00ed debemos ser particularmente cuidadosos: ser proveedor del Estado no elimina los derechos constitucionales de una persona, pero tampoco convierte al periodista en intocable frente a la ley. La obligaci\u00f3n debe ser la misma para todos: contratos transparentes, informaci\u00f3n verificable, ausencia de conflictos de inter\u00e9s y respeto absoluto a las normas. Lo peligroso ser\u00eda que una relaci\u00f3n contractual con una instituci\u00f3n p\u00fablica se convierta, de hecho, o por temor, en un mecanismo de autocensura. Porque si un periodista piensa: \u201cNo puedo investigar esto porque tengo un contrato con el Estado\u201d, la sociedad pierde mucho m\u00e1s que una noticia. Pierde una voz. Y si un funcionario piensa: \u201cEste medio no puede cuestionarme porque trabaja para el Estado\u201d, entonces el problema ya no es solamente period\u00edstico. Es democr\u00e1tico. Tambi\u00e9n debemos reconocer que la prensa tiene responsabilidades. La libertad de expresi\u00f3n no significa libertad para mentir, difamar o manipular. El periodismo serio debe investigar, contrastar fuentes, separar informaci\u00f3n de opini\u00f3n y permitir el derecho a la r\u00e9plica. Precisamente por eso, la respuesta frente a una publicaci\u00f3n period\u00edstica debe ser m\u00e1s informaci\u00f3n, m\u00e1s transparencia y, cuando corresponda, las v\u00edas legales; nunca la intimidaci\u00f3n. Ecuador enfrenta problemas demasiado grandes para desperdiciar energ\u00eda persiguiendo voces cr\u00edticas. La inseguridad contin\u00faa siendo una preocupaci\u00f3n central para los ciudadanos; existen cuestionamientos sobre servicios p\u00fablicos, infraestructura, educaci\u00f3n, salud, empleo y econom\u00eda. Las decisiones gubernamentales sobre combustibles, impuestos y transporte tienen consecuencias directas sobre millones de personas. En una democracia, esas decisiones deben poder ser discutidas. El ciudadano tiene derecho a preguntar. El periodista tiene derecho a investigar. El medio tiene derecho a publicar. Y el Gobierno tiene la obligaci\u00f3n democr\u00e1tica de responder. No importa si el Gobierno es de derecha, de izquierda, liberal, conservador o de cualquier otra corriente. Los derechos no cambian dependiendo del nombre del presidente. Por eso tampoco debemos repetir los errores del pasado. La defensa de la libertad de prensa no puede convertirse en una bandera selectiva: no puede defenderse cuando gobierna alguien que nos agrada y olvidarse cuando gobierna alguien que nos disgusta. La libertad de expresi\u00f3n debe defenderse incluso cuando la voz que habla no coincide con nuestra propia opini\u00f3n. Y aqu\u00ed existe una responsabilidad particular para las nuevas generaciones. Los j\u00f3venes no tienen que aceptar que cuestionar sea considerado traici\u00f3n, que investigar sea considerado oposici\u00f3n o que exigir transparencia sea considerado un ataque. Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de preguntar y autoridades capaces de responder. El silencio impuesto nunca ser\u00e1 una pol\u00edtica p\u00fablica. El Ecuador no necesita menos periodismo. Necesita mejor periodismo, m\u00e1s investigaci\u00f3n, m\u00e1s transparencia y mayor protecci\u00f3n para quienes ejercen esta profesi\u00f3n. Y necesita, sobre todo, entender una verdad elemental: un Gobierno fuerte no es aquel que consigue que nadie lo critique; es aquel que puede soportar la cr\u00edtica, responder con argumentos y rendir cuentas ante sus ciudadanos. Porque cuando la prensa deja de preguntar por miedo, cuando el periodista comienza a autocensurarse para conservar un contrato y cuando el ciudadano prefiere callar para evitar consecuencias, la democracia empieza a quedarse sin voz. Y un pa\u00eds sin voces cr\u00edticas no es un pa\u00eds en paz. 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