La Asamblea Nacional de Ecuador aprob\u00f3 el 9 de junio de 2026 una normativa que faculta a la Contralor\u00eda General del Estado a destruir de forma definitiva informaci\u00f3n clasificada del Estado.<\/p>\n
Esta disposici\u00f3n se incluy\u00f3 mediante el art\u00edculo 20 dentro de la Ley Org\u00e1nica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales. La ley obtuvo 87 votos a favor de la bancada de Acci\u00f3n Democr\u00e1tica Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) e independientes, frente a la oposici\u00f3n de las bancadas de Revoluci\u00f3n Ciudadana (RC) y Pachakutik.<\/p>\n
Eliminaci\u00f3n definitiva de expedientes en un mes<\/strong> Estos archivos, que contengan informaci\u00f3n confidencial, reservada, secreta o secret\u00edsima, deber\u00e1n ser eliminados en un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas calendario.<\/p>\n La norma except\u00faa a la informaci\u00f3n vinculada directamente con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes o responsabilidades no prescritas.<\/p>\n La actual legislaci\u00f3n ecuatoriana establece que la informaci\u00f3n clasificada pierde su condici\u00f3n de reserva en un lapso de cinco a 15 a\u00f1os tras su emisi\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, con esta nueva facultad, la documentaci\u00f3n desaparecer\u00eda de forma definitiva en un mes, limitando su revisi\u00f3n futura. Seg\u00fan un reporte de la Defensor\u00eda del Pueblo, en 2024 la Funci\u00f3n Ejecutiva catalog\u00f3 como reservados 1 417 documentos, concentrados mayoritariamente en la Corporaci\u00f3n Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa Nacional.<\/p>\n Ante la inminente aprobaci\u00f3n en el pleno, Transparencia Internacional Ecuador y la Fundaci\u00f3n Ciudadan\u00eda y Desarrollo solicitaron al Gobierno que vete la disposici\u00f3n, advirtiendo que vulnera el derecho ciudadano de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la rendici\u00f3n de cuentas en el pa\u00eds. Fuente: El Comercio<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Asamblea Nacional de Ecuador aprob\u00f3 el 9 de junio de 2026 una normativa que faculta a la Contralor\u00eda General del Estado a destruir de forma definitiva informaci\u00f3n clasificada del Estado. Esta disposici\u00f3n se incluy\u00f3 mediante el art\u00edculo 20 dentro de la Ley Org\u00e1nica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales. La ley obtuvo 87 votos a favor de la bancada de Acci\u00f3n Democr\u00e1tica Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) e independientes, frente a la oposici\u00f3n de las bancadas de Revoluci\u00f3n Ciudadana (RC) y Pachakutik. Eliminaci\u00f3n definitiva de expedientes en un mes El cuestionado art\u00edculo 20 establece que, una vez concluidos y ejecutoriados los informes y auditor\u00edas institucionales, la autoridad de la Contralor\u00eda dispondr\u00e1 la eliminaci\u00f3n, destrucci\u00f3n o borrado seguro de los documentos f\u00edsicos y digitales. Estos archivos, que contengan informaci\u00f3n confidencial, reservada, secreta o secret\u00edsima, deber\u00e1n ser eliminados en un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas calendario. La norma except\u00faa a la informaci\u00f3n vinculada directamente con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes o responsabilidades no prescritas. La actual legislaci\u00f3n ecuatoriana establece que la informaci\u00f3n clasificada pierde su condici\u00f3n de reserva en un lapso de cinco a 15 a\u00f1os tras su emisi\u00f3n. Sin embargo, con esta nueva facultad, la documentaci\u00f3n desaparecer\u00eda de forma definitiva en un mes, limitando su revisi\u00f3n futura. Seg\u00fan un reporte de la Defensor\u00eda del Pueblo, en 2024 la Funci\u00f3n Ejecutiva catalog\u00f3 como reservados 1 417 documentos, concentrados mayoritariamente en la Corporaci\u00f3n Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa Nacional. Ante la inminente aprobaci\u00f3n en el pleno, Transparencia Internacional Ecuador y la Fundaci\u00f3n Ciudadan\u00eda y Desarrollo solicitaron al Gobierno que vete la disposici\u00f3n, advirtiendo que vulnera el derecho ciudadano de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la rendici\u00f3n de cuentas en el pa\u00eds. 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\nEl cuestionado art\u00edculo 20 establece que, una vez concluidos y ejecutoriados los informes y auditor\u00edas institucionales, la autoridad de la Contralor\u00eda dispondr\u00e1 la eliminaci\u00f3n, destrucci\u00f3n o borrado seguro de los documentos f\u00edsicos y digitales.<\/p>\n