Por: Franco Tamay<\/p>\n
En Zamora Chinchipe, al parecer, no solo se extrae oro; tambi\u00e9n se pagan \u201cvacunas\u201d para evitar sanciones del Estado.<\/p>\n
La reciente difusi\u00f3n de un audio que involucrar\u00eda a un funcionario de la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero (ARCOM) en presuntos cobros ilegales no es un hecho aislado. Es la evidencia de algo m\u00e1s profundo, que el control estatal podr\u00eda estar dejando de ser control para convertirse en un negocio.<\/p>\n
Porque cuando un funcionario que deber\u00eda fiscalizar termina cobrando por \u201cdejar trabajar\u201d, la l\u00ednea entre legalidad e ilegalidad se desvanece. Ya no hay un Estado que controle, sino un Estado que negocia. Ya no existe regulaci\u00f3n, sino intermediaci\u00f3n. Y eso, en t\u00e9rminos simples, tiene un nombre \u201ccorrupci\u00f3n institucional\u201d.<\/p>\n
Enti\u00e9ndase bien; durante a\u00f1os se ha se\u00f1alado a la miner\u00eda ilegal como el gran enemigo. Y s\u00ed, lo es. Pero la miner\u00eda ilegal no crece sola. Necesita condiciones, necesita tolerancia y, en el peor de los casos, necesita complicidad.<\/p>\n
Y aqu\u00ed surge una pregunta inevitable: \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando quienes deben sancionar terminan cobrando? O, dicho sin rodeos, cuando terminan \u201cvacunando\u201d. \u00bfQu\u00e9 pasa cuando los controles se convierten en tarifas informales? Lo que emerge no es un hecho aislado, sino un sistema.<\/p>\n
Desde la pol\u00edtica criminal, el enfoque ha sido c\u00f3modo: perseguir al eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil. El minero informal, el operador peque\u00f1o, el actor visible. Pero rara vez se mira hacia arriba, hacia las estructuras institucionales donde tambi\u00e9n se toman decisiones o se venden omisiones que permiten que todo esto funcione.<\/p>\n
Porque la verdadera pregunta no es cu\u00e1ntos mineros ilegales existen en Zamora Chinchipe, sino cu\u00e1ntas de esas actividades han sido posibles gracias a funcionarios que, en lugar de impedirlas, habr\u00edan aprendido a lucrar de ellas.<\/p>\n
La reacci\u00f3n institucional desvincular funcionarios y anunciar investigaciones es necesaria, pero insuficiente. En muchos casos, se trata de respuestas reactivas que no analizan el problema de fondo; la fragilidad de los mecanismos de control y la ausencia de sistemas efectivos de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
Si no se interviene de manera estructural, el mensaje es peligroso \u00a0\u201cla corrupci\u00f3n no se elimina, se administra\u201d.<\/p>\n
Y cuando eso ocurre, el Estado deja de ser garante de la legalidad para convertirse en parte del problema.<\/p>\n
Zamora Chinchipe hoy no solo enfrenta un desaf\u00edo ambiental o econ\u00f3mico. Enfrenta algo m\u00e1s profundo, una disputa por el sentido mismo de la autoridad. Porque si el ciudadano percibe que la ley tiene precio, entonces la legalidad deja de ser un principio y se convierte en una opci\u00f3n.<\/p>\n
Y en ese punto, ya no estamos hablando \u00fanicamente de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Estamos hablando de un Estado que corre el riesgo de haber sido capturado desde dentro<\/p>\n
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Por: Franco Tamay En Zamora Chinchipe, al parecer, no solo se extrae oro; tambi\u00e9n se pagan \u201cvacunas\u201d para evitar sanciones del Estado. La reciente difusi\u00f3n de un audio que involucrar\u00eda a un funcionario de la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero (ARCOM) en presuntos cobros ilegales no es un hecho aislado. Es la evidencia de algo m\u00e1s profundo, que el control estatal podr\u00eda estar dejando de ser control para convertirse en un negocio. Porque cuando un funcionario que deber\u00eda fiscalizar termina cobrando por \u201cdejar trabajar\u201d, la l\u00ednea entre legalidad e ilegalidad se desvanece. Ya no hay un Estado que controle, sino un Estado que negocia. Ya no existe regulaci\u00f3n, sino intermediaci\u00f3n. Y eso, en t\u00e9rminos simples, tiene un nombre \u201ccorrupci\u00f3n institucional\u201d. Enti\u00e9ndase bien; durante a\u00f1os se ha se\u00f1alado a la miner\u00eda ilegal como el gran enemigo. Y s\u00ed, lo es. Pero la miner\u00eda ilegal no crece sola. Necesita condiciones, necesita tolerancia y, en el peor de los casos, necesita complicidad. Y aqu\u00ed surge una pregunta inevitable: \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando quienes deben sancionar terminan cobrando? O, dicho sin rodeos, cuando terminan \u201cvacunando\u201d. \u00bfQu\u00e9 pasa cuando los controles se convierten en tarifas informales? Lo que emerge no es un hecho aislado, sino un sistema. Desde la pol\u00edtica criminal, el enfoque ha sido c\u00f3modo: perseguir al eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil. El minero informal, el operador peque\u00f1o, el actor visible. Pero rara vez se mira hacia arriba, hacia las estructuras institucionales donde tambi\u00e9n se toman decisiones o se venden omisiones que permiten que todo esto funcione. Porque la verdadera pregunta no es cu\u00e1ntos mineros ilegales existen en Zamora Chinchipe, sino cu\u00e1ntas de esas actividades han sido posibles gracias a funcionarios que, en lugar de impedirlas, habr\u00edan aprendido a lucrar de ellas. La reacci\u00f3n institucional desvincular funcionarios y anunciar investigaciones es necesaria, pero insuficiente. En muchos casos, se trata de respuestas reactivas que no analizan el problema de fondo; la fragilidad de los mecanismos de control y la ausencia de sistemas efectivos de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas. Si no se interviene de manera estructural, el mensaje es peligroso \u00a0\u201cla corrupci\u00f3n no se elimina, se administra\u201d. Y cuando eso ocurre, el Estado deja de ser garante de la legalidad para convertirse en parte del problema. Zamora Chinchipe hoy no solo enfrenta un desaf\u00edo ambiental o econ\u00f3mico. Enfrenta algo m\u00e1s profundo, una disputa por el sentido mismo de la autoridad. Porque si el ciudadano percibe que la ley tiene precio, entonces la legalidad deja de ser un principio y se convierte en una opci\u00f3n. Y en ese punto, ya no estamos hablando \u00fanicamente de corrupci\u00f3n. Estamos hablando de un Estado que corre el riesgo de haber sido capturado desde dentro <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30268,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[243,263],"tags":[],"class_list":["post-30267","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-zamora","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30267"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30267\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30269,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30267\/revisions\/30269"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}