La Funci\u00f3n Judicial de Ecuador est\u00e1 en crisis, en parte, por las presiones pol\u00edticas. Esa es la conclusi\u00f3n m\u00e1s clara del informe ‘La independencia judicial como elemento indispensable para la garant\u00eda de derechos’, presentado recientemente por la Fundaci\u00f3n Ciudadan\u00eda y Desarrollo (FCD).<\/p>\n
En sus p\u00e1ginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones pol\u00edticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez m\u00e1s alarmante, las amenazas directas del crimen organizado.<\/p>\n
Como parte del reporte, la FCD mostr\u00f3 c\u00f3mo, de acuerdo con el \u00cdndice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 pa\u00edses, marcando su peor ubicaci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Esta ca\u00edda, seg\u00fan el an\u00e1lisis del Informe, revela un deterioro sistem\u00e1tico. Por ejemplo, la justicia penal pas\u00f3 del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedi\u00f3 del puesto 77 en 2020 al 108.<\/p>\n
A escala regional, asimismo, el pa\u00eds ocupa el escal\u00f3n 23 de 32 en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobar\u00f3metro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos conf\u00eda en su sistema de justicia.<\/p>\n
A la par, el \u00edndice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiograf\u00eda, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, se\u00f1alando expl\u00edcitamente la infiltraci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y la influencia del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Los casos de la crisis<\/strong> Adem\u00e1s de Ter\u00e1n, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero.<\/p>\n A esta cooptaci\u00f3n institucional, seg\u00fan el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado.<\/p>\n La investigaci\u00f3n cita ejemplos como el del juez anticorrupci\u00f3n Carlos Serrano,\u00a0forzado a abandonar el pa\u00eds sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dram\u00e1tica, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios.<\/p>\n Las presiones pol\u00edticas<\/strong> Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relator\u00edas de Naciones Unidas y la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campa\u00f1a de estigmatizaci\u00f3n.<\/p>\n La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformaci\u00f3n del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administraci\u00f3n de justicia en un\u00a0\u00abbot\u00edn de mayor\u00edas coyunturales\u00bb.<\/p>\n Y esa politizaci\u00f3n ya tiene consecuencias: debido a la par\u00e1lisis y la corrupci\u00f3n en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deber\u00edan integrarla.<\/p>\n Frente a este panorama, la Fundaci\u00f3n Ciudadan\u00eda y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garant\u00eda material m\u00e1s b\u00e1sica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder.<\/p>\n La organizaci\u00f3n propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo t\u00e9cnico, litigio estrat\u00e9gico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa p\u00fablica que le explique al ciudadano com\u00fan por qu\u00e9 le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Funci\u00f3n Judicial de Ecuador est\u00e1 en crisis, en parte, por las presiones pol\u00edticas. Esa es la conclusi\u00f3n m\u00e1s clara del informe ‘La independencia judicial como elemento indispensable para la garant\u00eda de derechos’, presentado recientemente por la Fundaci\u00f3n Ciudadan\u00eda y Desarrollo (FCD). En sus p\u00e1ginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones pol\u00edticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez m\u00e1s alarmante, las amenazas directas del crimen organizado. Como parte del reporte, la FCD mostr\u00f3 c\u00f3mo, de acuerdo con el \u00cdndice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 pa\u00edses, marcando su peor ubicaci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os. Esta ca\u00edda, seg\u00fan el an\u00e1lisis del Informe, revela un deterioro sistem\u00e1tico. Por ejemplo, la justicia penal pas\u00f3 del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedi\u00f3 del puesto 77 en 2020 al 108. A escala regional, asimismo, el pa\u00eds ocupa el escal\u00f3n 23 de 32 en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobar\u00f3metro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos conf\u00eda en su sistema de justicia. A la par, el \u00edndice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiograf\u00eda, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, se\u00f1alando expl\u00edcitamente la infiltraci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y la influencia del narcotr\u00e1fico. Los casos de la crisis El Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexi\u00f3n que supuso el denominado Caso Met\u00e1stasis,\u00a0a finales de 2023, que destap\u00f3 una profunda infiltraci\u00f3n al revelar presuntos v\u00ednculos entre redes de narcotr\u00e1fico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Ter\u00e1n. Adem\u00e1s de Ter\u00e1n, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero. A esta cooptaci\u00f3n institucional, seg\u00fan el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado. La investigaci\u00f3n cita ejemplos como el del juez anticorrupci\u00f3n Carlos Serrano,\u00a0forzado a abandonar el pa\u00eds sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dram\u00e1tica, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios. Las presiones pol\u00edticas Pero las balas y los sobornos no son las \u00fanicas formas de coacci\u00f3n. Seg\u00fan FCD, el poder pol\u00edtico tambi\u00e9n ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calific\u00f3 p\u00fablicamente a la Corte Constitucional como \u00abenemiga del pueblo\u00bb. Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relator\u00edas de Naciones Unidas y la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campa\u00f1a de estigmatizaci\u00f3n. La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformaci\u00f3n del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administraci\u00f3n de justicia en un\u00a0\u00abbot\u00edn de mayor\u00edas coyunturales\u00bb. Y esa politizaci\u00f3n ya tiene consecuencias: debido a la par\u00e1lisis y la corrupci\u00f3n en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deber\u00edan integrarla. Frente a este panorama, la Fundaci\u00f3n Ciudadan\u00eda y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garant\u00eda material m\u00e1s b\u00e1sica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder. La organizaci\u00f3n propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo t\u00e9cnico, litigio estrat\u00e9gico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa p\u00fablica que le explique al ciudadano com\u00fan por qu\u00e9 le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia. 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\nEl Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexi\u00f3n que supuso el denominado Caso Met\u00e1stasis,\u00a0a finales de 2023, que destap\u00f3 una profunda infiltraci\u00f3n al revelar presuntos v\u00ednculos entre redes de narcotr\u00e1fico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Ter\u00e1n.<\/p>\n
\nPero las balas y los sobornos no son las \u00fanicas formas de coacci\u00f3n. Seg\u00fan FCD, el poder pol\u00edtico tambi\u00e9n ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calific\u00f3 p\u00fablicamente a la Corte Constitucional como \u00abenemiga del pueblo\u00bb.<\/p>\n