\nJosu\u00e9 e Ismael Arroyo, Nehem\u00edas Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 a\u00f1os, desaparecieron tras ser aprehendidos en el sur de Guayaquil por una patrulla de 16 militares de la Fuerza A\u00e9rea Ecuatoriana (FAE).<\/p>\n
La mayor\u00eda de los militares sostienen que liberaron a los cuatro ni\u00f1os en un camino de segundo orden a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas) tras hacerles mover un \u00e1rbol ca\u00eddo, dej\u00e1ndolos \u00absanos y salvos\u00bb.<\/p>\n
Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un lugar de alta peligrosidad. Los menores nunca regresaron a casa y, semanas despu\u00e9s, se hallaron en un lugar agreste de Taura los restos calcinados de las v\u00edctimas.<\/p>\n
En la jornada previa el fiscal se\u00f1al\u00f3 como presuntos autores directos al suboficial Wilson Alfredo W. A., al sargento Wilmer Danny L.C. y al cabo primero Rodrigo Pa\u00fal N. P..<\/p>\n
Tambi\u00e9n se se\u00f1ala como supuestos autores directos al cabo primero Jonathan Ra\u00fal G. P. -qui\u00e9n boxe\u00f3 con el mayor de las v\u00edctimas y le habr\u00eda aplicado una llave de lucha tumb\u00e1ndolo al suelo, seg\u00fan los testigos cooperadores-; y al\u00a0cabo primero Ronald Stalin P. T. -el menor de las v\u00edctimas se habr\u00eda golpeado con la trompetilla de su fusil cuando lo tiraron al balde de una de las camionetas-.<\/p>\n
09\/12\/2025 – 12:26<\/strong><\/p>\n Fiscal\u00eda individualiza acusaci\u00f3n por cada uno de los implicados<\/strong> 1.-\u00a0 El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es se\u00f1alado como parte de patrulla. La Fiscal\u00eda se\u00f1alan que las v\u00edctimas eran sujetos de especial protecci\u00f3n y que la patrulla incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia.<\/p>\n 2.-\u00a0El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares.<\/p>\n El fiscal Christian F\u00e1rez expuso ante el Tribunal que la participaci\u00f3n de los militares est\u00e1 acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE.<\/p>\n La Fiscal\u00eda menciona entre las pruebas pericias de extracci\u00f3n de audio, video y mensajes realizada en ocho tel\u00e9fonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base a\u00e9rea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: \u201cLe dimos dur\u00edsimo\u201d, en referencia a las v\u00edctimas.<\/p>\n Para la Fiscal\u00eda, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que act\u00faan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, adem\u00e1s de la desnudez forzada.<\/p>\n La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 al Tribunal una pena agravada de 34 a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n, al considerar aplicables los agravantes del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensa\u00f1amiento y contra menores de edad.<\/p>\n Como parte de la reparaci\u00f3n integral, F\u00e1rez pidi\u00f3 que los procesados paguen 800 salarios b\u00e1sicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las v\u00edctimas una compensaci\u00f3n de USD 10.000 .<\/p>\n Tambi\u00e9n plante\u00f3 que se disponga capacitaci\u00f3n obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Alb\u00e1n, el sitio de la aprehensi\u00f3n de las v\u00edctimas, sea nombrado como Puente de los Ni\u00f1os de Las Malvinas, como una medida de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica.<\/p>\n Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., se\u00f1al\u00f3 que su defendido no ten\u00eda mando ni decisi\u00f3n en la patrulla. \u00abNo agredi\u00f3, no golpe\u00f3, no insult\u00f3 a nadie\u00bb, dijo el abogado, se\u00f1alando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo.<\/p>\n Seg\u00fan\u00a0Moreta, la Fiscal\u00eda no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo.<\/p>\n En ese mismo sentido, Anah\u00ed Quimbita, abogada del\u00a0cabo Jhon Eduardo T. M., tambi\u00e9n a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. \u00abLa obedec\u00eda debida en el r\u00e9gimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa\u00bb, adujo.<\/p>\n Fiscal\u00eda se\u00f1ala que los militares fueron parte activa en la desaparici\u00f3n y no presentaron en ning\u00fan momento oposici\u00f3n a un procedimiento irregular que expuso a las v\u00edctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad.<\/p>\n Tampoco informaron por \u00abcuenta propia\u00bb de lo sucedido, sino que lo hicieron dos d\u00edas despu\u00e9s, cuando fue requerida su versi\u00f3n por escrito por parte de sus superiores. El desenlace fatal se hubiera podido evitar si avisaban a tiempo, se\u00f1ala el fiscal. Fuente: Primicias<\/p>\n La jornada n\u00famero 14 del juicio por la presunta desaparici\u00f3n forzada de cuatro menores de edad en el caso Malvinas inici\u00f3 la ma\u00f1ana de este martes 9 de diciembre de 2025 con la Fiscal\u00eda retomando la individualizaci\u00f3n de las responsabilidades penales de los 17 procesados. Se prev\u00e9 que el fiscal del caso, Christian F\u00e1rez, se\u00f1ale a seis militares m\u00e1s como presuntos autores directos, con lo que sumar\u00e1n 11 uniformados en esa categor\u00eda desde este lunes 8 de diciembre, cuando el juicio entr\u00f3 en la etapa de conclusiones y alegatos finales. Durante la sesi\u00f3n previa, Fiscal\u00eda pidi\u00f3 34 a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n para cinco de los procesados como presuntos autores directos, as\u00ed como el pago de multas a favor del Consejo de la Judicatura y una indemnizaci\u00f3n para las familias de las v\u00edctimas. Tambi\u00e9n est\u00e1 pendiente a\u00fan individualizar la acusaci\u00f3n contra cinco militares que accedieron a un mecanismo de cooperaci\u00f3n eficaz con la Fiscal\u00eda, a cambio de beneficios en la pena, y un teniente coronel procesado como presunto c\u00f3mplice. La audiencia se reanud\u00f3 a las 10:20 en Guayaquil, luego de que el Tribunal de Garant\u00edas Penales suspendiera la diligencia la tarde del lunes, tras casi nueve horas de alegatos en las que Fiscal\u00eda present\u00f3 conclusiones y fundament\u00f3 la participaci\u00f3n de cinco de los militares en la \u00abprivaci\u00f3n ilegal de libertad\u00bb, abandono y presunto ocultamiento de informaci\u00f3n sobre las v\u00edctimas. Los presuntos autores directos Josu\u00e9 e Ismael Arroyo, Nehem\u00edas Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 a\u00f1os, desaparecieron tras ser aprehendidos en el sur de Guayaquil por una patrulla de 16 militares de la Fuerza A\u00e9rea Ecuatoriana (FAE). La mayor\u00eda de los militares sostienen que liberaron a los cuatro ni\u00f1os en un camino de segundo orden a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas) tras hacerles mover un \u00e1rbol ca\u00eddo, dej\u00e1ndolos \u00absanos y salvos\u00bb. Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un lugar de alta peligrosidad. Los menores nunca regresaron a casa y, semanas despu\u00e9s, se hallaron en un lugar agreste de Taura los restos calcinados de las v\u00edctimas. En la jornada previa el fiscal se\u00f1al\u00f3 como presuntos autores directos al suboficial Wilson Alfredo W. A., al sargento Wilmer Danny L.C. y al cabo primero Rodrigo Pa\u00fal N. P.. Tambi\u00e9n se se\u00f1ala como supuestos autores directos al cabo primero Jonathan Ra\u00fal G. P. -qui\u00e9n boxe\u00f3 con el mayor de las v\u00edctimas y le habr\u00eda aplicado una llave de lucha tumb\u00e1ndolo al suelo, seg\u00fan los testigos cooperadores-; y al\u00a0cabo primero Ronald Stalin P. T. -el menor de las v\u00edctimas se habr\u00eda golpeado con la trompetilla de su fusil cuando lo tiraron al balde de una de las camionetas-. 09\/12\/2025 – 12:26 Fiscal\u00eda individualiza acusaci\u00f3n por cada uno de los implicados La Fiscal\u00eda contin\u00faa con la individualizaci\u00f3n de responsabilidades y present\u00f3 los elementos de materialidad con los que acusa como presuntos autores directos de la desaparici\u00f3n forzada a los siguiente militares: 1.-\u00a0 El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es se\u00f1alado como parte de patrulla. La Fiscal\u00eda se\u00f1alan que las v\u00edctimas eran sujetos de especial protecci\u00f3n y que la patrulla incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia. 2.-\u00a0El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares. El fiscal Christian F\u00e1rez expuso ante el Tribunal que la participaci\u00f3n de los militares est\u00e1 acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE. La Fiscal\u00eda menciona entre las pruebas pericias de extracci\u00f3n de audio, video y mensajes realizada en ocho tel\u00e9fonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base a\u00e9rea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: \u201cLe dimos dur\u00edsimo\u201d, en referencia a las v\u00edctimas. Para la Fiscal\u00eda, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que act\u00faan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, adem\u00e1s de la desnudez forzada. La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 al Tribunal una pena agravada de 34 a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n, al considerar aplicables los agravantes del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensa\u00f1amiento y contra menores de edad. Como parte de la reparaci\u00f3n integral, F\u00e1rez pidi\u00f3 que los procesados paguen 800 salarios b\u00e1sicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las v\u00edctimas una compensaci\u00f3n de USD 10.000 . Tambi\u00e9n plante\u00f3 que se disponga capacitaci\u00f3n obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Alb\u00e1n, el sitio de la aprehensi\u00f3n de las v\u00edctimas, sea nombrado como Puente de los Ni\u00f1os de Las Malvinas, como una medida de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica. \u00bfQu\u00e9 dicen los abogados de los militares? Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., se\u00f1al\u00f3 que su defendido no ten\u00eda mando ni decisi\u00f3n en la patrulla. \u00abNo agredi\u00f3, no golpe\u00f3, no insult\u00f3 a nadie\u00bb, dijo el abogado, se\u00f1alando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo. Seg\u00fan\u00a0Moreta, la Fiscal\u00eda no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo. En ese mismo sentido, Anah\u00ed Quimbita, abogada del\u00a0cabo Jhon Eduardo T. M., tambi\u00e9n a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. \u00abLa obedec\u00eda debida en el r\u00e9gimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa\u00bb, adujo. Fiscal\u00eda se\u00f1ala que los militares fueron parte activa en la desaparici\u00f3n y no presentaron en ning\u00fan momento oposici\u00f3n a un procedimiento irregular que expuso a las v\u00edctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad. 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