{"id":26724,"date":"2025-09-30T10:14:07","date_gmt":"2025-09-30T15:14:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=26724"},"modified":"2025-09-30T10:14:07","modified_gmt":"2025-09-30T15:14:07","slug":"el-descontrol-en-imbabura-pone-a-prueba-los-protocolos-sobre-el-uso-progresivo-de-la-fuerza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/el-descontrol-en-imbabura-pone-a-prueba-los-protocolos-sobre-el-uso-progresivo-de-la-fuerza\/","title":{"rendered":"El descontrol en Imbabura pone a prueba los protocolos sobre el uso progresivo de la fuerza"},"content":{"rendered":"

La muerte del comunero\u00a0Efra\u00edn Fueres en Cotacachi<\/a>, aparentemente por un\u00a0disparo de la fuerza p\u00fablica;\u00a0<\/b>la paliza que uno de sus compa\u00f1eros recibi\u00f3 por parte de un militar y la retenci\u00f3n arbitraria de 17 soldados evidencian que la protesta en Imbabura se torn\u00f3 violenta. Y que\u00a0las fuerzas de orden y seguridad del Estado\u00a0<\/b>hoy est\u00e1n en la cr\u00edtica de los sectores sociales por considerarlas altamente represivas.\u00a0El Gobierno denuncia,<\/b>\u00a0por su parte, que los manifestantes son violentos y que detr\u00e1s de ellos\u00a0se esconde el crimen organizado.<\/b><\/p>\n

\u00bfEste conflicto es administrado bajo un protocolo coherente del uso progresivo de la fuerza? Ecuavisa.com revis\u00f3 las reformas y cambios que desde 2022 se hicieron a estos procedimientos para\u00a0acompa\u00f1ar el trabajo de polic\u00edas y militares\u00a0<\/b>para neutralizar marchas y amotinamientos. Sin embargo, la cr\u00edtica a su actuaci\u00f3n no han cesado.<\/p>\n

En agosto de 2022 se promulg\u00f3 la\u00a0Ley Org\u00e1nica que Regula el Uso Leg\u00edtimo de la Fuerza<\/b>, que establece principios fundamentales como legalidad, necesidad, proporcionalidad, precauci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas. Esta ley regula de manera expl\u00edcita el uso de la fuerza por parte de la\u00a0Polic\u00eda Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria<\/b>, incluyendo la posibilidad de emplear armas letales \u00fanicamente frente a amenazas inminentes de muerte o lesiones graves.<\/p>\n

En junio de 2023 se aprob\u00f3 el\u00a0Reglamento de la Ley<\/b>, que detalla procedimientos de aplicaci\u00f3n que van desde\u00a0t\u00e9cnicas de verbalizaci\u00f3n y negociaci\u00f3n\u00a0<\/b>hasta el uso de medios no letales, requisitos de informes sobre intervenciones y protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos en cada operaci\u00f3n. Posteriormente, en agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa firm\u00f3 el\u00a0Decreto Ejecutivo 371<\/b>, que orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n de los manuales operativos de la Polic\u00eda y las Fuerzas Armadas.<\/p>\n

Esta medida buscaba adaptar las estrategias a\u00a0nuevas amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo,\u00a0<\/b>y asegurar que la actuaci\u00f3n de las fuerzas del orden cumpla con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, seg\u00fan informaci\u00f3n oficial del Gobierno Nacional.<\/p>\n

Los manuales operativos de\u00a0la Polic\u00eda Nacional y las Fuerzas Armadas<\/b>\u00a0se actualizaron para regular el uso de la fuerza. Se permite fuerza letal solo ante\u00a0amenazas graves o agresi\u00f3n armada,\u00a0<\/b>mientras que la fuerza progresiva y no letal debe usarse en disturbios, evaluando la amenaza en tiempo real. Los superiores son responsables si ordenan acciones ilegales.<\/p>\n

En manifestaciones, las protestas pac\u00edficas deben protegerse, y la fuerza solo\u00a0se justifica ante disturbios violentos o amenaza letal inminente.<\/b>\u00a0Ante muertes de manifestantes, la Fiscal\u00eda investiga y los familiares tienen derecho a reparaci\u00f3n integral.<\/p>\n

El presidente puede declarar\u00a0estado de excepci\u00f3n en provincias con alteraciones graves del orden p\u00fablico<\/b>, restringiendo derechos temporalmente y aumentando el despliegue policial y militar, siempre con supervisi\u00f3n de la Corte Constitucional. La ONU y la CIDH\u00a0recomiendan que la fuerza sea \u00faltimo recurso,<\/b>\u00a0con capacitaci\u00f3n continua y atenci\u00f3n m\u00e9dica inmediata a los heridos.<\/p>\n

En entrevista con Ecuavisa.com, el excoronel Mario Carillo explic\u00f3 que el\u00a0uso progresivo de la fuerza<\/b>\u00a0se aplica en funci\u00f3n del tipo de protesta. Por ejemplo, cuando algunos manifestantes emplean artefactos caseros, como bombas molotov, las Fuerzas Armadas pueden responder con medios proporcionados, como gas lacrim\u00f3geno, para neutralizar la amenaza y\u00a0dispersar a quienes atacan.<\/b><\/p>\n

Carillo advirti\u00f3 que, si los manifestantes vulneran derechos humanos o representan un riesgo claro para la sociedad civil, el nivel de respuesta puede incrementarse. Seg\u00fan informaci\u00f3n de inteligencia citada por \u00e9l,\u00a0algunas movilizaciones incluyen individuos con equipamiento militar\u00a0<\/b>o conocimientos t\u00e9cnicos que podr\u00edan intensificar los disturbios con fines pol\u00edticos.<\/p>\n

Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que si miembros de las Fuerzas Armadas son retenidos o secuestrados durante una protesta, el hecho deja de ser una\u00a0manifestaci\u00f3n social para convertirse en delitos<\/b>\u00a0tipificados por la ley, como secuestro, tentativa de secuestro o tentativa de homicidio, lo que justificar\u00eda una actuaci\u00f3n penal y de seguridad distinta.<\/p>\n

El excoronel consider\u00f3 un error la\u00a0amnist\u00eda aplicada en 2022<\/b>\u00a0a manifestantes detenidos, argumentando que se trat\u00f3 de una falta de aplicaci\u00f3n de la ley. Finalmente, subray\u00f3 que el uso de\u00a0fuerza letal<\/b>\u00a0solo estar\u00eda contemplado en casos en los que\u00a0los manifestantes empleen armamento letal\u00a0<\/b>y exista un peligro inminente para la vida de civiles o de los miembros de las fuerzas; en esas circunstancias, las autoridades militares evaluar\u00edan la situaci\u00f3n y podr\u00edan autorizar su uso como\u00a0medida de defensa del Estado de derecho.<\/b><\/p>\n

Seg\u00fan Michelle Maffei, experta en crimen organizado y derechos humanos, la implementaci\u00f3n del uso progresivo de la fuerza presenta\u00a0fallas importantes<\/b>, principalmente debido a la militarizaci\u00f3n de las manifestaciones. La especialista sostiene que el\u00a0personal militar carece de lo que denomina \u201ctacto social\u201d<\/b>\u00a0y que su formaci\u00f3n hist\u00f3rica no est\u00e1 orientada a disuadir o mantener el orden durante paros nacionales,\u00a0sino a la defensa y al uso de fuerza letal.<\/b><\/p>\n

Maffei indic\u00f3 que, tras\u00a0la muerte del comunero Efra\u00edn Fueres,<\/b>\u00a0el nivel de violencia en las protestas se ha intensificado. Un ejemplo de esto fue el\u00a0ataque a un convoy del Gobierno Nacional,\u00a0<\/b>que dej\u00f3 varios veh\u00edculos afectados. Seg\u00fan su experiencia, situaciones como esta podr\u00edan provocar un\u00a0aumento en el nivel de represi\u00f3n<\/b>\u00a0por parte de militares y polic\u00edas.<\/p>\n

Adem\u00e1s, advierte que, m\u00e1s all\u00e1 de la inconformidad social, las protestas se deben a\u00a0factores estructurales<\/b>, como la miner\u00eda ilegal y el narcotr\u00e1fico desde la frontera norte, transportados mediante transporte pesado, lo que ha contribuido al estallido de movilizaciones. Otro factor relevante es la\u00a0infiltraci\u00f3n de bandas delictivas<\/b>\u00a0dentro de las protestas, lo que coincide con la opini\u00f3n del excoronel Carillo. Estos\u00a0grupos delictivos se aprovechan de l\u00edderes sindicales<\/b>\u00a0para exacerbar los disturbios, de manera similar a din\u00e1micas hist\u00f3ricas observadas en la mafia italiana en Europa.<\/p>\n

La experta se\u00f1al\u00f3 que Ecuador genera aproximadamente\u00a01.1 billones de d\u00f3lares al a\u00f1o a trav\u00e9s de la miner\u00eda ilegal<\/b>, pero aclar\u00f3 que estas bandas no son de origen extranjero, como el Cartel de Aragua, sino grupos nacionales como Los Choneros o Los Lobos.<\/p>\n

Las reformas al uso de la fuerza en Ecuador reflejan un intento por equilibrar la seguridad ciudadana con la protecci\u00f3n de los derechos humanos. Aunque los manuales de\u00a0la Polic\u00eda y las Fuerzas Armadas<\/b>\u00a0establecen reglas m\u00e1s claras sobre el\u00a0uso progresivo y excepcional de la fuerza letal,\u00a0<\/b>los antecedentes de abusos en 2019 y 2022 mantienen la desconfianza social. La muerte de manifestantes, como el reciente caso en Imbabura,\u00a0reaviva el debate sobre la responsabilidad estatal<\/b>, la cual los organizadores y precursores del paro responsabilizan al gobierno nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La muerte del comunero\u00a0Efra\u00edn Fueres en Cotacachi, aparentemente por un\u00a0disparo de la fuerza p\u00fablica;\u00a0la paliza que uno de sus compa\u00f1eros recibi\u00f3 por parte de un militar y la retenci\u00f3n arbitraria de 17 soldados evidencian que la protesta en Imbabura se torn\u00f3 violenta. Y que\u00a0las fuerzas de orden y seguridad del Estado\u00a0hoy est\u00e1n en la cr\u00edtica de los sectores sociales por considerarlas altamente represivas.\u00a0El Gobierno denuncia,\u00a0por su parte, que los manifestantes son violentos y que detr\u00e1s de ellos\u00a0se esconde el crimen organizado. \u00bfEste conflicto es administrado bajo un protocolo coherente del uso progresivo de la fuerza? Ecuavisa.com revis\u00f3 las reformas y cambios que desde 2022 se hicieron a estos procedimientos para\u00a0acompa\u00f1ar el trabajo de polic\u00edas y militares\u00a0para neutralizar marchas y amotinamientos. Sin embargo, la cr\u00edtica a su actuaci\u00f3n no han cesado. En agosto de 2022 se promulg\u00f3 la\u00a0Ley Org\u00e1nica que Regula el Uso Leg\u00edtimo de la Fuerza, que establece principios fundamentales como legalidad, necesidad, proporcionalidad, precauci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas. Esta ley regula de manera expl\u00edcita el uso de la fuerza por parte de la\u00a0Polic\u00eda Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, incluyendo la posibilidad de emplear armas letales \u00fanicamente frente a amenazas inminentes de muerte o lesiones graves. En junio de 2023 se aprob\u00f3 el\u00a0Reglamento de la Ley, que detalla procedimientos de aplicaci\u00f3n que van desde\u00a0t\u00e9cnicas de verbalizaci\u00f3n y negociaci\u00f3n\u00a0hasta el uso de medios no letales, requisitos de informes sobre intervenciones y protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos en cada operaci\u00f3n. Posteriormente, en agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa firm\u00f3 el\u00a0Decreto Ejecutivo 371, que orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n de los manuales operativos de la Polic\u00eda y las Fuerzas Armadas. Esta medida buscaba adaptar las estrategias a\u00a0nuevas amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo,\u00a0y asegurar que la actuaci\u00f3n de las fuerzas del orden cumpla con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, seg\u00fan informaci\u00f3n oficial del Gobierno Nacional. Los manuales operativos de\u00a0la Polic\u00eda Nacional y las Fuerzas Armadas\u00a0se actualizaron para regular el uso de la fuerza. Se permite fuerza letal solo ante\u00a0amenazas graves o agresi\u00f3n armada,\u00a0mientras que la fuerza progresiva y no letal debe usarse en disturbios, evaluando la amenaza en tiempo real. Los superiores son responsables si ordenan acciones ilegales. En manifestaciones, las protestas pac\u00edficas deben protegerse, y la fuerza solo\u00a0se justifica ante disturbios violentos o amenaza letal inminente.\u00a0Ante muertes de manifestantes, la Fiscal\u00eda investiga y los familiares tienen derecho a reparaci\u00f3n integral. El presidente puede declarar\u00a0estado de excepci\u00f3n en provincias con alteraciones graves del orden p\u00fablico, restringiendo derechos temporalmente y aumentando el despliegue policial y militar, siempre con supervisi\u00f3n de la Corte Constitucional. La ONU y la CIDH\u00a0recomiendan que la fuerza sea \u00faltimo recurso,\u00a0con capacitaci\u00f3n continua y atenci\u00f3n m\u00e9dica inmediata a los heridos. En entrevista con Ecuavisa.com, el excoronel Mario Carillo explic\u00f3 que el\u00a0uso progresivo de la fuerza\u00a0se aplica en funci\u00f3n del tipo de protesta. Por ejemplo, cuando algunos manifestantes emplean artefactos caseros, como bombas molotov, las Fuerzas Armadas pueden responder con medios proporcionados, como gas lacrim\u00f3geno, para neutralizar la amenaza y\u00a0dispersar a quienes atacan. Carillo advirti\u00f3 que, si los manifestantes vulneran derechos humanos o representan un riesgo claro para la sociedad civil, el nivel de respuesta puede incrementarse. Seg\u00fan informaci\u00f3n de inteligencia citada por \u00e9l,\u00a0algunas movilizaciones incluyen individuos con equipamiento militar\u00a0o conocimientos t\u00e9cnicos que podr\u00edan intensificar los disturbios con fines pol\u00edticos. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que si miembros de las Fuerzas Armadas son retenidos o secuestrados durante una protesta, el hecho deja de ser una\u00a0manifestaci\u00f3n social para convertirse en delitos\u00a0tipificados por la ley, como secuestro, tentativa de secuestro o tentativa de homicidio, lo que justificar\u00eda una actuaci\u00f3n penal y de seguridad distinta. El excoronel consider\u00f3 un error la\u00a0amnist\u00eda aplicada en 2022\u00a0a manifestantes detenidos, argumentando que se trat\u00f3 de una falta de aplicaci\u00f3n de la ley. Finalmente, subray\u00f3 que el uso de\u00a0fuerza letal\u00a0solo estar\u00eda contemplado en casos en los que\u00a0los manifestantes empleen armamento letal\u00a0y exista un peligro inminente para la vida de civiles o de los miembros de las fuerzas; en esas circunstancias, las autoridades militares evaluar\u00edan la situaci\u00f3n y podr\u00edan autorizar su uso como\u00a0medida de defensa del Estado de derecho. Seg\u00fan Michelle Maffei, experta en crimen organizado y derechos humanos, la implementaci\u00f3n del uso progresivo de la fuerza presenta\u00a0fallas importantes, principalmente debido a la militarizaci\u00f3n de las manifestaciones. La especialista sostiene que el\u00a0personal militar carece de lo que denomina \u201ctacto social\u201d\u00a0y que su formaci\u00f3n hist\u00f3rica no est\u00e1 orientada a disuadir o mantener el orden durante paros nacionales,\u00a0sino a la defensa y al uso de fuerza letal. Maffei indic\u00f3 que, tras\u00a0la muerte del comunero Efra\u00edn Fueres,\u00a0el nivel de violencia en las protestas se ha intensificado. Un ejemplo de esto fue el\u00a0ataque a un convoy del Gobierno Nacional,\u00a0que dej\u00f3 varios veh\u00edculos afectados. Seg\u00fan su experiencia, situaciones como esta podr\u00edan provocar un\u00a0aumento en el nivel de represi\u00f3n\u00a0por parte de militares y polic\u00edas. Adem\u00e1s, advierte que, m\u00e1s all\u00e1 de la inconformidad social, las protestas se deben a\u00a0factores estructurales, como la miner\u00eda ilegal y el narcotr\u00e1fico desde la frontera norte, transportados mediante transporte pesado, lo que ha contribuido al estallido de movilizaciones. Otro factor relevante es la\u00a0infiltraci\u00f3n de bandas delictivas\u00a0dentro de las protestas, lo que coincide con la opini\u00f3n del excoronel Carillo. Estos\u00a0grupos delictivos se aprovechan de l\u00edderes sindicales\u00a0para exacerbar los disturbios, de manera similar a din\u00e1micas hist\u00f3ricas observadas en la mafia italiana en Europa. La experta se\u00f1al\u00f3 que Ecuador genera aproximadamente\u00a01.1 billones de d\u00f3lares al a\u00f1o a trav\u00e9s de la miner\u00eda ilegal, pero aclar\u00f3 que estas bandas no son de origen extranjero, como el Cartel de Aragua, sino grupos nacionales como Los Choneros o Los Lobos. Las reformas al uso de la fuerza en Ecuador reflejan un intento por equilibrar la seguridad ciudadana con la protecci\u00f3n de los derechos humanos. Aunque los manuales de\u00a0la Polic\u00eda y las Fuerzas Armadas\u00a0establecen reglas m\u00e1s claras sobre el\u00a0uso progresivo y excepcional de la fuerza letal,\u00a0los antecedentes de abusos en 2019 y 2022 mantienen la desconfianza social. 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