{"id":26445,"date":"2025-09-17T10:44:51","date_gmt":"2025-09-17T15:44:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=26445"},"modified":"2025-09-17T10:52:07","modified_gmt":"2025-09-17T15:52:07","slug":"26445-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/26445-2\/","title":{"rendered":"Amazon\u00eda: la miner\u00eda criminal sigue impune"},"content":{"rendered":"

Reportaje: Plan V<\/strong><\/p>\n

E<\/span>l\u00a0 viernes 9 de mayo de 2025, once militares de la Brigada de Selva 19 de Napo murieron en una emboscada en el Alto Punino. El hecho ocurri\u00f3 en un sector lim\u00edtrofe entre las provincias de Napo y Orellana, donde los uniformados se encontraban desplegados en medio de una operaci\u00f3n reservada contra la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n

En la ma\u00f1ana de ese viernes, el ej\u00e9rcito hab\u00eda enviado cuatro equipos de combate, formados por 80 efectivos militares armados, a varios puntos. Durante esa operaci\u00f3n, los Comandos de la Frontera (CDF) atacaron a uno de los equipos con explosivos, granadas y fusiles y\u00a0 once uniformados fallecieron. El incidente tambi\u00e9n dej\u00f3 un herido del grupo criminal.<\/p>\n

Los CDF surgieron como un grupo de disidentes de la extinta guerrilla colombiana FARC y empezaron a operar en Ecuador cuando Geovanny Andr\u00e9s Rojas, alias\u00a0Ara\u00f1a<\/em>, tom\u00f3 el mando de la organizaci\u00f3n, seg\u00fan una fuente de inteligencia colombiana. El grupo criminal opera principalmente en Sucumb\u00edos y, adem\u00e1s de la miner\u00eda ilegal, se dedica al narcotr\u00e1fico, seg\u00fan fuentes de inteligencia militar.<\/p>\n

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Comandos de la Frontera en Ecuador: 6 datos sobre sus operaciones y poder econ\u00f3mico<\/strong><\/p>\n

Los grupos disidentes ya hab\u00edan atacado a militares ecuatorianos. En febrero de 2018, en la frontera ecuatoriano-colombiana, en Esmeraldas, emboscaron a una patrulla militar. Ese enfrentamiento dej\u00f3 un saldo de cuatro militares asesinados. El ataque se atribuy\u00f3 al\u00a0 Frente \u00d3liver Sinisterra, otro grupo de disidentes de las FARC.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

La masacre ocurrida en el Alto Punino, sin embargo, fue m\u00e1s grave y caus\u00f3 un gran impacto en las filas militares y en el Ecuador entero. Para muchos ecuatorianos, fue el bautizo de sangre en la conciencia del grado de penetraci\u00f3n y el poder que ha alcanzado la miner\u00eda ilegal asociada con grupos criminales armados, tanto colombianos, como ecuatorianos, all\u00ed tambi\u00e9n tienen presencia Los Choneros.<\/p>\n

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\u00bfPodr\u00edan haberse evitado los hechos ocurridos en el Alto Punino, zona que ha sido\u00a0 tomada militarmente por los grupos criminales para el control y explotaci\u00f3n minera? \u00bfPor qu\u00e9 se permiti\u00f3 que la fiebre del oro en esta regi\u00f3n se desarrollara a gran velocidad, en asocio con el crimen organizado,que ha disparado la violencia y, con ella, la tasa de homicidios en Orellana, como lo han constatado periodistas de Plan V?<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

El comandante del Ej\u00e9rcito, el general Henry Delgado Salvador, asegur\u00f3 p\u00fablicamente que estaban investigando una filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n antes de la operaci\u00f3n a los CDF desde las propias filas militares. Ni la Fiscal\u00eda ni el Ej\u00e9rcito han informado a\u00fan sobre el resultado de sus investigaciones.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de una supuesta fuga de informaci\u00f3n, lo que s\u00ed se sabe es que, desde 2022, exist\u00eda una hoja de ruta clara, trazada por expertos y funcionarios t\u00e9cnicos, con insumos importantes de la sociedad civil en las zonas afectadas, para que el Estado ecuatoriano, a trav\u00e9s de distintas instituciones, actuara con urgencia y decisi\u00f3n para frenar el da\u00f1o ecol\u00f3gico y el avance de los grupos criminales en la Amazon\u00eda ecuatoriana. Esta es la historia de por qu\u00e9 esos planes nunca se implementaron.<\/p>\n

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La alerta de la Asamblea: Napo en peligro<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

El 29 de septiembre de 2022, la Comisi\u00f3n Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, entonces presidida por el diputado Washington Varela Salazar, emiti\u00f3 el \u00fanico informe t\u00e9cnico y administrativo que generar\u00eda esta comisi\u00f3n hasta la fecha. Se titulaba: \u201cInforme T\u00e9cnico Nro. AN-CBRN-2022-001 de fiscalizaci\u00f3n y seguimiento a la miner\u00eda ilegal en el sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cant\u00f3n Tena, provincia de Napo\u00bb.<\/p>\n

El informe daba cuenta de la expansi\u00f3n r\u00e1pida e irreversible de la miner\u00eda ilegal en la zona de Yutzupino, r\u00edo Jatunyacu, en la provincia de Napo. El documento estaba firmado por el experto Dr. Rusbel Chapalbay, de nacionalidad kichwa amaz\u00f3nica, y un equipo de diez t\u00e9cnicos contratados por la comisi\u00f3n, a quienes los asamble\u00edstas hab\u00edan encargado la elaboraci\u00f3n del informe especial.<\/p>\n

La preocupaci\u00f3n de los miembros de la comisi\u00f3n parlamentaria surgi\u00f3 a partir de varios \u00abincidentes\u00bb con mineros ilegales en la zona de Yutzupino, provincia del Napo. Entre octubre del 2021 y febrero del 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se realizaron dos grandes operativos policiales en esta zona. La entonces ministra del interior, Alejandra Vela,\u00a0 visit\u00f3 el lugar junto a mandos policiales y militares, e inform\u00f3\u00a0 que se hab\u00edan detectado 107 m\u00e1quinas retroexcavadoras, 87 de las cuales fueron incautadas y puestas a \u00f3rdenes de la Fiscal\u00eda. Desde los voceros oficiales se anunciaron m\u00e1s investigaciones.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n de Biodiversidad \u2014cuyas funciones terminar\u00edan abruptamente en mayo de 2023 por efecto de la muerte cruzada decretada por Lasso\u2014 alcanz\u00f3 a realizar dos sesiones de fiscalizaci\u00f3n sobre el impacto y avance de la miner\u00eda ilegal, en las que invit\u00f3 a autoridades y expertos a informar sus actuaciones y dar su opini\u00f3n, y produjo el informe, firmado por Chapalbay y otros, que detallaba el avance veloz e incontenible del fen\u00f3meno. En apenas cinco meses, se hab\u00eda consolidado como el foco de miner\u00eda ilegal m\u00e1s grande de la Amazon\u00eda, hasta ese momento, sin que las autoridades hicieran algo para evitarlo, a pesar de las advertencias tempranas.<\/p>\n

En la zona de Yutzupino, en octubre de 2021, se hab\u00eda detectado la presencia de cuatro retroexcavadoras y diez dragas y una afectaci\u00f3n de tres hect\u00e1reas, con unas 50 personas en trabajos mineros. Un mes despu\u00e9s, la afectaci\u00f3n era de 69 hect\u00e1reas y 18 excavadoras. En diciembre, hab\u00eda aumentado a 75 hect\u00e1reas y, para enero, 79 hect\u00e1reas estaban comprometidas, con presencia reportada de 70 excavadoras. Para febrero, las hect\u00e1reas impactadas\u00a0 eran 121 y se reportaron 148 excavadoras, 98 motores de succi\u00f3n de agua y 18 bombas de agua. Cinco meses despu\u00e9s del primer \u00abbrote\u00bb, unas dos mil personas hac\u00edan actividad minera en la zona. (S\u00ed hay el mapa)<\/p>\n

Ante la alarmante situaci\u00f3n, en febrero de 2022 la Comisi\u00f3n exhort\u00f3 al Ministerio de Energ\u00eda y Minas a que suspendiera toda actividad minera en la zona. El 11 de marzo de 2022, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad sesion\u00f3 en la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, ubicada en el centro de la Amazon\u00eda. A la sesi\u00f3n en Tena acudieron siete autoridades locales como el alcalde de la ciudad, el gobernador de Napo, los jefes militares y policiales de la provincia, el fiscal provincial, el presidente de la corte provincial, entre otros. Por parte de los movimientos sociales, estuvieron presentes representantes de pueblos ind\u00edgenas, activistas ambientales y l\u00edderes comunitarios. En esa reuni\u00f3n se plantearon tres preguntas que se abordaron luego en el primer informe de la Comisi\u00f3n: \u00bfpor qu\u00e9 las autoridades nacionales y locales evitaron intervenir ante la dimensi\u00f3n de la destrucci\u00f3n evidenciada en la zona?, \u00bfcu\u00e1l fue el da\u00f1o ambiental?, y \u00bfqu\u00e9 perjuicios econ\u00f3micos se generaron al Estado?<\/p>\n

Seis meses despu\u00e9s, el informe final de 186 p\u00e1ginas, resultado de las investigaciones de los expertos, fue entregado a la Comisi\u00f3n y presentado p\u00fablicamente en sesi\u00f3n de la Asamblea. Se trata de un compendio detallado de la incapacidad e ineficiencia del Estado ecuatoriano para frenar el avance de la miner\u00eda criminal, que hasta la fecha ha impactado a 18 de las 24 provincias del pa\u00eds. La investigaci\u00f3n para el informe permiti\u00f3 \u201cestablecer una marcada diferencia entre la capacidad operativa, y de coordinaci\u00f3n de los entes estatales de control frente a los sistemas y recursos implementados por las organizaciones inmersas en las actividades il\u00edcitas del recurso minero, lo que evidencia afectaciones ambientales, culturales, sociales, institucionales y econ\u00f3micas\u201d, dice este informe.<\/p>\n

Adem\u00e1s de ofrecer un diagn\u00f3stico claro del problema estatal, hac\u00eda \u00a0recomendaciones\u00a0 a cada una de las entidades involucradas en el fen\u00f3meno del Napo. Estas no solo fueron bien recibidas por la Comisi\u00f3n, sino que quedaron recogidas en una resoluci\u00f3n del Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, en abril de 2023, antes de que el presidente Lasso decretara la disoluci\u00f3n del Parlamento y se convocaran a nuevas elecciones un mes despu\u00e9s.<\/p>\n

La muerte cruzada tambi\u00e9n supuso la muerte del informe de la Comisi\u00f3n de Biodiversidad y de la labor de veedur\u00eda, control y exigencia a otras entidades estatales para que actuaran y evitaran una masacre, no solo del ecosistema amaz\u00f3nico, sino de vidas humanas que la violencia de los grupos criminales estaba cobrando en la regi\u00f3n. Ni las recomendaciones, ni el informe fueron objeto de seguimiento y fiscalizaci\u00f3n por parte de los integrantes de la nueva Comisi\u00f3n de Biodiversidad que se posesion\u00f3 meses despu\u00e9s, en noviembre de 2023. Desde esa fecha hasta mayo de 2025, la comisi\u00f3n estuvo presidida por el asamble\u00edsta por Sucumb\u00edos, Guido Vargas, un veterano dirigente de los transportistas pesados de esa provincia, sin experiencia alguna en temas de medioambiente y biodiversidad. En ese mismo lapso, el Estado no logr\u00f3 frenar el enorme crecimiento de la miner\u00eda en la Amazon\u00eda, en el mismo Napo y luego en el Alto Punino, en Orellana.<\/p>\n

Una larga serie de incapacidades<\/h2>\n

Como respuesta al desaf\u00edo de combatir la miner\u00eda ilegal, el Estado ecuatoriano cre\u00f3 en 2011, durante el Gobierno de Rafael Correa, la Comisi\u00f3n Especial de Combate a la Miner\u00eda Ilegal (CECMI), compuesta por los ministerios del Interior, Defensa Nacional, Energ\u00eda y Minas y Ambiente; la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control de Energ\u00eda y Recursos Naturales No Renovables; el Servicio Nacional de Gesti\u00f3n de Riesgos y Emergencia; el Centro de Inteligencia Estrat\u00e9gica, y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El organismo colegiado contaba tambi\u00e9n con miembros\u00a0invitados<\/em>: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Polic\u00eda Nacional del Ecuador y el Instituto de Investigaci\u00f3n Geol\u00f3gico y Energ\u00e9tico, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 754, del 6 de mayo de 2011. La Fiscal\u00eda General, responsable de perseguir delitos mineros, ambientales y delincuenciales, nunca form\u00f3 parte de esta Comisi\u00f3n Especial. Seg\u00fan una alta fuente de la entidad consultada por Plan V, el Ministerio P\u00fablico no pod\u00eda participar en organismos colegiados, tanto p\u00fablicos como privados, encargados del control sin perder la objetividad procesal.<\/p>\n

Aunque el CECMI supuestamente contaba con la participaci\u00f3n de funcionarios poderosos y de las instituciones m\u00e1s importantes del pa\u00eds, su primera responsabilidad solo lleg\u00f3 a concretarse\u00a0 11 a\u00f1os despu\u00e9s de haber sido creada, cuando emiti\u00f3 el Plan de Acci\u00f3n Minero a trav\u00e9s del Decreto Ejecutivo 151, del 5 de agosto de 2021.<\/p>\n

Pero ni ese decreto, ni el 754 se cumplieron, en realidad, como lo determin\u00f3 el informe presentado a la Asamblea.\u00a0 La desinstitucionalizaci\u00f3n y el debilitamiento, principalmente del Ministerio de Energ\u00eda y Minas y de la ARCERNNR (hoy ARCOM), eran evidentes.\u00a0 El informe citaba varias deficiencias: la descoordinaci\u00f3n interinstitucional entre los miembros de la CECMI, la ausencia de una estrategia conjunta y contundente para un trabajo permanente, la ausencia de equipos multidisciplinarios de especialistas, expertos civiles y de las fuerzas p\u00fablicas, la falta de financiamiento y presupuesto permanente para combatir la miner\u00eda ilegal, el desbalance de la CECMI entre un modelo centralizado y descentralizado en el territorio, y la falta de tecnolog\u00eda, equipamiento y maquinaria apropiados. En suma, en la provincia de Napo la miner\u00eda ilegal funcionaba como un sistema criminal, \u201ccon mejores condiciones y ventajas que los entes del propio Estado ecuatoriano que tienen atribuciones para el control de la miner\u00eda ilegal en el pa\u00eds<\/em>\u201d, dice en un apartado el informe.<\/p>\n

El primer operativo policial a gran escala en la Amazon\u00eda ecuatoriana tuvo lugar en Yutzupino y evidenci\u00f3 la inutilidad de la Comisi\u00f3n Estatal integrada para tal efecto. El operativo, denominado \u201cManat\u00ed\u201d, fue ejecutado en la parroquia Puerto Napo, cant\u00f3n de Tena, desde el 13 hasta el 26 de febrero del 2022. En \u00e9l participaron varios entes de control y se incautaron 148 excavadoras, 98 motores de succi\u00f3n de agua, 80 clasificadoras tipo Z, 220 herramientas de miner\u00eda, entre otras cosas. Sin embargo, no hubo detenidos y el hecho haber transcurrido aproximadamente cuatro meses desde el inicio de las denuncias ciudadanas registradas por miner\u00eda ilegal, adem\u00e1s de comunicados reiterados del Ministerio del Ambiente como del Ministerio de Energ\u00eda y Minas pidiendo la intervenci\u00f3n de la CECMI, entre el 2 diciembre hasta enero del 2022, hasta que finalmente se realiz\u00f3 el operativo policial en febrero, evidenciaron la inoperancia estatal.<\/p>\n

El Ministerio de Gobierno, entidad que presid\u00eda la CECMI en las fechas en que ocurrieron los hechos y el operativo Manat\u00ed, incumpli\u00f3 el numeral 2 del Art. 3 del Decreto Ejecutivo 754. Este art\u00edculo dispone que la Comisi\u00f3n debe \u201ccoordinar las acciones para asegurar la ejecuci\u00f3n y cumplimiento de las disposiciones y normativas dictadas por las autoridades competentes, dentro de su \u00e1mbito de acci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>\n

La falta de decisi\u00f3n pol\u00edtica de la presidencia de la CECMI y el d\u00e9bil liderazgo\u00a0 operativo de la Gobernaci\u00f3n de la provincia de Napo mostraron las limitaciones institucionales en este caso. La intervenci\u00f3n extempor\u00e1nea provoc\u00f3\u00a0 que las actividades mineras ilegales en Yutzupino se expandieran con la velocidad de una avalancha: se pas\u00f3 de cuatro excavadoras en el mes de octubre del 2021 a 148 excavadoras en febrero del 2022, lo que caus\u00f3,\u00a0 adem\u00e1s, afectaciones ambientales de 121 hect\u00e1reas aproximadamente, seg\u00fan el Ministerio del Ambiente.<\/p>\n

En ese momento, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad concluy\u00f3 que el control interinstitucional sobre la actividad minera en la provincia de Napo, principal foco de la miner\u00eda ilegal, era d\u00e9bil por la falta de acci\u00f3n y transparencia de las autoridades competentes. Tampoco exist\u00eda un modelo minero de gobernanza local participativa que incluyera a la sociedad civil para articular pol\u00edticas p\u00fablicas efectivas y estrategias de respuestas integrales e inmediatas. No se contaba con tecnolog\u00eda de vanguardia, equipamiento sofisticado (helic\u00f3pteros, veh\u00edculos todo terrenos, deslizadores, etc.) ni personal especializado multidisciplinario. De igual manera, otra debilidad se refer\u00eda al manejo y acceso de informaci\u00f3n f\u00edsica y administrativa de concesiones, seguimiento, control y sanci\u00f3n por actividades de miner\u00eda antit\u00e9cnica e ilegal.<\/p>\n

Un detalle que evidencia esta debilidad sist\u00e9mica es el desconocimiento oficial de la producci\u00f3n minera en la provincia de Napo, la cantidad de regal\u00edas mineras declaradas por los concesionarios mineros, la extensi\u00f3n de la superficie explotada y los procesos de restauraci\u00f3n ambiental, debido al dif\u00edcil acceso y a la falta de disponibilidad de datos sobre vol\u00famenes de producci\u00f3n de los recursos mineros extra\u00eddos por parte de los concesionarios y los extractores ilegales, as\u00ed como a la escasa trazabilidad para determinar las declaraciones tributarias correspondientes. Adem\u00e1s, tampoco se ten\u00eda informaci\u00f3n pertinente sobre las\u00a0 concesiones caducadas que deb\u00edan revertirse al Estado.<\/p>\n

Uno de los expertos que particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n para el informe encargado por la Comisi\u00f3n dijo que, al detectar que centenares de hect\u00e1reas de concesiones mineras estaban caducadas, se pidi\u00f3 a las autoridades que las revirtieran y liberaran los territorios, pero \u201cun asunto administrativo y engorroso nos detuvo, porque no hab\u00eda un solo protocolo de c\u00f3mo hacerlo, no hab\u00eda un di\u00e1logo entre los ministerios de Ambiente y de Energ\u00eda, ni con la ARCOM para sustentar t\u00e9cnicamente que un \u00e1rea estaba en condici\u00f3n de caducidad\u201d.<\/p>\n

Otra evidencia del debilitamiento de las instituciones para el control de la miner\u00eda ha sido la falta de articulaci\u00f3n entre ellas y la poca informaci\u00f3n compartida entre lo local y lo nacional.<\/p>\n

Por ejemplo, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad, que actu\u00f3 hasta mayo de 2023, debi\u00f3 insistir de modo permanente para obtener la informaci\u00f3n, principalmente del Ministerio de Energ\u00eda y la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero, (ARCERNNR). En muchos de los casos, se aleg\u00f3 que no exist\u00eda informaci\u00f3n administrativa y t\u00e9cnica en los expedientes de los procesos de miner\u00eda, ni se entreg\u00f3. Esto dificult\u00f3 el acceso de la comisi\u00f3n para conocer el estado actualizado de las concesiones mineras de la provincia de Napo y\u00a0 verificar si cumpl\u00edan con los requisitos. De esta esta manera, se limit\u00f3 el alcance de la fiscalizaci\u00f3n y control pol\u00edtico respecto al an\u00e1lisis t\u00e9cnico, administrativo y legal.<\/p>\n

La otra l\u00ednea de control de la miner\u00eda ilegal consiste en cerrar la llave del combustible, porque mover centenares de m\u00e1quinas excavadoras requiere mucho di\u00e9sel. Pero, seg\u00fan el t\u00e9cnico jefe de la Comisi\u00f3n de Biodiversidad, consultado para este reporte era muy dif\u00edcil: \u201cvimos que la persona encargada de monitorear a las gasolineras en esa zona estaba sola y trabajaba en el Coca. Un solo t\u00e9cnico trabajaba en tres provincias: Pichincha, Napo y Orellana. Una sola persona. Tampoco hab\u00eda claridad en los cupos de combustible asignado a las gasolineras\u201d. Adem\u00e1s, uno de esos t\u00e9cnicos fue detenido por contrabando de combustible. \u201cEso me mostr\u00f3 que la penetraci\u00f3n de la corrupci\u00f3n estaba en todos los niveles. Me dej\u00f3 muy sorprendido, porque vimos que personas con las que trat\u00e1bamos de solucionar los problemas, eran parte del sistema de ilegalidad\u201d.<\/p>\n

Las acciones de la sociedad civil<\/h2>\n

Ante la ausencia y debilidad del Estado para controlar la miner\u00eda ilegal, los colectivos sociales de la provincia de Napo crearon una iniciativa permanente. Fue en plena pandemia, en 2020, cuando los primeros habitantes de Tena tuvieron conciencia de las nuevas invasiones de la miner\u00eda ilegal en la regi\u00f3n. En ese entonces, se juntaron cerca de diez personas preocupadas por sus alcances. Para el 2024, ya eran m\u00e1s de 3000.<\/p>\n

Han activado alertas en redes sociales y medios de comunicaci\u00f3n, y han presentado denuncias ante las autoridades competentes. Estas han estado sustentadas en informes t\u00e9cnicos-cient\u00edficos, mecanismos constitucionales y legales. Sin embargo, un gran n\u00famero de denuncias y alertas sociales de este colectivo no han sido atendidas de manera oportuna. Tambi\u00e9n han realizado eventos y conversatorios sobre la problem\u00e1tica, marchas y movilizaciones sociales. Entre las organizaciones que han surgido se encuentran\u00a0Napo ama la vida<\/em>,\u00a0Napo resiste<\/em>, el\u00a0Consejo de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza<\/em>, la\u00a0Fundaci\u00f3n Yacu Warmis<\/em>,\u00a0Manos Unidas<\/em>\u00a0y la\u00a0Fundaci\u00f3n Maquita\u00a0<\/em>y la\u00a0Federaci\u00f3n de Organizaciones Ind\u00edgenas de Napo<\/em>.<\/p>\n

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En la cabecera del r\u00edo Punino, los activistas de\u00a0Napo ama la vida<\/em>, denunciaron la presencia de m\u00e1s de cien excavadoras en plena actividad. Gracias a\u00a0 los reportes de las comunidades y al uso de drones \u2014que los mineros ilegales suelen bloquear con recursos electr\u00f3nicos\u2014 se detectaron unas 275 operando en 65 frentes mineros en la provincia de Napo.<\/p>\n

En noviembre de 2024, activistas de varias de estas organizaciones se juntaron en Tena, en el evento llamado\u00a0Deteniendo el Biocidio minero en Napo,<\/em>\u00a0en el que,\u00a0\u00a0<\/em>durante ocho horas, buscaron la manera de fortalecer la gobernanza ambiental en medio del conflicto social causado por la expansi\u00f3n minera en Napo, que se duplic\u00f3 entre 2022 y 2024, pasando de 1118 a 2024 hect\u00e1reas.\u00a0 Esto equivale a 2830 canchas de f\u00fatbol\u00a0 o unas 33 veces el parque La Carolina (de 61 hect\u00e1reas) de Quito, el m\u00e1s grande de la capital ecuatoriana.<\/p>\n

Durante el acto, Jos\u00e9 Moreno, presidente del Consejo de Defensores de los Derechos de la Naturaleza, rez\u00f3 de memoria las cifras de la destrucci\u00f3n y cuestion\u00f3 el papel de las autoridades para detener la miner\u00eda ilegal:\u201c<\/em>Recordemos que en 104 d\u00edas destruyeron la parte baja del r\u00edo Jatunyaku entre dos mil mineros ilegales y se llevaron el oro equivalente a 700 millones de d\u00f3lares. Como colectivo hicimos los c\u00e1lculos de cu\u00e1nto oro sale de nuestra provincia, esto puede llegar a 8 a 11 millones de d\u00f3lares diarios, si sumamos los m\u00e1s grandes frentes mineros\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que en los \u00faltimos ocho meses se hab\u00edan destruido 32 kil\u00f3metros del r\u00edo Punino, zona donde hab\u00edan detectado la presencia de grupos irregulares como Comandos de la Frontera, Los Lobos y mineros ilegales armados. \u201cHemos avisado a las autoridades y no hacen nada \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n esos millones de d\u00f3lares diarios que salen de nuestra provincia?\u201d.<\/p>\n

Las m\u00e1quinas,\u00a0 el combustible y el da\u00f1o ambiental producido<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Biodiversidad mencion\u00f3 que con la llamada\u00a0\u00a0Ecuaci\u00f3n del oro, Napo<\/em>, realizada por el Ministerio de Gobierno del Ecuador en 2022, se establec\u00eda que para extraer cada gramo de oro en la Amazon\u00eda se necesitaba el trabajo de cuatro personas y una excavadora para procesar seis toneladas de tierra, usar 1.060 litros de agua y cinco gramos de mercurio. Solo pensar en el impacto de la extracci\u00f3n de un kilo de oro (1000 gramos), se entiende la dimensi\u00f3n del da\u00f1o.<\/p>\n

Entre 2017 y 2024, la importaci\u00f3n de excavadoras represent\u00f3 un negocio de m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan los datos de importaciones registradas en el Banco Central del Ecuador y en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SNAE).<\/p>\n

En el operativo denominado Manat\u00ed se incautaron 148 excavadoras que ingresaron en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Polic\u00eda Judicial de la provincia del Napo, en calidad de evidencias incautadas. El informe de la comisi\u00f3n descubri\u00f3, sin embargo, que no exist\u00eda un control eficiente del registro de la maquinaria y\/o equipo pesado, espec\u00edficamente \u201cexcavadoras y retroexcavadoras\u201d utilizadas para miner\u00eda, ya que \u00fanicamente se exige la presentaci\u00f3n del\u00a0Certificado de instalaci\u00f3n y conectividad de GPS<\/em>\u00a0(emitido por un proveedor) para los actores mineros, seg\u00fan lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 002 del 6 de febrero de 2017. Adem\u00e1s, es dif\u00edcil rastrear a trav\u00e9s de ella a los actores criminales y el uso de estos equipos para actividades il\u00edcitas, ya que\u00a0 usualmente es adquirida por terceros que tienen licencia para actividades distintas a la miner\u00eda.<\/p>\n

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En la Comisi\u00f3n de Biodiversidad est\u00e1 registrado que el retraso de cuatro meses en atender las primeras denuncias permiti\u00f3 el ingreso masivo de maquinaria, equipos e insumos para las actividades mineras il\u00edcitas, lo que llev\u00f3 al empeoramiento de los da\u00f1os ambientales.<\/p>\n

En el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal se tipifican los delitos contra los recursos naturales y los recursos naturales no renovables, pero no se entiende por qu\u00e9 la Fiscal\u00eda Provincial de Napo y el juez de la Unidad Penal de Tena tardaron demasiado en coordinarse e intervenir en el sector de Yutzupino. As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 el informe de la Comisi\u00f3n y agreg\u00f3 que\u00a0 era\u00a0 \u201cnecesario establecer mecanismos de articulaci\u00f3n efectivos y eficaces; incluso ante la presunci\u00f3n del cometimiento de un delito ambiental, as\u00ed como tambi\u00e9n en las resoluciones de las sentencias expedidas con acciones o medidas de remediaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o reparaci\u00f3n ambiental requeridas en las \u00e1reas intervenidas\u201d. (Ver m\u00e1s al respecto de los procesos judiciales en la Parte 2 de de este informe especial)<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado inform\u00f3 que, desde 2011 hasta 2022, se hab\u00edan registrado 121 noticias de delito en la provincia del Napo, de las cuales 112 correspondieron al delito de actividad il\u00edcita de recursos mineros. De estas, s\u00f3lo 14 obtuvieron una sentencia condenatoria. De las 1244 noticias por delitos conexos que podr\u00edan estar relacionados con la miner\u00eda ilegal, 517 tuvieron sentencia condenatoria, lo que demuestra la demora en la investigaci\u00f3n de los delitos relacionados con la\u00a0 miner\u00eda.<\/p>\n

Sandra Rueda, una abogada que fue legisladora por Napo entre noviembre del 2023 y mayo del 2025, tambi\u00e9n fue fiscal en su provincia durante diez a\u00f1os y delegada de la Defensor\u00eda del Pueblo. Rueda considera que no hay voluntad por parte de la Fiscal\u00eda ni de la Judicatura para avanzar en los delitos derivados de la miner\u00eda ilegal. Dice que la manera m\u00e1s eficaz de parar la devastaci\u00f3n minera ser\u00eda atajando el tr\u00e1fico de combustibles:\u201cSin combustible no operan las excavadoras, ni el equipo de volquetas y veh\u00edculos que trasladan el material mineralizado\u201d.<\/p>\n

Pero es un delito casi imposible de juzgar. Antes de ser legisladora, Rueda tambi\u00e9n actu\u00f3 como abogada defensora en procesos legales. En cuatro de estos procesos hubo detenidos y eran delitos flagrantes. \u201cPero ocurri\u00f3 como siempre: se lanzan la pelota entre la Judicatura y la Fiscal\u00eda. En esos diez casos no se abri\u00f3 una instrucci\u00f3n fiscal y menos un juicio, y las personas quedaron libres. Insist\u00ed mucho con la Fiscal\u00eda y la Judicatura, y se echaron la culpa una a la otra. La Judicatura asegur\u00f3 que la Fiscal\u00eda no present\u00f3 los elementos suficientes\u201d.<\/p>\n

El argumento era que no se pod\u00eda probar legalmente que el l\u00edquido aprehendido en los operativos era combustible. Como ex funcionaria de la Fiscal\u00eda del Napo, la abogada Rueda corrobor\u00f3 a este medio que no hab\u00edan los reactivos ni los peritos para realizar las pruebas que se deb\u00edan llevar a las audiencias.<\/p>\n

Despu\u00e9s, el silencio<\/h2>\n

La \u00faltima sesi\u00f3n de la anterior Comisi\u00f3n de Biodiversidad sobre la miner\u00eda ilegal en Napo y\u00a0 otras provincias amaz\u00f3nicas tuvo lugar\u00a0 el 8 de mayo de 2023. Los asamble\u00edstas que la integraban recibieron informaci\u00f3n de varias autoridades y organizaciones respecto a las actividades de miner\u00eda ilegal en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, y en el cant\u00f3n de Tena.<\/p>\n

Durante la sesi\u00f3n, Franklin Soria, presidente del Movimiento Ecuador sin Miner\u00eda, reflexion\u00f3 sobre los efectos de la miner\u00eda ilegal y la necesidad de reparaci\u00f3n. A la vez advirti\u00f3 que el Ecuador no solo perd\u00eda por los efectos y consecuencias de la miner\u00eda ilegal, sino tambi\u00e9n por el robo de los minerales.<\/p>\n

El entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proa\u00f1o, revel\u00f3 que, a esa fecha, exist\u00edan 129 focos de miner\u00eda ilegal y que 16 provincias estaban afectadas por los mineros ilegales, artesanales y grupos delincuenciales organizados. Para el 2025, las autoridades ya no pod\u00edan precisar si hab\u00eda entre 300 y 600 focos de miner\u00eda ilegal, pero coincid\u00edan en que las provincias afectadas ya eran 18.<\/p>\n

En esa misma audiencia, Luis Maing\u00f3n, entonces director de la Agencia de Control y Minero, detall\u00f3 las actividades ejecutadas, as\u00ed como las inspecciones de control llevadas a cabo en cada provincia por\u00a0 funcionarios expertos en el tema. \u201cLoja, El Oro, Esmeraldas e Imbabura son lugares donde se han realizado operativos e inspecciones de control\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n

Los asamble\u00edstas integrantes de la comisi\u00f3n coincidieron en que la miner\u00eda ilegal afectaba al entorno y que los habitantes de esas zonas no pod\u00edan llevar una vida tranquila. Tambi\u00e9n advirtieron que los funcionarios, en sus comparecencias, se limitaban a presentar informes en mesa legislativa, pero no aportaban soluciones, por lo que las autoridades deb\u00edan comprometerse con la poblaci\u00f3n ecuatoriana a erradicar\u00a0 esta mala pr\u00e1ctica.<\/p>\n

Al finalizar la reuni\u00f3n, la comisi\u00f3n decidi\u00f3 por unanimidad conformar una mesa t\u00e9cnica entre el Legislativo y el Ejecutivo para hacer seguimiento a las denuncias sobre la miner\u00eda ilegal. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, la mesa presentar\u00eda en 30 d\u00edas un informe para conocimiento del Pleno. Sin embargo, el informe no se present\u00f3 y la mesa t\u00e9cnica no se pudo constituir por la disoluci\u00f3n de la Asamblea.<\/p>\n

Cuando se eligieron nuevos legisladores, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad ya era otra. Desde que iniciaron su periodo en noviembre del 2023 hasta mayo del 2025, esta comisi\u00f3n no volvi\u00f3 a tratar un solo tema de miner\u00eda ilegal en la Amazon\u00eda ecuatoriana.<\/p>\n

Un presidente vinculado al transporte pesado<\/h2>\n

El nombramiento del dirigente de transporte pesado y ex prefecto de la provincia de Sucumb\u00edos, Guido Vargas, como presidente de la Comisi\u00f3n fue sorpresivo, seg\u00fan fuentes t\u00e9cnicas de la Comisi\u00f3n consultadas por Plan V. En su trayectoria profesional resalta su nula experiencia en el tema ambiental. Vargas es representante de una provincia sumida en la violencia de grupos armados como los Comandos de la Frontera, que se ha convertido en un reconocido corredor para el tr\u00e1fico de coca\u00edna que sale de los laboratorios del Putumayo colombiano. Cientos de toneladas de droga son transportadas\u00a0 por esta v\u00eda hacia los puertos del Ecuador en diversos medios de transporte terrestre.<\/p>\n

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Ex asamble\u00edsta Guido Vargas. Foto: Archivo Asamblea Nacional<\/figcaption><\/figure>\n

Durante su periodo como presidente, Vargas dijo que la acci\u00f3n de la Comisi\u00f3n se hab\u00eda centrado en la discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la Ley de la Amazon\u00eda y la fiscalizaci\u00f3n de actividades petroleras. El tema de la miner\u00eda ilegal, sin embargo, que se ha convertido en el problema de mayor generaci\u00f3n\u00a0 de la violencia\u00a0 y mayor devastaci\u00f3n ambiental en la historia amaz\u00f3nica, no mereci\u00f3 tratamiento alguno de fondo en la Comisi\u00f3n. Los nuevos integrantes tampoco hicieron seguimiento a las recomendaciones que hab\u00edan hecho los anteriores legisladores, tras el diagn\u00f3stico negativo del informe t\u00e9cnico que hab\u00edan encargado.<\/p>\n

Entre las tareas de seguimiento, estaban que el Ejecutivo reformara el Decreto Ejecutivo Nro. 754 de 6 de mayo del 2011, para crear la Comisi\u00f3n Especial para el Control de la Miner\u00eda Ilegal y fortalecer este cuerpo colegiado. Cosa que no sucedi\u00f3. Tampoco se dio la asignaci\u00f3n presupuestaria para ejercer las funciones de coordinaci\u00f3n, asesor\u00eda, activaci\u00f3n de operativos y seguimiento; ni incorpor\u00f3 como miembros activos de la Comisi\u00f3n a la Fiscal\u00eda General del Estado, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Polic\u00eda Nacional de Ecuador, como se hab\u00eda planteado.<\/p>\n

Tampoco reform\u00f3 el Decreto Ejecutivo 151 de 5 de agosto del 2021 que expidi\u00f3 el \u201cPlan de Acci\u00f3n para el Sector Minero del Ecuador\u201d, y mucho menos se evalu\u00f3 el cumplimiento de las disposiciones emitidas a las entidades p\u00fablicas de control y seguimiento de las actividades mineras legales e ilegales.<\/p>\n

Ni hizo seguimiento al\u00a0 Ministerio del Interior, que deb\u00eda desarrollar los protocolos para la planificaci\u00f3n, gesti\u00f3n y aplicaci\u00f3n de operativos de control de miner\u00eda ilegal. Estos hubiesen permitido garantizar la ejecuci\u00f3n legal efectiva y eficiente de personas aprehendidas, maquinaria retenida y decomisada e insumos qu\u00edmicos. Tambi\u00e9n\u00a0 hubiera generado mejores niveles de coordinaci\u00f3n para obtener autorizaciones de allanamientos, decomisos y clausuras de actividades de miner\u00eda ilegal.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n tampoco verific\u00f3 que el Ministerio de Energ\u00eda y Minas pusiera en marcha un plan y cronograma interinstitucional de intervenci\u00f3n territorial minero, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y marco legal vigente de los titulares mineros. O que el Ministerio del Medio Ambiente depurara el registro de concesiones otorgadas en la provincia de Napo, para cerciorarse que no hubieran permisos otorgados en \u00e1reas protegidas, y que le entregara un informe al respecto a la Comisi\u00f3n. Cosa que tampoco sucedi\u00f3. Este ministerio tambi\u00e9n dej\u00f3 de crear los instrumentos legales para aumentar los controles al tr\u00e1fico il\u00edcito y el uso no autorizado de sustancias qu\u00edmicas, residuos y desechos no peligrosos, peligrosos o especiales utilizados en la miner\u00eda.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n no verific\u00f3 que el Ministerio de Energ\u00eda y Minas pusiera en marcha un plan y cronograma interinstitucional de intervenci\u00f3n territorial minero, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y marco legal vigente de los titulares mineros.<\/p><\/blockquote>\n

La Comisi\u00f3n tampoco dijo nada cuando otras entidades que igualmente deb\u00edan presentar informes de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos minerales extra\u00eddos, como el Instituto Nacional de Investigaci\u00f3n Geol\u00f3gico, Minero y Metal\u00fargico incumplieron. Ni averigu\u00f3 por qu\u00e9 la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control, el Ministerio de Energ\u00eda y Minas, el Servicio de Rentas Internas, y la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, tampoco conformaron nunca una comisi\u00f3n t\u00e9cnica multinivel para mejorar la coordinaci\u00f3n interinstitucional entre los eslabones de control que permitiera mayor trazabilidad de las obligaciones tributarias, por ejemplo.<\/p>\n

La anterior Comisi\u00f3n tambi\u00e9n hab\u00eda pedido a la Fiscal\u00eda General del Estado efectuar un an\u00e1lisis de la actuaci\u00f3n del fiscal provincial del Napo, cuestionado por versiones entregadas en el seno de la Comisi\u00f3n, relacionados a noticias delitos de miner\u00eda ilegal y los delitos conexos bajo el cargo; y, respecto de la fiscal\u00a0 encargada de la investigaci\u00f3n de los delitos del medio ambiente en el proceso 150101821110148. Tambi\u00e9n\u00a0 se exigi\u00f3 a la entidad que diera inicio a los procesos de determinaci\u00f3n de da\u00f1o ambiental en sede judicial, considerando los Arts. 251, 252, 254, 260 del COIP en: concesiones mineras que registren actividades de explotaci\u00f3n de material aur\u00edfero sin actos administrativos previos; concesiones mineras que reiteran incumplimientos al plan de manejo, afectaciones al recurso h\u00eddrico, normativa y obligaciones ambientales; concesiones mineras que en expedientes de los entes de control registren procesos administrativos por incumplimientos t\u00e9cnico y legales. Hasta febrero del 2024, la Fiscal\u00eda hab\u00eda recibido 23 denuncias por delitos mineros y una sola de estas lleg\u00f3 a etapa de juicio. La nueva Comisi\u00f3n no\u00a0 hizo ning\u00fan seguimiento de ello.<\/p>\n

En resumen, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad de la Asamblea, presidida por Vargas, no hizo cumplir, ni realiz\u00f3 el seguimiento a ninguna de las disposiciones de las distintas entidades que se hab\u00edan comprometido a actuar. Mientras tanto, la miner\u00eda ilegal y criminal no solo se increment\u00f3 sustancialmente en la zona del r\u00edo Jatunyacu-Yutzupino, sino que tambi\u00e9n se extendi\u00f3 al r\u00edo Punino y a sus zonas altas.<\/p>\n

\u00bfUna nueva comisi\u00f3n?<\/h2>\n

En mayo de 2025, la Asamblea Nacional tuvo nuevos legisladores, resultado de las elecciones generales de inicios de este a\u00f1o, lo que implic\u00f3 otro cambio en la Comisi\u00f3n de Biodiversidad. Lo que en principio podr\u00eda parecer una buena noticia, dada la inoperancia de los anteriores integrantes (solo una de ellas repite) en sus labores de seguimiento y control, no necesariamente lo es. Algunos de los legisladores actuales tambi\u00e9n pueden tener conflictos de intereses, seg\u00fan pudo comprobar Plan V al revisar algunos de sus perfiles y trayectorias profesionales.<\/p>\n

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Ecuador, 10 de septiembre del 2025.- En el marco del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay, a\u0301rea Quimsacocha, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad, controlada por el Gobierno, recibi\u00f3 a Ine\u0301s Manzano Di\u0301az, ministra de Energi\u0301a y Minas; Mari\u0301a Luisa Cruz, ministra de Ambiente, Agua y Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica; Guillermo Salgado y Freddy Villao, de Dundee Precious Metals; Ro\u0301mulo Ortega, director de avalu\u0301os y catastros del GAD Municipal de Cuenca; Hugo Navarrete, investigador de la Universidad Cato\u0301lica; y, Gabriela Chiriboga, especialista en Derecho Ambiental. Foto Pablo Maquizaca \/ Asamblea Nacional<\/figcaption><\/figure>\n

La presidencia de la Comisi\u00f3n de Biodiversidad qued\u00f3 en manos de una joven de 21 a\u00f1os de edad, Camila Le\u00f3n, representante de la provincia del Azuay, que cuenta con experiencia en el servicio p\u00fablico como funcionaria del Ministerio de Inclusi\u00f3n Social. En esta provincia se est\u00e1 produciendo en este momento un virulento conflicto entre empresas mineras y el gobierno, por un lado, y comunidades campesinas e ind\u00edgenas, por el otro. Estas \u00faltimas reclaman la no explotaci\u00f3n de mineras en zonas de fuentes de agua de la provincia y el respeto a los resultados de una consulta popular de 2023 que neg\u00f3 la explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Le\u00f3n, la nueva Comisi\u00f3n de Biodiversidad para el periodo 2025-2029 est\u00e1 conformada por Fernando Jaramillo (su vicepresidente), Franklin Samaniego, Yadira Bayas (vicepresidenta de la Comisi\u00f3n de Biodiversidad 2023-2025), Manuel Casanova, Esperanza Rogel, Pamela Aguirre, Sade Fritschi, Christian Hern\u00e1ndez y Katherine Pacheco Machuca.<\/p>\n

La nueva Comisi\u00f3n de Biodiversidad, que se posesion\u00f3 en mayo del 2025, a\u00fan no ha expuesto sus planes para los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os, seg\u00fan determina la norma. No se sabe si piensa retomar algunas de las recomendaciones del informe especial sobre la miner\u00eda ilegal en la Amazonia.<\/p><\/blockquote>\n

Esta \u00faltima \u2014representante de la provincia de El Oro, emporio de la miner\u00eda legal e ilegal en el Ecuador\u2014 destac\u00f3 en su hoja de vida su \u201ctrayectoria de m\u00e1s de una d\u00e9cada en el sector privado, dentro del Grupo Empresarial ADMG, (lo cual) la llev\u00f3 a ocupar importantes cargos en \u00e1reas contables y administrativas, llegando a desempe\u00f1arse como Jefa del Departamento Contable y Administradora General de Minera Beloro C.L. Esta experiencia fortaleci\u00f3 sus competencias en alta gerencia, liderazgo estrat\u00e9gico y visi\u00f3n organizacional\u201d.<\/p>\n

La asamble\u00edsta Pacheco, del partido de gobierno, es nieta de David Machuca Granda, due\u00f1o del Grupo Empresarial ADGM que concentra 11 empresas mineras, comercializadoras, productoras y explotadoras de oro, una empresa inmobiliaria y una ferretera. Machuca est\u00e1 entre los m\u00e1s poderosos mineros de la provincia donde se refina oro, legal e ilegal en grandes cantidades. Y la empresa donde trabaj\u00f3 su nieta,\u00a0 Beloro, export\u00f3 108 millones en oro en los dos \u00faltimos a\u00f1os desde su sede en Machala, seg\u00fan\u00a0sus datos empresariales<\/a>.<\/p>\n

La nueva Comisi\u00f3n de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se posesion\u00f3 en mayo del 2025, a\u00fan no ha expuesto sus planes para los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os, seg\u00fan determina la norma. No se sabe si piensa retomar algunas de las recomendaciones del informe especial, ni c\u00f3mo piensa ejercer seguimiento y control a las dem\u00e1s entidades estatales para frenar los efectos da\u00f1inos de la miner\u00eda en las distintas provincias y el poder armado de los grupos criminales que tambi\u00e9n participan del negocio.<\/p>\n

La primera intervenci\u00f3n de la presidente de la Comisi\u00f3n, sin embargo, no deja un buen precedente: Camila Le\u00f3n vot\u00f3 en contra de que la Comisi\u00f3n fiscalice a la ministra de Ambiente y Energ\u00eda, In\u00e9s Manzano, por entregar la licencia ambiental a la minera canadiese Dundee Precious Metal, concesionaria el proyecto de megaminer\u00eda Loma Larga, que afecta los p\u00e1ramos y fuentes de agua de Cuenca, la tercera ciudad m\u00e1s grande del pa\u00eds.Amazon\u00eda: la miner\u00eda criminal sigue impune<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Reportaje: Plan V El\u00a0 viernes 9 de mayo de 2025, once militares de la Brigada de Selva 19 de Napo murieron en una emboscada en el Alto Punino. El hecho ocurri\u00f3 en un sector lim\u00edtrofe entre las provincias de Napo y Orellana, donde los uniformados se encontraban desplegados en medio de una operaci\u00f3n reservada contra la miner\u00eda ilegal. En la ma\u00f1ana de ese viernes, el ej\u00e9rcito hab\u00eda enviado cuatro equipos de combate, formados por 80 efectivos militares armados, a varios puntos. Durante esa operaci\u00f3n, los Comandos de la Frontera (CDF) atacaron a uno de los equipos con explosivos, granadas y fusiles y\u00a0 once uniformados fallecieron. El incidente tambi\u00e9n dej\u00f3 un herido del grupo criminal. Los CDF surgieron como un grupo de disidentes de la extinta guerrilla colombiana FARC y empezaron a operar en Ecuador cuando Geovanny Andr\u00e9s Rojas, alias\u00a0Ara\u00f1a, tom\u00f3 el mando de la organizaci\u00f3n, seg\u00fan una fuente de inteligencia colombiana. El grupo criminal opera principalmente en Sucumb\u00edos y, adem\u00e1s de la miner\u00eda ilegal, se dedica al narcotr\u00e1fico, seg\u00fan fuentes de inteligencia militar. Comandos de la Frontera en Ecuador: 6 datos sobre sus operaciones y poder econ\u00f3mico Los grupos disidentes ya hab\u00edan atacado a militares ecuatorianos. En febrero de 2018, en la frontera ecuatoriano-colombiana, en Esmeraldas, emboscaron a una patrulla militar. Ese enfrentamiento dej\u00f3 un saldo de cuatro militares asesinados. El ataque se atribuy\u00f3 al\u00a0 Frente \u00d3liver Sinisterra, otro grupo de disidentes de las FARC. La masacre ocurrida en el Alto Punino, sin embargo, fue m\u00e1s grave y caus\u00f3 un gran impacto en las filas militares y en el Ecuador entero. Para muchos ecuatorianos, fue el bautizo de sangre en la conciencia del grado de penetraci\u00f3n y el poder que ha alcanzado la miner\u00eda ilegal asociada con grupos criminales armados, tanto colombianos, como ecuatorianos, all\u00ed tambi\u00e9n tienen presencia Los Choneros. \u00bfPodr\u00edan haberse evitado los hechos ocurridos en el Alto Punino, zona que ha sido\u00a0 tomada militarmente por los grupos criminales para el control y explotaci\u00f3n minera? \u00bfPor qu\u00e9 se permiti\u00f3 que la fiebre del oro en esta regi\u00f3n se desarrollara a gran velocidad, en asocio con el crimen organizado,que ha disparado la violencia y, con ella, la tasa de homicidios en Orellana, como lo han constatado periodistas de Plan V? El comandante del Ej\u00e9rcito, el general Henry Delgado Salvador, asegur\u00f3 p\u00fablicamente que estaban investigando una filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n antes de la operaci\u00f3n a los CDF desde las propias filas militares. Ni la Fiscal\u00eda ni el Ej\u00e9rcito han informado a\u00fan sobre el resultado de sus investigaciones. M\u00e1s all\u00e1 de una supuesta fuga de informaci\u00f3n, lo que s\u00ed se sabe es que, desde 2022, exist\u00eda una hoja de ruta clara, trazada por expertos y funcionarios t\u00e9cnicos, con insumos importantes de la sociedad civil en las zonas afectadas, para que el Estado ecuatoriano, a trav\u00e9s de distintas instituciones, actuara con urgencia y decisi\u00f3n para frenar el da\u00f1o ecol\u00f3gico y el avance de los grupos criminales en la Amazon\u00eda ecuatoriana. Esta es la historia de por qu\u00e9 esos planes nunca se implementaron. La alerta de la Asamblea: Napo en peligro El 29 de septiembre de 2022, la Comisi\u00f3n Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, entonces presidida por el diputado Washington Varela Salazar, emiti\u00f3 el \u00fanico informe t\u00e9cnico y administrativo que generar\u00eda esta comisi\u00f3n hasta la fecha. Se titulaba: \u201cInforme T\u00e9cnico Nro. AN-CBRN-2022-001 de fiscalizaci\u00f3n y seguimiento a la miner\u00eda ilegal en el sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cant\u00f3n Tena, provincia de Napo\u00bb. El informe daba cuenta de la expansi\u00f3n r\u00e1pida e irreversible de la miner\u00eda ilegal en la zona de Yutzupino, r\u00edo Jatunyacu, en la provincia de Napo. El documento estaba firmado por el experto Dr. Rusbel Chapalbay, de nacionalidad kichwa amaz\u00f3nica, y un equipo de diez t\u00e9cnicos contratados por la comisi\u00f3n, a quienes los asamble\u00edstas hab\u00edan encargado la elaboraci\u00f3n del informe especial. La preocupaci\u00f3n de los miembros de la comisi\u00f3n parlamentaria surgi\u00f3 a partir de varios \u00abincidentes\u00bb con mineros ilegales en la zona de Yutzupino, provincia del Napo. Entre octubre del 2021 y febrero del 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se realizaron dos grandes operativos policiales en esta zona. La entonces ministra del interior, Alejandra Vela,\u00a0 visit\u00f3 el lugar junto a mandos policiales y militares, e inform\u00f3\u00a0 que se hab\u00edan detectado 107 m\u00e1quinas retroexcavadoras, 87 de las cuales fueron incautadas y puestas a \u00f3rdenes de la Fiscal\u00eda. Desde los voceros oficiales se anunciaron m\u00e1s investigaciones. La Comisi\u00f3n de Biodiversidad \u2014cuyas funciones terminar\u00edan abruptamente en mayo de 2023 por efecto de la muerte cruzada decretada por Lasso\u2014 alcanz\u00f3 a realizar dos sesiones de fiscalizaci\u00f3n sobre el impacto y avance de la miner\u00eda ilegal, en las que invit\u00f3 a autoridades y expertos a informar sus actuaciones y dar su opini\u00f3n, y produjo el informe, firmado por Chapalbay y otros, que detallaba el avance veloz e incontenible del fen\u00f3meno. En apenas cinco meses, se hab\u00eda consolidado como el foco de miner\u00eda ilegal m\u00e1s grande de la Amazon\u00eda, hasta ese momento, sin que las autoridades hicieran algo para evitarlo, a pesar de las advertencias tempranas. En la zona de Yutzupino, en octubre de 2021, se hab\u00eda detectado la presencia de cuatro retroexcavadoras y diez dragas y una afectaci\u00f3n de tres hect\u00e1reas, con unas 50 personas en trabajos mineros. Un mes despu\u00e9s, la afectaci\u00f3n era de 69 hect\u00e1reas y 18 excavadoras. En diciembre, hab\u00eda aumentado a 75 hect\u00e1reas y, para enero, 79 hect\u00e1reas estaban comprometidas, con presencia reportada de 70 excavadoras. Para febrero, las hect\u00e1reas impactadas\u00a0 eran 121 y se reportaron 148 excavadoras, 98 motores de succi\u00f3n de agua y 18 bombas de agua. Cinco meses despu\u00e9s del primer \u00abbrote\u00bb, unas dos mil personas hac\u00edan actividad minera en la zona. (S\u00ed hay el mapa) Ante la alarmante situaci\u00f3n, en febrero de 2022 la Comisi\u00f3n exhort\u00f3 al Ministerio de Energ\u00eda y Minas a que suspendiera toda actividad minera en la zona. El 11 de marzo de 2022, la Comisi\u00f3n de Biodiversidad sesion\u00f3 en la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, ubicada en el centro de la Amazon\u00eda. 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