{"id":26132,"date":"2025-09-08T06:36:04","date_gmt":"2025-09-08T11:36:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=26132"},"modified":"2025-09-08T06:36:04","modified_gmt":"2025-09-08T11:36:04","slug":"el-presupuesto-2025-de-ecuador-muestra-un-estado-con-el-80-del-gasto-atado-y-sin-margen-de-accion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/el-presupuesto-2025-de-ecuador-muestra-un-estado-con-el-80-del-gasto-atado-y-sin-margen-de-accion\/","title":{"rendered":"El Presupuesto 2025 de Ecuador muestra un Estado con el 80% del gasto atado y sin margen de acci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 revela una verdad inc\u00f3moda en Ecuador: el Estado tiene cada vez menos margen para decidir en qu\u00e9 gasta su dinero. M\u00e1s del 80% del gasto ya est\u00e1 comprometido. Son recursos que, por mandato legal, constitucional o por el peso de la deuda, no se pueden reducir, mover ni redirigir.<\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica, esto significa que de cada 10 d\u00f3lares que el gobierno planea gastar en 2025, solo dos se pueden considerar realmente \u201cdisponibles\u201d para nuevas prioridades, ajustes o inversiones. El resto est\u00e1 atado a salarios, transferencias, intereses o leyes que determinan su destino.<\/p>\n<p>Este fen\u00f3meno conocido como rigidez del gasto no es nuevo, pero se ha vuelto m\u00e1s agudo. Y mientras el pa\u00eds sigue enfrentando altos niveles de endeudamiento y demandas sociales insatisfechas, el margen de maniobra se reduce a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 es la rigidez del gasto y por qu\u00e9 importa?<\/strong><br \/>\nUno de los principales problemas que enfrentan las finanzas p\u00fablicas de Ecuador es la rigidez del gasto fiscal, entendida como la dificultad para reducir o reasignar ciertos componentes del presupuesto. Esta rigidez no es reciente, pero se ha acentuado en los \u00faltimos a\u00f1os como resultado de decisiones pol\u00edticas, compromisos legales y din\u00e1micas macroecon\u00f3micas que limitan la capacidad de maniobra del Estado.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), para 2025 se estima que el 77% del gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) ser\u00e1 de car\u00e1cter permanente, lo que representa alrededor de USD 20.858 millones.<\/p>\n<p>Una parte sustancial del gasto permanente, equivalente al 34,9% del gasto total corresponde al pago de sueldos y salarios, un rubro con alta rigidez a la baja. Esta obligaci\u00f3n financia la remuneraci\u00f3n de m\u00e1s de 490.000 servidores p\u00fablicos, concentrados en sectores como educaci\u00f3n, salud, seguridad, justicia y defensa.<\/p>\n<p>Otro componente relevante es el servicio de la deuda, que incluye el pago de intereses y amortizaciones. Los intereses, por s\u00ed solos, representan el 13,9% del gasto total previsto para 2025, equivalentes a m\u00e1s de USD 3.753 millones. Esta carga ha crecido desde 2014 debido al encarecimiento del financiamiento \u2014en parte por el aumento de tasas internacionales\u2014 y al uso intensivo del endeudamiento como fuente de cobertura fiscal.<\/p>\n<p>A ello se suman las transferencias obligatorias, que han ganado peso en la \u00faltima d\u00e9cada. Entre 2014 y 2018, representaban en promedio el 8,9% del gasto total; sin embargo, para el per\u00edodo 2019\u20132024, este promedio subi\u00f3 al 20,2%, y se estima que en 2025 alcance el 20,9%, es decir, m\u00e1s de USD 5.987 millones.<\/p>\n<p>Estas transferencias incluyen aportes a la seguridad social, bonos sociales, subsidios, transferencias a gobiernos locales y otros compromisos que no pueden reducirse sin una reforma legal o constitucional. En paralelo, el rubro de bienes y servicios \u2014necesario para el funcionamiento b\u00e1sico del Estado\u2014 promedi\u00f3 el 8,3% del gasto total en la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n<p>Si se suman los componentes r\u00edgidos del gasto permanente y no permanente, se concluye que aproximadamente el 83,4% del gasto total del PGE en 2025 est\u00e1 atado a compromisos que no pueden ser f\u00e1cilmente modificados. Este porcentaje equivale al 133% de los ingresos totales previstos, lo que implica que incluso si se ejecutara el presupuesto tal como est\u00e1 planificado, el Estado no tendr\u00eda ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones fijas.<\/p>\n<p>El resultado global estimado para 2025 es un d\u00e9ficit de USD 5.443 millones, equivalente al -4,4% del PIB, lo que implica que el Estado no solo no logra cubrir sus gastos corrientes y de capital con los ingresos previstos, sino que debe adem\u00e1s financiar amortizaciones por montos significativos.<\/p>\n<p>Ante este panorama, el Gobierno se ve forzado a acudir a fuentes de endeudamiento interno y externo, no solo para cubrir el d\u00e9ficit operativo, sino tambi\u00e9n para pagar obligaciones contractuales previas. Esto refuerza la rigidez del presupuesto a futuro y amplifica la dependencia estructural del financiamiento.<\/p>\n<p>El presupuesto p\u00fablico opera cada vez m\u00e1s en piloto autom\u00e1tico. La combinaci\u00f3n de leyes r\u00edgidas, decisiones pol\u00edticas dif\u00edciles de revertir y una estructura de deuda exigente deja al Gobierno con muy poco margen de acci\u00f3n. Cualquier intento de planificaci\u00f3n fiscal o reasignaci\u00f3n estrat\u00e9gica parte de una base extremadamente limitada, lo que debilita la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas prioridades econ\u00f3micas y sociales.<\/p>\n<p><strong>No solo es el gasto, los ingresos tambi\u00e9n est\u00e1n inflados<\/strong><br \/>\nUna de las debilidades de la Proforma 2025 es la posible sobreestimaci\u00f3n de los ingresos fiscales. Aunque el Gobierno proyecta una recaudaci\u00f3n total de USD 27.440 millones, este monto representa un incremento de m\u00e1s de USD 5.000 millones frente a lo presupuestado en 2024.<\/p>\n<p>Buena parte de este salto en los ingresos no proviene de mejoras estructurales en la recaudaci\u00f3n, sino de supuestos extraordinarios. La Proforma incluye, por ejemplo, USD 3.986 millones por anticipos relacionados con licitaciones y adjudicaciones de bloques petroleros, adem\u00e1s de USD 750 millones por la concesi\u00f3n del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y USD 460 millones por la concesi\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico.<\/p>\n<p>Estos ingresos extraordinarios requieren marcos jur\u00eddicos claros, licitaciones p\u00fablicas, acuerdos contractuales y plazos de ejecuci\u00f3n que, en el mejor de los casos, tomar\u00edan varios meses.<\/p>\n<p>Dado que ya estamos en septiembre, resulta altamente improbable que todas estas operaciones se concreten \u2014y generen flujos efectivos\u2014 antes del cierre del a\u00f1o fiscal. La falta de cronogramas oficiales, documentos contractuales y mecanismos establecidos para la recepci\u00f3n de anticipos refuerzan esa conclusi\u00f3n. Sin esos recursos, el presupuesto pierde sustento real y el d\u00e9ficit podr\u00eda ser mucho mayor al proyectado oficialmente.<\/p>\n<p>Si bien el incremento del IVA al 15% ha mejorado la recaudaci\u00f3n tributaria en los primeros meses del a\u00f1o, los ingresos por impuestos previstos para 2025 apenas crecen respecto a 2024 (de USD 16.501 millones a USD 16.538 millones), lo cual confirma que el espacio de crecimiento por esta v\u00eda es limitado.<\/p>\n<p>La confianza de ingresos extraordinarios de dif\u00edcil concreci\u00f3n genera un efecto contable que sobredimensiona el espacio fiscal y subestima el d\u00e9ficit real. De no concretarse los montos proyectados, el Estado se ver\u00e1 forzado a recortar a\u00fan m\u00e1s la inversi\u00f3n p\u00fablica, acumular atrasos o contratar nueva deuda.<\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo vamos hasta agosto y c\u00f3mo cerrar\u00e1 el a\u00f1o fiscal?<\/strong><br \/>\nLa trayectoria fiscal del Ecuador en la \u00faltima d\u00e9cada revela un patr\u00f3n de desequilibrio fiscal. Entre 2015 y 2025, el PGE ha cerrado sus cuentas con d\u00e9ficit en diez de los once a\u00f1os, reflejando una brecha entre ingresos y gastos. Solo en 2022 se registr\u00f3 un super\u00e1vit fiscal (USD 882 millones). En el resto de los a\u00f1os, el resultado ha sido negativo, con d\u00e9ficits que han llegado hasta USD 4.967 millones en 2020, durante la crisis sanitaria.<\/p>\n<p>Hasta agosto de este a\u00f1o, los ingresos acumulados ascienden a USD 15.852 millones, apenas, mientras que los gastos suman USD 17.290 millones, generando un d\u00e9ficit de USD 1.439 millones. Adem\u00e1s, el ritmo de ejecuci\u00f3n real del presupuesto est\u00e1 por debajo de lo esperado.<\/p>\n<p>A nivel agregado, solo el 60,5% del presupuesto ha sido devengado y el 55,8% ha sido pagado efectivamente. Este rezago es particularmente marcado en los rubros de inversi\u00f3n, que suelen ser las primeras partidas sacrificadas cuando el financiamiento escasea.<\/p>\n<p>Por ejemplo, la obra p\u00fablica presenta una ejecuci\u00f3n de apenas 16,6%, mientras que la inversi\u00f3n en bienes de larga duraci\u00f3n no supera el 6,9%. Las transferencias de capital \u2014que incluyen recursos a gobiernos locales y sectores estrat\u00e9gicos\u2014 se sit\u00faan en 43,8%, lejos de niveles que permitan dinamizar la econom\u00eda o sostener programas de desarrollo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los atrasos presupuestarios acumulados ya superan los USD 1.335 millones, afectando directamente a proveedores, contratistas y gobiernos aut\u00f3nomos descentralizados. Este desfase no solo afecta a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, sino que transmite tensiones al resto del sistema econ\u00f3mico.<\/p>\n<p>Con casi tres cuartas partes del a\u00f1o fiscal ya transcurridas, resulta poco probable que se materialicen los ingresos extraordinarios contemplados en la Proforma \u2014como concesiones o ventas de activos\u2014 en los montos y tiempos estimados. Las cifras disponibles contradicen la idea de una recuperaci\u00f3n fiscal sostenida: el d\u00e9ficit persiste, la inversi\u00f3n se estanca y los pagos se atrasan.<\/p>\n<p>Todo indica que el a\u00f1o cerrar\u00e1 con un nuevo resultado negativo. No se trata solo de un problema de liquidez: el desequilibrio es estructural. El presupuesto opera con m\u00e1rgenes m\u00ednimos de maniobra, el gasto est\u00e1 atado por normativas inflexibles, y la pol\u00edtica fiscal sigue anclada en supuestos optimistas que rara vez se cumplen. La sostenibilidad, m\u00e1s que una meta alcanzable, sigue siendo una promesa aplazada. <strong>Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 revela una verdad inc\u00f3moda en Ecuador: el Estado tiene cada vez menos margen para decidir en qu\u00e9 gasta su dinero. M\u00e1s del 80% del gasto ya est\u00e1 comprometido. Son recursos que, por mandato legal, constitucional o por el peso de la deuda, no se pueden reducir, mover ni redirigir. En la pr\u00e1ctica, esto significa que de cada 10 d\u00f3lares que el gobierno planea gastar en 2025, solo dos se pueden considerar realmente \u201cdisponibles\u201d para nuevas prioridades, ajustes o inversiones. El resto est\u00e1 atado a salarios, transferencias, intereses o leyes que determinan su destino. Este fen\u00f3meno conocido como rigidez del gasto no es nuevo, pero se ha vuelto m\u00e1s agudo. Y mientras el pa\u00eds sigue enfrentando altos niveles de endeudamiento y demandas sociales insatisfechas, el margen de maniobra se reduce a\u00fan m\u00e1s. \u00bfQu\u00e9 es la rigidez del gasto y por qu\u00e9 importa? Uno de los principales problemas que enfrentan las finanzas p\u00fablicas de Ecuador es la rigidez del gasto fiscal, entendida como la dificultad para reducir o reasignar ciertos componentes del presupuesto. Esta rigidez no es reciente, pero se ha acentuado en los \u00faltimos a\u00f1os como resultado de decisiones pol\u00edticas, compromisos legales y din\u00e1micas macroecon\u00f3micas que limitan la capacidad de maniobra del Estado. Seg\u00fan el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), para 2025 se estima que el 77% del gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) ser\u00e1 de car\u00e1cter permanente, lo que representa alrededor de USD 20.858 millones. Una parte sustancial del gasto permanente, equivalente al 34,9% del gasto total corresponde al pago de sueldos y salarios, un rubro con alta rigidez a la baja. Esta obligaci\u00f3n financia la remuneraci\u00f3n de m\u00e1s de 490.000 servidores p\u00fablicos, concentrados en sectores como educaci\u00f3n, salud, seguridad, justicia y defensa. Otro componente relevante es el servicio de la deuda, que incluye el pago de intereses y amortizaciones. Los intereses, por s\u00ed solos, representan el 13,9% del gasto total previsto para 2025, equivalentes a m\u00e1s de USD 3.753 millones. Esta carga ha crecido desde 2014 debido al encarecimiento del financiamiento \u2014en parte por el aumento de tasas internacionales\u2014 y al uso intensivo del endeudamiento como fuente de cobertura fiscal. A ello se suman las transferencias obligatorias, que han ganado peso en la \u00faltima d\u00e9cada. Entre 2014 y 2018, representaban en promedio el 8,9% del gasto total; sin embargo, para el per\u00edodo 2019\u20132024, este promedio subi\u00f3 al 20,2%, y se estima que en 2025 alcance el 20,9%, es decir, m\u00e1s de USD 5.987 millones. Estas transferencias incluyen aportes a la seguridad social, bonos sociales, subsidios, transferencias a gobiernos locales y otros compromisos que no pueden reducirse sin una reforma legal o constitucional. En paralelo, el rubro de bienes y servicios \u2014necesario para el funcionamiento b\u00e1sico del Estado\u2014 promedi\u00f3 el 8,3% del gasto total en la \u00faltima d\u00e9cada. Si se suman los componentes r\u00edgidos del gasto permanente y no permanente, se concluye que aproximadamente el 83,4% del gasto total del PGE en 2025 est\u00e1 atado a compromisos que no pueden ser f\u00e1cilmente modificados. Este porcentaje equivale al 133% de los ingresos totales previstos, lo que implica que incluso si se ejecutara el presupuesto tal como est\u00e1 planificado, el Estado no tendr\u00eda ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones fijas. El resultado global estimado para 2025 es un d\u00e9ficit de USD 5.443 millones, equivalente al -4,4% del PIB, lo que implica que el Estado no solo no logra cubrir sus gastos corrientes y de capital con los ingresos previstos, sino que debe adem\u00e1s financiar amortizaciones por montos significativos. Ante este panorama, el Gobierno se ve forzado a acudir a fuentes de endeudamiento interno y externo, no solo para cubrir el d\u00e9ficit operativo, sino tambi\u00e9n para pagar obligaciones contractuales previas. Esto refuerza la rigidez del presupuesto a futuro y amplifica la dependencia estructural del financiamiento. El presupuesto p\u00fablico opera cada vez m\u00e1s en piloto autom\u00e1tico. La combinaci\u00f3n de leyes r\u00edgidas, decisiones pol\u00edticas dif\u00edciles de revertir y una estructura de deuda exigente deja al Gobierno con muy poco margen de acci\u00f3n. Cualquier intento de planificaci\u00f3n fiscal o reasignaci\u00f3n estrat\u00e9gica parte de una base extremadamente limitada, lo que debilita la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas prioridades econ\u00f3micas y sociales. No solo es el gasto, los ingresos tambi\u00e9n est\u00e1n inflados Una de las debilidades de la Proforma 2025 es la posible sobreestimaci\u00f3n de los ingresos fiscales. Aunque el Gobierno proyecta una recaudaci\u00f3n total de USD 27.440 millones, este monto representa un incremento de m\u00e1s de USD 5.000 millones frente a lo presupuestado en 2024. Buena parte de este salto en los ingresos no proviene de mejoras estructurales en la recaudaci\u00f3n, sino de supuestos extraordinarios. La Proforma incluye, por ejemplo, USD 3.986 millones por anticipos relacionados con licitaciones y adjudicaciones de bloques petroleros, adem\u00e1s de USD 750 millones por la concesi\u00f3n del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y USD 460 millones por la concesi\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico. Estos ingresos extraordinarios requieren marcos jur\u00eddicos claros, licitaciones p\u00fablicas, acuerdos contractuales y plazos de ejecuci\u00f3n que, en el mejor de los casos, tomar\u00edan varios meses. Dado que ya estamos en septiembre, resulta altamente improbable que todas estas operaciones se concreten \u2014y generen flujos efectivos\u2014 antes del cierre del a\u00f1o fiscal. La falta de cronogramas oficiales, documentos contractuales y mecanismos establecidos para la recepci\u00f3n de anticipos refuerzan esa conclusi\u00f3n. Sin esos recursos, el presupuesto pierde sustento real y el d\u00e9ficit podr\u00eda ser mucho mayor al proyectado oficialmente. Si bien el incremento del IVA al 15% ha mejorado la recaudaci\u00f3n tributaria en los primeros meses del a\u00f1o, los ingresos por impuestos previstos para 2025 apenas crecen respecto a 2024 (de USD 16.501 millones a USD 16.538 millones), lo cual confirma que el espacio de crecimiento por esta v\u00eda es limitado. La confianza de ingresos extraordinarios de dif\u00edcil concreci\u00f3n genera un efecto contable que sobredimensiona el espacio fiscal y subestima el d\u00e9ficit real. 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