\u00abNo recuerdo en la historia del Ecuador que se hayan presentado tantas demandas contra una ley\u00bb, dijo el juez de la Corte Constitucional, Jos\u00e9 Luis Ter\u00e1n, en la primera jornada de la audiencia p\u00fablica por las 26\u00a0acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad P\u00fablica. La primera parte de esta diligencia tom\u00f3 ocho horas y media en modalidad telem\u00e1tica este 27 de agosto de 2025.<\/p>\n
Con la impresi\u00f3n de Ter\u00e1n, quien se encarga de sustanciar las demandas contra esta norma, no estuvo de acuerdo la abogada de la Asamblea, Mercedes Mediavilla: \u00abMe sorprende que diga nunca. En la \u00e9poca de (el expresidente Guillermo) Lasso pas\u00f3 lo mismo con el C\u00f3digo Monetario\u00bb.<\/p>\n
Mediavilla atribuy\u00f3 estas acciones a que se trata de \u00abreformas estructurales\u00bb impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. \u00abDebido a la situaci\u00f3n del pa\u00eds, evidentemente van a haber disidencias, pero es necesario\u00bb, sostuvo.<\/p>\n
Dudas de los jueces\u00a0<\/strong> En principio, esta Ley ingres\u00f3 al Parlamento con\u00a0 el objetivo de garantizar la eficiencia en el servicio p\u00fablico y mejorar los procesos de compras p\u00fablicas, pero termin\u00f3 incluyendo reformas penales como parte del conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Noboa, o la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, lo que centr\u00f3 las interrogantes de los jueces.<\/p>\n \u00bfSe invit\u00f3 a organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades de la Fiscal\u00eda, de la Judicatura, para el an\u00e1lisis del proyecto? \u00bfC\u00f3mo contribuyen las reformas penales a la eficiencia del servicio p\u00fablico? Fueron las preguntas de los jueces Al\u00ed Lozada, Claudia Salgado y Jorge Benavides.<\/p>\n Mediavilla dijo que los asamble\u00edstas son los representantes del pueblo, que el proyecto de ley s\u00ed fue difundido y que para la ciudadan\u00eda \u00abse vuelve un tema propositivo\u00bb, pues tiene la opci\u00f3n de solicitar a la comisi\u00f3n legislativa que se reciba su criterio, durante el tratamiento de una norma.<\/p>\n \u00abNo queremos intervenir para nada en la Funci\u00f3n Judicial\u00bb, apunt\u00f3 el Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia de la Rep\u00fablica, Stalin Andino, al tiempo de remarcar que \u00abla justicia no deja de ser un servicio p\u00fablico\u00bb.<\/p>\n Ter\u00e1n suspendi\u00f3 la audiencia p\u00fablica al cabo de ocho horas y media, y dijo que se retomar\u00e1 este jueves 28 de agosto, a las 10:00, cuando las partes podr\u00e1n replicar, los jueces volver a preguntar y dar paso a las decenas de solicitudes de amicus curiae, antes de que el Pleno de la Corte adopte una resoluci\u00f3n.<\/p>\n Puntos pol\u00e9micos de la Ley<\/strong> Por ejemplo, esta Ley quit\u00f3 inicialmente la compensaci\u00f3n por retiro voluntario entre los 60 y 65 a\u00f1os, pero el oficialismo ech\u00f3 marcha atr\u00e1s, cuando los sindicatos amenazaron con movilizaciones.<\/p>\n Sin embargo, se mantienen aspectos como las nuevas evaluaciones, de las que depender\u00e1 la estabilidad laboral; la modificaci\u00f3n del pago por despido intempestivo, la eliminaci\u00f3n de la temporalidad de los contratos ocasionales, entre otras.<\/p>\n Pero la Ley de Integridad termin\u00f3 incluyendo temas como la pol\u00e9mica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, de movilidad humana, de cooperativas y hasta reformas al C\u00f3digo de la Ni\u00f1ez para juzgar como adultos a los menores de edad.<\/p>\n La audiencia, liderada por el juez Jos\u00e9 Luis Ter\u00e1n, empez\u00f3 de manera telem\u00e1tica alrededor de las 10:30. Cada demandante tuvo 10 minutos para exponer sus argumentos y las autoridades de la Presidencia y la Asamblea 20 minutos para defenderla.<\/p>\n Los funcionarios judiciales acusan al Ejecutivo<\/strong> Uno de los abogados de los demandantes advirti\u00f3 sobre la p\u00e9rdida de derechos a la que est\u00e1n quedan sometidos los funcionarios judiciales con esta Ley, que afirm\u00f3 tienen el objetivo de permitir la intervenci\u00f3n del poder judicial y el control pol\u00edtico, permitiendo la acumulaci\u00f3n de poder por parte del Ejecutivo.<\/p>\n Los demandantes calificaron a la normativa como una leguleyada e incluso como una \u00abBarney bolsa\u00bb o bolsa \u00abde Doraemon\u00bb, haciendo alusi\u00f3n a los programas infantiles en los que los personajes tienen bolsas m\u00e1gicas de las que pueden sacar cualquier objeto.<\/p>\n Tambi\u00e9n pidieron a los jueces que tengan en cuenta el contexto en el que el Gobierno emiti\u00f3 la Ley de Integridad P\u00fablica, durante un estado de violencia nunca antes visto y en el cual acusaron al Ejecutivo de \u00abser responsable por omisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n \u00abEn el terror, que justificadamente siente la ciudadan\u00eda, el Gobierno Nacional ha generado un escenario perfecto para ejecutar una campa\u00f1a agresiva e incluso falaz en contra de los funcionarios p\u00fablicos y especialmente en contra de los funcionarios judiciales\u00bb, afirmaron.<\/p>\n La calificaron de una pr\u00e1ctica deshonesta, que se lleva a cabo en contra de los operadores de justicia e incluso recordaron la campa\u00f1a en contra de la misma Corte Constitucional.\u00a0Una de las funcionarias pregunt\u00f3 \u00bfqu\u00e9 gana el Gobierno con la salida de los funcionarios judiciales?<\/p>\n La funcionaria habl\u00f3 de los peligros de los despidos de los funcionarios de carrera sin el debido proceso y sin respeto a sus derechos; la posibilidad de que ingresen personas sin concurso de m\u00e9ritos y \u00absolo con la venia de las autoridades de turno\u00bb; la inestabilidad que tendr\u00edan estos nuevos funcionarios y su vulnerabilidad a la violencia y las injerencias en el sector judicial.<\/p>\n La representante del colectivo incluso afirm\u00f3 que la familia del Primer Mandatario se benefici\u00f3 de la Ley de Integridad con un descuento de la deuda que ten\u00edan sus empresas con el Servicio de Rentas Internas por alrededor de USD 95 millones y que baj\u00f3 a 21,7 millones.<\/p>\n La Asociaci\u00f3n Ecuatoriana de Magistrados y Jueces tambi\u00e9n particip\u00f3 y criticaron que se abra la puerta a declarar\u00a0la emergencia en el poder judicial,\u00a0simplemente por decisi\u00f3n del titular de la Judicatura y una minor\u00eda simple en el pleno.<\/p>\n A la vez, dijo que la idea de una emergencia judicial es ficticia, puesto que los problemas se deben a la reducci\u00f3n del presupuesto de la Funci\u00f3n por parte del Ejecutivo y a la precarizaci\u00f3n del Consejo de la Judicatura, envuelta en constantes pol\u00e9micas.<\/p>\n El abogado de la Asociaci\u00f3n rechaz\u00f3 los cambios en el r\u00e9gimen disciplinario, con normas abiertas y ambiguas que perjudicar\u00e1n a los funcionarios, al igual que la regresi\u00f3n de derechos laborales.<\/p>\n Los argumentos de las otras 25 demandas ciudadanas<\/strong> Los abogados afirman que se vulner\u00f3 el tr\u00e1mite parlamentario en la Asamblea Nacional y que la normativa no cumple con la unidad de materia, con temas que entraron \u00abpor la ventana\u00bb y una votaci\u00f3n plenaria que no cont\u00f3 con los textos definitivos que supuestamente se aprobaron.<\/p>\n Por ejemplo, recuerdan que en el segundo debate, el legislador Andr\u00e9s Castillo \u00abmeti\u00f3 por la rendija\u00bb la reforma penal sobre los menores de edad, que no estaba contemplada en el proyecto, con lo que incumpli\u00f3 el requisito constitucional de que todos los temas pasen por dos discusiones plenarias.<\/p>\n Uno de los abogados acus\u00f3 a los legisladores de intentar convertir las leyes urgentes en \u00abcajas de sastre\u00bb, para incluir todos los temas que quepan en su contenido, sin importar la desconexi\u00f3n entre las materias. A esto sumaron tambi\u00e9n el impedimento de que ciertos legisladores participen en el debate.<\/p>\n Los demandantes consideran que la Ley restringe derechos, debilita la independencia judicial, afecta el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, afectan la seguridad jur\u00eddica, impiden el debido proceso,\u00a0crea figuras no previstas en la Constituci\u00f3n y va en contra de tratados internacionales. La calificaron de un contrabando de normas, que ejemplifica el caos legislativo.<\/p>\n Por lo que cuestionaron si un nuevo r\u00e9gimen penal para los menores de edad, las reformas para declarar emergencia en la Funci\u00f3n Judicial o las reformas laborales al sector p\u00fablico tienen relaci\u00f3n con la estabilidad fiscal, como para incluirlos en una ley econ\u00f3mica urgente.<\/p>\n Adem\u00e1s, se\u00f1alan que las alteraciones al servicio p\u00fablico representan una violaci\u00f3n a los derechos adquiridos por los funcionarios del Estado, y que generar\u00eda precariedad, vulnerabilidad y dejar\u00eda la puerta abierta a la arbitrariedad y discrecionalidad administrativa.<\/p>\n Otro punto pol\u00e9mico es la inclusi\u00f3n de una reforma transitoria que ordena que las cooperativas se conviertan en bancos y fue calificada como \u00abuna cura improvisada para un mal diagn\u00f3stico\u00bb.<\/p>\n Los demandantes la califican como una regresi\u00f3n de derechos, una afectaci\u00f3n a la libertad de asociaci\u00f3n y al pluralismo econ\u00f3mico, una desnaturalizaci\u00f3n del prop\u00f3sito colectivo de las cooperativas y como un desconocimiento del sistema econ\u00f3mico reconocido por la Constituci\u00f3n y el derecho internacional.<\/p>\n La respuesta de la Asamblea y el Ejecutivo<\/strong> La funcionaria hizo alusi\u00f3n a una sentencia de la Corte Constitucional en la que se estableci\u00f3 que el principio de unidad de materia no debe ser excesivamente r\u00edgido. Sin embargo, afirm\u00f3 que todo el articulado, que reforma 22 otras normativas, s\u00ed tiene relaci\u00f3n con la integridad en el sector p\u00fablico.<\/p>\n Como respuesta a las denuncias de regresi\u00f3n de derechos, Mediavilla se limit\u00f3 a explicar los conceptos de eficiencia y eficacia. Tras lo cual argument\u00f3 \u00abla necesidad urgente de limpiar nuestras instituciones p\u00fablicas\u00bb, por lo que esta reforma implica una reestructuraci\u00f3n de todo el servicio p\u00fablico.<\/p>\n Nada dijo la abogada de la Asamblea sobre las acusaciones de que se incluyeron nuevos temas en el segundo debate, que Niels Olsen no permiti\u00f3 la participaci\u00f3n de ciertos legisladores en el debate o que el texto que se vot\u00f3 no ten\u00eda los cambios finales que se hicieron en el pleno.<\/p>\n El secretario Jur\u00eddico de la Presidencia, Stalin Andino, dijo que la Ley de Integridad busca que la ciudadan\u00eda se reactive a trav\u00e9s de una administraci\u00f3n p\u00fablica oportuna y de calidad. Y agreg\u00f3 que no se trataba inicialmente \u00absolo\u00bb de una ley de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n Adem\u00e1s, el funcionario dijo que la misma Corte ha dictaminado que las leyes no pueden ser declaradas inconstitucionales solamente por una ausencia de unidad de materia, ya que esa acusaci\u00f3n debe argumentar tambi\u00e9n la afectaci\u00f3n a un precepto constitucional.<\/p>\n Andino argument\u00f3 que los \u00fanicos competentes para determinar si una ley es econ\u00f3mica urgente son el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Administraci\u00f3n Legislativa, como ha dictaminado previamente la Corte Constitucional. Y que si el pleno de la Asamblea vot\u00f3 por incluir temas en el proyecto, eso no puede declararse inconstitucional.<\/p>\n Sobre la intenci\u00f3n de convertir las cooperativas en bancos, el secretario Jur\u00eddico afirm\u00f3 que no todas estas entidades tratan a sus socios como tales, sino como clientes, por lo que no existe el cooperativismo, lo que implica un fraude constitucional. Y dijo que esto se comprueba con los niveles de pobreza que se mantienen en los sectores donde est\u00e1n dichas cooperativas.<\/p>\n Y agreg\u00f3 que \u00abhay algunos pillos que est\u00e1n utilizando este mecanismo para lavar dinero, para simular que son cooperativas y no transformarse en bancos y tener los controles adecuados.<\/p>\n Miguel Mendoza, representante de la Procuradur\u00eda, coincidi\u00f3 con los argumentos presentados por la Asamblea y la Presidencia. Y afirm\u00f3 que los legisladores no pueden tipificar en cada norma todas las infracciones y sanciones administrativas, por lo que estas pueden ser elaboradas en un reglamento o resoluci\u00f3n de las autoridades competentes.<\/p>\n El abogado de la Procuradur\u00eda tambi\u00e9n record\u00f3 que el principio de la estabilidad laboral no es absoluto, como tampoco lo es el derecho al trabajo, puesto a que est\u00e1n sujetos a prescripciones de car\u00e1cter general, establecidas en el ordenamiento jur\u00eddico, y restricciones de \u00edndole concreta, por parte de las autoridades administrativas.<\/p>\n El abogado del Ministerio del Trabajo, Andr\u00e9s Castillo, se\u00f1al\u00f3 que la Ley de Integridad responde a los vac\u00edos normativos que garantizaban estabilidad laboral sin eficiencia ni resultados, lo que ha generado distorsiones en el sector p\u00fablico.<\/p>\n Entre los problemas mencionados por este funcionario est\u00e1n: la permanencia de personal con bajo desempe\u00f1o; el abuso de figuras contractuales, como los contratos de servicios ocasionales; y vac\u00edos en las modalidades especiales, como el teletrabajo.<\/p>\n Seg\u00fan Castillo, la Ley y su Reglamento buscan que la estabilidad laboral de los servidores p\u00fablicos estar\u00e1n ligados a los resultados y metas, luego de una evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o, bajo el debido proceso. Y que los objetivos son fortalecer la profesionalizaci\u00f3n del servicio p\u00fablico, erradicar la ineficiencia e improductividad y reformar la \u00e9tica p\u00fablica y la meritocracia.<\/p>\n Las preguntas de los jueces constitucionales<\/strong> A ojos del magistrado, el tiempo de intervenci\u00f3n pudo haber limitado las respuestas de los abogados, que inicialmente hablaron del fin social de la Ley y despu\u00e9s argumentaron que el objetivo era la integridad p\u00fablica.<\/p>\n Adem\u00e1s, Lozada coment\u00f3 que \u00abcon alguna imprecisi\u00f3n\u00bb el secretario Andino cit\u00f3 dict\u00e1menes previos de la Corte y le pidi\u00f3 que aclar\u00e9 su argumento de que ser\u00eda infructuoso declarar que no habr\u00eda unidad de materia.<\/p>\n La jueza Alejandra C\u00e1rdenas insisti\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley de Integridad P\u00fablica, seg\u00fan los propios art\u00edculos de la normativa, se refiere a la administraci\u00f3n p\u00fablica, a las personas naturales y jur\u00eddicas que mantengan un v\u00ednculo con ella y sobre los servicios a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n Por lo que cuestion\u00f3 qu\u00e9 relaci\u00f3n podr\u00edan tener los art\u00edculos sobre adolescentes infractores, reformas de movilidad humana y de cooperativas. C\u00e1rdenas tambi\u00e9n pidi\u00f3 mayor precisi\u00f3n en cuanto a c\u00f3mo cumple esta normativa con la unidad de materia.<\/p>\n El juez Ra\u00fal Llasag consult\u00f3 a los abogados c\u00f3mo se garantiza una administraci\u00f3n p\u00fablica libre de corrupci\u00f3n libre de corrupci\u00f3n con la remisi\u00f3n del 100% de intereses en el pago de las deudas tributarias hasta el cierre de 2024, que establece la Ley en la disposici\u00f3n transitoria decimotercera. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00abNo recuerdo en la historia del Ecuador que se hayan presentado tantas demandas contra una ley\u00bb, dijo el juez de la Corte Constitucional, Jos\u00e9 Luis Ter\u00e1n, en la primera jornada de la audiencia p\u00fablica por las 26\u00a0acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad P\u00fablica. La primera parte de esta diligencia tom\u00f3 ocho horas y media en modalidad telem\u00e1tica este 27 de agosto de 2025. Con la impresi\u00f3n de Ter\u00e1n, quien se encarga de sustanciar las demandas contra esta norma, no estuvo de acuerdo la abogada de la Asamblea, Mercedes Mediavilla: \u00abMe sorprende que diga nunca. En la \u00e9poca de (el expresidente Guillermo) Lasso pas\u00f3 lo mismo con el C\u00f3digo Monetario\u00bb. Mediavilla atribuy\u00f3 estas acciones a que se trata de \u00abreformas estructurales\u00bb impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. \u00abDebido a la situaci\u00f3n del pa\u00eds, evidentemente van a haber disidencias, pero es necesario\u00bb, sostuvo. Dudas de los jueces\u00a0 Sin embargo, esa respuesta no satisfizo a los jueces, quienes increparon si la norma cumple con el objetivo y la unidad de materia para la que fue planteada, as\u00ed como si se garantiz\u00f3 la participaci\u00f3n de la sociedad civil, de autoridades de la Judicatura y de la Fiscal\u00eda en el tr\u00e1mite. En principio, esta Ley ingres\u00f3 al Parlamento con\u00a0 el objetivo de garantizar la eficiencia en el servicio p\u00fablico y mejorar los procesos de compras p\u00fablicas, pero termin\u00f3 incluyendo reformas penales como parte del conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Noboa, o la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, lo que centr\u00f3 las interrogantes de los jueces. \u00bfSe invit\u00f3 a organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades de la Fiscal\u00eda, de la Judicatura, para el an\u00e1lisis del proyecto? \u00bfC\u00f3mo contribuyen las reformas penales a la eficiencia del servicio p\u00fablico? Fueron las preguntas de los jueces Al\u00ed Lozada, Claudia Salgado y Jorge Benavides. 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Puntos pol\u00e9micos de la Ley Esta normativa caus\u00f3 revuelo entre los funcionarios p\u00fablicos de todo el pa\u00eds, cuyos gremios presentaron m\u00e1s de dos decenas de demandas en su contra, en vista de que contempla despidos intempestivos, evaluaciones, entre otras. Sin embargo, en el caso 52-25-IN, que llega a audiencia, se acumularon otras 25 causas. Restan otras cinco por tramitar. Por ejemplo, esta Ley quit\u00f3 inicialmente la compensaci\u00f3n por retiro voluntario entre los 60 y 65 a\u00f1os, pero el oficialismo ech\u00f3 marcha atr\u00e1s, cuando los sindicatos amenazaron con movilizaciones. Sin embargo, se mantienen aspectos como las nuevas evaluaciones, de las que depender\u00e1 la estabilidad laboral; la modificaci\u00f3n del pago por despido intempestivo, la eliminaci\u00f3n de la temporalidad de los contratos ocasionales, entre otras. Pero la Ley de Integridad termin\u00f3 incluyendo temas como la pol\u00e9mica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, de movilidad humana, de cooperativas y hasta reformas al C\u00f3digo de la Ni\u00f1ez para juzgar como adultos a los menores de edad. La audiencia, liderada por el juez Jos\u00e9 Luis Ter\u00e1n, empez\u00f3 de manera telem\u00e1tica alrededor de las 10:30. Cada demandante tuvo 10 minutos para exponer sus argumentos y las autoridades de la Presidencia y la Asamblea 20 minutos para defenderla. Los funcionarios judiciales acusan al Ejecutivo En la audiencia telem\u00e1tica participaron los representantes del Colectivo Fiscal\u00eda Unida, de la Asociaci\u00f3n Nacional de Fiscales del Ecuador y de la Asociaci\u00f3n de Funcionarios de la Fiscal\u00eda General del Estado. Los abogados rechazaron la propuesta legal aprobada por el presidente Daniel Noboa y el oficialismo en la Asamblea Nacional. Uno de los abogados de los demandantes advirti\u00f3 sobre la p\u00e9rdida de derechos a la que est\u00e1n quedan sometidos los funcionarios judiciales con esta Ley, que afirm\u00f3 tienen el objetivo de permitir la intervenci\u00f3n del poder judicial y el control pol\u00edtico, permitiendo la acumulaci\u00f3n de poder por parte del Ejecutivo. Los demandantes calificaron a la normativa como una leguleyada e incluso como una \u00abBarney bolsa\u00bb o bolsa \u00abde Doraemon\u00bb, haciendo alusi\u00f3n a los programas infantiles en los que los personajes tienen bolsas m\u00e1gicas de las que pueden sacar cualquier objeto. Tambi\u00e9n pidieron a los jueces que tengan en cuenta el contexto en el que el Gobierno emiti\u00f3 la Ley de Integridad P\u00fablica, durante un estado de violencia nunca antes visto y en el cual acusaron al Ejecutivo de \u00abser responsable por omisi\u00f3n\u00bb. \u00abEn el terror, que justificadamente siente la ciudadan\u00eda, el Gobierno Nacional ha generado un escenario perfecto para ejecutar una campa\u00f1a agresiva e incluso falaz en contra de los funcionarios p\u00fablicos y especialmente en contra de los funcionarios judiciales\u00bb, afirmaron. La calificaron de una pr\u00e1ctica deshonesta, que se lleva a cabo en contra de los operadores de justicia e incluso recordaron la campa\u00f1a en contra de la misma Corte Constitucional.\u00a0Una de las funcionarias pregunt\u00f3 \u00bfqu\u00e9 gana el Gobierno con la salida de los funcionarios judiciales? 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\nSin embargo, esa respuesta no satisfizo a los jueces, quienes increparon si la norma cumple con el objetivo y la unidad de materia para la que fue planteada, as\u00ed como si se garantiz\u00f3 la participaci\u00f3n de la sociedad civil, de autoridades de la Judicatura y de la Fiscal\u00eda en el tr\u00e1mite.<\/p>\n
\nEsta normativa caus\u00f3 revuelo entre los funcionarios p\u00fablicos de todo el pa\u00eds, cuyos gremios presentaron m\u00e1s de dos decenas de demandas en su contra, en vista de que contempla despidos intempestivos, evaluaciones, entre otras. Sin embargo, en el caso 52-25-IN, que llega a audiencia, se acumularon otras 25 causas. Restan otras cinco por tramitar.<\/p>\n
\nEn la audiencia telem\u00e1tica participaron los representantes del Colectivo Fiscal\u00eda Unida, de la Asociaci\u00f3n Nacional de Fiscales del Ecuador y de la Asociaci\u00f3n de Funcionarios de la Fiscal\u00eda General del Estado. Los abogados rechazaron la propuesta legal aprobada por el presidente Daniel Noboa y el oficialismo en la Asamblea Nacional.<\/p>\n
\nLas demandas planteadas por sindicatos, gremios, ciudadanos individuales, sociedad civil acusan a la Ley de Integridad P\u00fablica de inconstitucional por la forma, es decir, por el tr\u00e1mite que recibi\u00f3 y las materias que trata, y por el fondo, haciendo referencia al contenido espec\u00edfico de decenas de art\u00edculos.<\/p>\n
\nLa representante de la Asamblea Nacional,\u00a0Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesor\u00eda Jur\u00eddica, defendi\u00f3 el tratamiento y contenido de la Ley de Integridad P\u00fablica, argumentando la paralizaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y la p\u00e9rdida de unos USD 930 millones en corrupci\u00f3n y mala gesti\u00f3n.<\/p>\n
\nEl presidente de la Corte, Al\u00ed Lozada, abri\u00f3 el espacio de preguntas de los magistrados y pidi\u00f3 a los abogados del Estado que ampl\u00eden sus argumentos sobre los vicios de forma, como la unidad de materia y de si realmente se trata de un proyecto econ\u00f3mico urgente.<\/p>\n