\n| Inteligencia<\/th>\n | 01 de septiembre<\/td>\n | 10:00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Las claves de las demandas<\/strong>
\n1Solidaridad Nacional<\/strong>
\nEn el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte unific\u00f3 cinco de las seis demandas ciudadanas que han ingresado en su contra. Estas son impulsadas por grupos de personas, individuos y organizaciones como la\u00a0Fundaci\u00f3n Regional de Asesor\u00eda de Derechos Humanos (Inredh), el\u00a0Colegio de Abogados de Pichincha y la Federaci\u00f3n de Abogados del Ecuador.<\/p>\nLa Sala de Admisi\u00f3n afirma que los demandantes justificaron \u00ablos efectos concretos, inminentes y graves\u00bb que podr\u00eda producir la aplicaci\u00f3n de las disposiciones\u00bb en: la independencia judicial, el principio de legalidad, el acceso a la justicia, la obligaci\u00f3n estatal de investigar y sancionar cr\u00edmenes de especial gravedad, as\u00ed como los derechos de las v\u00edctimas y familiares.<\/p>\n Por ejemplo, las definiciones planteadas de grupos armados organizados y objetivos militares, \u00abgenerar\u00e1n un da\u00f1o de alta probabilidad, impacto e\u00a0irreversibilidad en la poblaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n A la vez que se cuestiona duramente el ya criticado indulto anticipado, creado por el Gobierno. Esta figura \u00abgenerar\u00e1 consecuencias severas y cr\u00edticas en las v\u00edctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, marcando un alto grado de impunidad\u00bb.<\/p>\n Pero tambi\u00e9n se detiene el art\u00edculo sobre el reconocimiento del conflicto armado interno, que establece que esto requiere de un decreto ejecutivo. Pese a los diversos pronunciamientos en los que los magistrados aclararon al presidente Noboa que no requiere de dicho reconocimiento oficial.<\/p>\n Esto implica que el decreto 55, del 16 de julio, con el que el Mandatario reconoci\u00f3 la persistencia de un conflicto armado, rechazado legalmente por la Corte Constitucional desde abril de 2024, quedar\u00eda en el aire hasta que haya una decisi\u00f3n final.<\/p>\n 2Integridad P\u00fablica<\/strong>
\nLa Ley de Integridad P\u00fablica inici\u00f3 como una reforma a la contrataci\u00f3n p\u00fablica, en la que el oficialismo en la Asamblea a\u00f1adi\u00f3 decenas de p\u00e1ginas con reformas penales y judiciales, de servicio p\u00fablico, monetarias y financieras, de ni\u00f1ez y adolescencia y varias m\u00e1s.<\/p>\nLos cambios fueron profundos. Es por eso que esta es la normativa que m\u00e1s rechazo ha generado en la ciudadan\u00eda. Hasta la Corte han llegado 30 demandas de inconstitucionalidad, principalmente de todo tipo de agrupaciones de servidores p\u00fablicos.<\/p>\n Incluso hubo amenazas de manifestaciones y protestas, por lo que\u00a0el Gobierno dio un paso atr\u00e1s con los cambios que plante\u00f3 sobre la compensaci\u00f3n por jubilaci\u00f3n. Sin embargo, quedaron en pie los cambios en el pago por despido intempestivo y la nueva modalidad de evaluaci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n Este \u00faltimo, sumado al popurr\u00ed de reformas que incluy\u00f3 ADN, ha hecho que todo tipo de agrupaciones e individuos presenten sus quejas ante el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds: colegios de abogados, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, m\u00e9dicos, estudiantes, profesores, comit\u00e9s, empresas, asociaciones de jueces.<\/p>\n La Corte acumul\u00f3 26 de estas causas en un solo proceso.<\/p>\n 3Inteligencia<\/strong>
\nEn cuanto a la Ley de Inteligencia, el Tribunal unific\u00f3 dos de las cuatro demandas ciudadanas que han llegado hasta la Corte. Los escritos fueron presentados por un grupo de sindicatos, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores y la Uni\u00f3n Nacional de Educadores; fundaciones de derechos humanos; un grupo de ciudadanos; y el\u00a0Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Ecuador.<\/p>\nEn este caso, la Corte fren\u00f3 art\u00edculos como el de los gastos especiales y la incineraci\u00f3n de sus respaldos, la doble identidad de los agentes, los requerimientos de informaci\u00f3n a las operadoras telef\u00f3nicas sin orden judicial, la interceptaci\u00f3n de documentos o comunicaciones sin orden judicial.<\/p>\n Seg\u00fan los jueces de la Sala de Admisiones, a primera vista, el nuevo r\u00e9gimen de inteligencia instaurado por el oficialismo en esos art\u00edculos:<\/p>\n Habilitar\u00eda pr\u00e1cticas de vigilancia y recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n y sin control judicial ni l\u00edmites claros.
\nEstablecer\u00eda un r\u00e9gimen de reserva generalizada y sin mecanismos de desclasificaci\u00f3n.
\nPermitir\u00eda realizar operaciones encubiertas sin orden judicial ni procedimiento administrativo.
\nPermitir\u00eda el acceso amplio a bases de datos personales.
\nEs as\u00ed que la respuesta cautelar urgente de la Corte, responde al \u00abriesgo de afectaci\u00f3n inminente y posiblemente\u00a0irreversible a los derechos a la intimidad, protecci\u00f3n de datos personales, inviolabilidad\u00a0de la correspondencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y debido proceso\u00bb.<\/p>\n Ahora resta que el Ejecutivo y el Legislativo asistan a la audiencia que convoque la Corte, para defender sus leyes en una audiencia y argumentar por qu\u00e9 las normativas no estar\u00edan violentando o poniendo en grave riesgo los derechos civiles, el debido proceso y el sistema judicial. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Ley de Solidaridad Nacional, que regula el conflicto armado interno, ser\u00e1 la primera en enfrentar el escrutinio p\u00fablico en la Corte Constitucional (CC). Este lunes, 25 de agosto de 2025, el juez Al\u00ed Lozada dirigir\u00e1 la audiencia donde los demandantes y el Ejecutivo deber\u00e1n enfrentar sus argumentos. El encuentro ser\u00e1 telem\u00e1tico, a partir de las 10:30, y se transmitir\u00e1 por el canal de Youtube de la Corte Constitucional, apenas dos semanas despu\u00e9s de que el mismo presidente Daniel Noboa lider\u00f3 una marcha de protesta contra los magistrados. El detonante fue que la Sala de Admisiones de la Corte acept\u00f3 a tr\u00e1mite las demandas ciudadanas\u00a0en contra de las pol\u00e9micas leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad P\u00fablica, aprobadas por Acci\u00f3n Democr\u00e1tica Nacional (ADN), entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y, a la vez, el tribunal dio paso a las medidas cautelares solicitadas por los demandantes contra 17 de sus art\u00edculos, que fueron suspendidos temporalmente. El Gobierno utiliz\u00f3 esa decisi\u00f3n para responsabilizar a los magistrados por la crisis de inseguridad que recrudeci\u00f3 en 2025. Pero, pese a la tensi\u00f3n que ha puesto el Ejecutivo sobre la Corte Constitucional, incluso advirti\u00e9ndoles que puede quitarles el edificio donde operan, los ministerios involucrados y la misma Presidencia de la Rep\u00fablica deber\u00e1n enviar a sus delegados para que participen de las audiencias programadas. Hasta el 21 de agosto de 2025, estas normativas sumaban 41 demandas en su contra. Adem\u00e1s, el Pleno de la Corte no ha tomado todav\u00eda una decisi\u00f3n. Es decir, no hay una sentencia definitiva y vinculante. Audiencias convocadas por la Corte Constitucional sobre las pol\u00e9micas leyes del Gobierno Los ciudadanos demandantes y los representantes del Ejecutivo deber\u00e1n enfrentar sus argumentos en las citas Tabla con 3 columnas y 3 filas. Ordenado de forma ascendente Ley D\u00eda Hora Solidaridad Nacional 25 de agosto 10:30 Integridad P\u00fablica 27 de agosto 10:00 Inteligencia 01 de septiembre 10:00 Las claves de las demandas 1Solidaridad Nacional En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte unific\u00f3 cinco de las seis demandas ciudadanas que han ingresado en su contra. Estas son impulsadas por grupos de personas, individuos y organizaciones como la\u00a0Fundaci\u00f3n Regional de Asesor\u00eda de Derechos Humanos (Inredh), el\u00a0Colegio de Abogados de Pichincha y la Federaci\u00f3n de Abogados del Ecuador. La Sala de Admisi\u00f3n afirma que los demandantes justificaron \u00ablos efectos concretos, inminentes y graves\u00bb que podr\u00eda producir la aplicaci\u00f3n de las disposiciones\u00bb en: la independencia judicial, el principio de legalidad, el acceso a la justicia, la obligaci\u00f3n estatal de investigar y sancionar cr\u00edmenes de especial gravedad, as\u00ed como los derechos de las v\u00edctimas y familiares. Por ejemplo, las definiciones planteadas de grupos armados organizados y objetivos militares, \u00abgenerar\u00e1n un da\u00f1o de alta probabilidad, impacto e\u00a0irreversibilidad en la poblaci\u00f3n\u00bb. A la vez que se cuestiona duramente el ya criticado indulto anticipado, creado por el Gobierno. Esta figura \u00abgenerar\u00e1 consecuencias severas y cr\u00edticas en las v\u00edctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, marcando un alto grado de impunidad\u00bb. Pero tambi\u00e9n se detiene el art\u00edculo sobre el reconocimiento del conflicto armado interno, que establece que esto requiere de un decreto ejecutivo. Pese a los diversos pronunciamientos en los que los magistrados aclararon al presidente Noboa que no requiere de dicho reconocimiento oficial. Esto implica que el decreto 55, del 16 de julio, con el que el Mandatario reconoci\u00f3 la persistencia de un conflicto armado, rechazado legalmente por la Corte Constitucional desde abril de 2024, quedar\u00eda en el aire hasta que haya una decisi\u00f3n final. 2Integridad P\u00fablica La Ley de Integridad P\u00fablica inici\u00f3 como una reforma a la contrataci\u00f3n p\u00fablica, en la que el oficialismo en la Asamblea a\u00f1adi\u00f3 decenas de p\u00e1ginas con reformas penales y judiciales, de servicio p\u00fablico, monetarias y financieras, de ni\u00f1ez y adolescencia y varias m\u00e1s. Los cambios fueron profundos. Es por eso que esta es la normativa que m\u00e1s rechazo ha generado en la ciudadan\u00eda. Hasta la Corte han llegado 30 demandas de inconstitucionalidad, principalmente de todo tipo de agrupaciones de servidores p\u00fablicos. Incluso hubo amenazas de manifestaciones y protestas, por lo que\u00a0el Gobierno dio un paso atr\u00e1s con los cambios que plante\u00f3 sobre la compensaci\u00f3n por jubilaci\u00f3n. Sin embargo, quedaron en pie los cambios en el pago por despido intempestivo y la nueva modalidad de evaluaci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos. Este \u00faltimo, sumado al popurr\u00ed de reformas que incluy\u00f3 ADN, ha hecho que todo tipo de agrupaciones e individuos presenten sus quejas ante el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds: colegios de abogados, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, m\u00e9dicos, estudiantes, profesores, comit\u00e9s, empresas, asociaciones de jueces. La Corte acumul\u00f3 26 de estas causas en un solo proceso. 3Inteligencia En cuanto a la Ley de Inteligencia, el Tribunal unific\u00f3 dos de las cuatro demandas ciudadanas que han llegado hasta la Corte. Los escritos fueron presentados por un grupo de sindicatos, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores y la Uni\u00f3n Nacional de Educadores; fundaciones de derechos humanos; un grupo de ciudadanos; y el\u00a0Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Ecuador. En este caso, la Corte fren\u00f3 art\u00edculos como el de los gastos especiales y la incineraci\u00f3n de sus respaldos, la doble identidad de los agentes, los requerimientos de informaci\u00f3n a las operadoras telef\u00f3nicas sin orden judicial, la interceptaci\u00f3n de documentos o comunicaciones sin orden judicial. Seg\u00fan los jueces de la Sala de Admisiones, a primera vista, el nuevo r\u00e9gimen de inteligencia instaurado por el oficialismo en esos art\u00edculos: Habilitar\u00eda pr\u00e1cticas de vigilancia y recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n y sin control judicial ni l\u00edmites claros. Establecer\u00eda un r\u00e9gimen de reserva generalizada y sin mecanismos de desclasificaci\u00f3n. Permitir\u00eda realizar operaciones encubiertas sin orden judicial ni procedimiento administrativo. Permitir\u00eda el acceso amplio a bases de datos personales. Es as\u00ed que la respuesta cautelar urgente de la Corte, responde al \u00abriesgo de afectaci\u00f3n inminente y posiblemente\u00a0irreversible a los derechos a la intimidad, protecci\u00f3n de datos personales, inviolabilidad\u00a0de la correspondencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y debido proceso\u00bb. 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