Las leyes que salen de la nueva Asamblea Nacional contienen cada vez un popurr\u00ed m\u00e1s grande de tem\u00e1ticas, que pretenden reformar m\u00e1s y m\u00e1s normativas sin relaci\u00f3n entre s\u00ed. El \u00faltimo caso es la Ley de Integridad P\u00fablica, aprobada de forma pol\u00e9mica el 24 de junio.<\/p>\n
El proyecto original del presidente Daniel Noboa, como reforma urgente a la Ley de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, ten\u00eda apenas 17 p\u00e1ginas. El oficialismo en el Legislativo le devolvi\u00f3 un documento de 157 p\u00e1ginas, que incluye reformas judiciales, de servicio p\u00fablico, monetarias y financieras, de ni\u00f1ez y adolescencia y varias m\u00e1s.<\/p>\n
Pese a que el texto original apuntaba a una tem\u00e1tica espec\u00edfica, los legisladores de Acci\u00f3n Democr\u00e1tica Nacional (ADN) en la Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico y en el pleno incluyeron una nueva serie de reformas penales en la versi\u00f3n final.<\/p>\n
\u00bfUna nueva metida de manos a la justicia? As\u00ed funciona la nueva emergencia judicial que plantea la Asamblea
\nEsto, pese a que el \u00faltimo proyecto econ\u00f3mico urgente del Ejecutivo, la Ley de Solidaridad Nacional, trat\u00f3 ya el tema e incluy\u00f3 una veintena de reformas penales, sobre el conflicto armado interno, drogas y hasta hidrocarburos, apenas hace dos semanas.<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n los cambios propuestos son igual de variopintos y tambi\u00e9n incluyen tem\u00e1ticas que se les olvidaron a los asamble\u00edstas en proyectos anteriores, como\u00a0la misma Ley de Solidaridad, vigente apenas desde el 10 de junio, y la Ley de Inteligencia, vigente desde el 11 de junio.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n PRIMICIAS presenta los 13 cambios penales planteados en la Ley de Integridad P\u00fablica:<\/strong><\/p>\n Adolescentes infractores.<\/strong> La propuesta es que su colaboraci\u00f3n eficaz cuente como un atenuante para que la pena de los menores se reduzca a la mitad, si es que permite procesar a los adultos que le incitaron o ense\u00f1aron a cometer el delito.<\/p>\n Expulsi\u00f3n de extranjeros.<\/strong> Plantea que todos los extranjeros sentenciados con privaci\u00f3n de libertad sean expulsados del pa\u00eds, con una prohibici\u00f3n de regresar durante 10 a\u00f1os. Esta sanci\u00f3n debe constar en la sentencia judicial.<\/p>\n Si sucede durante un conflicto armado interno, el Ministerio del Interior podr\u00e1 solicitar a un juez la expulsi\u00f3n de los extranjeros ya condenados, sin importar cu\u00e1nto tiempo de prisi\u00f3n hayan cumplido ya. Esto suceder\u00e1 solo si la petici\u00f3n est\u00e1 relacionada directamente con el conflicto o con la prevenci\u00f3n del hacinamiento.<\/p>\n En ese mismo escenario no se aplicar\u00e1 la excepci\u00f3n para los extranjeros casados o con uni\u00f3n de hecho con ecuatorianos o que tengan hijos ecuatorianos. Esta acci\u00f3n se realizar\u00e1 en los casos que determine el Ministerio del Interior, sin necesidad de sentencia ejecutoriada (puede ser solo una orden de prisi\u00f3n preventiva) y sin importar el tiempo de prisi\u00f3n.<\/p>\n En este escenario, los expulsados tendr\u00e1n prohibido regresar a Ecuador en un periodo de 40 a\u00f1os. Si incumple la disposici\u00f3n y el pa\u00eds contin\u00faa en conflicto interno, el extranjero ser\u00e1 considerado un objetivo militar.<\/p>\n Correcci\u00f3n de un error previo.<\/strong> La Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico se dio cuenta de que cometi\u00f3 un error en la anterior Ley de Solidaridad Nacional, que cre\u00f3 el indulto presidencial diferido, pero no lo mantuvo bajo otro nombre en la lista de formas de extinci\u00f3n de las penas. Prevaricato de jueces, fiscales y \u00e1rbitros.<\/strong> Los funcionarios judiciales que resuelvan, dictaminen, fallen, procedan en contra de ley expresa o conozcan causas en las que patrocinaron previamente como abogados a una de las partes, ser\u00e1n sancionados con pena de c\u00e1rcel de siete a\u00f1os.<\/p>\n Aquellos que beneficien a integrantes de grupos de delincuencia organizada ser\u00e1n sancionados con c\u00e1rcel de 10 a 13 a\u00f1os.<\/p>\n En ambos casos quedar\u00e1n adem\u00e1s impedidos de ejercer como abogados o funcionarios p\u00fablicos por el doble de la pena impuesta.<\/p>\n Fraude procesal.<\/strong> Inducir fundamentalmente a un error a un funcionario p\u00fablico implicar\u00e1 una pena de tres a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, m\u00e1s la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de oficio, derechos y funciones p\u00fablicas de cinco a ocho a\u00f1os.<\/p>\n Si el fraude se pretende en caso de femicidio (para hacerlo pasar por accidente o suicidio), ser\u00e1 sancionado con la pena m\u00e1xima, sin perjuicio de ser procesado como autor del primer crimen.<\/p>\n El art\u00edculo incluye a quienes proporcionen alojamiento, escondite u otros tipos de ayuda, incluyendo la ocultaci\u00f3n o alteraci\u00f3n de evidencias, para evitar la represi\u00f3n de personas que hayan cometido delitos. Esto conllevar\u00e1 una pena de cinco a ocho a\u00f1os.<\/p>\n Omisi\u00f3n de denuncia.<\/strong> La Asamblea plante\u00f3 que la pena para el delito de omisi\u00f3n pase de 15 a 30 d\u00edas a una de seis meses a dos a\u00f1os, para los funcionarios p\u00fablicos que no alerten el cometimiento de infracciones penales. Y una inhabilitaci\u00f3n profesional posterior por el mismo lapso.<\/p>\n Tenencia y porte no autorizado de armas.<\/strong> En esta \u00e1rea, los legisladores proponen un aumento radical de penas para quienes tengan o posean armas de uso civil sin autorizaci\u00f3n estatal. Pasar\u00eda de seis meses a un a\u00f1o a una de tres a cinco a\u00f1os. Lo que falt\u00f3 en la Ley de Inteligencia.<\/strong> Esta reforma penal trata sobre los allanamientos y agrega a la lista de casos para la ejecuci\u00f3n de la medida, en medio de un conflicto armado interno, un informe de inteligencia emitido por el Centro de Inteligencia Estrat\u00e9gica (CIES), ya no solo uno de las fuerzas del orden, como se estableci\u00f3 en la Ley de Solidaridad.<\/p>\n Calificaci\u00f3n a fiscales. Durante las audiencias orales de flagrancia, los jueces tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de calificar la acutaci\u00f3n de los fiscales.<\/p>\n Suspensi\u00f3n por deportaci\u00f3n.<\/strong> Esta Ley de Integridad P\u00fablica crea la figura de la suspensi\u00f3n de las penas por deportaci\u00f3n en medio de un conflicto armado, que solo regir\u00e1 si es que el extranjero expulsado por el cometimiento de delitos no retorna al pa\u00eds dentro de los plazos legales, en general de 10 a\u00f1os.<\/p>\n R\u00e9gimen semiabierto.<\/strong> En esta ocasi\u00f3n, la Asamblea agrega a la extensa lista de delitos que impiden el acceso al cumplimiento de la pena en r\u00e9gimen semiabierto controlado a quienes pertenezcan a grupos armados organizados del conflicto armado interno y sus delitos conexos. Pese a que esas figuras fueron creadas en la Ley de Solidaridad, vigente apenas hace tres semanas.<\/p>\n R\u00e9gimen abierto. <\/strong>Al igual que en la reforma previa, se agrega\u00a0a quienes pertenezcan a grupos armados organizados del conflicto armado interno o sus delitos conexos a la prohibici\u00f3n de acceder a un r\u00e9gimen abierto de rehabilitaci\u00f3n social. Las leyes que salen de la nueva Asamblea Nacional contienen cada vez un popurr\u00ed m\u00e1s grande de tem\u00e1ticas, que pretenden reformar m\u00e1s y m\u00e1s normativas sin relaci\u00f3n entre s\u00ed. El \u00faltimo caso es la Ley de Integridad P\u00fablica, aprobada de forma pol\u00e9mica el 24 de junio. El proyecto original del presidente Daniel Noboa, como reforma urgente a la Ley de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, ten\u00eda apenas 17 p\u00e1ginas. El oficialismo en el Legislativo le devolvi\u00f3 un documento de 157 p\u00e1ginas, que incluye reformas judiciales, de servicio p\u00fablico, monetarias y financieras, de ni\u00f1ez y adolescencia y varias m\u00e1s. Pese a que el texto original apuntaba a una tem\u00e1tica espec\u00edfica, los legisladores de Acci\u00f3n Democr\u00e1tica Nacional (ADN) en la Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico y en el pleno incluyeron una nueva serie de reformas penales en la versi\u00f3n final. \u00bfUna nueva metida de manos a la justicia? As\u00ed funciona la nueva emergencia judicial que plantea la Asamblea Esto, pese a que el \u00faltimo proyecto econ\u00f3mico urgente del Ejecutivo, la Ley de Solidaridad Nacional, trat\u00f3 ya el tema e incluy\u00f3 una veintena de reformas penales, sobre el conflicto armado interno, drogas y hasta hidrocarburos, apenas hace dos semanas. En esta ocasi\u00f3n los cambios propuestos son igual de variopintos y tambi\u00e9n incluyen tem\u00e1ticas que se les olvidaron a los asamble\u00edstas en proyectos anteriores, como\u00a0la misma Ley de Solidaridad, vigente apenas desde el 10 de junio, y la Ley de Inteligencia, vigente desde el 11 de junio. A continuaci\u00f3n PRIMICIAS presenta los 13 cambios penales planteados en la Ley de Integridad P\u00fablica: Adolescentes infractores. La propuesta es que su colaboraci\u00f3n eficaz cuente como un atenuante para que la pena de los menores se reduzca a la mitad, si es que permite procesar a los adultos que le incitaron o ense\u00f1aron a cometer el delito. Expulsi\u00f3n de extranjeros. Plantea que todos los extranjeros sentenciados con privaci\u00f3n de libertad sean expulsados del pa\u00eds, con una prohibici\u00f3n de regresar durante 10 a\u00f1os. Esta sanci\u00f3n debe constar en la sentencia judicial. Si sucede durante un conflicto armado interno, el Ministerio del Interior podr\u00e1 solicitar a un juez la expulsi\u00f3n de los extranjeros ya condenados, sin importar cu\u00e1nto tiempo de prisi\u00f3n hayan cumplido ya. Esto suceder\u00e1 solo si la petici\u00f3n est\u00e1 relacionada directamente con el conflicto o con la prevenci\u00f3n del hacinamiento. En ese mismo escenario no se aplicar\u00e1 la excepci\u00f3n para los extranjeros casados o con uni\u00f3n de hecho con ecuatorianos o que tengan hijos ecuatorianos. Deportaci\u00f3n en conflicto armado.\u00a0Para ampliar la reforma anterior, los legisladores crean un art\u00edculo espec\u00edfico en la materia, para poder expulsar a todos los privados de libertad extranjeros, hayan cometido sus delitos antes o durante el conflicto armado. Esta acci\u00f3n se realizar\u00e1 en los casos que determine el Ministerio del Interior, sin necesidad de sentencia ejecutoriada (puede ser solo una orden de prisi\u00f3n preventiva) y sin importar el tiempo de prisi\u00f3n. En este escenario, los expulsados tendr\u00e1n prohibido regresar a Ecuador en un periodo de 40 a\u00f1os. Si incumple la disposici\u00f3n y el pa\u00eds contin\u00faa en conflicto interno, el extranjero ser\u00e1 considerado un objetivo militar. Correcci\u00f3n de un error previo. La Comisi\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico se dio cuenta de que cometi\u00f3 un error en la anterior Ley de Solidaridad Nacional, que cre\u00f3 el indulto presidencial diferido, pero no lo mantuvo bajo otro nombre en la lista de formas de extinci\u00f3n de las penas. Es decir, en la anterior reforma penal, se habla del \u201cindulto anticipado\u00bb y no diferido. Es decir, mientras no se corrija, habr\u00e1 una discordancia entre la nueva Ley y la \u00faltima reforma al COIP. Prevaricato de jueces, fiscales y \u00e1rbitros. Los funcionarios judiciales que resuelvan, dictaminen, fallen, procedan en contra de ley expresa o conozcan causas en las que patrocinaron previamente como abogados a una de las partes, ser\u00e1n sancionados con pena de c\u00e1rcel de siete a\u00f1os. Aquellos que beneficien a integrantes de grupos de delincuencia organizada ser\u00e1n sancionados con c\u00e1rcel de 10 a 13 a\u00f1os. En ambos casos quedar\u00e1n adem\u00e1s impedidos de ejercer como abogados o funcionarios p\u00fablicos por el doble de la pena impuesta. Fraude procesal. Inducir fundamentalmente a un error a un funcionario p\u00fablico implicar\u00e1 una pena de tres a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, m\u00e1s la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de oficio, derechos y funciones p\u00fablicas de cinco a ocho a\u00f1os. Si el fraude se pretende en caso de femicidio (para hacerlo pasar por accidente o suicidio), ser\u00e1 sancionado con la pena m\u00e1xima, sin perjuicio de ser procesado como autor del primer crimen. El art\u00edculo incluye a quienes proporcionen alojamiento, escondite u otros tipos de ayuda, incluyendo la ocultaci\u00f3n o alteraci\u00f3n de evidencias, para evitar la represi\u00f3n de personas que hayan cometido delitos. Esto conllevar\u00e1 una pena de cinco a ocho a\u00f1os. Omisi\u00f3n de denuncia. La Asamblea plante\u00f3 que la pena para el delito de omisi\u00f3n pase de 15 a 30 d\u00edas a una de seis meses a dos a\u00f1os, para los funcionarios p\u00fablicos que no alerten el cometimiento de infracciones penales. Y una inhabilitaci\u00f3n profesional posterior por el mismo lapso. Tenencia y porte no autorizado de armas. En esta \u00e1rea, los legisladores proponen un aumento radical de penas para quienes tengan o posean armas de uso civil sin autorizaci\u00f3n estatal. Pasar\u00eda de seis meses a un a\u00f1o a una de tres a cinco a\u00f1os. La pena para el porte sin autorizaci\u00f3n sube a entre cinco y 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Lo que falt\u00f3 en la Ley de Inteligencia. Esta reforma penal trata sobre los allanamientos y agrega a la lista de casos para la ejecuci\u00f3n de la medida, en medio de un conflicto armado interno, un informe de inteligencia emitido por el Centro de Inteligencia Estrat\u00e9gica (CIES), ya no solo uno de las fuerzas del orden, como se estableci\u00f3 en la Ley de Solidaridad. Calificaci\u00f3n a fiscales. Durante las audiencias orales de flagrancia, los jueces tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de calificar la acutaci\u00f3n de los fiscales. Suspensi\u00f3n por deportaci\u00f3n. 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\nDeportaci\u00f3n en conflicto armado.<\/strong>\u00a0Para ampliar la reforma anterior, los legisladores crean un art\u00edculo espec\u00edfico en la materia, para poder expulsar a todos los privados de libertad extranjeros, hayan cometido sus delitos antes o durante el conflicto armado.<\/p>\n
\nEs decir, en la anterior reforma penal, se habla del \u201cindulto anticipado\u00bb y no diferido. Es decir, mientras no se corrija, habr\u00e1 una discordancia entre la nueva Ley y la \u00faltima reforma al COIP.<\/p>\n
\nLa pena para el porte sin autorizaci\u00f3n sube a entre cinco y 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
\nA estos cambios al C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) se suman las reformas para sancionar a los ni\u00f1os y adolescentes infractores. La Asamblea aprob\u00f3 varias modificaciones al C\u00f3digo de la Ni\u00f1ez y la Adolescencia para endurecer las sanciones: las penas de internamiento, por ejemplo, llegar\u00e1n hasta los 15 a\u00f1os. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"