{"id":23109,"date":"2025-04-29T04:02:40","date_gmt":"2025-04-29T09:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=23109"},"modified":"2025-04-28T22:44:40","modified_gmt":"2025-04-29T03:44:40","slug":"abogado-hernan-camacho-expone-preocupacion-por-los-impactos-de-la-mineria-ilegal-en-yantzaza-y-zamora-ch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/abogado-hernan-camacho-expone-preocupacion-por-los-impactos-de-la-mineria-ilegal-en-yantzaza-y-zamora-ch\/","title":{"rendered":"Abogado Hern\u00e1n Camacho expone preocupaci\u00f3n por los impactos de la miner\u00eda ilegal en Yantzaza y Zamora Ch."},"content":{"rendered":"<p>En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicaci\u00f3n digital del cant\u00f3n Yantzaza, <strong>TvM\u00e1s Encuentros<\/strong>, el abogado Hern\u00e1n Camacho expuso un an\u00e1lisis detallado sobre los efectos legales, sociales y ambientales que la actividad minera ilegal est\u00e1 provocando en el cant\u00f3n y en la provincia de Zamora Chinchipe.<\/p>\n<p>El jurista fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, desde el \u00e1mbito legal, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias formales ante las autoridades competentes como la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control de Energ\u00eda y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), el Ministerio del Ambiente, la Gobernaci\u00f3n de Zamora Chinchipe, entre otros entes. Sin embargo, recalc\u00f3 que pese a la existencia de mecanismos legales de denuncia, las autoridades correspondientes han demostrado omisi\u00f3n y desinter\u00e9s frente a los reclamos ciudadanos.<\/p>\n<p>Como ejemplo concreto, Camacho mencion\u00f3 el caso del se\u00f1or Minga, quien present\u00f3 denuncias desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta o acci\u00f3n alguna de las instituciones estatales. Adem\u00e1s, lament\u00f3 que el afectado haya perdido aproximadamente tres hect\u00e1reas de terreno agr\u00edcola, dedicadas al cultivo de cacao y pl\u00e1tano, evidenciando as\u00ed el grave impacto de la miner\u00eda sobre la propiedad privada y los medios de vida locales.<\/p>\n<p>El abogado subray\u00f3 que la Gobernadora Provincial, como representante del Gobierno Nacional en el territorio, tiene la potestad y la responsabilidad de intervenir en estos casos, sobre todo cuando se trata de actividades mineras que, seg\u00fan la ley, son consideradas ilegales. Seg\u00fan explic\u00f3, un operativo adecuado para verificar la existencia de permisos ambientales y de concesiones mineras ser\u00eda suficiente para proceder con la clausura y sanci\u00f3n de las actividades ilegales.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos jur\u00eddicos, Camacho record\u00f3 que el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), en su art\u00edculo 260, establece penas privativas de libertad de entre 19 a 23 a\u00f1os para quienes ejecuten miner\u00eda ilegal, y que, en caso de producirse da\u00f1o ambiental, la pena podr\u00eda incrementarse de 23 a 26 a\u00f1os. De esta manera, enfatiz\u00f3 que los responsables de estas actividades il\u00edcitas, muchas veces inconscientes de la gravedad de sus actos, se exponen a severas sanciones judiciales.<\/p>\n<p>El jurista tambi\u00e9n abord\u00f3 mecanismos legales adicionales para proteger los derechos vulnerados, como la presentaci\u00f3n de acciones de protecci\u00f3n por parte de los moradores afectados, en este caso, los habitantes del barrio La Floresta. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, ante el da\u00f1o ambiental evidente, cualquier ciudadano tiene la facultad de presentar denuncias correspondientes para solicitar medidas urgentes, como la paralizaci\u00f3n de maquinaria mediante acciones planteadas ante la Fiscal\u00eda General del Estado.<\/p>\n<p>Camacho aclar\u00f3 que no solo los individuos afectados pueden presentar denuncias, sino tambi\u00e9n entidades p\u00fablicas como los municipios. En cuanto al marco normativo vigente, explic\u00f3 que el catastro minero fue cerrado en 2018, no solo para la miner\u00eda met\u00e1lica, sino tambi\u00e9n para la extracci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n y petr\u00f3leo, raz\u00f3n por la cual toda actividad minera actual sin t\u00edtulo habilitante se considera ilegal.<\/p>\n<p>Respecto a la miner\u00eda de materiales p\u00e9treos, destac\u00f3 que, aunque esta actividad se rige por ordenanzas municipales, si no existen concesiones o permisos otorgados, tambi\u00e9n se configura como actividad ilegal. Asimismo, mencion\u00f3 que la Fiscal\u00eda no puede actuar de oficio en estos casos; es imprescindible que exista una denuncia formal por parte de la comunidad afectada.<\/p>\n<p>Finalmente, el abogado Hern\u00e1n Camacho alert\u00f3 sobre los severos da\u00f1os ambientales causados en el sector: la erosi\u00f3n de riberas, la afectaci\u00f3n a terrenos productivos, el deterioro de la infraestructura vial \u2014como la importante v\u00eda hacia la parroquia Zumbi\u2014 y la alteraci\u00f3n de los ecosistemas locales. Todo ello, indic\u00f3, resultado de actividades mineras ejecutadas de manera irresponsable y sin ning\u00fan tipo de reparaci\u00f3n ni responsabilidad social por parte de los infractores.<\/p>\n<p>El abogado hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que ejerzan su rol de control y protecci\u00f3n de los recursos naturales, cumpliendo de manera frontal y decidida sus obligaciones constitucionales y legales, en defensa de la ciudadan\u00eda, el medio ambiente y el desarrollo sustentable de Zamora Chinchipe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicaci\u00f3n digital del cant\u00f3n Yantzaza, TvM\u00e1s Encuentros, el abogado Hern\u00e1n Camacho expuso un an\u00e1lisis detallado sobre los efectos legales, sociales y ambientales que la actividad minera ilegal est\u00e1 provocando en el cant\u00f3n y en la provincia de Zamora Chinchipe. El jurista fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, desde el \u00e1mbito legal, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias formales ante las autoridades competentes como la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control de Energ\u00eda y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), el Ministerio del Ambiente, la Gobernaci\u00f3n de Zamora Chinchipe, entre otros entes. Sin embargo, recalc\u00f3 que pese a la existencia de mecanismos legales de denuncia, las autoridades correspondientes han demostrado omisi\u00f3n y desinter\u00e9s frente a los reclamos ciudadanos. Como ejemplo concreto, Camacho mencion\u00f3 el caso del se\u00f1or Minga, quien present\u00f3 denuncias desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta o acci\u00f3n alguna de las instituciones estatales. Adem\u00e1s, lament\u00f3 que el afectado haya perdido aproximadamente tres hect\u00e1reas de terreno agr\u00edcola, dedicadas al cultivo de cacao y pl\u00e1tano, evidenciando as\u00ed el grave impacto de la miner\u00eda sobre la propiedad privada y los medios de vida locales. El abogado subray\u00f3 que la Gobernadora Provincial, como representante del Gobierno Nacional en el territorio, tiene la potestad y la responsabilidad de intervenir en estos casos, sobre todo cuando se trata de actividades mineras que, seg\u00fan la ley, son consideradas ilegales. Seg\u00fan explic\u00f3, un operativo adecuado para verificar la existencia de permisos ambientales y de concesiones mineras ser\u00eda suficiente para proceder con la clausura y sanci\u00f3n de las actividades ilegales. En t\u00e9rminos jur\u00eddicos, Camacho record\u00f3 que el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), en su art\u00edculo 260, establece penas privativas de libertad de entre 19 a 23 a\u00f1os para quienes ejecuten miner\u00eda ilegal, y que, en caso de producirse da\u00f1o ambiental, la pena podr\u00eda incrementarse de 23 a 26 a\u00f1os. De esta manera, enfatiz\u00f3 que los responsables de estas actividades il\u00edcitas, muchas veces inconscientes de la gravedad de sus actos, se exponen a severas sanciones judiciales. El jurista tambi\u00e9n abord\u00f3 mecanismos legales adicionales para proteger los derechos vulnerados, como la presentaci\u00f3n de acciones de protecci\u00f3n por parte de los moradores afectados, en este caso, los habitantes del barrio La Floresta. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, ante el da\u00f1o ambiental evidente, cualquier ciudadano tiene la facultad de presentar denuncias correspondientes para solicitar medidas urgentes, como la paralizaci\u00f3n de maquinaria mediante acciones planteadas ante la Fiscal\u00eda General del Estado. Camacho aclar\u00f3 que no solo los individuos afectados pueden presentar denuncias, sino tambi\u00e9n entidades p\u00fablicas como los municipios. En cuanto al marco normativo vigente, explic\u00f3 que el catastro minero fue cerrado en 2018, no solo para la miner\u00eda met\u00e1lica, sino tambi\u00e9n para la extracci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n y petr\u00f3leo, raz\u00f3n por la cual toda actividad minera actual sin t\u00edtulo habilitante se considera ilegal. 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