Acogiendo la solicitud de la Fiscal\u00eda, la Corte Nacional de Justicia dict\u00f3 este 3 de marzo de 2025 una sentencia de 13 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n en contra del exasamble\u00edsta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfet\u00e1n, en el llamado caso Purga que los investig\u00f3 por supuesta delincuencia organizada.<\/p>\n
Los jueces nacionales los consideraron a la cabeza de una estructura que oper\u00f3 en el sistema de justicia de la provincia del Guayas. \u00abHabr\u00edan dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas\u00bb, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Durante la lectura de la sentencia, que dur\u00f3 seis horas y media, el tribunal -conformado por los jueces Felipe C\u00f3rdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, quien asumi\u00f3 como jueza ponente-, consider\u00f3 que los procesados actuaron \u00abcon la voluntad de poner en peligro el bien jur\u00eddico protegido, de la seguridad p\u00fablica\u00bb y que su accionar fue \u00abdoloso\u00bb.<\/p>\n
El tribunal calific\u00f3 a Muentes, Gallardo y Marfet\u00e1n como \u00abculpables y autores directos por haber ejercido el mando, la direcci\u00f3n y la planificaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n criminal\u00bb, respectivamente.<\/p>\n
Adem\u00e1s se les impuso una multa de 20 salarios b\u00e1sicos unificados, el decomiso de todos los bienes que les fueron incautados durante la investigaci\u00f3n y la p\u00e9rdida de sus derechos de participaci\u00f3n por el lapso de 20 a\u00f1os.<\/p>\n
Mientras que Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Ramos Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofr\u00edo y Ruth Solano, fueron calificados como \u00abautores directos por haber colaborado con el grupo de delincuencia organizada\u00bb.<\/p>\n
El tribunal tambi\u00e9n acogi\u00f3 el pedido de la Fiscal\u00eda y sentenci\u00f3 con la pena privativa de libertad de nueve a\u00f1os y cuatro meses a los funcionarios Cevallos, Valarezo, Ponce, Taylor, Riofr\u00edo. Para ellos, adem\u00e1s, se dispuso una multa de 20 salarios b\u00e1sicos unificados y la p\u00e9rdida de los derechos de participaci\u00f3n por 15 a\u00f1os.<\/p>\n
Tambi\u00e9n acogi\u00f3 el tribunal el pedido de la Fiscal\u00eda de un a\u00f1o y 4 meses de c\u00e1rcel para Alberto L. y Ruth S. por su cooperaci\u00f3n eficaz en la causa. Se dispuso para ellos una multa de 20 salarios b\u00e1sicos unificados, el decomiso de los bienes que les fueron decomisados en la investigaci\u00f3n y la p\u00e9rdida de de los derechos de participaci\u00f3n por un tiempo de 15 a\u00f1os.<\/p>\n
Los jueces de la Corte Nacional en su sentencia ratificaron el estado de inocencia de Fausto A., Andrea P., y Sa\u00fal M., para quienes dispusieron su inmediata libertad y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas y la devoluci\u00f3n de los bienes que les hayan sido incautados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se dispusieron medidas reparatorias integrales, entre ellas la publicaci\u00f3n de la sentencia y la colocaci\u00f3n de una placa en la Corte de Justicia del Guayas que se\u00f1ale \u00abla administraci\u00f3n de justicia es gratuita\u00bb. La Fiscal\u00eda hab\u00eda pedido que la leyenda indique: \u00abLa justicia no es negociable ni est\u00e1 al servicio del poder\u00bb.<\/p>\n
Con la sentencia se acogi\u00f3 tambi\u00e9n el pedido que realiz\u00f3 el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien hab\u00eda solicitado que se considere en la sentencia la condici\u00f3n agravante de los procesados, quienes se desempe\u00f1aban como funcionarios p\u00fablicos cuando cometieron los actos il\u00edcitos que configuraron el delito de la delincuencia organizada.<\/p>\n
La jueza ponente Daniela Camacho argument\u00f3 la existencia de la delincuencia organizada como delito por el que se juzga a los procesados.\u00a0\u201cLa delincuencia organizada se manifiesta con una estructura de mayor jerarqu\u00eda que la delincuencia com\u00fan\u201d, se\u00f1al\u00f3 la jueza.<\/p>\n
Adem\u00e1s explic\u00f3 que este delito se configura cuando re\u00fane a un n\u00famero de integrantes que realizan actividades ilegales con permanencia en el tiempo, sus miembros tienen funciones concretas y buscan conseguir un beneficio a los integrantes de la estructura.<\/p>\n
La jueza Camacho expuso la vinculaci\u00f3n entre Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johan Marfet\u00e1n. \u201cSe ha demostrado que Fabiola G. Pablo M. y Johan M. ten\u00edan una relaci\u00f3n que era tal que Fabiola y Johan asistieron a la boda de la hija de Pablo realizada en Cartagena de Indias, Colombia en junio de 2023\u201d, y mencion\u00f3 que prueba de ello constan los registros de las habitaciones y el hotel en el que se hospedaron para ese evento.<\/p>\n
En la sentencia tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3 la relaci\u00f3n que ten\u00eda Mayra Salazar con Muentes, quien le cancelaba un sueldo mensual de USD 2.500 para que \u201cle ayude a Fabiola G. en su campa\u00f1a para ser la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas y que sea su mano derecha y para que se forme un troll center en contra del Banco del Pac\u00edfico\u201d.<\/p>\n
La participaci\u00f3n de los procesados tambi\u00e9n qued\u00f3 probaba en la sentencia en lo concerniente al caso del Banco del Pac\u00edfico, ante el cual Pablo Muentes hab\u00eda demandado la inexistencia de una deuda y logr\u00f3 que el juez Reinaldo C. emitiera una sentencia que obligaba a la entidad bancaria a pagar al exasamble\u00edsta el monto de USD 3.983.040, el 5 de mayo de 2023. Cinco d\u00edas despu\u00e9s, el juez Reinaldo C. fue nombrado como juez temporal de la sala penal.<\/p>\n
\u00abSe infiere que Fabiola G. acord\u00f3 con Reinaldo C. que emita un auto de ejecuci\u00f3n para beneficiar al l\u00edder de la organizaci\u00f3n criminal Pablo M. Fabiola G. realiz\u00f3 la entrevista para acreditar sus credenciales y aprobar informes t\u00e9cnicos para que se lo considere para la sala especializada penal, lo que en efecto ocurri\u00f3\u00bb, se\u00f1ala la sentencia.<\/p>\n
El l\u00edder era Pablo M. -se ley\u00f3 en la sentencia- quien pretend\u00eda obtener beneficios econ\u00f3micos para que se declare la inexistencia de una deuda que hab\u00eda contra\u00eddo junto con su esposa ante el Banco del Pac\u00edfico y Fabiol G. quer\u00eda adecentar el piso de la corte de justicia que hab\u00eda ofrecido en su campa\u00f1a.<\/p>\n
\u201cSe encuentra probado que la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n estaba liderada por Pablo M. y Fabiola G., quien ejerc\u00eda la direcci\u00f3n, y la planificaci\u00f3n de Johann M.\u201d, recalc\u00f3 la jueza durante la lectura de la sentencia.<\/p>\n
En la audiencia se mencion\u00f3 los peritajes realizados a las comunicaciones entre Mayra Salazar y Pablo Muentes, y tambi\u00e9n con Johann Marfet\u00e1n, en las que acordaban pagos de remuneraciones y la ejecuci\u00f3n de las directrices que dispon\u00eda el exasamble\u00edsta.<\/p>\n
El tribunal en su sentencia tambi\u00e9n analiz\u00f3 la injerencia de algunos de los procesados en la diligencia que guard\u00f3 relaci\u00f3n con el cabecilla de la organizaci\u00f3n Choneros, Adolfo Mac\u00edas, alias Fito, quien hab\u00eda sido trasladado de la c\u00e1rcel regional a La Roca, pero tras una resoluci\u00f3n judicial dej\u00f3 esa prisi\u00f3n de m\u00e1xima seguridad.<\/p>\n
En la sentencia se consider\u00f3 otro hecho de corrupci\u00f3n judicial relacionado con una acci\u00f3n de protecci\u00f3n planteado por el Cuerpo de Ingenieros del Ej\u00e9rcito en contra de la Empresa Metropolitana de Obras P\u00fablicas de Quito (Emmop), entidad que buscaba declarar como contratista incumplido al Cuerpo de Ingenierios por una obra de repavimentaci\u00f3n en la capital<\/p>\n
Para ello, la sentencia consider\u00f3 como hechos probados las reuniones mantenidas por Fabiola G. con Juan R., del Cuerpo de Ingenieros del Ej\u00e9rcito, citas que m\u00e1s adelante permitieron que dicha acci\u00f3n de protecci\u00f3n sea aceptada y no se produzca la declaraci\u00f3n de contratista incumplido. Esto a cambio de que el Cuerpo de Ingenieros del Ej\u00e9rcito realice la remodelaci\u00f3n del piso del Sal\u00f3n de los Presidentes de la Corte Provincial del Guayas.<\/p>\n
El caso purga surgi\u00f3 como consecuencia de la investigaci\u00f3n del caso llamado Met\u00e1stasis, que investig\u00f3 la injerencia del narcotr\u00e1fico en la pol\u00edtica. El caso purga se inici\u00f3 tras una serie de allanamientos realizados por la Fiscal\u00eda el 4 de marzo del 2023.<\/p>\n
En el operativo fueron detenidos doce personas entre ellos un exasamble\u00edsta y jueces de la Corte de provincia del Guayas, sobre quienes la Fiscal\u00eda recopil\u00f3 evidencias para su acusaci\u00f3n. Entre las evidencias constaron documentos, testimonios y otras pruebas derivadas de dispositivos electr\u00f3nicos en las que la Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a los procesados.<\/p>\n
Durante el proceso fue clave el testimonio de la exrelacionista p\u00fablica de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, quien se\u00f1al\u00f3 durante su audiencia que trabajaba para Fabiola G., pero que tambi\u00e9n deb\u00eda reportar sus actividades al exasamble\u00edsta Pablo M.<\/p>\n
\u201cRecib\u00eda un sueldo de USD 2.500 mensuales en efectivo en el centro de operaciones, la casa de Pablo M.\u201d, fue una de las declaraciones de Salazar y, adem\u00e1s, se le pidi\u00f3 que manipule el sorteo del caso del Banco del Pac\u00edfico. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acogiendo la solicitud de la Fiscal\u00eda, la Corte Nacional de Justicia dict\u00f3 este 3 de marzo de 2025 una sentencia de 13 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n en contra del exasamble\u00edsta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfet\u00e1n, en el llamado caso Purga que los investig\u00f3 por supuesta delincuencia organizada. Los jueces nacionales los consideraron a la cabeza de una estructura que oper\u00f3 en el sistema de justicia de la provincia del Guayas. \u00abHabr\u00edan dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas\u00bb, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico. Durante la lectura de la sentencia, que dur\u00f3 seis horas y media, el tribunal -conformado por los jueces Felipe C\u00f3rdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, quien asumi\u00f3 como jueza ponente-, consider\u00f3 que los procesados actuaron \u00abcon la voluntad de poner en peligro el bien jur\u00eddico protegido, de la seguridad p\u00fablica\u00bb y que su accionar fue \u00abdoloso\u00bb. El tribunal calific\u00f3 a Muentes, Gallardo y Marfet\u00e1n como \u00abculpables y autores directos por haber ejercido el mando, la direcci\u00f3n y la planificaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n criminal\u00bb, respectivamente. Adem\u00e1s se les impuso una multa de 20 salarios b\u00e1sicos unificados, el decomiso de todos los bienes que les fueron incautados durante la investigaci\u00f3n y la p\u00e9rdida de sus derechos de participaci\u00f3n por el lapso de 20 a\u00f1os. Mientras que Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Ramos Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofr\u00edo y Ruth Solano, fueron calificados como \u00abautores directos por haber colaborado con el grupo de delincuencia organizada\u00bb. El tribunal tambi\u00e9n acogi\u00f3 el pedido de la Fiscal\u00eda y sentenci\u00f3 con la pena privativa de libertad de nueve a\u00f1os y cuatro meses a los funcionarios Cevallos, Valarezo, Ponce, Taylor, Riofr\u00edo. Para ellos, adem\u00e1s, se dispuso una multa de 20 salarios b\u00e1sicos unificados y la p\u00e9rdida de los derechos de participaci\u00f3n por 15 a\u00f1os. Tambi\u00e9n acogi\u00f3 el tribunal el pedido de la Fiscal\u00eda de un a\u00f1o y 4 meses de c\u00e1rcel para Alberto L. y Ruth S. por su cooperaci\u00f3n eficaz en la causa. Se dispuso para ellos una multa de 20 salarios b\u00e1sicos unificados, el decomiso de los bienes que les fueron decomisados en la investigaci\u00f3n y la p\u00e9rdida de de los derechos de participaci\u00f3n por un tiempo de 15 a\u00f1os. Los jueces de la Corte Nacional en su sentencia ratificaron el estado de inocencia de Fausto A., Andrea P., y Sa\u00fal M., para quienes dispusieron su inmediata libertad y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas y la devoluci\u00f3n de los bienes que les hayan sido incautados. Tambi\u00e9n se dispusieron medidas reparatorias integrales, entre ellas la publicaci\u00f3n de la sentencia y la colocaci\u00f3n de una placa en la Corte de Justicia del Guayas que se\u00f1ale \u00abla administraci\u00f3n de justicia es gratuita\u00bb. La Fiscal\u00eda hab\u00eda pedido que la leyenda indique: \u00abLa justicia no es negociable ni est\u00e1 al servicio del poder\u00bb. Con la sentencia se acogi\u00f3 tambi\u00e9n el pedido que realiz\u00f3 el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien hab\u00eda solicitado que se considere en la sentencia la condici\u00f3n agravante de los procesados, quienes se desempe\u00f1aban como funcionarios p\u00fablicos cuando cometieron los actos il\u00edcitos que configuraron el delito de la delincuencia organizada. La jueza ponente Daniela Camacho argument\u00f3 la existencia de la delincuencia organizada como delito por el que se juzga a los procesados.\u00a0\u201cLa delincuencia organizada se manifiesta con una estructura de mayor jerarqu\u00eda que la delincuencia com\u00fan\u201d, se\u00f1al\u00f3 la jueza. Adem\u00e1s explic\u00f3 que este delito se configura cuando re\u00fane a un n\u00famero de integrantes que realizan actividades ilegales con permanencia en el tiempo, sus miembros tienen funciones concretas y buscan conseguir un beneficio a los integrantes de la estructura. La jueza Camacho expuso la vinculaci\u00f3n entre Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johan Marfet\u00e1n. \u201cSe ha demostrado que Fabiola G. Pablo M. y Johan M. ten\u00edan una relaci\u00f3n que era tal que Fabiola y Johan asistieron a la boda de la hija de Pablo realizada en Cartagena de Indias, Colombia en junio de 2023\u201d, y mencion\u00f3 que prueba de ello constan los registros de las habitaciones y el hotel en el que se hospedaron para ese evento. En la sentencia tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3 la relaci\u00f3n que ten\u00eda Mayra Salazar con Muentes, quien le cancelaba un sueldo mensual de USD 2.500 para que \u201cle ayude a Fabiola G. en su campa\u00f1a para ser la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas y que sea su mano derecha y para que se forme un troll center en contra del Banco del Pac\u00edfico\u201d. La participaci\u00f3n de los procesados tambi\u00e9n qued\u00f3 probaba en la sentencia en lo concerniente al caso del Banco del Pac\u00edfico, ante el cual Pablo Muentes hab\u00eda demandado la inexistencia de una deuda y logr\u00f3 que el juez Reinaldo C. emitiera una sentencia que obligaba a la entidad bancaria a pagar al exasamble\u00edsta el monto de USD 3.983.040, el 5 de mayo de 2023. Cinco d\u00edas despu\u00e9s, el juez Reinaldo C. fue nombrado como juez temporal de la sala penal. \u00abSe infiere que Fabiola G. acord\u00f3 con Reinaldo C. que emita un auto de ejecuci\u00f3n para beneficiar al l\u00edder de la organizaci\u00f3n criminal Pablo M. Fabiola G. realiz\u00f3 la entrevista para acreditar sus credenciales y aprobar informes t\u00e9cnicos para que se lo considere para la sala especializada penal, lo que en efecto ocurri\u00f3\u00bb, se\u00f1ala la sentencia. El l\u00edder era Pablo M. -se ley\u00f3 en la sentencia- quien pretend\u00eda obtener beneficios econ\u00f3micos para que se declare la inexistencia de una deuda que hab\u00eda contra\u00eddo junto con su esposa ante el Banco del Pac\u00edfico y Fabiol G. quer\u00eda adecentar el piso de la corte de justicia que hab\u00eda ofrecido en su campa\u00f1a. \u201cSe encuentra probado que la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n estaba liderada por Pablo M. y Fabiola G., quien ejerc\u00eda la direcci\u00f3n, y la planificaci\u00f3n de Johann M.\u201d, recalc\u00f3 la jueza durante la lectura de la sentencia. 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