No hay respuestas \u00fanicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogm\u00e1tica, se se\u00f1ala que la intervenci\u00f3n de las legislaturas afecta negativamente a la designaci\u00f3n de jueces aut\u00f3nomos y que all\u00ed est\u00e1 el germen del problema.<\/p>\n
Sin embargo, la evidencia emp\u00edrica demuestra que dicha aseveraci\u00f3n es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese pa\u00eds suele ser de las m\u00e1s altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designaci\u00f3n de la m\u00e1xima instancia de justicia y, a la par, la evaluaci\u00f3n de la autonom\u00eda judicial del pa\u00eds de la \u201cpura vida\u201d sigue presentando resultados favorables.<\/p>\n
Si bien se podr\u00eda argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que est\u00e9n presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos se\u00f1alando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democr\u00e1ticas.<\/p>\n
Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaiv\u00e9n de la correlaci\u00f3n de fuerzas pol\u00edticas tiene que ver con su formaci\u00f3n profesional.<\/p>\n
Aunque no hay suficiente evidencia emp\u00edrica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y d\u00f3ciles ante influencias externas, tender\u00edan a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitaci\u00f3n suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por qui\u00e9nes los promueven, ser\u00edan mayores.<\/p>\n
Qui\u00e9n llega a ser juez sin tener los m\u00e9ritos, sabe bien su situaci\u00f3n. En p\u00fablico podr\u00e1 decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formaci\u00f3n profesional depender\u00eda, jam\u00e1s habr\u00eda llegado a tal cargo.<\/p>\n
Cuando se trata de jueces de las m\u00e1s altas cortes, este razonamiento se vuelve m\u00e1s notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que \u201cpagar el favor\u201d a quien lo apoy\u00f3 para la designaci\u00f3n. Esa retribuci\u00f3n no es necesariamente econ\u00f3mica, sino que puede ser tambi\u00e9n en t\u00e9rminos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor pol\u00edtico le interesen. Una orden de prisi\u00f3n preventiva, una sentencia en determinada direcci\u00f3n, una acci\u00f3n de protecci\u00f3n. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estar\u00e1 dispuesto.<\/p>\n
De su lado, los pol\u00edticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreci\u00e9ndole, m\u00e1s all\u00e1 de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupci\u00f3n judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses espec\u00edficos. Bajo esa l\u00f3gica de intercambios funcion\u00f3, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder pol\u00edtico le interesaba, ah\u00ed estaban para cumplir. En lo que al poder pol\u00edtico le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente.<\/p>\n
Todo lo se\u00f1alado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formaci\u00f3n profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder pol\u00edtico. Evidentemente que no. Simplemente se se\u00f1ala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden pol\u00edtico pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcar\u00eda prioritariamente este tipo de comportamiento.<\/p>\n
Lo problem\u00e1tico de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formaci\u00f3n profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas caracter\u00edsticas sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la funci\u00f3n p\u00fablica. Conseguir personas que dejen de lado ingresos econ\u00f3micos mayores a un sueldo fijo mensual y que adem\u00e1s acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral.<\/p>\n
Esta dificultad ahonda la idea de que, si bien es importante establecer reglas claras para la selecci\u00f3n y designaci\u00f3n de jueces, no es suficiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Santiago Basabe \/\u00a0Polit\u00f3logo, investigador de FLACSO Ecuador, analista pol\u00edtico y Director de la Asociaci\u00f3n Ecuatoriana de Ciencia Pol\u00edtica (Aecip). No hay respuestas \u00fanicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogm\u00e1tica, se se\u00f1ala que la intervenci\u00f3n de las legislaturas afecta negativamente a la designaci\u00f3n de jueces aut\u00f3nomos y que all\u00ed est\u00e1 el germen del problema. Sin embargo, la evidencia emp\u00edrica demuestra que dicha aseveraci\u00f3n es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese pa\u00eds suele ser de las m\u00e1s altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designaci\u00f3n de la m\u00e1xima instancia de justicia y, a la par, la evaluaci\u00f3n de la autonom\u00eda judicial del pa\u00eds de la \u201cpura vida\u201d sigue presentando resultados favorables. Si bien se podr\u00eda argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que est\u00e9n presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos se\u00f1alando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democr\u00e1ticas. Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaiv\u00e9n de la correlaci\u00f3n de fuerzas pol\u00edticas tiene que ver con su formaci\u00f3n profesional. Aunque no hay suficiente evidencia emp\u00edrica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y d\u00f3ciles ante influencias externas, tender\u00edan a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitaci\u00f3n suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por qui\u00e9nes los promueven, ser\u00edan mayores. Qui\u00e9n llega a ser juez sin tener los m\u00e9ritos, sabe bien su situaci\u00f3n. En p\u00fablico podr\u00e1 decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formaci\u00f3n profesional depender\u00eda, jam\u00e1s habr\u00eda llegado a tal cargo. Cuando se trata de jueces de las m\u00e1s altas cortes, este razonamiento se vuelve m\u00e1s notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que \u201cpagar el favor\u201d a quien lo apoy\u00f3 para la designaci\u00f3n. Esa retribuci\u00f3n no es necesariamente econ\u00f3mica, sino que puede ser tambi\u00e9n en t\u00e9rminos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor pol\u00edtico le interesen. Una orden de prisi\u00f3n preventiva, una sentencia en determinada direcci\u00f3n, una acci\u00f3n de protecci\u00f3n. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estar\u00e1 dispuesto. De su lado, los pol\u00edticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreci\u00e9ndole, m\u00e1s all\u00e1 de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupci\u00f3n judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses espec\u00edficos. Bajo esa l\u00f3gica de intercambios funcion\u00f3, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder pol\u00edtico le interesaba, ah\u00ed estaban para cumplir. En lo que al poder pol\u00edtico le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente. Todo lo se\u00f1alado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formaci\u00f3n profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder pol\u00edtico. Evidentemente que no. Simplemente se se\u00f1ala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden pol\u00edtico pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcar\u00eda prioritariamente este tipo de comportamiento. Lo problem\u00e1tico de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formaci\u00f3n profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas caracter\u00edsticas sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la funci\u00f3n p\u00fablica. Conseguir personas que dejen de lado ingresos econ\u00f3micos mayores a un sueldo fijo mensual y que adem\u00e1s acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral. 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