La Contralor\u00eda General del Estado (CGE) confirm\u00f3 una glosa millonaria en contra de la extinta empresa estatal\u00a0Petroamazonas<\/b>.<\/p>\n
Sin que existan justificaciones t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas, funcionarios de la compa\u00f1\u00eda de servicios petroleros aceptaron que el proveedor reprograme las inversiones en campos menores,\u00a0perjudicando\u00a0<\/b>al Estado.<\/p>\n
En vista de aquello, el organismo de control determin\u00f3 la\u00a0responsabilidad civil<\/b>\u00a0de cinco funcionarios, que trabajaron entre junio de 2017 y diciembre de 2020 en Petroamazonas y de un proveedor de la estatal petrolera, contratado para suministrar servicios espec\u00edficos, como actividades de perforaci\u00f3n, reactivaci\u00f3n de pozos cerrados, construcci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de plataformas petroleras.<\/p>\n
Funcionarios y contratista de Petroamazonas<\/b><\/p>\n
La auditor\u00eda determin\u00f3 que no existieron razones t\u00e9cnicas o econ\u00f3micas que justifiquen el incumplimiento del Plan Anual de Actividades Comprometidas, del a\u00f1o 2020. Las responsabilidades civiles se establecieron por el valor de las\u00a0inversiones\u00a0<\/b>que no se efectuaron en ese periodo.<\/p>\n
El personal de la empresa p\u00fablica, que conform\u00f3 los comit\u00e9s t\u00e9cnico y ejecutivo, acept\u00f3 reprogramar la ejecuci\u00f3n del contrato de servicios espec\u00edficos integrados No. C0390-PAM-EP-2018.<\/p>\n
Los funcionarios aceptaron los argumentos del contratista sobre la\u00a0falta de licencias ambientales<\/b>\u00a0para perforar pozos. No obstante, el equipo de auditor\u00eda estableci\u00f3 que las plataformas en las que se deb\u00eda intervenir ya estaban regularizadas ambientalmente, por lo que no se requer\u00edan nuevas licencias.<\/p>\n
Para justificar los cambios en la planificaci\u00f3n de inversiones, la compa\u00f1\u00eda de servicios petroleros tambi\u00e9n expuso problemas en la\u00a0importaci\u00f3n de equipos<\/b>\u00a0para realizar su trabajo debido a la pandemia por Covid-19.<\/p>\n Sin embargo, durante el examen especial se identific\u00f3 que no realizaron actividades entre enero y marzo de 2020, antes del inicio de la emergencia sanitaria. Adem\u00e1s, en la Declaratoria nacional de estado de excepci\u00f3n por la pandemia mundial, el gobierno no incluy\u00f3 a los sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n Responsabilidades civiles adicionales<\/b><\/p>\n El organismo de control tambi\u00e9n impuso glosas por $ 15\u2019361.859 a la contratista, por otras reprogramaciones que alteraron la planificaci\u00f3n de las inversiones en la estatal petrolera.<\/p>\n El contrato suscrito con la empresa p\u00fablica establec\u00eda que el proveedor forme parte del Comit\u00e9 Ejecutivo de Petroamazonas y tenga voto dirimente en la toma de decisiones. Vali\u00e9ndose de esta condici\u00f3n, la contratista aprob\u00f3 los cambios, pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad.<\/p>\n En total, el\u00a0perjuicio<\/b>\u00a0al Estado alcanz\u00f3 los $ 51\u2019908.134. Las responsabilidades se determinaron luego de analizar los hallazgos del examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecuci\u00f3n de los contratos, y sus adendas modificatorias, para invertir en los campos menores Drago y Guanta-Dureno.<\/p>\n El informe de auditor\u00eda tambi\u00e9n se\u00f1ala que en dos a\u00f1os el proveedor de Petroamazonas solo efectu\u00f3 inversiones por el 20 % del monto acordado contractualmente. Adem\u00e1s, suspendi\u00f3 sus servicios el 31 de mayo de 2019 y no los reanud\u00f3 hasta el corte del examen especial (31 de diciembre de 2020), circunstancias por las cuales debi\u00f3 terminarse anticipadamente el contrato. (I)<\/p>\n Fuente: Vistazo<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Contralor\u00eda General del Estado (CGE) confirm\u00f3 una glosa millonaria en contra de la extinta empresa estatal\u00a0Petroamazonas. 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Las responsabilidades civiles se establecieron por el valor de las\u00a0inversiones\u00a0que no se efectuaron en ese periodo. El personal de la empresa p\u00fablica, que conform\u00f3 los comit\u00e9s t\u00e9cnico y ejecutivo, acept\u00f3 reprogramar la ejecuci\u00f3n del contrato de servicios espec\u00edficos integrados No. C0390-PAM-EP-2018. Los funcionarios aceptaron los argumentos del contratista sobre la\u00a0falta de licencias ambientales\u00a0para perforar pozos. No obstante, el equipo de auditor\u00eda estableci\u00f3 que las plataformas en las que se deb\u00eda intervenir ya estaban regularizadas ambientalmente, por lo que no se requer\u00edan nuevas licencias. Para justificar los cambios en la planificaci\u00f3n de inversiones, la compa\u00f1\u00eda de servicios petroleros tambi\u00e9n expuso problemas en la\u00a0importaci\u00f3n de equipos\u00a0para realizar su trabajo debido a la pandemia por Covid-19. Sin embargo, durante el examen especial se identific\u00f3 que no realizaron actividades entre enero y marzo de 2020, antes del inicio de la emergencia sanitaria. Adem\u00e1s, en la Declaratoria nacional de estado de excepci\u00f3n por la pandemia mundial, el gobierno no incluy\u00f3 a los sectores estrat\u00e9gicos. Responsabilidades civiles adicionales El organismo de control tambi\u00e9n impuso glosas por $ 15\u2019361.859 a la contratista, por otras reprogramaciones que alteraron la planificaci\u00f3n de las inversiones en la estatal petrolera. El contrato suscrito con la empresa p\u00fablica establec\u00eda que el proveedor forme parte del Comit\u00e9 Ejecutivo de Petroamazonas y tenga voto dirimente en la toma de decisiones. Vali\u00e9ndose de esta condici\u00f3n, la contratista aprob\u00f3 los cambios, pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad. En total, el\u00a0perjuicio\u00a0al Estado alcanz\u00f3 los $ 51\u2019908.134. Las responsabilidades se determinaron luego de analizar los hallazgos del examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecuci\u00f3n de los contratos, y sus adendas modificatorias, para invertir en los campos menores Drago y Guanta-Dureno. El informe de auditor\u00eda tambi\u00e9n se\u00f1ala que en dos a\u00f1os el proveedor de Petroamazonas solo efectu\u00f3 inversiones por el 20 % del monto acordado contractualmente. Adem\u00e1s, suspendi\u00f3 sus servicios el 31 de mayo de 2019 y no los reanud\u00f3 hasta el corte del examen especial (31 de diciembre de 2020), circunstancias por las cuales debi\u00f3 terminarse anticipadamente el contrato. 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