En un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, todos los ciudadanos deberíamos gozar, en igualdad de condiciones, de las garantías previstas en la Constitución y en la Ley. Sin embargo, en la práctica, los procedimientos administrativos dentro del sistema penitenciario revelan profundas inconsistencias que afectan la aplicación de los denominados beneficios penitenciarios, mecanismos legales destinados a promover la reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL) que cumplen condenas por delitos de menor gravedad.

El régimen semiabierto, por ejemplo, permite que una persona condenada por un delito culposo —como la muerte por accidente de tránsito—, y que cumple su sentencia en prisión, pueda acceder a un régimen de libertad parcial una vez cumplido el 60% de su condena. Esto implica que el 40% restante puede ejecutarse fuera del centro carcelario, bajo condiciones establecidas por la ley: residir en un lugar determinado, presentarse periódicamente ante la autoridad penitenciaria, mantener un trabajo u oficio y no salir del país, entre otras obligaciones.

Para acceder a este beneficio, el PPL debe solicitar formalmente al director del centro penitenciario el inicio del trámite. Una vez recopiladas las certificaciones y documentos pertinentes, el expediente se remite a la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones, con sede en Quito. Dicha comisión —integrada por tres funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI)— evalúa el cumplimiento de los requisitos y emite un informe de verificación, el cual posteriormente es remitido al juez de garantías penitenciarias, quien tiene la competencia exclusiva para aprobar o negar el beneficio.

No obstante, la realidad dista mucho de lo que establece la normativa. El caso de Bray, una persona privada de libertad en Loja, evidencia graves retrasos administrativos y posibles irregularidades en el tratamiento de los expedientes. Su solicitud para acceder al régimen semiabierto fue enviada a la Comisión de Beneficios Penitenciarios el 26 de mayo de 2025; sin embargo, después de más de cuatro meses, el expediente aún no ha sido revisado ni firmado.

A pesar de los reiterados oficios y requerimientos realizados por la jueza de garantías penitenciarias y por la defensa técnica del PPL, la respuesta del SNAI ha sido vaga y repetitiva: “El expediente aún se encuentra en análisis; estamos haciendo todo lo posible para despachar en el menor tiempo posible”. Una justificación que contrasta con lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo, el cual establece que las instituciones públicas deben responder a las solicitudes de los administrados en un plazo máximo de treinta días.

Lo más sorprendente se descubre al revisar el sistema público E-SATJE, donde otro expediente, el No. 11282-2025-02508, correspondiente a un caso similar, fue remitido a la Comisión tres meses después —el 25 de agosto de 2025—, y en tan solo dos meses (para el 27 de octubre de 2025) ya contaba con el informe favorable emitido por la Comisión. Este hecho plantea un grave cuestionamiento: ¿por qué algunos expedientes avanzan con rapidez, mientras otros permanecen estancados durante meses, sin respuesta?

¿Será que algunos PPL tienen “suerte”, influencias o contactos dentro del sistema? ¿O acaso existen incentivos ocultos que determinan la prioridad de ciertos trámites sobre otros? Son preguntas que el SNAI debería responder ante la opinión pública, pues la discrecionalidad en la administración penitenciaria no solo vulnera derechos, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia.

El principio de igualdad ante la ley exige que los procesos administrativos sigan un orden cronológico y objetivo. Si dos solicitudes cumplen con los mismos requisitos, ambas deben recibir el mismo trato y resolución en los plazos establecidos. Sin embargo, los hechos revelan una gestión arbitraria y opaca que requiere urgente fiscalización.

El Ecuador no puede seguir tolerando que la burocracia o los favoritismos administrativos se interpongan entre la ley y la justicia.

El Coordinador Zonal 7 del Registro Civil, Identificación y Cedulación, Juan Carlos Álvarez, en entrevista concedida a Diario El Amazónico, informó que este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad a los ciudadanos previo al proceso electoral.

La atención se realizará de 08:00 a 12:00, y estará dirigida a los usuarios que cuenten con turnos previamente agendados. El proceso de agendamiento puede efectuarse a través de la plataforma digital del Registro Civil o de manera presencial en las oficinas de la institución.
“Queremos garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a su cédula antes de las votaciones. Por eso, hemos dispuesto esta jornada nacional en la que se atenderá con el apoyo de nuestro personal técnico en todo el país”, señaló Álvarez.

El Coordinador informó además que el valor del trámite se mantiene en 5 dólares para quienes obtienen la cédula por primera vez, y 16 dólares en casos de renovación o pérdida. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas de pago.

Asimismo, aclaró que las cédulas caducadas serán válidas para el sufragio, sin embargo, recomendó mantener el documento actualizado, ya que varias instituciones solicitan la versión con chip.

Atención en la Zona 7
En lo referente a la provincia de Zamora Chinchipe, Álvarez explicó que actualmente la agencia Zamora cumple la función de enrolamiento, mientras que la impresión de cédulas se realiza en la ciudad de Loja. No obstante, adelantó que en los próximos días se normalizará la impresión directa en Zamora, lo que permitirá entregar las cédulas el mismo día del trámite. “Zamora no requiere agendamiento. Los ciudadanos pueden acercarse directamente a la agencia y obtener su cédula el mismo día, una vez que se reanude el servicio de impresión”, puntualizó.

Por su parte, las agencias de Yantzaza y Yacuambi continuarán funcionando únicamente como puntos de enrolamiento, enviando los datos a Zamora para la impresión del documento, proceso que tomará entre uno y dos días.

Emisión de pasaportes
El Coordinador Zonal también anunció que hasta el 28 de noviembre los ciudadanos no necesitarán agendar turno para la emisión de pasaportes. El trámite se podrá realizar directamente en las agencias habilitadas, con un costo de 90 dólares para el público en general, 45 dólares para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad igual o superior al 30 %.

El proceso de impresión de pasaportes se efectúa en Cuenca, con un tiempo estimado de entrega de cuatro días, reduciendo a la mitad el plazo habitual de ocho días.

Finalmente, Álvarez reiteró el compromiso institucional del Registro Civil de garantizar un servicio eficiente, accesible y transparente, destacando el trabajo coordinado de su equipo técnico para atender la alta demanda ciudadana en vísperas de los comicios nacionales.
“El Registro Civil está siempre presto a servir a la ciudadanía con excelencia y compromiso, en cada una de nuestras agencias del país”, concluyó.

En una entrevista concedida a Multicanal Catamayo, el presidente de la Mesa Turística de Loja, Sócrates Carrión, informó que la provincia se encuentra lista para recibir a miles de visitantes durante el feriado nacional que inicia este 1 de noviembre, fecha en la que se conmemoran el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Carrión destacó que la Mesa Turística de Loja, en coordinación con los diferentes actores del sector turístico, autoridades locales y representantes de la empresa pública y privada, ha venido ejecutando una serie de acciones destinadas a garantizar una atención de calidad y una experiencia segura para los turistas que llegarán a los distintos cantones.

“Este año estamos muy entusiasmados; la expectativa es alta porque se trata de un feriado muy importante para el país. Queremos que nuestra provincia esté preparada para recibir a cientos, y ojalá miles, de turistas. Es fundamental que todos los sectores —públicos y privados— trabajemos juntos para brindar un servicio de calidad”, expresó Carrión.

El representante del sector turístico enfatizó que, además de la infraestructura hotelera y gastronómica, se ha promovido la preservación de las tradiciones culturales y gastronómicas que caracterizan a Loja, como los festivales de la colada morada, las guaguas de pan y la cecina, considerados expresiones únicas del patrimonio inmaterial de la región. “No podemos dejar morir nuestras tradiciones; el rescate de la cultura es también el fortalecimiento de nuestra identidad”, subrayó el presidente de la Mesa Turística.

Durante la entrevista, Carrión resaltó la amplia oferta turística de la provincia, que combina naturaleza, cultura, fe y gastronomía. Mencionó, entre los destinos más atractivos, al cantón Catamayo, reconocido por su clima cálido, hospitalidad y variedad culinaria, así como por ser sede de importantes manifestaciones religiosas y culturales.

Asimismo, invitó a los turistas nacionales y extranjeros a visitar Loja y descubrir sus encantos durante el feriado, haciendo hincapié en que la llegada de visitantes representa un importante impulso para la reactivación económica local. “Catamayo nos espera con los brazos abiertos. Este feriado será especial, porque además contaremos con la presencia de nuestra Virgencita del Cisne, patrona de Loja, quien bendecirá a los visitantes y a nuestros pueblos”, concluyó Carrión.

Con estas iniciativas, la Mesa Turística de Loja reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo sostenible y cultural, promoviendo la hospitalidad, el emprendimiento y la identidad de la provincia como uno de los principales destinos del sur del Ecuador.