Nacionales
Unidad Popular presenta recursos legales ante el CNE y denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral
En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.
El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.
En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.
En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.
Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.
En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.
Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.
Nacionales
José Serrano sigue bajo custodia migratoria de Estados Unidos, pero ya no se conoce en qué cárcel
El complejo encierro del exministro del Interior, José Serrano, habría sido modificado. Tras permanecer recluido desde agosto de 2025 en la prisión de Krome en Miami, el localizador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrojó este 22 de junio de 2026 que el político ecuatoriano ya no figura bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Pero horas más tarde, el exministro volvió a aparecer bajo custodia de ICE.
Su posible liberación coincidía con el plazo máximo que la corte federal del Distrito Sur de Florida otorgó al Departamento de Justicia para contestar a un recurso de habeas corpus. En esa demanda, la defensa de Serrano exigía su salida inmediata al considerar ilegal y arbitraria su retención tras haber ganado el bloqueo a su deportación.
Sin embargo, aparentemente se trató de un traslado. Horas después de la primera consulta de PRIMICIAS, Serrano aparece bajo custodia de ICE pero no se especifica en qué cárcel está. Esto sugeriría que el exministro fue movido a otra prisión.
Fuentes consultadas por PRIMICIAS aseguraron que los detenidos que están en tránsito desaparecen del sistema de localizador de ICE.
En el ámbito administrativo, el sistema migratorio corroboró que el gobierno estadounidense no apeló la medida protectora hasta el doce de junio, bloqueando su entrega a Ecuador de forma definitiva.
PRIMICIAS contactó al abogado defensor en el ámbito federal, Andrew Clopman, a la representante legal migratoria, Alejandra Chinea, a Eduardo León, abogado de Serrano en Ecuador, y a voceros del gobierno estadounidense para obtener una confirmación oficial del pago de la fianza y de su salida del centro de detención. Pero todavía no ha habido respuestas.
Con la protección humanitaria asegurada y su supuesta salida del centro de detención de Krome, el político ecuatoriano podría permanecer en Estados Unidos y frenar cualquier retorno a Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Nota de la Redacción: En la versión original de esta nota, publicada el 22 de junio de 2026, se hablaba de una posible liberación de José Serrano, por su desaparición del sistema de localización de ICE. La nota fue actualizada a las 15:15 con la reaparición de Serrano en el sistema, aunque no se especifica en qué cárcel o prisión. Fuente: Primicias
La Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto fueron notificados con la solicitud de revocatoria del mandato.
La organización indígena pidió que ambos mandatarios se pronuncien, tomando en cuenta que el plazo para presentar una respuesta vence el 22 de junio de 2026.
“Daniel Noboa y María José Pinto deben pronunciarse frente a la notificación enviada sobre la solicitud de revocatoria de mandato”, indicó la organización presidida por Leonidas Iza.
Dirigentes sociales y sindicales anunciaron acciones para impulsar una iniciativa constitucional contra el Gobierno.
El pasado 9 de junio de 2026, colectivos sociales, entre ellos la Ecuarunari, formalizaron la solicitud de revocatoria del mandato. Ese día acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.
“Los sectores sociales permanecerán vigilantes ante este proceso. La ciudadanía merece transparencia, respeto y respuestas claras”, manifestó la organización indígena en un comunicado difundido este 22 de junio.
El plazo al que se refiere la Ecuarunari está relacionado con el tiempo que tienen las autoridades cuestionadas para ejercer su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.
Solo en caso de que esta sea admitida, los promotores podrán iniciar la recolección de firmas de respaldo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para impulsar la revocatoria de un presidente de la República se requiere el apoyo de al menos el 15 % de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.
Otro de los impulsores de la iniciativa, el abogado Washington Andrade, señaló que este plazo permite que Noboa presente una respuesta, se allane o se oponga a la solicitud de revocatoria. También hizo un llamado para que organizaciones como la UNE, la Fenocín y el Frente Popular se sumen a la iniciativa.
Diferencias entre la Conaie y la Ecuarunari
Dentro de la Conaie, la Ecuarunari ha sido la única organización que ha impulsado la revocatoria. Esa diferencia quedó en evidencia cuando la Confederación retiró el préstamo de su sede para el encuentro de las organizaciones que promueven la iniciativa.
Dirigentes de la Conaie, como Simón Velasco, responsable del área de comunicación, aclararon en esa ocasión que las bases habían decidido no formar parte del proceso y se desmarcaron de la revocatoria impulsada en contra del presidente Daniel Noboa. Fuente: Expreso
Nacionales
John Reimberg confirma que fuerzas extranjeras gozarán de inmunidad en el combate contra el crimen organizado
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que personal extranjero trabajará junto a las fuerzas del orden del Ecuador para combatir a grupos delictivos y gozará de inmunidad.
El pasado jueves, 18 de junio, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424 con el que ratificó la existencia de un conflicto armado interno “por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.
Luego, indicó que el país recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización contra grupos criminales.
En este sentido, detalló que las fuerzas extranjeras acompañarán a los agentes ecuatorianos para ejecutar operaciones conjuntas, por lo cual también gozarán de indultos y amnistías.
“Este es un delito transnacional que tenemos que combatirlo entre todos los que estamos en la misma línea de atacar y acabar al crimen organizado y por qué no contar con la ayuda, experiencia, tecnología de otros países”, apuntó el funcionario.
¿Habrá toque de queda?
Reimberg ratificó que el estado de excepción no implica un toque de queda, como se había hecho en otras ocasiones.
La medida se tomó porque “la justicia no está a la misma velocidad” que las operaciones policiales. “Pedir una orden de allanamiento no puede ser que nos tome dos o tres días, no podemos detenernos o anunciar a los delincuentes que estamos en camino”, sostuvo.
¿Quiénes gozarán de inmunidad tras el decreto de Noboa?
En el decreto 424 también se menciona que el presidente concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado.
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles.
El personal extranjero de los Estados cooperantes, que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno, también gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por el Ecuador. Fuente: Vistazo
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