Ecuador reiteró la invitación a República Dominicana para que invierta en proyectos energéticos

Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.

Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.

En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.

En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.

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«No se siguieron los parámetros normales»

Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”.

El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética.

Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero. Fuente: Expreso

En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.

Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.

El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) difundió un comunicado en el que cuestionó la administración del presidente Daniel Noboa y anunció el inicio de un proceso de revocatoria del mandato. El documento, presentado en Quito el 24 de mayo de 2026, expone cifras sobre seguridad, educación, salud, empleo y economía en Ecuador. La organización sostuvo que el Gobierno “oculta” la situación real del país y alertó sobre el incremento de la violencia y la precarización social.

El gremio docente aseguró que Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. Según el pronunciamiento, el país se ubica entre los más peligrosos de América Latina y 2026 podría convertirse en el segundo año más violento de su historia. Además, la UNE cuestionó los toques de queda y afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han frenado el avance de grupos delictivos organizados.

“En Ecuador si sales a caminar te roban, si instalas un negocio te extorsionan y si te expones hasta la vida te quitan”.Comité Ejecutivo UNE Nacional

La organización también señaló que existe una crisis educativa vinculada a la falta de inversión pública y al deterioro de la infraestructura escolar. Citó datos del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para indicar que, pese a existir más de $53 millones codificados para proyectos educativos, apenas una pequeña parte había sido ejecutada hasta abril de 2026. El comunicado añadió que miles de planteles continúan en malas condiciones.

Crisis educativa y deserción estudiantil en Ecuador

La UNE denunció además retrasos en procesos de escalafón y equiparación salarial para docentes con más de 25 años de servicio. El gremio aseguró que más de 11 mil maestros siguen sin recibir recursos económicos correspondientes a estos procesos. También afirmó que más de 200 docentes fueron desvinculados en lo que va del año.

Otro de los puntos expuestos fue la deserción estudiantil. La organización comparó cifras del Ministerio de Educación con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y concluyó que alrededor de 450 mil niños, niñas y adolescentes no estarían estudiando actualmente. En educación superior, la UNE sostuvo que la deserción supera el 20 %, lo que representaría al menos 150 mil jóvenes que abandonan sus estudios cada año.

El comunicado también abordó la situación sanitaria del país. La UNE afirmó que hasta finales de 2025 el Ministerio de Salud solo había utilizado el 45 % del presupuesto asignado. Según el gremio, esto habría afectado el abastecimiento de medicamentos y la atención en hospitales públicos de varias provincias.

Salud, desempleo y pobreza bajo cuestionamiento

La organización aseguró que en hospitales públicos el abastecimiento de medicamentos apenas alcanzaba el 54 %. Como ejemplo, mencionó al Hospital Monte Sinaí, en Guayas, donde el stock habría llegado solo al 19 %. El documento también se refirió a la emergencia sanitaria en Taisha y afirmó que comunidades afectadas por enfermedades deben caminar durante horas para acceder a atención médica.

En materia laboral, la UNE sostuvo que más de 186 mil plazas de empleo adecuado se perdieron en el último año. El comunicado citó cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), indicando que el denominado “Otro Empleo No Pleno” superó al empleo adecuado en Ecuador. Según la organización, esta situación refleja un deterioro de las condiciones laborales en el país.

El pronunciamiento también cuestionó medidas económicas impulsadas por el Gobierno. La UNE afirmó que mientras una parte importante de la población enfrenta pobreza multidimensional, los principales bancos del país registraron millonarias ganancias hasta abril de 2026. Además, criticó el incremento del IVA al 15 % y el alza en el precio de los combustibles. Fuente: Expreso