En el marco del espacio académico Tertulia Jurídica, se desarrolló un análisis especializado sobre el procedimiento penal aplicable a adolescentes infractores en el Ecuador, a cargo del doctor José David Mejía, abogado de los tribunales de la República por la Universidad Internacional SEK y maestrante en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Mejía, experto en justicia juvenil y derechos de adolescentes, enfatizó la importancia de la formación jurídica en torno a este tema, no solo para profesionales del derecho, sino también para padres y representantes legales que requieren conocer cómo actúa el sistema frente a menores de edad que incurren en conductas ilícitas.
Principios rectores del procedimiento
El ponente señaló que el derecho debe adaptarse a la comprensión del niño o adolescente, y no lo contrario, ilustrando esta premisa con la metáfora de El Principito, donde se muestra la distinta forma de interpretar la realidad entre adultos y niños. Bajo esta visión, el derecho penal juvenil se centra en medidas socioeducativas, más que en sanciones privativas de libertad, con el objetivo de garantizar la reinserción social, la educación, la salud y el derecho a la integridad de los adolescentes.
Mejía recordó que, por regla general, los niños menores de 12 años son inimputables y no pueden ser procesados penalmente. En caso de ser sorprendidos en delito flagrante, deben ser entregados a sus representantes legales y bajo ninguna circunstancia pueden ingresar a centros de detención. Los adolescentes de 12 a 18 años, en cambio, pueden ser sometidos a un proceso especializado, siempre bajo el principio del interés superior del niño.
Procedimiento y garantías
El proceso penal para adolescentes infractores contempla:
• Identificación previa mediante documentos oficiales o pruebas científicas autorizadas.
• Respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, conforme lo establecen la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
• Medidas cautelares y socioeducativas que privilegian la permanencia en el entorno familiar y educativo, recurriendo a la privación de libertad únicamente como último recurso y por tiempo limitado.
• Derecho a la defensa especializada, garantizada por abogados privados o defensores públicos asignados en menos de 24 horas.
• Reserva de la identidad del menor, prohibiéndose la difusión de información que permita su reconocimiento.
Justicia restaurativa y reintegración
El doctor Mejía subrayó que la justicia juvenil ecuatoriana se fundamenta en un modelo restaurativo, orientado a la reconstrucción del tejido social y la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes. Asimismo, resaltó la importancia de que los jueces valoren el entorno social, familiar y cognitivo del menor para aplicar sanciones proporcionales y adecuadas.
Finalmente, destacó que el procedimiento penal para adolescentes infractores no busca venganza ni castigo retributivo, sino la reinserción plena y el respeto a los derechos humanos, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas vigentes en el país.
