El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), junto a varias organizaciones sindicales, anunció movilizaciones en rechazo a la Ley de Integridad Pública, cuyo reglamento fue suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 22 de julio de 2025. La normativa introduce un mecanismo de evaluación para los empleados públicos que podría derivar incluso en destituciones.
Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves 24 de julio, Edwin Bedoya, presidente del FUT, cuestionó: “La Ley de Solidaridad, la de Integridad Pública, la de Inteligencia y la de Áreas Protegidas topan varios elementos, y la falta de unidad de materia ya determinaría una inconstitucionalidad. Por eso, nos asombra el silencio de la Corte Constitucional (CC)
“Ojalá la Corte Constitucional, como máxima autoridad en determinar la constitucionalidad de las leyes que dicta el Ejecutivo, no se convierta en cómplice de este deterioro social que se vive, ni en causante de la conmoción que se va a vivir en el país”, advirtió Bedoya.
LLAMADO A LA CONAIE Y CAMPESINOS
“Hoy les ha tocado a los servidores públicos, pero esto no se queda ahí. Esto significa un golpe, ese es el recetario que tiene el FMI”, agregó Bedoya.
Por ello, afirmó que el Frente Unitario de los Trabajadores y la Coordinadora de Organizaciones Sociales han decidido emprender acciones jurídicas y de movilización, que serán anunciadas en estos días, y que ya tienen algunas fechas tentativas.
Bedoya hizo un llamado a los trabajadores públicos, pero también al pueblo ecuatoriano, a la Conaie y campesinos. “Este no es un golpe solo para los servidores públicos (…) Empezará a agudizarse la crisis”, señaló.
El FUT anunció que se iniciará un proceso de organización territorial en todas las provincias del país para coordinar las próximas acciones de movilización.
Por su parte, Wilson Álvarez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, advirtió que con la aplicación de la Ley de Integridad Pública se enviará a la desocupación a más de 200.000 servidores públicos.
Álvarez exigió que las evaluaciones se realicen con criterios técnicos y no por compadrazgos. “Que evalúen a todos, empezando por las cabezas del sector público, y no solamente a quienes tienen nombramientos provisionales”, señaló.
En esa misma línea, Andrés Quishpe, presidente nacional de la UNE, cuestionó duramente el reglamento. “Es un reglamento político y maquiavélico”, afirmó.
Una de las primeras acciones se llevará a cabo hoy, 24 de julio, a las 16:00, cuando representantes de las organizaciones acudirán al Ministerio de Trabajo para protestar contra el reglamento. Fuente: Vistazo
