Padres de familia de la parroquia Cumbaratza, del cantón Zamora, presentan una denuncia pública preocupados por una serie de presuntos actos de acoso escolar, y prácticas represivas dentro de la Unidad Educativa Río Zamora, que, según manifiestan, están generando un ambiente de temor y vulneración de derechos en el entorno educativo.
A través de un mensaje remitido de forma anónima por temor a represalias, los denunciantes hacen referencia a un video que circula en la red social TikTok, en el cual se evidenciaría una posible práctica de acoso simbólico y burlas dentro del aula por parte de una docente y que además forma parte del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), quien habría grabado a estudiantes sin su consentimiento, incurriendo en conductas similares a las que en ocasiones anteriores fueron prohibidas a los propios alumnos. “¿Qué corona tienen para hacer lo que prohíben?”, se preguntan con indignación varios padres de familia.
El malestar se intensifica por la presunta impunidad con la que operan ciertos funcionarios, quienes tendrían una relación de cercanía con las autoridades directivas del plantel. Según relatan, en anteriores ocasiones, padres que intentaron denunciar irregularidades fueron amenazados con represalias hacia sus hijos, incluyendo la obstrucción del proceso de graduación. “Cuando lo hacemos personalmente, quienes pagan las consecuencias son nuestros hijos”, sostienen.
Además, se denuncia un hecho preocupante relacionado con la infraestructura educativa. Padres de familia de los estudiantes que están por graduarse habrían contribuido con aproximadamente 3.000 dólares para la adecuación de baños, como parte de un proyecto prometido por la dirección. Sin embargo, aseguran que el compromiso no se ha cumplido, afectando directamente a estudiantes de escasos recursos económicos.
Uno de los señalamientos más alarmantes es que un docente de Cultura Física estaría impartiendo clases de Matemáticas en octavo año de educación básica, sin contar con la formación adecuada. Padres de familia piden que se evalúe a los estudiantes de este grupo, pues temen que el déficit en su formación sea considerable. “El mismo profesor ha dicho que no sabe qué enseñarles porque no es su especialidad”, afirman.
Estas denuncias apuntan a una posible negligencia por parte de las autoridades educativas de la institución, quienes, según los testimonios, estarían al tanto de estas situaciones sin haber tomado acciones correctivas. La comunidad educativa exige una intervención urgente por parte del Distrito de Educación, así como la actuación de la Coordinación Zonal y la Defensoría del Pueblo, para garantizar la integridad y los derechos de los estudiantes, así como la transparencia en la gestión institucional.
Padres de familia hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes, y velen por una educación libre de violencia, represalias y prácticas arbitrarias. La escuela debe ser un espacio seguro, inclusivo y formativo, no un escenario de miedo ni exclusión.
Sobre este caso dialogamos con el Director Distrital Medardo Ortega vía celular y dijo que hoy conoció el tema y que este martes se tomará la sanción con el análisis de la Junta de Resolución de Conflictos. Estos actos no se permitirá en ningún establecimiento de la provincia y esta sanción será un ejemplo para que nadie de los docentes vuelvan hacerlo, concluyó.
