La intervención militar en el sector de Río Blanco, parroquia Los Encuentros, ha despertado el rechazo y la preocupación de los habitantes, quienes denuncian el uso desproporcionado de la fuerza y los efectos ambientales provocados por el accionar de los uniformados.
El operativo, dirigido contra la minería informal, dejó a su paso no solo el saldo de una máquina inhabilitada y dos motores quemados, sino también la perforación de tanques de almacenamiento de diésel que contenían aproximadamente 900 galones de combustible, cuyo derrame contaminó el río. Este hecho ha generado alarma entre la comunidad, que teme por las consecuencias en el ecosistema y en su propia salud.
A esto se suma el testimonio de trabajadores del sector, quienes relatan haber sido víctimas de agresiones físicas y gas lacrimógeno. Además, denuncian que los militares se llevaron seis teléfonos celulares, pertenecientes a personas que descansaban en sus viviendas y a jóvenes que se encontraban en la escuela aprovechando la cobertura de internet. También afirman que parte del dinero de sus salarios fue incautado sin justificación.
El clamor de una comunidad golpeada
Los mineros artesanales no se oponen a los controles estatales, pero exigen que estos se realicen dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos. Consideran que la persecución indiscriminada contra los trabajadores no resuelve el problema de fondo y proponen que, en lugar de recurrir a la violencia, se adopten medidas como la inmovilización de maquinarias y la emisión de advertencias previas antes de sancionar.
Pero más allá de las acciones puntuales del operativo, la comunidad de Río Blanco hace un llamado urgente al Estado para que atienda las causas estructurales que empujan a muchas familias a la minería informal. «No hay alternativas de empleo ni proyectos de desarrollo que permitan a los habitantes subsistir sin esta actividad», expresan los afectados. «Se nos persigue mientras la corrupción en otras esferas sigue impune», agregan con indignación.
Exigencias y respuestas esperadas
Ante lo sucedido, los habitantes de Río Blanco exigen respuestas de las autoridades competentes. Piden un pronunciamiento oficial sobre el derrame de diésel y sus impactos ambientales, así como explicaciones sobre los abusos denunciados durante la intervención militar. Exigen, además, que las fuerzas del orden actúen con responsabilidad y sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.
En medio de este panorama, la comunidad permanece en estado de alerta, esperando que sus demandas sean escuchadas y que los operativos futuros se realicen con transparencia y respeto, garantizando tanto el orden como la dignidad de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
