Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador rechazamos la actuación de la Fiscalía de Gualaquiza de dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales que garantizan una idónea defensa de Johnny Q., testigo clave de la muerte de Fredi Taish, defensor indígena shuar, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 durante un supuesto operativo de control minero por parte de ARCOM y las Fuerzas Armadas. El estado ecuatoriano, ha vinculado al proceso a Johnny Q como autor directo del delito de terrorismo con resultado de muerte.

Mediante Impulso Fiscal No. 30 de 8 de marzo de 2022, emitido por el Fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Gualaquiza, se comunicó la negativa sobre la disponibilidad financiera para la realización de la pericia de uso progresivo de la fuerza. La negativa se fundamenta en una supuesta falta de fondos para la contratación del perito designado.

Cabe señalar que el 10 de mayo de 2019 dicha pericia ya fue ordenada por José Reinaldo Córdova, anterior agente Fiscal a cargo del caso. Sin embargo, el perito designado, Dr. Hugo Cahueñas, indicó que para realizar la pericia solicitada del uso progresivo de la fuerza es indispensable que exista la diligencia de reconstrucción de los hechos. De esto se puede colegir que esta pericia contaba con el presupuesto para ser ejecutada y en ese sentido era responsabilidad de Fiscalía el impulsar la misma.

Por otro lado, para las organizaciones que suscribimos, resulta altamente preocupante que la diligencia de reconstrucción del lugar de los hechos que inicialmente fue fijada para el 11 de marzo del año en curso haya sido aplazada por una semana, es decir para el 18 de marzo. Esta decisión no contó con motivación alguna y sumado a ello nos preocupa su dilación en razón de que esta diligencia es elemental para la ejecución de otros peritajes como el de uso progresivo de la fuerza. Además, el término de 90 días de la instrucción fiscal está próximo a precluir.

Por ello, denunciamos públicamente la conducta parcializada, dilatoria y vulneratoria de los derechos fundamentales hacia Johnny Q por parte del sistema de justicia, que obstaculiza la realización de diligencias fundamentales para demostrar la inocencia de Johnny Q, testigo clave en el caso, quien ha sido criminalizado y tildado de terrorista.

Creemos que la respuesta por parte de la Fiscalía de Gualaquiza representa una total inobservancia e incumplimiento de los principios de igualdad y objetividad establecidos en el artículo 5, numerales 5 y 21 del Código Orgánico Integral Penal, además de los preceptos Constitucionales de debido proceso y tutela judicial efectiva, en cuanto al derecho a la defensa reconocido en artículo 76 numeral 7 literales b y h, que determina los medios probatorios e investigativos adecuados y necesarios; entre ellos la realización de todas las diligencias que sean pertinentes para la preparación de la defensa y la idoneidad de los argumentos que permitan consolidar el principio de inocencia del cual hasta el presente día goza Johnny Q.

Por ende, como Alianza resulta alarmante identificar que el sistema de administración de justicia ecuatoriano y la actuación del titular de la acción penal pública y sus diferentes unidades fiscales normalizan una práctica procesal criminalizante, punitiva y desprovista de toda garantía reconocida en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Ante esto, nos encontramos vigilantes de que se respete el debido proceso y exigimos la aplicación eficaz de los principios procesales del derecho a la defensa, debida diligencia, celeridad y motivación en cuanto a una correcta realización de las diligencias solicitadas, cuya respuesta no puede ser argumentada a través de razones burocráticas que desembocan y colocan a Johnny Q. en una situación de indefensión y desigualdad ante el poder punitivo del Estado.

En ese sentido, exhortamos a la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil, estar alerta y denunciar la situación de indefensión, desigualdad, y criminalización a la que se le ha sometido a Johnny Q. a lo largo de este proceso penal. Y del mismo modo rechazamos todas estas conductas y actuaciones fiscales, que limitan y restringen de forma inadecuada, injustificada e ilegítima los derechos de Johnny en este proceso penal.