Nicolás Maduro Moros nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962 y llegó a la Presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. El último heredero del chavismo, que había gobernado entre voces de fraude y con autoritarismo, fue capturado la madrugada del 3 de enero de 2026 en una intervención militar de Estados Unidos.

Antes de ocupar cargos de Estado fue dirigente sindical y, de joven, trabajó como conductor de autobús, imagen que él mismo ha usado como parte de su narrativa pública, a la que en las últimas semanas se ha sumado una faceta ‘pacífista’ ante la tensión ejercida por Donald Trump.

Alto, con un espeso bigote que luce con orgullo, este exchofer de bus y dirigente sindical de 61 años explota los estereotipos de «hombre de pueblo», de «presidente obrero», como se hace llamar, para su beneficio político. Evoca un pasado de vida sencilla en largas veladas televisadas junto a Cilia Flores, su esposa y «primera combatiente», dirigente muy poderosa tras bastidores.

Formado en Cuba, Maduro fue parlamentario, canciller y vicepresidente de Chávez (1999-2013).

Maduro fue designado por Chávez como su heredero el 9 de diciembre de 2012, antes de que el entonces presidente viajara a Cuba para tratar un cáncer que lo llevó a la muerte tres meses después.

Reelecciones entre polémicas
Tras la muerte de Chávez, Maduro asumió la jefatura del Estado y ganó las elecciones presidenciales de 2013; posteriormente, fue reelecto en comicios de 2018 y proclamado vencedor en la elección de julio de 2024 (resultados que fueron cuestionados por la oposición y desconocidos por decenas de países).

Desde 2013, por tanto, Maduro ha permanecido en el poder de forma ininterrumpida presumiendo del apoyo permanente de las Fuerzas Armadas: 4.687 días en el poder hasta el 3 de enero de 2026.

Su mandato ha estado marcado por una profunda crisis económica (contracción del PIB y episodios de hiperinflación), protestas masivas y denuncias de violaciones de derechos humanos. La Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de su gobierno por las de 2017.

En el plano internacional, la administración estadounidense y otras capitales impusieron sanciones contra el entorno gubernamental venezolano y han cuestionado la legitimidad de varias votaciones —medidas que incluyeron sanciones sectoriales, congelamiento de activos y restricciones de visado—.

Una relación tensa con Washington
Intransigente en su discurso «antiyanqui», Maduro supo en los primeros años de su mandato negociar con Washington.

Maduro obtuvo el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses y consiguió que Estados Unidos excarcelara a dos sobrinos de su esposa condenados por narcotráfico, así como al empresario Alex Saab, acusado de ser su testaferro y enjuiciado en Florida por lavado de dinero.

Y es que en 2020, la justicia de EE. UU. presentó cargos contra Maduro y varios allegados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo. El Departamento de Justicia y la DEA desglosaron acusaciones sobre supuestas conspiraciones para traficar cocaína y para usar redes estatales en beneficio delictivo.

Desde 2020, las autoridades estadounidenses comenzaron a ofrecer recompensas por información que condujera a la captura o condena de funcionarios venezolanos implicados en estas causas.

El panorama para Nicolás Maduro, sin embargo, empeoró este año.

En enero de 2025, el Departamento de Estado elevó ofertas de recompensa hasta USD 25 millones por información sobre Maduro y otras figuras; en agosto, la recompensa aumentó a USD 50 millones, según anuncios del Departamento de Justicia EE. UU.

La designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con Maduro fue la última medida directa en contra del venezolano y abrió la puerta para la intervención militar. Fuente: Primicias