Por: Alcibar Lupercio
Las fronteras no solo representan límites geográficos; son territorios donde miles de familias construyen diariamente su vida alrededor del comercio, la educación, el trabajo y el acceso a la salud.
Por ello, cuando una decisión del Gobierno Central restringe el paso fronterizo, sus efectos no pueden analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad, sino también desde la protección de los derechos fundamentales de la población.
Lo ocurrido Chinchipe con una señora adulta mayor en el puente internacional La Balsa, no puede quedar aislado de sus derechos que le asiste. Ella se había golpeado su mano y queria pasar a lado ecuatoriano para ir al hospital, los militares no le han permitido avanzar y en 4 recien ha podido llegar al hospitsl de Zumba, pero la peor noticoa s que podria perder su mano por falta de empatía. Y asi mismo este 2 de julio de 2026 en Macará evidencia esa realidad. Decenas de estudiantes no pudieron movilizarse con normalidad y ciudadanos peruanos que requerían atención médica urgente enfrentaron dificultades debido al cierre del paso oficial.
Son situaciones que trascienden lo administrativo y plantean un debate sobre la forma en que el Estado debe equilibrar las políticas de seguridad con la garantía de derechos.
La Constitución de la República del Ecuador es clara. El artículo 32 establece que la salud constituye un derecho que debe ser garantizado por el Estado mediante el acceso oportuno y sin discriminación a los servicios de atención.
Asimismo, el artículo 66 reconoce la libertad de tránsito y movilidad, aunque admite restricciones excepcionales siempre que sean legales, necesarias y proporcionales.
La pregunta que hoy surge es si las medidas implementadas contemplaron mecanismos suficientes para evitar que estudiantes, pacientes y ciudadanos comunes resultaran afectados.
En un Estado constitucional, toda restricción debe acompañarse de alternativas que reduzcan el impacto sobre la población.
En Chinchipe, además del componente humanitario, existe una preocupación creciente por las consecuencias económicas.
Comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores dependen en gran medida del intercambio comercial con el vecino país.
Cada día de restricción representa menores ingresos para familias cuya economía ya enfrenta importantes desafíos.
A ello se suma un sentimiento de abandono expresado por diversos habitantes del cantón, quienes consideran insuficientes las gestiones públicas para representar las preocupaciones de la zona fronteriza ante el Gobierno Nacional.
Independientemente de las posiciones políticas, la ciudadanía espera que quienes ejercen funciones públicas mantengan una presencia activa cuando decisiones nacionales afectan directamente a sus territorios.
El artículo 226 de la Constitución recuerda que todas las instituciones del Estado tienen el deber de coordinar acciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Esa coordinación debe traducirse en gestión, diálogo y búsqueda de soluciones, especialmente en provincias donde la dinámica fronteriza forma parte de la vida cotidiana.
Nadie discute que el Estado tiene la obligación de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, la seguridad y los derechos humanos no deben entenderse como objetivos opuestos. Una política pública eficiente puede fortalecer los controles fronterizos y, al mismo tiempo, establecer corredores humanitarios para emergencias médicas, garantizar el traslado de estudiantes y facilitar el desarrollo económico de las comunidades fronterizas.
La ciudadanía de Chinchipe y Macará no reclama privilegios. Reclama atención, gestión y respuestas. Las fronteras no deberían convertirse únicamente en un tema de campaña electoral; deberían ocupar un lugar permanente en la agenda pública nacional.
Gobernar también significa escuchar a quienes viven en los extremos del país y asegurar que ninguna decisión deje atrás a quienes más dependen de la acción oportuna del Estado.
