En esta columna quiero contarles una experiencia propia como abogado. Una de esas experiencias que, más allá de ganar o perder un proceso, obligan a preguntarnos qué clase de justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe.
Hoy acabo de presenciar una resolución judicial que me dejó profundamente preocupado. Se discutía un incidente de rebaja de pensión alimenticia y, entre los beneficiarios, se encontraba un niño con discapacidad física y una enfermedad catastrófica. Sin embargo, dentro del razonamiento utilizado para resolver se sostuvo, en esencia, que los niños debían ser considerados iguales.
Por supuesto que todos los niños son iguales en dignidad y derechos. Nadie podría discutir semejante principio. Pero jurídicamente resulta incomprensible confundir igualdad con idénticas condiciones de vulnerabilidad.
El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria a los niños, a las personas con discapacidad y a quienes padecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Incluso dispone una protección especial para quienes se encuentran en condición de doble vulnerabilidad. El artículo 44, además, obliga a que prevalezca el interés superior del niño.
La Corte Constitucional también se ha pronunciado. En la sentencia 1351-19-JP/22 recordó la necesidad de realizar un análisis minucioso cuando se encuentran involucrados niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, atendiendo precisamente a su especial condición de vulnerabilidad.
Pero hubo algo más que llamó mi atención; para justificar la rebaja se habrían considerado cargas familiares que, según los antecedentes del caso, ya habían sido tomadas en cuenta anteriormente al establecer la pensión. Entonces surge una pregunta elemental: ¿qué circunstancia nueva justificaba modificarla?
Los abogados debemos respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Pero respetar a la Función Judicial jamás puede significar guardar silencio frente a decisiones que consideramos jurídicamente cuestionables.
Los jueces tienen en sus manos algo demasiado importante: la vida, el patrimonio, la libertad y los derechos de las personas. Cuando se trata de niños en condiciones especialmente vulnerables, esa responsabilidad es todavía mayor.
Esta experiencia no me lleva a generalizar. En Zamora Chinchipe existen excelentes jueces y profesionales comprometidos con el Derecho. Precisamente por respeto a ellos debemos exigir que toda decisión judicial esté a la altura de la Constitución.
La justicia no consiste simplemente en resolver expedientes.
Consiste en comprender que detrás de cada expediente existe una vida.
Y cuando esa vida pertenece a un niño con discapacidad y una enfermedad catastrófica, la Constitución exige algo más que decir que “todos somos iguales”.
