Mediante declaraciones ofrecidas por los abogados Fernando Gaón y Fredy Castillo, se dio a conocer públicamente un presunto robo de material aurífero ocurrido en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial de Zamora, hecho que ha generado alarma en la ciudadanía y plantea serias interrogantes sobre los protocolos de custodia y seguridad dentro de la institución.
De acuerdo con la información proporcionada por el abogado Fredy Castillo, el material aurífero —presumiblemente oro— fue incautado el pasado 3 de mayo de 2025 en el sector La Pista, de la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía de Medio Ambiente de la ciudad de Quito. Posteriormente, y tras las debidas justificaciones legales sobre la legitimidad del mineral, la Fiscalía autorizó la devolución del material el día 19 de junio de 2025.
Fue precisamente en ese momento, cuando los abogados acudieron a realizar el retiro del material, que se percataron de la sustracción del contenido aurífero, estimado en 2.6 kilogramos, lo que representa un valor aproximado de 250.000 dólares según la cotización actual del oro.
Graves irregularidades en la custodia de evidencias
Según expuso el abogado Gaón, resulta sumamente preocupante que el supuesto robo ocurriera justo el mismo día y hora en que estaba prevista la devolución del oro incautado, sin que existiera un informe inmediato ni una alerta oportuna por parte de los responsables del centro de acopio. Esto plantea la posibilidad de participación interna en el hecho delictivo, dada la localización precisa del archivador violentado y la aparente selectividad del robo —pues otros objetos de valor, como celulares iPhone, no fueron sustraídos.
«Nos parece inadmisible que dentro de una institución encargada de brindar seguridad, como lo es la Policía Nacional, se pueda cometer un acto de esta magnitud sin una respuesta oportuna y sin que se active un protocolo de emergencia», expresó Gaón.
Exigen reformulación del tipo penal e intervención de altos niveles de control
Los representantes legales indicaron que el mineral pertenece al ingeniero Jackson Zambrano, quien posee un permiso legal de operación minera en el sector de Guayzimi, además de las guías de transporte, títulos mineros y licencia de comercialización debidamente justificadas ante la Fiscalía General del Estado.
Por esta razón, solicitarán la reformulación del tipo penal, actualmente tipificado como «hurto», y exigirán su clasificación como robo con agravantes, dadas las condiciones del delito y el lugar donde fue cometido. Asimismo, anunciaron que se oficiará a la Comandancia General de Policía, Asuntos Internos, el Ministerio de Gobierno y otros entes de control para que se inicien las investigaciones correspondientes y se identifique al personal que estaba en funciones el día del suceso.
“Este hecho no puede quedar en la impunidad. Si se quiere depurar la justicia y luchar contra la corrupción, debe comenzarse desde el interior de las propias instituciones del Estado”, señaló el abogado Gaón.
Sobre el transporte aéreo y la legalidad del material
En relación al medio de transporte utilizado, se informó que el oro iba a ser trasladado vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil, como parte de su proceso de comercialización y eventual venta al Banco Central del Ecuador. La aeronave utilizada pertenece al propio concesionario y fue seleccionada como medida de seguridad, considerando el alto valor del mineral y los riesgos asociados al transporte terrestre.
La defensa aclaró que la retención inicial se debió a que el personal encargado del transporte no portaba en ese momento los documentos correspondientes, pero todos los permisos fueron posteriormente justificados en sede fiscal, por lo cual el material debía ser devuelto al legítimo propietario.
Este caso representa un grave precedente que compromete la credibilidad de los procesos judiciales y de custodia de evidencias en la provincia de Zamora Chinchipe. La ciudadanía y la defensa técnica del propietario exigen transparencia, celeridad en las investigaciones y que los responsables —internos o externos— sean identificados y sancionados conforme a la ley.
Se espera en los próximos días un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional sobre los avances de esta investigación que involucra no solo un perjuicio económico considerable, sino también un cuestionamiento profundo a las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad en el país.
