La Policía Nacional del Ecuador, a través del Distrito Yantzaza, ejecutó un operativo antidelincuencial orientado a fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y mantener el control territorial en distintos sectores del cantón.

Durante la intervención, los servidores policiales desarrollaron controles preventivos a personas y vehículos, con especial atención a la posible tenencia o transporte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros objetos prohibidos que pudieran representar un riesgo para la integridad de la población o alterar el orden público.

Estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo y buscan identificar y neutralizar factores de riesgo antes de que puedan derivar en hechos delictivos, mediante la presencia policial y controles focalizados en sectores considerados estratégicos para la seguridad.

El despliegue operativo se enmarca en las acciones permanentes que desarrolla la Policía Nacional para fortalecer la prevención del delito y garantizar espacios seguros para habitantes, comerciantes, conductores y demás usuarios de los espacios públicos. En Yantzaza, este tipo de controles forman parte de una estrategia sostenida de vigilancia y prevención territorial.

La institución policial reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos preventivos y de control en el distrito Yantzaza, en coordinación con las unidades especializadas y demás instituciones competentes, con el propósito de preservar la seguridad, el orden público y la convivencia pacífica.

Asimismo, se destaca la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, mediante la comunicación oportuna de situaciones sospechosas a los canales oficiales de emergencia y seguridad, contribuyendo así a una respuesta más efectiva de las autoridades.

Yacuambi | Zamora Chinchipe. Usuarios y moradores de los sectores que utilizan la vía de interconexión entre los cantones Yacuambi y Yantzaza expresan su preocupación por el estado actual de la carretera, en particular en el tramo San Vicente de Caney – Santa Rosa de Piuntza – Alto de Yacuambi, donde se han registrado deslizamientos constantes de tierra.

De acuerdo con los testimonios de quienes transitan por este eje vial, la carretera presenta serias afectaciones que dificultan el desplazamiento de personas, vehículos y mercancías. Los moradores aseguran que, debido a los deslizamientos, existen sectores prácticamente intransitables y que la vía se encuentra en condiciones que requieren una intervención urgente.

Esta conexión es considerada fundamental para las comunidades de ambos cantones, especialmente para quienes desarrollan actividades agropecuarias y ganaderas, debido a que permite movilizar productos, trasladar insumos y mantener la comunicación entre las poblaciones de Yacuambi y Yantzaza.

Los usuarios señalan que la situación no es reciente. Según manifiestan, han transcurrido aproximadamente dos meses sin que se concrete una solución efectiva, pese a la importancia que tiene esta carretera para las familias y productores que dependen diariamente de ella.

“Dicen que somos solo dos moradores los que necesitamos esta vía, pero no miran las necesidades de quienes vivimos en los dos cantones y nos entrelazamos por este medio de conexión”, expresaron moradores, quienes consideran que la problemática afecta a una población mucho más amplia.

Asimismo, existe preocupación porque la vía fue puesta al servicio de la colectividad hace relativamente poco tiempo y, actualmente, presenta importantes daños. Los habitantes cuestionan la falta de atención y solicitan que las autoridades competentes realicen una evaluación técnica urgente, ejecuten trabajos de mantenimiento y estabilización y establezcan una solución definitiva para garantizar la seguridad de quienes utilizan este corredor vial.

Los moradores también advierten que el deterioro de la carretera afecta directamente a la producción y economía de las comunidades rurales, pues las dificultades para movilizarse pueden representar mayores costos, retrasos y complicaciones para sacar los productos hacia los mercados.

Frente a esta situación, los usuarios hacen un llamado a las autoridades de los dos cantones y a las instituciones responsables de la vialidad para que intervengan de manera inmediata, antes de que las condiciones de la carretera empeoren y generen mayores riesgos para la población.

Mientras tanto, los moradores esperan que sus reclamos sean escuchados y que la vía San Vicente de Caney – Santa Rosa de Piuntza – Alto de Yacuambi vuelva a contar con condiciones adecuadas de circulación, en beneficio de las comunidades de Yacuambi y Yantzaza.

La población pide respuestas, acciones concretas y una solución que permita garantizar la conectividad y movilidad de quienes viven y producen en estos sectores.

Por: Alonzo Cueva Rojas

Zamora Chinchipe se desangra en una guerra sin cuartel contra la minería, pero el enemigo no solo viste de camuflaje en la selva; también opera desde las oficinas del Estado. La ola de operativos del gobierno de Daniel Noboa, que destruye de forma sistemática la maquinaria pesada en cantones como Palanda, Yacuambi, El Pangui, Centinela del Cóndor y Nangaritza, no frena la ilegalidad. Al contrario, al aplicarse la misma estrategia destructiva de manera generalizada, la falta de alternativas y de consensos mínimos empuja a toda la provincia hacia una peligrosa escala de violencia con un pronóstico social totalmente impredecible.

La muestra más fehaciente y alarmante de este peligro generalizado ocurrió ayer en Nangaritza. Un violento operativo en Guayzimi desató el caos absoluto: pobladores y mineros, cansados de ver quemadas las herramientas que sustentan la economía de la zona, se enfrentaron directamente al Ejército. Hubo retención de uniformados, ataques a blindados y gases lacrimógenos en medio del pueblo. Esta respuesta netamente punitiva y desprovista de diálogo rompió la paz social, arrastrando a los ciudadanos a una rebelión desesperada que amenaza con replicarse en los cantones vecinos donde la situación es idéntica.

Este escenario caótico golpea la tranquilidad de las comunidades ribereñas, vulnerables ante recurrentes inundaciones. Si existiera una regularización real para transicionar de la informalidad a la formalidad, la realidad sería otra. Al legalizarse, los operadores locales pagarían tributos reinvertibles en sus zonas y serían sujetos de control para una adecuada remediación ambiental. Además, se protegería el rostro más vulnerable de la actividad: la clase trabajadora. Hoy, miles de obreros laboran sin seguridad social ni medidas de protección; muchos, de hecho, han muerto en el olvido absoluto por el simple hecho de ser catalogados como «ilegales». Al preferir la vía del desorden y el fuego, el Estado arriesga a la provincia a una preocupante anarquía total.

En medio de esto, salta a la vista una paradoja indignante: el Estado otorga un trato privilegiado y «garantista» al gran capital transnacional con contratos blindados y resguardo militar. En contraste, para el minero nativo la única respuesta es la criminalización. Esta flagrante asimetría moral destruye el tejido social y demuestra que las leyes se usan para desplazar al productor local en favor de intereses extranjeros.

¿Con qué legitimidad se quema la herramienta local cuando las agencias de control actúan como extorsionadores? Al audio filtrado del exdirector de ARCOM exigiendo coimas semanales, se suman hechos vergonzosos en el territorio: policías con miles de dólares injustificados en Chinapintza, denuncias de uniformados que liquidan el oro antes de quemar los campamentos, y el insólito robo de 2.5 kilos de oro que, tras ser interceptado en la pista de Cumbaratza, desapareció misteriosamente de las bodegas de la Policía Judicial en Zamora. Cuando las instituciones del orden extorsionan y roban, el Estado pierde toda validez.

Una salida pacífica será imposible si el Gobierno insiste en mirar este conflicto solo a través de la mira de un fusil. La solución no es el fuego, sino la limpieza profunda de la corrupción en ARCOM, la Policía y el Ejército. Zamora Chinchipe exige una tregua, diálogo inmediato y una regularización honesta. De lo contrario, los hechos de Guayzimi serán apenas el inicio de una lamentable rebelión civil que nadie sabrá cómo detener.