Nacionales
Policías implicados en red narco del ‘Gato Farfán’ irán a juicio por ‘Caso Jaguar’: así era el modus operandi
Trece presuntos integrantes de una red de narcotráfico, que tendría supuestos vínculos con el narcotraficante Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada en la trama denominada como ‘Caso Jaguar‘.
El Juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Olger O., Shirley R., Jorge S., Enmer P., Bryan T., Marjorie C., Juan O., Daniel M., Byron N., Kléver E., Luis A., Alberto D. y José F.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal presentó su dictamen acusatorio con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación. La detención ocurrió el 18 de abril de 2024 durante un operativo, en el que se desarticuló un grupo que sería parte de una estructura delictiva con nexos con cárteles extranjeros para cometer tráfico de drogas.
Policías implicados en red narco del ‘Gato Farfán’
Los elementos de convicción revelaron que los procesados eran parte de una estructura delictiva que tenía vínculos con organizaciones y carteles extranjeros, principalmente con Wilder Sánchez, alias “Gato Farfán”, líder de una estructura delictiva transnacional que enviaba droga desde Ecuador hacia México para el Cartel de Sinaloa.
Este caso tuvo como base una instrucción fiscal abierta en Napo por el robo perpetrado en abril de 2022 a la ex Secretaría Técnica de Drogas de esa provincia, de donde se sustrajeron 2.350 kilos de clorhidrato de cocaína. Según lo explicado en la audiencia, el propósito de este grupo estructurado había sido recuperar el alcaloide.
La recuperación de la droga –por parte de la organización– se llevó a cabo, utilizando una camioneta doble cabina y vestimentas similares a las que usa la Policía. Esa sustancia había sido previamente incautada a ‘Gato Farfán’.
Por este hecho, posteriormente, tres personas fueron detenidas durante un operativo, entre ellas Juan O. Por su parte, el procesado Olger O. (expolicía) habría ofrecido dádivas para que el camión con droga no sea revisado por agentes policiales, mientras que los otros procesados habrían recibido dinero y colaborado en la compra de los automotores en Quito, mismos que luego fueron trasladados al Tena para recuperar el estupefaciente.
El procesado Jorge S., primo de Juan O., habría recibido la transferencia del dinero para la adquisición de los vehículos. En cuanto a Shirley R., el Fiscal indicó que ella también habría receptado una parte del dinero en una heladería en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según la investigación, los policías involucrados recibían grandes cantidades de dinero de las mafias del narcotráfico para tener acceso a información privilegiada y lograr también certificaciones falsas para el uso de armas.
En los registros a los inmuebles se incautaron aproximadamente 750.000 dólares en efectivo, dos vehículos, cinco armas de fuego, municiones de diferentes calibres, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de delincuencia organizada con una pena privativa de libertad de diez a trece años, considerando que el hecho se cometió antes de la última reforma de dicho cuerpo normativo.
Nacionales
Ministro de Producción dice que solicitará a Estados Unidos la revisión de la tasa del 10% para camarón, atún y brócoli
En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, informó sobre los avances de los acuerdos comerciales que negocia Ecuador o están en proceso de ratificación con otros países.
Sobre la reciente sobretasa que aplicó Estados Unidos a Ecuador y otros países, Jaramillo señaló que el país solicitará a la Administración de Donald Trump que se incorporen otros productos a la exoneración de la sobretasa. Sin embargo, no es optimista sobre este tema.
En cuanto al acuerdo comercial firmado recientemente con Canadá, el titular de Producción reiteró que el principal interés de Canadá son las inversiones en minería.
¿Cuándo entrará en vigencia el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos?
El acuerdo se presentó a la Corte Constitucional meses atrás, pero no ha habido avances al respecto. Tampoco hemos insistido porque estábamos a la espera del cambio que los Estados Unidos implementó la semana pasada, con el que se ratificó la sobretasa de 10% que ya estaba vigente.
Sobre esta nueva investigación relacionada con trabajo forzoso, en el caso de Ecuador, la Administración de Donald Trump ya había indicado que el país cumplía parcialmente con los controles a las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso, y por eso aplicaba una tasa de 10% y para el resto de países, 12,5%.
Considero que más allá de esta investigación, se trata de una medida que llegó para quedarse, esto va a sustituir al 10% que teníamos antes. Es una ventaja para Ecuador tener 2,5 puntos porcentuales menos que el resto de países, pero más allá de eso, creo que Estados Unidos va a mantener la medida.
Entonces, ¿usted no cree que aún haya la posibilidad de renegociar esta sobretasa en el marco del acuerdo firmado?
Nosotros hemos hecho la defensa. Hubo una reunión en Washington hace tres semanas, en la que expusimos lo que nosotros estamos haciendo al respecto. De hecho, en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) consta que Ecuador va a implementar controles al respecto y que los Estados Unidos inclusive ayudará con inteligencia al respecto.
Entonces, nos sorprendió que, a pesar de que el acuerdo indica esto, hayan señalado que se cumple parcialmente. Pero, como decía, más allá de cumplir o no, creo que se trata de una medida que llegó para quedarse y no la van a mover. Además, pienso que van a venir más investigaciones de Estados Unidos en la que podríamos estar incluidos.
Más allá de cumplir o no, creo que la sobretasa a Ecuador y el resto de países es una medida que llegó para quedarse y no la van a mover.
El presidente Daniel Noboa había dicho que el acuerdo con Estados Unidos se renegociaría en agosto. ¿Esto ya comenzó?
Al respecto, tenemos que llevar a cabo una sesión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (TIC, por su siglas en inglés). Estaba programado para junio, en Ecuador, pero ha habido postergaciones por parte del USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos); esperemos que la reunión se concrete para agosto o septiembre.
El TIC es el vehículo por el que Ecuador puede exponer su posición y solicitar que se incorporen más productos sin sobretasa, como el caso del camarón, el atún en «pouch» y en lata o el brócoli.
Sobre el TLC con Canadá, usted ha resaltado el interés de ese país en las inversiones mineras. ¿Qué empresas mineras canadienses estarían interesadas en invertir en Ecuador o incrementar sus inversiones?
El acuerdo fue un ganar-ganar. Nosotros ganamos en la posibilidad de incrementar nuestro volumen de exportación a Canadá y también porque van a venir inversiones canadienses, no solo en minería, si no en diferentes sectores. El interés principal de Canadá son las inversiones y que esas inversiones se queden en propiedad canadienses.
También, recordemos que Canadá es una potencia minera y aquí en Ecuador hay proyectos de oro, en el caso canadiense, pero también tienen interés en cobre y en otros minerales. Algunos proyectos están en curso y otros están en análisis. Entonces, sí, el principal interés en Canadá está en invertir en minería.
¿Qué faltaría para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Corea del Sur?
Falta aún la aprobación del Parlamento coreano, esperemos que sea muy pronto, dentro de los próximos 30 o 60 días.
Una vez que el acuerdo entre en vigencia, el siguiente paso sería renegociar los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos. Eso ya lo acordamos con el Ministerio de Comercio de Corea del Sur.
Vamos a renegociar con Canadá los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos, como banano y atún.
Por ejemplo, el atún ecuatoriano tiene un plazo de desgravación de 15 años y la idea es reducirlo a máximo cinco años. El banano, que tiene un arancel de 30%, tiene un plazo de cinco años y queremos bajarlo a dos, porque tiene una desventaja competitiva frente a Filipinas.
Además, vamos a iniciar las negociaciones de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Corea del Sur, pero una vez que quede ratificado el acuerdo comercial en ambos países.
También, hay otros temas que tratar con Corea, ellos realizan pruebas para controlar la mancha blanca en el camarón, que es un tema endémico y que no afecta al ser humano. Entonces, quedamos en que se llevaría a cabo una investigación científica para demostrar que la mancha blanca no afecta al ser humano.
¿Cuántas rondas tendrá el acuerdo con República Dominicana y para cuándo se prevé firmar?
Hubo una primera ronda de negociaciones y la segunda se llevará a cabo desde el lunes 3 de agosto, en República Dominicana. No deberían pasar de cuatro rondas. Este será un acuerdo parcial acotado, se ha hablado de negociar una lista de 10 productos, pero podrían ser hasta 20. Podría firmarse en unos 60 días.
¿Qué avances se han logrado para comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial con Marruecos?
La primera ronda de las negociaciones se llevará a cabo en agosto. Este acuerdo se negociará en poco tiempo, son solo cuatro productos de lado y lado. Nosotros tenemos interés en productos como camarón, flores, banano, tableros de madera, enlatados de atún. Marruecos es un importante exportador de fertilizantes de potasio. Fuente: Primicias
Nacionales
Cuando una sociedad pierde el rumbo moral El mayor peligro para una democracia no siempre proviene de la delincuencia organizada ni de la corrupción institucional. En ocasiones, el riesgo más profundo aparece cuando una parte de la sociedad comienza a justificar lo injustificable, a relativizar la ética y a convertir en sospechoso a quien exige transparencia y rendición de cuentas. La inversión de valores es una de las expresiones más graves de la decadencia política. Se desacredita la denuncia, se ridiculiza el esfuerzo por fortalecer las instituciones y se pretende que la exigencia de justicia sea interpretada como intolerancia. Así, el debate público deja de sustentarse en principios y se transforma en una disputa donde la verdad pierde importancia frente a la conveniencia. Ninguna nación progresa cuando la honestidad resulta incómoda y la corrupción encuentra excusas para sobrevivir. La impunidad no nace únicamente de la ausencia de leyes; nace, sobre todo, cuando la ciudadanía deja de sancionar moralmente las conductas que deterioran el bien común y comienza a normalizarlas como parte de la vida política. El Ecuador enfrenta un desafío que trasciende gobiernos, partidos e ideologías. Se trata de recuperar la cultura de la responsabilidad, del mérito, de la legalidad y del respeto a las instituciones democráticas. Un país no se construye sobre la indiferencia ni sobre la complicidad silenciosa, sino sobre ciudadanos capaces de defender principios, incluso cuando hacerlo implique incomodar a quienes se benefician del desorden. La historia es implacable con las sociedades que confunden a sus referentes. Cuando los corruptos son presentados como víctimas y quienes exigen transparencia son tratados como enemigos, el deterioro institucional deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Ha llegado el momento de recuperar la memoria cívica. No para alimentar confrontaciones estériles, sino para comprender que la democracia solo sobrevive cuando la verdad tiene más valor que la propaganda, cuando la justicia prevalece sobre los privilegios y cuando el interés nacional está por encima de cualquier cálculo político. Porque un pueblo que renuncia a defender la ética termina entregando su futuro a la impunidad. Y ninguna nación puede aspirar al desarrollo si deja de distinguir entre quienes sirven al país y quienes se sirven de él.
El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inscribió este 2 de agosto sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 y confirmó cambios de última hora en sus principales postulaciones en Pichincha. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el trámite se realiza exclusivamente de forma virtual, simpatizantes acompañaron a los aspirantes en una caminata hasta la sede del organismo en Quito.
Durante el ingreso de los candidatos a la delegación provincial del CNE también se registraron momentos de tensión. Personal de seguridad restringió el acceso al auditorio únicamente a los postulantes acreditados, lo que provocó forcejeos y reclamos de varios simpatizantes que buscaban ingresar junto a la comitiva oficialista.
La directora provincial de ADN y ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó que el movimiento modificó sus postulaciones tras evaluar las expectativas de los electores de la provincia. Según indicó, la decisión respondió a las opiniones recogidas durante el proceso político previo a la inscripción de candidaturas.
«Lo que evaluamos siempre es lo que dice la gente«, afirmó Morillo al ser consultada sobre el cambio de última hora. Agregó que la trayectoria de Giovanna Ubidia al frente del Seguro Social Campesino influyó para que el movimiento decidiera postularla a la Prefectura de Pichincha.
Nacionales
¿Qué pasará con los USD 450 millones en carros, celulares y útiles escolares abandonados en la Aduana de Ecuador? Nueva ley define su destino
El Estado podrá quedarse de forma definitiva con mercancías abandonadas, robadas, recuperadas tras un naufragio, que no salieron del país cuando debían, o productos que ingresaron por contrabando, según una reforma legal aduanera en vigencia desde el 29 de julio de 2026. Esto ocurrirá en cinco casos
Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, que incluyó artículos para resolver el problema de las mercancías que permanecen durante años almacenadas sin un destino definido, generando costos para el Estado y pérdida de valor de los bienes.
Según el asambleísta Sergio Peña, ponente de la ley, más de 12.000 contenedores ingresan cada año a régimen de abandono, valorados en unos USD 450 millones.
¿Cuándo puede el Estado quedarse con una mercancía?
Para ello, la nueva norma cambia la figura del decomiso administrativo, establecida en el artículo 123. Uno de los cambios más relevantes es que ahora ya no se necesita el dictamen de un juez, sino que ahora estos bienes pasarán al Estado solo por resolución definitiva aduanera, explicó Yael Fierro, experta en temas tributarios y aduaneros.
A continuación se detallan las cinco situaciones específicas en las que el Estado puede apropiarse de la mercancía, detallados en el artículo 123 de la reforma:
Productos abandonados o rezagados
1.- Cuando se desconoce quién es el propietario, quién envió la mercancía (consignante) o quién debía recibirla (consignatario), incluso si los bienes permanecen dentro de la zona primaria aduanera.
2.- Contenedores recuperados tras un naufragio
3.- Mercancías robadas dentro de los recintos Aduaneros y luego recuperadas
4.- Mercancías cuyo reembarque no se realizó
- Cuando la autoridad ordenó que los bienes fueran reembarcados y regresen al país de origen y esa obligación no se cumplió dentro del plazo establecido. El decomiso no elimina el pago de las tasas por los servicios aduaneros utilizados.
5.- Vehículos o medios de transporte que ingresaron evadiendo controles aduaneros
- Si fueron aprehendidos por ingresar al país sin pasar por los controles y, tras notificar al país del que presuntamente provienen, nadie los reclama dentro de los 90 días siguientes, podrán ser decomisados por el Estado.
Carros abandonados también pasarán al Estado
Para la experta, el principal cambio en este artículo es que se incorpora de forma expresa a los medios de transporte, como carros, que ingresen al país evadiendo los controles aduaneros.
Antes, cuando estos vehículos eran retenidos, permanecían durante años en los patios de Senae porque no existía un procedimiento claro para disponer de ellos.
Con la reforma, una vez que el vehículo es aprehendido, el Senae debe notificar al país de origen a través de la Cancillería. Si en un plazo de 90 días nadie lo reclama, el vehículo pasa legalmente a ser propiedad del Estado, que podrá subastarlo o asignarlo para uso público, explicó Fierro.
La experta considera que este cambio brinda seguridad jurídica, ya que establece un plazo definitivo para resolver la situación de los carros y evita que permanezcan abandonados en las bodegas aduaneras.
¿Qué hará el Estado con los bienes decomisados?
La reforma también cambia el destino de las mercancías que pasan a manos del Estado. Una vez que el decomiso administrativo quede en firme, la Aduana deberá dar prioridad a su entrega gratuita a instituciones públicas, incluso si ya se había iniciado un proceso de subasta.
Hay tres posibles destinos para estos productos, según la tributarista Yael Fierro:
Entregarlas gratuitamente a entidades públicas que puedan aprovecharlas.
Si eso no es posible, se deben venderlas en subasta y transferir los recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
Y, si están deterioradas o ya no tienen valor comercial, destruirlas conforme a la normativa ambiental.
La norma anterior priorizaba mantener las mercancías almacenadas hasta que terminaran todos los trámites.
Con la reforma, se espera que el Estado reduzca los costos de almacenamiento y que esos bienes pierdan valor, agregó la experta.
Los cambios se aplicarán en un plazo de hasta tres meses: dos meses para la emisión del Reglamento y un mes más para que la Aduana ajuste sus procesos. Fuente: Primicias
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