Nacionales
Mireya Pazmiño, en el ojo de huracán del juicio político contra Lasso: asambleísta acusadora se convierte en acusada
La asambleísta Mireya Pazmiño, una de las cuatro proponentes del juicio político por supuesto peculado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra en el ojo del huracán tras una reciente denuncia en su contra.
El titular de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue a Pazmiño por presunta falsificación y uso de documento falso y tráfico de influencias en la elaboración y aprobación de un informe, el 31 de octubre de 2022, dentro de la Comisión de Régimen Económico que la legisladora preside, relacionado a la situación de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP).
«El documento sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker, fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tanker y Andes Tanker«, cuestionó Villavicencio, tras la revelación de la ex secretaria de la Comisión Económica, Andrea Poveda, en su comparecencia en el marco del juicio contra el primer mandatario.
En su intervención, la exfuncionaria mencionó que el texto del informe fue elaborado de manera externa, es decir fuera de la mesa legislativa.
«Según se desprende del documento original de Word, la computadora en la que se trabajó el texto corresponde a Isaac Garzón Méndez, hijo menor de Galo Garzón, procesado por el caso Petrochina junto a Nilsen Arias. En la elaboración y entrega del informe también habrían participado los hermanos Mario y Wilson Naranjo Borja, vinculados a Antonio Peré, intermediario de Gunvor y Core Petroleum, empresas dueñas de Amazonas Tankers y Andes Tanker», detalló Villavicencio en Twitter.
El caso Flopec y el contrato suscrito con Amazonas Tanker Pool forma parte del juicio contra Lasso. Por lo que, el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico fue incorporado como prueba de descargo por parte de la defensa del primer mandatario.
Actualmente, Pazmiño es crítica del contrato con Amazonas Tanker por considerarlo perjudicial para el Estado. No obstante, unos meses antes la Comisión que preside aprobó el informe en el que se indica que la asociación con Amazonas Tanker había generado una utilidad de aproximadamente $ 24 millones.
REACCIONES
Por su parte, la asambleísta Mireya Pazmiño aprovechó para interponer una denuncia en la Fiscalía contra el presidente Guillermo Lasso.
Bajo el presunto delito de peculado, la misma causa por la que se le sigue el juicio político, la legisladora solicita que se hagan las investigaciones pertinentes.
Washington Andrade, abogado de Pazmiño, informó que también se ha solicitado a la Fiscalía, que se incluya a la asambleísta en el programa de protección a víctimas y testigos.
Mientras que, la bancada correísta de UNES, que promueve la destitución de Lasso, se pronunció tras la denuncia sobre el ‘lobby’ de compañías petroleras en la creación del informe no vinculante sobre la Flota Petrolera Ecuatoriana en la Comisión de Régimen Económico.
«Ante la utilización de un informe aprobado el 31 de octubre del 2022 por la Comisión de Régimen Económico, la bancada de UNES en la Asamblea Nacional, exige que se investigue por parte de la propia Asamblea y la Fiscalía las responsabilidades en torno a dicho documento, en especial del asesor parlamentario Mario Naranjo, así como la influencia y rol de su hermano Wilson Naranjo, supuesto «lobbysta» de empresas petroleras, en la elaboración del informe no vinculante sobre FLOPEC en dicha Comisión», recoge el escrito.
Asimismo, se argumentó que «el poder de empresas corruptas transnacionales» influenciarían en asesores de organismos del Estado para hacer prevalecer sus intereses.
La oposición en la Asamblea Nacional ha enjuiciado a Lasso bajo la acusación de un presunto delito de peculado en unos contratos para el transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tankers, firmados antes de que el presidente llegase al poder, pero de los que supuestamente fue advertido de las presuntas irregularidades una vez en el cargo. Fuente: El Vistazo
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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