El Ministerio de Educación presentó la denuncia ante Fiscalía por el presunto delito de pornogafía con utilización de niñas, niños y adolescentes. El trámite se presentó este martes, 12 de marzo de 2024.

Esto se dio tras las declaraciones emitidas por el abogado Fernando Rosero sobre la presunta existencia de una red social en la que se compartirían y comercializarían videos de abusos sexuales de estudiantes de instituciones educativas del país.

La cartera de Estado colocó la denuncia a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil – Zona 8. En ese marco, se indicó que la Autoridad de Educación busca precautelar la integridad y los derechos de los miembros de la comunidad educativa. Además se realiza el seguimiento y acompañamiento legal a las personas que vivieron estos hechos.

A esto se suma que se rechaza todo acto de violencia dentro y fuera del sistema educativo.

[COMUNICADO] El Ministerio de Educación informa que presentó denuncia ante Fiscalía por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, ante las declaraciones del abogado Fernando Rosero. pic.twitter.com/v0qDb07EyJ

— Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) March 13, 2024

En contexto 

El Ministerio de Educación informó el martes, 5 de marzo de 2024, que se activaron los protocolos y ruta de actuación ante hechos de presunta violencia reportados en establecimientos de Quito y Guayaquil.

El caso de Quito está relacionado con presunta violencia física y psicológica dentro del plantel por un docente. El hecho fue reportado por la madre de la menor afectada y se colocó la denuncia a Fiscalía.

Mientras que el caso de Guayaquil se trata de una presunta violación sexual de compañeros a una chica. El hecho se habría dado en un viaje al exterior.

A continuación, estos son los protocolos: 

-Toda persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un presunto caso de violencia, cometido dentro o fuera de la institución, tiene la obligación de reportarlo a la autoridad institucional y poner la denuncia inmediatamente en Fiscalía.

–Separación inmediata del espacio educativo del presunto agresor durante el tiempo de investigación y resolución del proceso administrativo.

–Acompañamiento psicológico a la presunta víctima y su familia a través de la derivación a instancias de salud.

–Acompañamiento pedagógico por parte del docente-tutor, profesores de las diferentes materias y del vicerrector para garantizar la continuidad y el derecho a la educación (siempre y cuando no sean los docentes involucrados en la denuncia).

–Asesoramiento y derivación legal que brindan los abogados de las direcciones distritales; hay una coordinación con la Defensoría Pública y consultorios jurídicos aliados. Fuente: El Telégrafo