Me dirijo con profundo respeto, pero también con absoluta firmeza, a todas las autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe: presidentes y vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, Prefectura, Gobernación, MAATE, ARCOM, y a los representantes legislativos que tienen el deber de actuar más allá del discurso.
Hoy, la minería mal ejecutada no solo erosiona el suelo: está socavando la confianza ciudadana y destruyendo la infraestructura vial que con esfuerzo ha levantado el Estado. Casos como el de la vía rural que conecta el Puente del Amor en Yantzaza con La Floresta, Playas de Cuye y Zumbi, en Centinela del Cóndor, no pueden seguir ignorándose. En La Floresta, por ejemplo, ya se ha perdido un tramo de aproximadamente 80 metros de la mesa vial, y todo apunta a la actividad minera irresponsable desarrollada en las orillas del río.
Debo ser claro: no estamos en contra de la minería, reconocemos que dinamiza la economía y genera empleo. Pero no puede permitirse que, bajo ese argumento, se justifique la destrucción de caminos, puentes y obras que han sido financiadas con recursos públicos. Lo responsable es promover una minería técnica, legal, regulada y respetuosa de la vida comunitaria y del entorno.
Es preocupante la inacción de muchas autoridades. El silencio frente a esta problemática —incluido el de la Prefectura que debe velar por lo que le corresponde defender, también el de los legisladores— resulta inaceptable. No basta con aparecer en movilizaciones donde los ciudadanos con justo derecho reclaman y ustedes dan sus pronunciamientos en redes sociales. Se requiere acción coordinada y sostenida: campañas de concientización para los mineros, capacitaciones técnicas, normativas claras y un seguimiento riguroso a los impactos que se generan.
La lista de puentes que está en riesgo es larga: el viaducto sobre el río Zamora que da acceso a Zumbi, el puente de Panguintza camino a La Hueca, el de Chamico, los tramos en riesgo en la vía asfaltada entre La Saquea y Guadalupe, sector de Cartagena, La Saquea – Guaguayme Bajo… Estos puntos críticos no pueden esperar más.
Nos estamos jugando el futuro de nuestros nietos. Lo que hoy no se protege, mañana costará millones o será irrecuperable. El Estado no puede continuar asumiendo los costos de los daños provocados por prácticas irresponsables. Si no hay una respuesta inmediata, muchos nos preguntaremos: ¿acaso el silencio y la inacción tienen un cálculo político?
Hago un llamado, tanto a las autoridades como a los mineros, para que actuemos con visión de futuro, responsabilidad ética y compromiso con el bienestar colectivo. La ciudadanía ya no tolera la complicidad pasiva ni las promesas vacías.
La minería puede ser compatible con el desarrollo, pero solo si se ejecuta con responsabilidad y justicia ambiental y social. Señoras y señores autoridades: el silencio también es una forma de ser cómplices. La historia juzgará nuestra indiferencia.
Por Alcibar Lupercio