Nacionales
Los jueces del TCE: ¿quiénes son y cómo han fallado en denuncias por infracción electoral?
Las últimas denuncias electorales contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad han puesto la mira en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y sus jueces. Los magistrados tienen la capacidad de imponer una cuantiosa multa económica e incluso destituir a una autoridad, conforme lo establece el Código de la Democracia. Todo depende de su análisis y su decisión puede ser ratificada o modificada por el Pleno en una apelación.
El TCE tiene la misión de ejercer la justicia electoral y está conformado por cinco jueces principales y cinco suplentes.
El Cpccs transitorio hizo el concurso para elegir a los tres jueces faltantes y los suplentes. Ganaron como principales: Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz. Del lado de los suplentes ganaron: Guillermo Ortega, Ivonne Coloma, Juan Maldonado, Richard González y Roosevelt Cedeño. Ellos fueron posesionados para un periodo de seis años el 20 de mayo de 2019 por la Asamblea dirigida entonces por César Litardo.
Reconfiguración de los integrantes del TCE
El 9 de noviembre de 2022, el Pleno se reconfiguró con dos principalizaciones, después de que Arturo Cabrera y Patricia Guaicha terminaran su periodo. Esto dio paso a que sus puestos sean ocupados por Guillermo Ortega e Ivonne Coloma, respectivamente.
Ahora el TCE está integrado así:
- Fernando Muñoz (presidente)
- Ivonne Coloma (vicepresidenta, por paridad de género)
- Ángel Torres
- Joaquín Viteri
- Guillermo Ortega
- Juan Maldonado (suplente)
- Richard González (suplente)
- Roosevelt Cedeño (suplente)
- *Con las dos principalizaciones de los suplentes quedaron vacantes dos suplencias*
Joaquín Viteri
En el despacho del juez Joaquín Viteri cayó la causa de denuncia por supuesta infracción electoral en contra del presidente Daniel Noboa. El denunciante, Marlon Pasquel, no completó la denuncia a tiempo y esta fue archivada. Esta decisión ha sido impugnada y el Pleno deberá resolver el recurso: si se mantiene en archivo o si pasa a que se conozca en primera instancia.
El Pleno que dirimirá sobre el mismo está conformado por:
- Fernando Muñoz
- Ivonne Coloma
- Ángel Torres (juez sustanciador)
- Guillermo Ortega
- Richard González
Entre las sentencias más conocidas de Viteri, está la de la sanción contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Le ordenó ofrecer disculpas públicas y la imposición de una multa económica.
En abril de 2022 destituyó al alcalde de Paltas (Loja), Jorge Luis Feijoó, por violencia política de género en contra de la concejala Yénnifer López.
El 7 de octubre de 2022 rechazó el pedido para el inicio de proceso de revocatoria de mandato del entonces presidente Guillermo Lasso. Se buscaba la entrega de formularios para la recolección de firmas.
En mayo de 2023 declaró el estado de inocencia de Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, quien fue acusado de no asistir a un debate de manera injustificada. Con eso se mantuvo en el cargo.
Fernando Muñoz
Es quien decidirá en la denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Verónica Abad. El 7 de junio de 2024, el consejero del Cpccs fue acusado de falsificar una firma de su abogado patrocinador para completar la denuncia en este caso. Guarderas dijo que el correísmo busca entorpecer el proceso.
En agosto de 2020 dejó sin efecto una resolución del CNE en la que se suspendía a cuatro movimientos políticos, entre ellos, Fuerza Compromiso Social del expresidente Rafael Correa.
En septiembre de 2022 destituyó a Oswaldo Román, alcalde del cantón Celica (Loja), por violencia política de género.
El 12 de marzo de 2024 sancionó al excontralor Pablo Celi por interferir en la función electoral.
Ángel Torres
Fue quien canceló, en abril de 2024, al Movimiento Construye del registro de organizaciones políticas. La organización lo acusó de tener afinidad con el presidente Daniel Noboa y que su fallo se dio a cambio de favores. Aseguraron que su yerno fue nombrado director político de ADN en Loja. Ángel Torres dijo que fue una coincidencia y demostrará que su fallo fue actuado en derecho.
Construye lo denunció por presunto prevaricato e impulsó un juicio político en su contra. Él respondió con una denuncia por presunto fraude procesal.
A la final, el Pleno del TCE, en apelación, dio de baja su sentencia contra Construye.
El 6 de enero de 2021, en sentencia de primera instancia, destituyó a cuatro consejeros del CNE por infracción electoral grave: Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto. No obstante, el 7 de mayo de 2022, el Pleno del TCE dejó sin efecto la destitución.
El 3 de marzo de 2021, estalló que mantuvo una reunión en un edificio de Quito con el candidato presidencial Yaku Pérez, justo en un momento en el que competía por entrar a segunda vuelta con Guillermo Lasso. Torres dijo que no había nada que esconder, que no conocía al candidato y que el encuentro fue casual.
Explicó que fue al edificio para encontrarse con Darwin Seraquive, exsecretario general del Consejo de Participación Transitorio. Y que Pérez también tenía reunión con él y llegó antes. Pérez había pedido el reconteo de votos y Torres, debido a este «encuentro casual», se excusó de conocer la causa. Se presentó una acción de queja en su contra, pero no fue sancionado.
En octubre de 2021, sancionó, en primera instancia, a Jorge Yunda, por la denuncia de Santiago Guarderas.
En junio de 2023, fue quien dio paso a los principios de paridad en los binomios presidenciales para las elecciones anticipadas de agosto 2023.
Guillermo Ortega
Fue quien desechó la denuncia de primera instancia, presentada por Juan Esteban Guarderas, en contra de Alembert Vera y Marcela Aguiñaga de haber cometido una infracción electoral muy grave al haber recibido el respaldo del correísmo en redes sociales para llegar al CPCCS. En segunda instancia, el Pleno del TCE dio paso a la multa y pérdida de derechos políticos de Vera y se ratificó la inocencia de Aguiñaga.
Participó en el reciente concurso para Defensor Público y fue descalificado por ser juez electoral.
Su pareja, la abogada Alba Guevara, fue nombrada por el presidente Noboa como directora de la Unidad de Gestión y Regularización, pero ella dijo desconocer sobre este nombramiento y pidió la aclaración la misma a Presidencia. Luego, se nombró a Carlos Andrés Montalvo
Sustanció la apelación del Movimiento Construye que lo eliminaba del registro de organizaciones políticas. Intentó excusarse del procedimiento, pero no se dio paso al mismo. Su proyecto de resolución tuvo tres votos en contra: de Ivonne Coloma, Fernando Muñoz y Joaquín Viteri. Y dos a favor: uno de él mismo y otro de Roosevelt Cedeño.
Ivonne Coloma
Después de quedar como juez suplente del TCE presentó una acción de protección en abril de 2019 para que haya paridad de género en el organismo, ya que solo estaba integrado por una sola mujer: Patricia Guaicha. El Consejo de Participación Transitorio dijo que aplicó la paridad de género «en medida de lo posible», debido a que al concurso se presentaron tres mujeres y 11 hombres.
La justicia negó su petición.
Llegó a principalizarse en noviembre de 2022 después de que saliera Patricia Guaicha, quien cumplió seis años en el cargo. Por paridad de género, asumió la vicepresidencia del TCE.
Richard González
Es parte de Acción Jurídica Popular e impulsó una denuncia en mayo de 2023, junto con Angélica Porras y Priscila Schettini, contra la fiscal Diana Salazar en el Consejo de Participación Ciudadana por un supuesto plagio en la tesis de grado.
También defendió a Freddy Carrión en el proceso por abuso sexual que terminó en su condena.
El 14 de agosto de 2023, el Pleno del TCE lo sancionó con una multa de USD 13 500 tras una denuncia de Juan Esteban Guarderas, desde la Fundación Lucha Anticorrupción, que se enmarca en el caso de Jorge Yunda.
Juan Esteban Guarderas denunció que el TCE en segunda instancia sancionó a Yunda con la suspensión de los derechos de participación. Yunda pidió la aclaración, pero esto se demoró un año cuando no debía pasar de los dos días. El juez Richard González dijo que no iba a resolver los recursos de aclaración y ampliación hasta que el caso se investigue en la justicia ordinaria, porque denunció que la sentencia contra Yunda fue escrita por un exabogado de Santiago Guarderas. Esa demora permitió que Yunda participe en las elecciones seccionales de 2023.
Cuando Diana Salazar denunció, en octubre de 2023, en el TCE ser víctima de violencia política de género, la causa cayó en su despacho y por este motivo tuvo que excusarse. Fuente: Ecuavisa
La sanidad animal constituye un componente estratégico para proteger la salud pública, garantizar la inocuidad de los alimentos y fortalecer la economía de los pequeños y medianos productores. Así lo señaló Roberto Bustillos Huilca, experto en Sanidad Animal de la Universidad Nacional de Loja (UNL), durante una entrevista sobre “El impacto de la sanidad animal en la salud pública y la economía local”.
Bustillos explicó que en Zamora se estima la existencia de aproximadamente 180.000 cabezas de ganado, actividad que se encuentra principalmente en manos de pequeños productores y representa una fuente importante de sustento económico. En este contexto, destacó la importancia del enfoque de “Una Sola Salud”, que integra la salud animal, humana y ambiental, especialmente en territorios amazónicos donde existe una estrecha interacción entre estos componentes.
Entre las enfermedades que pueden generar mayores impactos productivos mencionó leptospirosis, brucelosis, diarrea viral bovina y leucosis bovina, patologías que pueden ocasionar abortos y reducir la producción de leche y carne. En el caso de la leptospirosis, señaló que investigaciones desarrolladas en la zona han identificado una prevalencia del 12 %, mientras que la brucelosis representa un riesgo para la población cuando se consumen leche o derivados lácteos sin una adecuada pasteurización.
El especialista también enfatizó la necesidad de fortalecer los controles sanitarios desde la producción hasta la comercialización, incluyendo granjas, mataderos, mercados y centros de expendio. Consideró fundamental contar con profesionales veterinarios e inspectores sanitarios que permitan detectar patologías, realizar decomisos cuando corresponda y garantizar que los productos de origen animal sean aptos para el consumo humano.
Otro de los desafíos identificados es la brecha de atención veterinaria en las zonas rurales, donde existen dificultades para acceder a diagnóstico especializado, vacunación, medicamentos y capacitación técnica. Según Bustillos, la prevención y el diagnóstico oportuno pueden representar menores costos para los productores frente a las consecuencias económicas de un brote sanitario.
Asimismo, advirtió que el cambio climático y fenómenos como El Niño pueden modificar la distribución de vectores y favorecer la aparición o expansión de determinadas enfermedades y parásitos. Citó como ejemplo la presencia de mosquitos, garrapatas y otros ectoparásitos, así como enfermedades zoonóticas que requieren vigilancia permanente.
En materia de políticas públicas, planteó la necesidad de generar información epidemiológica específica de la región sur y fortalecer el trabajo articulado entre Estado, gobiernos locales, productores y academia. También destacó la importancia de disponer de personal especializado y mejorar los mecanismos para la toma y traslado de muestras desde las zonas rurales hacia los centros de diagnóstico.
Respecto a los animales de compañía, recomendó mantener vacunaciones, desparasitaciones y controles veterinarios periódicos, además de promover la tenencia responsable y la esterilización para evitar la sobrepoblación. Recordó que enfermedades como la rabia constituyen riesgos zoonóticos prevenibles mediante vacunación.
Finalmente, Bustillos destacó el aporte de la Universidad Nacional de Loja, institución que cuenta con una Maestría en Sanidad Animal, actualmente en su cuarta promoción, y laboratorios especializados para la formación e investigación en salud pública, zoonosis e inocuidad de los alimentos.
El especialista concluyó que fortalecer la sanidad animal no solo permite proteger a los animales, sino también prevenir enfermedades en la población, garantizar alimentos seguros y proteger la economía de las familias rurales, por lo que consideró indispensable avanzar de una atención reactiva hacia una verdadera cultura de prevención sanitaria.
Nacionales
Antes de una reforma de pensiones, se deben vender USD 2.000 millones en activos para dar liquidez al IESS, dice Presidente Noboa
El Presidente Daniel Noboa dijo este 28 de agosto de 2026, que antes de ir a una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en cuanto a aportes y pensiones, es necesario que primero la entidad consiga liquidez vendiendo sus activos, entre ellos, bienes raíces como terrenos, lotes, edificios, entre otros, que estarían valorados en USD 2.000 millones.
Noboa dijo esto al ser consultado en una entrevista en Radio Centro Digital sobre qué pasó con la propuesta de reforma al sistema de pensiones de la que había hablado el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, en 2025.
De ahí que Noboa enfatizó que una reforma que implique, por ejemplo, un aumento en los aportes, podría afectar en la generación de empleo en Ecuador.
«Antes de cualquier reforma al IESS debemos generar USD 2.000 millones en liquidez. Así aguantas el bache y sostienes este proceso de mayor generación de empleo. Si tenemos que vender activos para generar caja y sostener el proceso, hay que hacerlo», dijo.
Y añadió que ha pedido a Bernardo Cordovez, el delegado de la Función Ejecutiva y presidente del Consejo Directivo del IESS, que los venda.
» He dado la orden a Bernardo, le he dicho: ‘hermanito, vende todos los activos, ¿qué haces con tantos edificios, terrenos, macro lotes, cuando necesitas atender salud y pensiones?’ …Ya se comenzaron a vender, pero hay mafias que no quieren que se venda nada», explicó.
El catastro de bienes del IESS, con fecha del 19 de marzo de 2026, está compuesto por 1.387 predios distribuidos en las 24 provincias del país y clasificados de acuerdo con los diferentes seguros especializados, entre ellos el campesino y el de pensiones, los que tienen a su nombre la mayor cantidad de propiedades.
El seguro campesino cuenta con 676 inmuebles, el 48,7% del total de los predios, mientras que el de pensiones tiene 389 bienes, el 28,05%. Le siguen en la cartera inmobiliaria los seguros de salud (9,37%) y de la Dirección General del IESS (13,7%).
Ahí constan oficinas administrativas, edificaciones, terrenos. Entre ellos, dispensarios del Seguro Campesino como Barabón, de 912 metros en Azuay, hasta hospitales de tercer nivel como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, de una extensión de 82.150 metros cuadrados.
Menos colocación de crédito hipotecario del Biess
Noboa enfatizó que el IESS requiere liquidez con urgencia y puso como ejemplo que el banco del IESS, (Biess) ha tenido que reducir la colocación de créditos hipotecarios, para atender al sector de salud.
«Ha tenido que reducir sus inversiones en créditos hipotecarios para atender salud; menos créditos de vivienda a 2,99% para arreglar un hospital» Daniel Noboa.
A junio de 2026, la cartera de crédito hipotecario del Biess sumó USD 6.627 millones; esto es una caída de 2,37% frente a junio de 2025. Fuente: Vistazo
El presidente Daniel Noboa aseguró que prefectos, alcaldes y asambleístas son dueños de dializadoras con derivaciones. Además, habló sobre los cambios ejecutados en el sistema de salud para mejorar la atención.
En entrevista con Radio Centro, el mandatario detalló que se han realizado más de 24 auditorías en hospitales, muchas de las cuales terminaron en detenciones, pero hay “estructuras grandes” que siguen obstaculizando el trabajo.
Agregó que incluso hay periodistas que tienen medios digitales e insultan al gobierno, pese a que son proveedores del Estado.
“Cómo puedes salir a criticar si eres proveedor del sistema de salud y al mismo tiempo tu pareja está en todas las mafias eléctricas desde hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, arremetió sin especificar nombres.
Noboa comentó que se está trabajando en repotenciar varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero eso requiere una alta inversión.
Por ello, indicó que esa institución ha implementado un plan para vender “bienes ociosos” como terrenos, edificios y oficinas desocupadas.
“Antes de hacer una reforma debemos generar USD 2.000 millones en liquidez en venta de activos”, detalló el jefe de Estado.
Tecnología para la atención en salud
La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, avanzó que se está implementado telemedicina para descongestionar la demanda de atención física en hospitales.
En cuanto a medicamentos, el presidente Noboa informó que trabajan en fortalecer el sistema de atención primaria para que las personas obtengan más rápido los fármacos sin necesidad de trasladarse a hospitales de especialidades.
Dedalus es una plataforma líder en Europa y referente mundial en servicios de salud digital para historias clínicas electrónicas y diagnóstico médico. Fuente: Vistazo
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