El teléfono de Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), puso en aprietos a la Revolución Ciudadana (RC) y confirmó los evidentes vínculos e intereses políticos entre los consejeros de la ‘liga azul’ y el correísmo.

El resumen de los chats extraídos del celular de Verduga, y difundidos por la Fiscalía General, forma parte de la evidencia del caso Ligados, por presunta asociación ilícita que se sigue contra los exconsejeros Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, y la todavía consejera Nicole Bonifaz.

En los extractos que ha presentado la Fiscalía se observa cómo la polémica ‘liga azul’ trabajaba desde dentro del Consejo para ayudar a la Revolución Ciudadana en su objetivo de recuperar espacios de poder dentro del Estado.

Las conversaciones se llevaban a cabo en la aplicación de mensajería ‘Wire’, con tecnología de cifrado y encriptación. Además, como medida adicional, los correístas utilizaban alias e iniciales para comunicarse.

Y, en los extractos liberados por Fiscalía, los protagonistas son ‘Mónica Ertl’ y ‘AN’, los seudónimos elegidos por Verduga y, aparentemente, Andrés Arauz. En sus conversaciones, el entonces consejero de Participación y el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana organizaban sus estrategias jurídicas y políticas.

Desde ahí se delinearon las acciones que ejecutaron (o intentaron ejecutar) los miembros de esa agrupación política para conseguir espacios de poder dentro de distintas instituciones públicas. Entre los objetivos estaban: la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Por ejemplo, en enero, cuando la ‘liga azul’ consiguió recuperar momentáneamente la mayoría dentro del CPCCS, revocaron la designación de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos, quien encabezó la terna enviada por el presidente Daniel Noboa.

Aunque cinco días después se echaron para atrás, por las implicaciones jurídicas de la decisión, que acarreaban una probable destitución. Pero no les sirvió de mucho, porque el 31 de enero, el golpe llegó por otro lado: el TCE. Pese a que en sus conversaciones aseguraban que contaban con tres de cinco votos en el organismo.

Las largas discusiones y cálculos en el chat «Jujitsu», entre Arauz y cuatro miembros de la ‘liga azul’ (Saltos, Verduga, Franco Loor y Vielka Párraga), que iniciaron un bombardeo de recusaciones a los jueces electorales, no lograron el objetivo de evitar su destitución.

En varios chats, Verduga pregunta con insistencia sobre las opiniones y decisiones del buró de la Revolución Ciudadana, sobre las actuaciones de los consejeros, sobre las medidas a tomar y sobre las reuniones de zoom a las que ha sido convocado.

Una de las más importantes era demorar la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, para que «sea Luisa quien envíe la terna» de la Presidencia y conseguir que la Defensoría Pública les cediera dos o tres puestos en la terna de esa entidad.

Sin embargo, parecería que los contactos de Verduga dentro de la Defensoría tampoco lograron su cometido, puesto que los nombres de la terna enviada no coinciden con los mencionados por ‘Mónica’ en los chats.

A través de las conversaciones con Andrés Arauz queda en evidencia también el uso que el correísmo le da a la Función Legislativa, presidida por una de las suyas: Viviana Veloz. Y cómo ambos discuten cómo y cuándo debe utilizarse la presión política de su bancada o de las comisiones legislativas que presiden.

Por ejemplo, en medio de la confabulación para poner aliados suyos en la próxima Judicatura, Verduga insiste a sus coidearios que «sería pegarnos un tiro en el pie que Pamela (Aguirre) y fiscalización se metan en esto». E insiste en que el mejor camino para dilatar el concurso es interponer acciones de protección.

En las conversaciones también queda claro como el correísmo utiliza las instituciones públicas que dirige para acomodar a su gente en espacios de poder. Verduga cuenta como le han pedido puestos a los prefectos de Manabí, Leonardo Orlando, y de Pichincha, Paola Pabón. La prefectura de Pichincha, sin embargo, negó que las personas mencionadas en los chats hayan sido contratadas.

Lo mismo hicieron con su candidato a la Superintendente de Bancos, Raúl González, a quien le pidieron cuatro puestos clave a cambio de forzar su designación. Pero, finalmente, no pudieron entregarle la institución.

Es por eso que, con la destitución de la ‘liga azul’ del Consejo de Participación, a la Revolución Ciudadana se le ponen cuesta arriba sus intenciones de influir en los próximos concursos para designar a los próximos Consejo de la Judicatura, Fiscal General y Consejo Nacional Electoral.

Nota de la redacción. La versión original de esta nota se publicó a las 06:00 del 18 de marzo de 2025 y se actualizó a las 11:30 con la versión de la Prefectura de Pichincha. La entidad envió una comunicación a PRIMICIAS en la que informa que «ninguna de las dos personas mencionadas (en los chats) trabajan, ni han trabajado en la Prefectura de Pichincha, ni en ninguna empresa pública adscrita a la Institución». La dirección de comunicación de la entidad envió, además, un certificado emitido por el Director Administrativo y de Talento Humano.