La renuncia de Mario Godoy Naranjo a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) y la censura en la Asamblea Nacional es otra muestra de la crisis que se vive en la justicia ecuatoriana. Catedráticos universitarios, dirigentes gremiales, abogados en libre ejercicio y autoridades pedían su salida, pero nadie se ha preguntado si eso marcará un nuevo rumbo o si todo se mantendrá igual como ha pasado en los últimos años con polémicas y salidas fortuitas de autoridades.
Al momento, Damián Larco Guamán, expresidente del Servicio de Rentas Internas (SRI), se queda al frente del CJ de forma temporal. Se trata de uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Daniel Noboa Azín, quien lo candidatizó e incluyó en la lista que envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que se encargue de elegir a las autoridades.
Lastimosamente -acota el catedrático-, la situación no podrá ser cambiada porque no se dio paso a una nueva Asamblea Constituyente como planteó el Gobierno Nacional. “Estabilidad nunca habrá porque Ecuador siempre ha sido así (volátil) desde su existencia en 1830”, expresó.
“La situación de buscar el control de este poder fue evidente desde que Ecuador plegó a la democracia y subsiste con más fuerza actualmente, por lo que yo no creo que exista una solución a la crisis que experimenta la justicia”, manifestó el experto. Ahora, la solución es integral y pasa por una reformulación del marco normativo actual relacionado con el control y administración de la justicia en Ecuador.
Jorge Yánez Barrera, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, expresó que la problemática se mantendrá igual. “Mientras no demuestren síntomas de acciones con un plan estratégico de trabajo, poco podemos esperar”. A su juicio, se debería tener un proyecto estratégico para sacar adelante a la institución.
Tampoco hay recursos (papel, impresoras y suministros) en los juzgados y oficinas. Afirma que los funcionarios “ponen de su plata” para sacar adelante su trabajo porque los sancionan. “No veo futuro mientras haya una política bien estructurada que mejore el sistema de justicia”. Cuestionó que hubo varios incumplimientos, como la falta de evaluación, escasez de jueces. “Ya mismo nos quedamos sin Corte Nacional porque los nombramientos van a caducar, tienen que irse y eso es un serio incumplimiento del CJ en ejecutar sus funciones”.
Más allá del conflicto de intereses, hubo falta de cumplimiento de funciones y eso es evidente, añadió Yánez.
En la sesión extraordinaria número 018-2026 se designó, por unanimidad, a Larco Guamán para que presida el Pleno del CJ y ejerza las atribuciones y competencias del presidente de este organismo, hasta la designación del titular definitivo o un suplente.
Larco dispuso que se solicite al Cpccs que active el proceso de selección del titular de la Judicatura, según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento para la selección y designación de las y los vocales principales y suplentes del CJ.
Asimismo, afirmó que impulsará proyectos para la Función Judicial. Por ejemplo, la selección de magistrados de la Corte Nacional y jueces especializados en materia constitucional. También la evaluación de jueces y fiscales y la gestión de recursos económicos para el mantenimiento de la infraestructura física y ejecución de proyectos tecnológicos.
