El equipo periodístico de Diario El Amazónico realizó una visita a la comunidad Playas del Cuje, del cantón Centinela del Condor, con el propósito de visibilizar una grave problemática que afecta a varias familias del sector: la ejecución de actividades mineras en terrenos privados, sin la debida autorización y con consecuencias directas sobre la seguridad, la producción agrícola y la vida digna de sus habitantes.
Durante el recorrido, se recogieron los testimonios de moradores que denunciaron incursiones no consentidas por parte de operadores mineros, quienes habrían vulnerado linderos y ocasionado daños en cultivos, cercados. La señora Alexandra, una de las afectadas, denunció un intento de intimidación con maquinaria pesada, la afectación de su terreno y la presión constante para abandonar su propiedad. “Si mi madre y mi hermano menor no se hacían a un lado, hoy estaríamos hablando de otra historia”, afirmó con preocupación.
Los habitantes señalaron además que la minería se desarrolla sin planes técnicos aprobados, afectando la biodiversidad local y reduciendo los espacios de cultivo que históricamente han sido su único sustento. “Antes teníamos plátano, naranjas, cacao, maíz… hoy solo queda una pequeña franja de terreno útil”, indicaron.
A pesar de que las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía y otras instituciones del Estado, los moradores aseguran no haber recibido una respuesta concreta. Según expresaron, las visitas de la Policía o las Fuerzas Armadas no han generado acciones efectivas. Incluso, se denunció que el Ministerio del Ambiente habría advertido en años anteriores sobre posibles sanciones por la tenencia de fauna silvestre, mientras que no se han adoptado medidas frente a quienes degradan masivamente los suelos y ecosistemas del sector.
Solicitudes urgentes:
• Intervención de la Fiscalía General del Estado ante presuntos delitos ambientales e intimidación.
• Presencia de la Gobernación de Zamora Chinchipe, la Prefectura Provincial, el Ministerio de Ambiente, y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM), para verificar la legalidad de las operaciones extractivas.
• Plan de recuperación ambiental en zonas impactadas por la minería y reparación a las familias afectadas.
• Defensa de la integridad territorial y la seguridad jurídica de los pequeños propietarios rurales.
