De manera urgente, se conoció que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a través de una resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), dispuso la suspensión de las transmisiones del canal comunitario TVMICC, medio de comunicación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.
La resolución se sustenta en un informe catalogado como secreto, que advierte presuntos riesgos para la seguridad nacional. En consecuencia, TVMICC, que operaba en la frecuencia UHF 47 con cobertura en Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, Pelileo, Píllaro y Tisaleo, se vio obligado a suspender de manera inmediata sus emisiones.
Según Arcotel, la medida busca “precautelar el orden público y la seguridad nacional”. Sin embargo, la decisión ha generado un debate profundo sobre la legitimidad de aplicar restricciones basadas en informes reservados y sin procesos de participación ciudadana ni garantías de transparencia.
La dirigencia de TVMICC rechazó categóricamente la decisión, calificándola de arbitraria y como una grave violación al derecho a la libertad de expresión y comunicación, reconocido en la Constitución de la República y en convenios internacionales de derechos humanos. A su vez, exigieron al Gobierno el cese inmediato de prácticas que consideran autoritarias y censuradoras contra los medios comunitarios.
La suspensión de TVMICC revive un tema de alta sensibilidad política y social: el acceso equitativo a la comunicación y la vigencia del pluralismo mediático. Para sectores académicos y de la sociedad civil, la medida podría sentar un precedente riesgoso que limita la voz de organizaciones sociales e indígenas en el debate democrático nacional.
