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‘Fito’, el mecánico manabita que terminó en una Corte de Estados Unidos tras 25 años de carrera delictiva

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El 10 de septiembre de 2010, un joven manabita se presentó ante las cámaras de los medios de comunicación nacional, desde Manta. Tenía heridas de bala. Denunció que su familia era víctima de una persecución policial y que su hermano había sido ejecutado por agentes durante un operativo.

Era José Adolfo Macías Villamar. Las autoridades lo habían identificado con el alias de ‘Fito’ e integrante de la banda Los Choneros, organización delictiva que para esa época ya dominaba las rutas del narcotráfico desde los puertos de Manabí.

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En septiembre de 2010, ‘Fito’ dio una rueda de prensa denunciando el asesinato de su hermano.Captura de pantalla / YouTube / RTU
Casi 15 años después, ‘Fito’ se convirtió en el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado hacia Estados Unidos, directamente desde territorio nacional. La Corte del Distrito Este de Nueva York (EDNY) lo está procesando por siete cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Y se expone, incluso, a una cadena perpetua.

Con base en documentos judiciales, información de inteligencia policial y militar y publicaciones de prensa de distintas épocas, PRIMICIAS presenta el perfil completo de la vida de José Adolfo Macías Villamar, quien en 25 años de carrera criminal llegó a ser el hombre más buscado en el país.

De Santa Ana a Manta
José Adolfo Macías Villamar nació el 30 de septiembre de 1979, en Santa Ana, cantón de Manabí. Sus padres son Ramón José Macías y Violeta Villamar, quienes ahora también son buscados por sus supuestas implicaciones en la red de lavado de activos de su hijo.

Ramón José Macías era taxista y, por su trabajo, la familia se mudó a Manta. En esa ciudad, los Macías Villamar se radicaron en el barrio San Agustín. En las calles de ese barrio crecieron los tres hermanos mayores de esa familia: José Adolfo, William Leodán y Ronald Javier.

De cariño, al primero le decían ‘Adolfito’ y de ahí nació el apodo que lo acompañaría luego en su carrera delictiva: ‘Fito’. De su padre, Macías Villamar heredó el gusto por los carros. El 30 de enero de 1998, a sus 18 años, se graduó de bachiller técnico industrial en mecánica automotriz.

Ya con el título en su mano, ‘Fito’ empezó a trabajar como mecánico en un taller local. Además, según lo contó el mismo en la rueda de prensa de 2010, en ocasiones también realizaba carreras como taxista. Sin embargo, el mundo de los carros también lo ligó a sus primeros pasos criminales.

Aunque no existen registros digitalizados de la época, diario Extra reportó que su primera detención ocurrió el 27 de marzo del 2000. Aprovechaba sus conocimientos mecánicos para robar carros, desarmarlos y venderlos por partes. Fue detenido por robo.

Además, ‘Fito’ era aficionado al ecuavoley. Entre partido y partido conoció a Jorge Luis Zambrano, también conocido como ‘Rasquiña’. Un día, por esos años, fueron juntos a jugar un partido al Barrio La Paz de Manta y conocieron a Jorge Bismark Véliz España, alias ‘Teniente España’.

‘Teniente España’ era el jefe de Los Choneros, una banda criminal que había nacido en la década de 1990 en Chone e, inicialmente, se dedicaba a delitos como el robo de carros y los asaltos en carreteras. Pero que, a partir de los años 2000, se inmiscuyó en el microtráfico de drogas.

Los Choneros, el primer escape y la primera recaptura 
En 2005, según un reporte de prensa de la época recogido en un documental de Plan V, España fue detenido junto a ‘Rasquiña’ por transportar sobres con cocaína para venderla al menudeo en las calles de Manabí.

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Reporte de prensa de una captura de ‘Teniente España’ y ‘Rasquiña’, en 2005. Captura de pantalla / Plan V / El Diario de Manabí
En la banda, para el año 2006, empezaron a sonar los nombres de los hermanos José Adolfo (‘Fito’), William Leodán (‘Lan’) y Ronald Javier (‘Javi’) Macías Villamar. Y en esa mismo época empezó la primera guerra de Los Choneros. Sus rivales eran Los Queseros, grupo delictivo originario de Santo Domingo.

La batalla la ganaron Los Choneros y sus rivales fueron exterminados con la modalidad del sicariato. Pero, la banda manabita también tuvo bajas y el mismo ‘Teniente España’ fue acribillado en un enfrentamiento con Los Queseros, en Santo Domingo, en 2007.

Tras la muerte de España, Los Choneros fueron liderados por Jairo Proaño, alias ‘El Chonero Mayor’; y Leodán Macías Villamar, alias ‘Lan’. Pero los dos fueron asesinados. El segundo, hermano de ‘Fito’, fue acribillado durante un operativo policial, en el que también estuvo ‘Fito’, quien también resultó herido y por ese motivo dio la rueda de prensa de septiembre de 2010.

Finalmente, el poder llegó a ‘Rasquiña’ y, junto a él -como segundo al mando-, siempre estuvo ‘Fito’. Pese a estar en una condición de liderazgo, ambos seguían participando en operaciones delictivas como asesinatos.

Así, el 14 de mayo de 2011, nueve miembros de Los Choneros, con ‘Rasquiña’, ‘Fito’ y ‘Javi’, a la cabeza, ingresaron a la casa de Jairón Carreño, en Manta, y lo asesinaron con 22 disparos a quemarropa. El testimonio del sobrino de la víctima los delató. Todos fueron sentenciados a 25 años y capturados en el transcurso de ese año.

Todos los cabecillas de Los Choneros fueron trasladados a la Cárcel de Máxima Seguridad de La Roca, en Guayaquil. Pero, dos años después, 18 se fugaron en un escape de película. Esposaron y encerraron a 14 guías y, luego, se fueron en un bote por el río Daule.

En menos de un año, las autoridades los recapturaron a casi todos. ‘Fito’ fue el duodécimo fugitivo en ser encontrado. En mayo de 2013, en un búnker subterráneo en una casa de El Palmar, en Manta, fue arrestado junto a su hermano Ronald Javier.

El señor del búnker: alias ‘Fito’ cayó dos veces en escondites subterráneos, siguiendo el guion de un capo de telenovela

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Los amos del narcotráfico
La fuga de La Roca en 2013 fue un parteaguas para el crimen organizado ecuatoriano. Para esa época, Ecuador era, en menor medida, un país de paso rápido de la cocaína que se producía en Colombia.

En esos años, empezaban a sonar nombres como los de César Vernaza, alias ‘El Empresario’, nexo del Cartel de Sinaloa en Ecuador; Washington Prado, alias ‘Gerald’, quien se encargaba de abastecer de combustible a los barcos que transportaban la cocaína hacia Centro y Norteamérica. Y el de Oscar Caranqui, quien acumuló rápidamente una fortuna por transportar cocaína desde Colombia.

Todos estos hombres y sus bandas, además de Los Choneros, habrían colaborado con logística y dinero para la fuga de los 18 presos, en febrero de 2013. La mayoría de los fugitivos viajaron a Colombia, donde habrían acordado una alianza que permitió que el narcotráfico ecuatoriano creciera rápidamente.

Así, por ejemplo, ‘Gerald’, que era conocido como ‘El Pablo Escobar Ecuatoriano’, empezó a contratar los servicios de Los Choneros para mover droga, custodiar bodegas y cometer sicariatos y otros delitos.

Tras su recaptura, ‘Fito’ trabajó directamente para ‘Gerald’. Según reportó una investigación de InsightCrime, «‘Fito’ organizaba la logística del tráfico para ‘Gerald’, como los puntos de reabastecimiento en alta mar para los barcos de la droga».

La conexión entre ‘Gerald’ y ‘Fito’ se dio a través de Olga Machuca, quien era la abogada de Los Choneros. Pero, a Prado no le interesó trabajar con la abogada. Sino que se acercó su esposo: Freddy Zambrano, excapitán de la Policía, quien también empezó a trabajar para ‘Gerald’.

Sin embargo, ‘Fito’ y Los Choneros abusaron de la confianza de Prado. Según documentos judiciales, en 2016, Macías Villamar estuvo detrás del robo de una caleta que contenía USD 3 millones, que pertenecían a ‘Gerald’. Este sujeto empezó una búsqueda del responsable de ese robo y asesinó a los trabajadores que construyeron ese escondite.

Esos crímenes, pusieron a ‘Gerald’ en el radar de autoridades ecuatorianas y colombianas, que lograron infiltrar a una agente en su estructura. Así lograron que el ecuatoriano viajara a Colombia, donde fue arrestado en 2017. Y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde paga una pena de más de 19 años de cárcel.

Así, ‘Fito’ y Los Choneros se quitaron de encima a un intermediario y se acercaron a organizaciones internacionales del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa. Además, en 2019, ‘Rasquiña’ habría ordenado matar a Telmo Castro, exmilitar que era el enlace ecuatoriano con esa organización criminal.

Con estos crímenes, Los Choneros ganaron espacio en el negocio regional de la droga. Ya no solo custodiaban y transportaban la cocaína. Tenían sus propios enlaces con el Cártel de Sinaloa y enviaban sus cargamentos.

Todo esto lo hicieron desde prisión. ‘Rasquiña’, ‘Fito’ y Junior Roldán, alias ‘JR’, los principales cabecillas de la organización estaban presos y desde sus celdas -acomodadas con lujos ilegales e incluso saliendo de la cárcel cuando querían- manejaban el mundo criminal.

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Un entramado de bandas y un mundo de traiciones
La paz firmada tras la fuga de La Roca en 2013 y los movimientos de Los Choneros, como el robo y captura de ‘Gerald’, hicieron que durante siete años reinaran el mundo criminal y que en el país haya una relativa paz, llegando a ser uno de los territorios con menor tasa de muertes violentas.

En esos años, según una fuente de inteligencia policial, en Ecuador había tres principales grupos que se disputan el control tanto dentro como fuera de las cárceles: Los Choneros, Los Lagartos y Los Mexicanos.

Los Lagartos era una banda aliada de Los Cubanos, que perdió influencia luego del asesinato de su líder en 2019. Los Mexicanos fueron identificados como el brazo del Cartel de Sinaloa en Ecuador. El 15 de diciembre de 2020, Jaime Mallorca, su líder y nexo con el Cartel de Sinaloa, fue asesinado en un motín carcelario.

Otra fuente de policial, que trabaja en el Comando de la Zona 8, dice que el «éxito» de Los Choneros para mantener el control se debe, en gran parte, a que armaron una estructura de grupos más pequeños que eran sus brazos armados.

Se trata de Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Loqui Choner, Los AK47, Los Pangora y otras agrupaciones delictivas más pequeñas que se fueron ramificando. Por ejemplo, ‘Fito’ manejaba su propio brazo armado: Los Fatales.

Pero, en junio de 2020, ‘Rasquiña’, quien era el líder que mantenía funcionando este entramado de bandas, salió de la Cárcel de Cotopaxi, gracias a una decisión judicial irregular. Seis meses después, Zambrano fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manta.

Tras la muerte de ‘Rasquiña’, los agentes de Inteligencia que seguían a estas bandas intuían que el mando lo tomaría ‘Fito’, apoyado muy de cerca por ‘JR’. Pero había otros interesados en esa posición. Lo que ocasionó una guerra sin precedentes, que mantiene al Ecuador sumido en la violencia cinco años después.

Los cabecillas de los brazos armados de Los Choneros como Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ (Los Lobos);  Willian Alcívar, alias ‘Comandante Willy’ (Los Tiguerones); y los hermanos Benjamín e Israel Camacho -‘Ben 10’ y ‘Trompudo’- (Chone Killers), se aliaron para acabar con Los Choneros liderados por ‘Fito’ y ‘JR’.

Estas organizaciones crearon lo que se conoció como el Cartel Nueva Generación, por su alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Y enfrentaron a Los Choneros en cruentas masacres carcelarias que dejaron más de 400 muertos.

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Estas bandas eran financiadas por Leandro Norero, alias ‘El Patrón’; quien había sido cercano a ‘Rasquiña’, pero que tras su muerte intentó alzarse como el nuevo líder máximo del crimen organizado. Pero no lo logró y en mayo de 2022 fue capturado.

Estando en prisión, según lo que se conoce tras la revelación de sus chats, Norero volvió a acercarse a ‘Fito’ y ‘JR’ para buscar la paz nuevamente. Pero este acercamiento no gustó a Los Lobos, quienes ordenaron el asesinato de ‘El Patrón’ en la Cárcel de Cotopaxi.

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La segunda fuga, la segunda recaptura y la extradición
En medio de la guerra con sus exaliados, ‘Fito’ y ‘JR’ empezaron a tramitar su salida de la cárcel, donde estuvieron durante más de 10 años, pero donde ya no se sentían seguros. El primero en conseguirlo fue Roldán, quien dejó la Cárcel Regional del Guayas en febrero de 2023.

Pero, afuera tampoco pudo mantenerse a salvo. Un mes después de su liberación, ‘JR’ sufrió un atentado en El Triunfo, que era su fortín. Entonces, se sacó el grillete con el que lo monitoreaban las autoridades y huyó a Colombia, donde fue asesinado en mayo de ese año.

Entonces, ‘Fito’ se quedó solo a la cabeza de Los Choneros, pero las autoridades y sus enemigos lo empezaron a cercar. Su hijo sufrió un atentado, su hija fue secuestrada y, en septiembre de ese año, el Gobierno de Guillermo Lasso lo trasladó a La Roca, sacándolo de la Regional, su principal centro de operaciones.

Sus aliados hicieron motines y protestas para que Macías Villamar vuelva a la Regional. Lo que se concretó a través de otra decisión judicial irregular del exjuez Diego Poma, ahora destituido por corrupción.

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Pero, ‘Fito’ ya no se sentía seguro tampoco en la Cárcel Regional. En noviembre de 2023, asumió el presidente Daniel Noboa y, nuevamente, se empezó a evaluar el traslado a La Roca. Pero, no se llegó a completar.

En enero de 2024, en una revisión de rutina, las autoridades se dieron cuenta de que Macías Villamar ya no estaba en la cárcel. No se sabe a ciencia a cierta cuando se fugó, ya que no hubo motín ni violencia, se fue sin hacer ruido.

Una semana después, la esposa de ‘Fito’, Inda Peñarieta, sus tres hijos y un sobrino fueron detenidos en Argentina, donde habían rentado una casa de lujo. De inmediato, fueron deportados a Ecuador, pero no procesados ni encarcelados.

Peñarrieta, una enfermera manabita que está con ‘Fito’ desde su juventud, creó un entramado de empresas que habría lavado millones de dólares del narcotráfico.

Además, en mayo de 2024, en Manta fue capturada Verónica Briones, otra pareja de ‘Fito’, quien se encargaba de otra parte de su operación de lavado de activos, a través de más empresas fantasmas.

El objetivo de las autoridades fue cercar a ‘Fito’, presionándolo con sus familiares. A inicios de junio de 2025, la Fiscalía presentó el caso denominado ‘Blanqueo Fito’, atacando a su esposa, su novia, los familiares de ambas y arrestando a su hermano menor.

Macías Villamar fue recapturado el 25 de junio de 2025. 13 días después, el 8 de julio, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición. La audiencia en Ecuador se realizó el viernes 11 de julio, en la que ‘Fito’ consintió ser entregado al país norteamericano. Todavía se especula que hubo una negociación de entrega, pero el Gobierno lo ha descartado.

El 15 de julio, Estados Unidos entregó la garantía de que el narcotraficante ecuatoriano no sería sometido a tratos crueles y degradantes. Dos días más tarde, José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), emitió la sentencia concediendo la extradición.

Finalmente, el 20 de julio, ‘Fito’ fue enviado a Estados Unidos. Y al día siguiente se presentó ante la Corte del Este de Nueva York, donde se declaró no culpable de los siete cargos en su contra. Ahora está preso en el MDC Brooklyn y espera un eventual juicio, mientras se revelan las pruebas en su contra.

Mientras tanto, en Ecuador se sigue buscando a su esposa y sus hijos. Su novia, su hermano y sus suegros están presos. Y el caso por lavado de activos avanza. Además, luego de cumplir su pena en Estados Unidos, tendrá que volver para pagar los más de 30 años en condenas que tiene pendientes en el país. Fuente: Primicias

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Gobierno busca extender operación de una barcaza; Cenace advierte riesgo de cortes de luz si no se contrata nueva generación eléctrica

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A casi tres meses de que comience el estiaje en Ecuador, el Gobierno no ha lanzado nuevas licitaciones para contratar generación de electricidad adicional para el país, pero busca sostener la generación arrendada cuyos contratos están por finalizar.

 

Así, la empresa pública Elecaustro abrió un nuevo proceso de contratación para alquilar una barcaza de generación termoeléctrica de entre 90 y 110 megavatios (MW).

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Este nuevo proceso busca extender el contrato de la embarcación Erin Sultan, de la empresa turca Karpowership, ubicada en el sector Las Esclusas, en el sur de Guayaquil.

Esta es una de las dos barcazas de generación que operan en Guayaquil hace casi dos años y que están a cargo de Elecaustro.

El proceso contempla el alquiler y la operación de la barcaza durante un período inicial de seis meses, con la posibilidad de extender el plazo si las condiciones del sistema eléctrico lo requieren. El presupuesto referencial es de USD 42,7 millones.

 

Lea: Se acerca el estiaje y el Gobierno debe cerrar una brecha de 1.300 megavatios para evitar cortes de luz en Ecuador
El objetivo de esta contratación es reforzar el Sistema Nacional Interconectado (SNI) ante el riesgo de un déficit de electricidad que podría tener el país durante el próximo estiaje o época seca.

Por lo general, el estiaje en Ecuador ocurre entre octubre y marzo, cuando disminuye la generación hidroeléctrica.

Lea: Barcaza turca deja de entregar electricidad al Ecuador, a cuatro meses de comenzar el estiaje
La licitación para extender la operación de la barcaza Erin Sultan, denominado Las Esclusas V, fue publicada el 9 de julio de 2026 en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Ecuador alquiló tres barcazas en 2024, todas de Karpowership, para enfrentar la crisis eléctrica que provocó cortes de luz de hasta 14 horas diarias, por USD 250 millones: Erin Sultan, Murat Bey y Emre Bey.

Los plazos de operación de estas embarcaciones vencen durante 2026 y hasta ahora, solo Murat Bey logró una extensión de contrato para seguir entregando electricidad hasta 2028.

Mientras que Emre Bey, de 100 MW, que estaba a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dejó de operar el 20 de junio de 2026 luego de que el proceso para extender su operación fuera declarado desierto.

Cenace alerta sobre el riesgo de déficit eléctrico
El informe que sustenta el proceso para renovar la contratación de esta barcaza recoge la alerta del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) sobre el riesgo de un déficit eléctrico durante el período 2026-2027.

El organismo advierte que, si no ingresa nueva generación de electricidad, existe un 25% de probabilidad de que el país enfrente un déficit de electricidad en la próxima época seca, es decir cortes de luz.

Lea: A cuatro meses del estiaje, empresas de Ecuador buscan implementar sus propias plantas eléctricas; el tiempo juega en contra
Por ello, el Cenace recomienda mantener disponible la generación arrendada de las barcazas mientras se incorpora nueva capacidad firme al sistema.

Además, Cenace señala que se requieren al menos 893,7 MW adicionales para enfrentar el estiaje y mantener niveles adecuados de reserva.

Con base en esta recomendación, el Ministerio de Ambiente y Energía encargó a Elecaustro gestionar el alquiler de generación térmica por 24 meses para reforzar el suministro eléctrico y reducir el riesgo de cortes de luz.

Según el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, el déficit de energía eléctrica en el estiaje 2026-2027 podría llegar hasta 1.300 megavatios de potencia (MW).

Y añadió que el plan del Gobierno es incorporar 500 MW adicionales para enfrentar este escenario, aunque la mayoría sería por arrendamiento de energía eléctrica, no por nueva generación, ya que esto tomaría hasta seis años.

«Nos hemos reunido con los fabricantes más grandes como Mitsubishi y lo mejor que nos ofrecen son máquinas nuevas para 2032», dijo Blum.

Procesos anteriores no lograron concretarse
Elecaustro lanzó esta nueva licitación luego de que el proceso para renovar por dos años el contrato de la barcaza Emre Bey, fuera declarado desierto el 29 de junio de 2026 debido a observaciones del Sercop.

Esa no fue la primera licitación para incorporar generación termoeléctrica que fracasó en lo que va del 2026. Según los registros del Sercop, al menos seis de los 12 procesos convocados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro terminaron declarados desiertos, es decir, no concretaron la contratación prevista.

Lea: Transformadores con más de 40 años de uso y equipos con sobrecarga aumentan riesgos para la red eléctrica a las puertas del estiaje
Entre los procesos fallidos constan los destinados a incorporar generación en las centrales Enrique García (50 MW), Miraflores (25 MW) y Jaramijó (15 MW), así como los tres intentos de Elecaustro y Celec para extender el contrato de las barcazas: Murat Bey y Emre Bey.

Solo dos concursos fueron adjudicados en lo que va del año: el arrendamiento de 45 MW para la central Santa Elena y la incorporación de 10 MW en Guangopolo. Celec además relanzó los procesos de alquiler en las centrales Enrique García y Jaramijó, pero no se han adjudicado aún.

Así, Ecuador llegará al próximo estiaje sin haber incorporado nueva generación firme suficiente para cubrir el déficit previsto. A esto se suma que el país tampoco ha logrado retomar la compra de energía a Colombia, una alternativa que en momentos críticos puede aportar hasta 450 MW al sistema eléctrico nacional para reducir el riesgo de cortes de luz. Fuente: Primicias

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Ocho ministros de Salud en tres años: cinco claves para entender la crisis del sector

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Con la designación de Juan Carlos Aveiga como el octavo titular de la cartera de Salud, se cumple un adagio que circula entre los profesionales del sector. La ‘esperanza de vida’ de un ministro de ese ramo en el actual gobierno, en promedio, equivale a cuatro meses y una semana en el cargo.

El ministro saliente, Jaime Bernabé Erazo, cumplió algo más de dos meses frente a esa cartera. El diez de julio se conoció el nombre de su reemplazo, un médico especializado en cirugía bariátrica.

Para entender la complejidad del sector se necesita un perfil profesional adecuado y esta persona requiere por lo menos tres meses para familiarizarse con todas las aristas de lo que implica, advierte José Ruales, médico con 45 años de trayectoria como salubrista y 31 años en formulación de políticas públicas. Fue titular de esa cartera.

A partir de entrevistas con expertos, Vistazo explica en cinco claves la crisis de la salud pública en Ecuador.

1. No hay continuidad en la gestión

Según informes del sector, revisados por Vistazo, en 2023 la red del ministerio de Salud atendió a nivel nacional a 5,8 millones de pacientes. Esto equivale a decir que casi un tercio de la población nacional recibió atención en salud en los centros públicos.

El Ministerio y los distintos centros de atención cuentan con una planta de aproximadamente 92 mil personas, de las cuales 22 mil corresponden a profesionales médicos. Alrededor de 70 mil colaboradores son enfermeras, auxiliares, odontólogos, funcionarios administrativos y responsables de servicios.

Todos ellos trabajan en 163 unidades, que van desde centros básicos hasta hospitales de especialidades, llamados de tercer nivel, como el Eugenio Espejo en Quito y el Abel Gilbert en Guayaquil. A nivel nacional los lugares de atención están distribuidos en nueve zonas.

Entre 2022 y 2023 se incrementaron 9.400 profesionales a la planta de médicos y técnicos, bajo un esquema que optimizaba el uso de recursos. Por ejemplo, si el hospital Baca Ortiz tenía nueve quirófanos pero solo dos estaban activos por falta de anestesiólogos, había que cubrir esos vacíos, explica Ruales, quien tomó esa decisión a partir de criterios técnicos.

Pero, ¿Qué pasa si un titular del ministerio sabe que estará pocos meses en el cargo? ¿Se jugará su puesto para adoptar medidas y soluciones de tipo estructural?, esa es la pregunta que plantean varios profesionales entrevistados.

2. El desnutrido bolsillo del Estado redujo el presupuesto

Un sistema de salud debe cumplir dos objetivos básicos. El primero contiene dos postulados: mantener sana a la población y recuperar la salud de quienes la perdieron.

Y el segundo es tener una red de protección social en salud para evitar que las familias empobrezcan cuando uno de sus miembros enfrenta una enfermedad catastrófica, explica José Ruales.

Él fue subsecretario, luego viceministro; y dirigió entre julio de 2022 y noviembre de 2023 el ministerio de salud. Al salir de esa cartera fue convocado a Centroamérica para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De esa misión acaba de volver al país para dirigir desde el decanato la carrera de Salud de la UISEK, en Quito.

Según el estándar internacional, del valor total destinado a gastos de salud en un año, alrededor del 16 por ciento debería ser asumido por los pacientes.

Pero en el país, el gasto de bolsillo en salud que se ubicaba en el 36 por ciento ya habría llegado un porcentaje mayor, cercano al 40, advierte.

¿Qué implica esto? Que los ciudadanos asumimos la crisis fiscal, financiando de nuestros bolsillos el déficit generado por un menguante presupuesto público destinado al sector.

A mayo de 2026, el presupuesto codificado para salud supera los 5.500 millones de dólares. Pero hay un matiz. Solo 2.600 millones de dólares están financiados.

Sin embargo, el experto apunta que hay un problema adicional. A 1.340 millones de dólares asciende el pasivo del sector, ya que se debe pagar a las dializadoras, a Solca y clínicas privadas.

Todo indica que hay una decisión fiscal de política pública económica de reducir el gasto en salud. Y es una constante.

¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona requiere diálisis? Un paquete mensual estándar pudiera costar alrededor de 1.450 dólares, que incluye tres sesiones por semana. ¿Qué presupuesto familiar alcanza para cubrir una suma así?

En 2023 se contó con un presupuesto de 440 millones de dólares para medicamentos y dispositivos.

Para 2026 lo codificado para el rubro medicamentos y dispositivos asciende a 279 millones de dólares. De ese valor, 266 millones están financiados.

3. Hay cambios de fondo, sin una hoja de ruta

El 24 de Mayo, en su informe a la Nación, al cumplir el primer año de su actual mandato presidencial, el presidente Daniel Noboa compartió dos noticias importantes en materia de salud.

Primero, la creación de una empresa pública que centralizará toda la logística. En paralelo esto implica la eliminación de un viceministerio.

Y segundo, la importación de medicamentos desde la India para solucionar el desabastecimiento en los centros de atención pública.

Se trata en el primer caso del decreto ejecutivo 393 que crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística, AIL EP.

La entidad, que funcionará como sociedad de derecho público, tendrá autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, establece el decreto. Éste aclara que la creación de la entidad no tendrá impacto en los recursos públicos y que funcionará con presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública.

Dentro de la estructura presupuestaria para 2026, en esta cartera, el rubro más elevado es el de ‘gastos en personal’. Y, efectivamente, el grueso del equipo humano consiste en profesionales médicos y personal afín a ese sector. Hacia mayo de 2026, de 1.730 millones de dólares como valor codificado para todo el año, se había ejecutado el 31 por ciento.

Del porcentaje para equipo médico, codificado en 2.741 millones para todo el año, la ejecución es del cero por ciento. En el desglose presupuestario este rubro en particular aparece con financiamiento en cero.

Dayuma Amores, coordinadora jurídica, de la organización de derechos humanos INREDH, explica a Vistazo que la entidad ha acompañado acciones judiciales para garantizar el acceso a servicios de salud.

Cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad descubre que su vida cambiará para siempre», advierten pacientes.
$!En mayo la autoridad anunció que llegaba un lote de medicinas.

4. Enfermedades se agravan por falta de medicación

Con escepticismo. Así recibieron los integrantes de la Alianza Nacional por la Salud, ANS, el anuncio de la compra de medicamentos desde la India, para suplir la carencia.

Gustavo Dávila, quien preside la ANS, explicó que la oferta gubernamental fue cumplir el abastecimiento en marzo. Esto no se cumplió. “¿Cuál es el plan de contingencia hasta que lleguen los medicamentos?”, preguntó en una conferencia de prensa, posterior al anuncio de la importación masiva desde India, junto con otros delegados de asociaciones que agrupan a pacientes que requieren medicamentos específicos frente a enfermedades raras o catastróficas.

La ANS agrupa a una treintena de organizaciones, entre ellos, Jóvenes contra el Cáncer. Dávila representa a esta entidad y asegura que la sociedad civil, pacientes y academia, deben ser convocados junto con actores expertos, ex ministros, ex directores hospitalarios, academia, sociedades científicas, para una gran ‘minga por la salud’.

Lucía Cedeño representa a pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades desmielizantes, que están en el grupo de enfermedades raras. “Los pacientes no pueden esperar más”, según su advertencia. Al interrumpir o retrasar los tratamientos, frente a estos cuadros, hay riesgo de recaídas o progresión rápida de la enfermedad.

Leticia Herrera preside la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. “Cuando hablamos de salud no hablamos únicamente de estructuras administrativas, presupuestos o modelos de gestión. Hablamos de personas. Hablamos de lo que ocurre cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad y descubre que su vida cambiará para siempre”.

5. No es claro cómo se vigila la calidad de los medicamentos

La intención de comprar medicamentos a la India no es nueva. El dos de agosto de 2023, un documento oficial interno solicitó “la revisión sobre la aceptación de la farmacopea india como un libro de estándar para los medicamentos en el país”.

¿Qué implica eso? Al aceptar la farmacopea india como un libro de estándar para los medicamentos en Ecuador, se avalaría el certificado de análisis emitido por los fabricantes de ese país y se eliminaría el requisito de duplicar las pruebas de esos medicamentos, según documentos en poder de Vistazo.

Según la normativa vigente, entre los códigos normativos aceptados en el país se encuentran “la farmacopea de Estados Unidos, farmacopea británica; farmacopea europea; codex francés y farmacopea china como referencia para productos naturales procesados de uso medicinal”.

“El reconocimiento de farmacopeas internacionales por la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) sigue ciertos criterios armonizados que aseguran la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos”, advierte el informe técnico del dos de febrero de 2024.

En él, se aclara que los criterios que se consideran para el reconocimiento son “relevancia internacional, calidad científica, amplia aceptación, transparencia y accesibilidad, armonización, actualización continua, consistencia y validación internacional”.

“La farmacopea india (…) únicamente ha sido aceptada en cinco países, Afganistán, Ghana, Nepal, Mauritius y Surinam”.

Este documento concluye que la farmacopea de la India carece de relevancia internacional necesaria para su reconocimiento.

Por tanto, determina que no es viable el reconocimiento desde puntos de vista técnico, regulatorio y normativo.

¿Qué implica eso? No se puede satanizar esta industria a priori, coinciden seis expertos consultados por Vistazo. “Pero es importante cumplir todos los requisitos de vigilancia sanitaria para saber que los medicamentos son eficaces, cumplen los estándares internacionales y no tienen efectos adversos”.

Por tanto, recomiendan vigilancia extrema, para no priorizar precios bajos por encima de la calidad. De lo contrario, el remedio será peor que la enfermedad. Fuente: Vistazo

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¿Qué hacer ante una extorsión en Ecuador? Autoridades explican cómo puede denunciar una amenaza

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El incremento de las extorsiones a comerciantes, trabajadores y hasta estudiantes en Quito mantiene en alerta a las autoridades de seguridad en Ecuador. Entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2026, el ECU 911 coordinó la atención de 5.485 alertas relacionadas con posibles casos de extorsión, un aumento del 35% frente a las emergencias registradas en el mismo período de 2025.

 

De acuerdo con datos proporcionados por el organismo a PRIMICIAS, Los Ríos (935), Pichincha (932), Guayas (760), El Oro (690) y Esmeraldas (594) son las provincias que más alertas registraron en este lapso.

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Las autoridades aclaran que no todas las alertas terminan investigadas como el delito de extorsión. Tras la evaluación de la Policía Nacional, algunos casos corresponden a conflictos familiares, amenazas de otra naturaleza u otros hechos que requieren procedimientos distintos.

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Mientras se verifica cada denuncia, los agentes especializados brindan orientación a las víctimas para evitar que la situación se agrave. Entre las principales recomendaciones constan no entregar dinero, seguir las instrucciones de los investigadores y evitar tomar decisiones sin el acompañamiento de las autoridades.

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1¿Qué hacer si recibe amenazas?
El director nacional de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Luis Mantilla, llamó a la ciudadanía para denunciar cualquier amenaza relacionada con extorsiones o las denominadas «vacunas», especialmente en el sector comercial.

Según explicó a PRIMICIAS, la denuncia temprana es fundamental para identificar a las organizaciones delictivas y evitar que continúen operando.

«La peor decisión es no comunicar a las autoridades. Lo más importante es denunciar y no acceder a pagar», señaló Mantilla.

El oficial recordó que en el último año la Policía Nacional implementó un sistema de denuncias mediante un código QR, herramienta que permite a las víctimas remitir información de forma reservada para facilitar el inicio de las investigaciones.

Además, aseguró que las investigaciones se realizan bajo estrictos protocolos de confidencialidad para proteger la identidad de quienes presentan la denuncia.

2Así se activa la respuesta del ECU 911
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 explicó que la coordinación de estos casos comienza cuando una alerta es reportada a través de cualquiera de sus canales disponibles:

La línea única de emergencias 9-1-1.
La aplicación móvil ECU 911.
El sistema nacional de videovigilancia.
Una vez recibida la alerta, un evaluador recopila la información necesaria y, en un tiempo promedio de 127 segundos, coordina la atención con alguna de las 154 instituciones que integran el sistema nacional de respuesta.

En los casos de presuntas extorsiones, el ECU 911 coordina la intervención con la Policía Nacional, institución encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si efectivamente se configura el delito de extorsión.

3¿Dónde denunciar una extorsión?
Las autoridades recomiendan no enfrentar solos este tipo de amenazas y utilizar los canales oficiales de denuncia:

Llamar inmediatamente al 1800 Delito (opción 1) de la Policía Nacional.
Reportar la emergencia al ECU 911.
Presentar una denuncia formal en cualquier Servicio de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía General del Estado, llevando la cédula de identidad.
La extorsión forma parte de los delitos contra el derecho a la propiedad y el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal la define como:

«La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, exija u obligue a otro, con violencia o intimidación de cualquier forma o por cualquier medio, inclusive a través de medios digitales, electrónicos o el uso de panfletos, hojas volantes o similares, (…).» Fuente: Primicias

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