Nacionales
Experto internacional expone la justicia juvenil restaurativa como eje de protección de derechos humanos
El pasado miércoles, en el programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Víctor Herrero Escrich, experto internacional en justicia juvenil y políticas públicas, quien abordó el tema “Justicia Juvenil Restaurativa y su aplicación en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos”, en una ponencia transmitida a través de plataformas digitales, redes sociales y Zoom.
Durante su intervención, el doctor Herrero Escrich compartió una amplia trayectoria profesional desarrollada principalmente en España y América Latina. Nacido en España y con 68 años de experiencia de vida, ha estado vinculado durante décadas al ámbito de la ejecución penal, las medidas alternativas a la privación de libertad y los servicios sociales, desempeñándose como jefe del Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior y Justicia de España, así como director general de Asuntos Sociales. Desde el año 2011 reside en América Latina, donde ha liderado proyectos de justicia juvenil restaurativa en distintos países del continente.
En su exposición, el experto enfatizó que la justicia juvenil restaurativa no debe confundirse con impunidad, despenalización ni abolicionismo penal, ni tampoco con una justicia “blanda” o limitada a delitos menores. Por el contrario, explicó que se trata de una forma distinta de interpretar y aplicar las normas existentes, con un enfoque serio, riguroso y profundamente vinculado a los derechos humanos.
El doctor Herrero señaló que este modelo pone en el centro la responsabilidad del adolescente que ha cometido un delito, no solo desde una dimensión penal, sino también desde un proceso educativo y de toma de conciencia del daño causado. A ello se suma un rol protagónico de las víctimas, quienes dejan de ser actores secundarios del proceso penal para convertirse en sujetos de reparación integral, evitando su revictimización y garantizando su participación conforme a sus intereses y voluntades.
Asimismo, destacó el papel fundamental de la comunidad, entendida como un conjunto de instituciones y actores concretos —familia, sistema educativo, sistema de salud, gobiernos locales, asociaciones sociales y líderes comunitarios— que deben asumir una corresponsabilidad activa en los procesos de reintegración social de los adolescentes. Según explicó, la exclusión histórica de estos jóvenes por parte del tejido social ha sido uno de los factores que favorece su captación por estructuras delictivas.
En relación con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el experto subrayó que la justicia juvenil restaurativa se articula directamente con los principios de protección integral de la niñez y adolescencia, garantizando que los adolescentes en conflicto con la ley no pierdan sus derechos fundamentales, aun cuando deban asumir responsabilidades por sus actos. En este contexto, citó experiencias comparadas, como el caso de Colombia, donde junto al proceso penal se activa un proceso paralelo de restitución de derechos vulnerados.
Durante el diálogo con los panelistas Boris Pazmiño y otros participantes, se abordaron también las limitaciones estructurales y operativas de los sistemas de justicia en América Latina, particularmente en lo referente a la falta de protocolos claros, recursos institucionales y mecanismos efectivos para aplicar medidas alternativas a la privación de libertad. El doctor Herrero advirtió que el uso indiscriminado del internamiento juvenil, lejos de resolver la delincuencia, incrementa los riesgos de violencia, reincidencia y vinculación con el crimen organizado.
Finalmente, el experto hizo un llamado a fortalecer la pedagogía social, el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad del Estado en la correcta aplicación de las leyes vigentes, recordando que las normas de justicia juvenil restaurativa ya existen, pero su impacto depende del “cómo” se ejecutan. Enfatizó que las políticas de mano duran y el endurecimiento de penas no han demostrado eficacia, y que solo un enfoque restaurativo, integral y basado en derechos humanos puede ofrecer respuestas sostenibles frente a la problemática de la delincuencia juvenil.
Nacionales
Daniel Noboa expone fotos con precandidatos de ADN: «Como un buen encebollado, completos»
El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió este viernes 24 de julio una serie de fotos con sus precandidatos para las elecciones seccionales en la provincia del Guayas.
A través de Instagram, el mandatario publicó unas imágenes en las que se lo observa compartiendo una comida junto a Cynthia Viteri, Niels Olsen, Francisco Andrés Cevallos y Andrés Guschmer.
Ellos correrán por las alcaldías de Guayaquil, Samborondón, Milagro, así como por la prefectura del Guayas, respectivamente.
En las imágenes se ve que todos comieron en un restaurante en compañía de un trío musical.
Esta reunión habría ocurrido previo a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil.

¿Por qué Noboa incorporó a Viteri a ADN?
Inicialmente, Cynthia Viteri iba a participar por la Alcaldía de Guayaquil junto al movimiento Centro Democrático, pero luego Acción Democrática Nacional (ADN), la organización del presidente, informó que la exfuncionaria se incorporá a sus filas.
Esto sucedió pese a que Viteri no participó en las elecciones primarias de ADN. De hecho, el Gobierno contemplaba poner a Niels Olsen, ahora el expresidente de la Asamblea participará para la Alcaldía de Samborondón.
“Creo que es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos; está cerca de la discusión de la gente”, manifestó.
Agregó que, según las encuestas que maneja su organización política, Viteri es la aspirante con mayores opciones en Guayaquil. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este viernes, 24 de julio de 2026, el informe que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.
La mesa legislativa sesionó en Guayaquil para debatir el documento realizado tras las comparecencias y presentación de pruebas.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acusa a la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones alrededor del fallido contrato con Austral Technical Management (ATM).
“Existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”, dice el documento.
Esta conclusión tuvo el apoyo de seis legisladores, mientras que otros cuatro votaron en contra. Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.
La bancada de la RC había advertido un día antes que la mayoría de la Comisión de Fiscalización pretendía archivar el juicio.
“No les bastaron las pruebas presentadas, ni las inconsistencias de la exministra, ni el millonario perjuicio para el país”, manifestaron los correístas en contra de ADN.
Mientras tanto, Mónica Palacios, una de las proponentes, anunció que su grupo político “irá hasta las últimas consecuencias” para que Manzano y otros ministros del Gobierno “le den la cara a todos los ecuatorianos”.
Mientras tanto, el informe aprobado dice que el contrato con ATM y el pago mencionado ocurrieron antes de que Manzano asuma su puesto como ministra de Energía. Fuente: Vistazo
Nacionales
Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión
La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.
Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.
El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.
El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.
Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».
El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».
El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.
Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.
«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular
Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.
¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.
La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.
Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias
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