El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado. Era uno de los alcaldes más visibles del país: joven, reelegido y con alta exposición pública. (Foto: archivo.)

Violencia contra alcaldes en Ecuador: crímenes que marcaron la política local

Fotos: archivo. (En las fotos, Aquiles Álvarez y José Arroyo. )

Aquiles Álvarez y José Arroyo: alcaldes procesados y tras las rejas

El alcalde de Quito Pabel Muñoz enfrentó un intento de revocatoria de mandato. El alcalde de Loja, Franco Quezada, fue removido por sus concejales. (Fotos: archivo.)

Revocatorias y remociones: otro riesgo para los alcaldes

La formulación de cargos dentro del caso Apagón evidenció que las investigaciones de la Fiscalía por el presunto delito de peculado se concentran en funcionarios públicos que actuaron alrededor de los millonarios contratos entregados a Progen Industries LLC en 2024. Sin embargo, entre los procesados no aparecen los administradores de los dos contratos, cuyos nombres y labores aparecen en múltiples ocasiones a lo largo de la investigación.

La Fiscalía decidió procesar a 21 personas, de las cuales 17 son funcionarios de Termopichincha, la Unidad de Negocios de Celec que contrató a Progen. La mayoría son ingenieros de rango medio y bajo, que firmaron los documentos del proceso precontractual y contractual.

Por ejemplo, entre los procesados están los miembros de la comisión de calificación de ofertas, que determinaron que Progen cumplía con todos los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas, aunque según la Fiscalía existían inconsistencias entre las especificaciones y la oferta. También están los miembros de la comisión que viajó a verificar los generadores de Progen en Estados Unidos.

Sin embargo, hay un cargo que durante el primer día de audiencias se repitió con frecuencia: el administrador del contrato. Según la ley ecuatoriana, el administrador del contrato es el responsable de vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, y de la ejecución, seguimiento, recepción de productos, control de plazos, y aplicación de multas. Pero ninguno de estos funcionarios está procesado en el caso Apagón.

El contraste es evidente al analizar el proyecto Salitral. La Fiscalía decidió procesar a los tres técnicos de la comisión que viajaron a Estados Unidos (Celso Sánchez, Nelson Castro y Paul Flores), a pesar de que ellos se negaron a firmar el informe de verificación. Sin embargo, Marlon C., el administrador del contrato, no enfrenta cargos penales.

El papel del administrador del contrato Salitral
Dentro de la investigación de la Fiscalía presentada en la audiencia de formulación de cargos, destaca el nombre de Marlon C., el administrador del contrato de Progen para la central Salitral. Este ascendía a USD 99,4 millones, y Termopichincha desembolsó un pago de USD 69,58 millones, correspondientes al 70% del contrato.

Marlon C., sin embargo, no consta entre los procesados, a pesar de que la Fiscalía reveló el importante papel que tuvo en las irregularidades alrededor de este contrato, el más alto que obtuvo Progen. Incluso, a pesar de que él también fue parte de la comisión técnica que viajó a Estados Unidos para verificar los generadores, y fue el único responsable de tomar fotos de los generadores.

Según la versión de Byron Orozco (uno de los procesados), quien fue el gerente de Termopichincha que firmó los contratos con Progen, Marlon C. como administrador del contrato fue quien designó a AP Inspections como verificadora de los generadores.

Marlon C., además, fue quien dispuso que en las tres locaciones donde estaban ubicadas las unidades del proyecto Salitral se mantuviera, al menos, una unidad desempacada y abierta para la revisión. Según la investigación, en la verificación de AP Inspections se revisaron apenas tres unidades.

Además, según esta versión, Marlon C. emitió un memorando en el que recomendó y solicitó que se ejecutara el pago del 70% del valor total del contrato de Salitral, y entregó los documentos de respaldo, entre los cuales estaba la verificación hecha por AP Inspections.

Pero no entregó el informe de la comisión técnica de Celec que viajó, pues este nunca pasó de un borrador, por amenazas y problemas con los funcionarios que debían elaborarlo.

En su versión de los hechos, Celso Sánchez (otro de los procesados) aclaró que él no firmó ningún informe de inspección porque no era de su autoría y porque no estaba de acuerdo con las recomendaciones. Mientras que Paúl Flores (otro procesado) habría recibido una amenaza escrita que decía textualmente: «Te ubicamos y a tu familia te vamos a matar por los contratos torcidos».

Además, su currículum no fue elegido al azar. El entonces gerente Byron Orozco relató que la carpeta de Casillas le llegó como una recomendación, acompañada del mensaje explícito de que a Casillas «le interesaría ser administrador del contrato»

El administrador del contrato de Quevedo
Las investigaciones de la Fiscalía también apuntan al administrador del contrato de Quevedo con Progen. En este caso, el contrato fue por USD 49,7 millones, y Termopichincha pagó en total USD 34,79 millones en cinco desembolsos. Este funcionario no fue identificado durante la audiencia, sin embargo fuentes del proceso confirmaron a PRIMICIAS que ninguno de los varios administradores de este contrato está entre los procesados.

Según el relato del fiscal, en este contrato hubo una operación diferente, pues se modificó la forma de pago del 70% para que sea prorrateada. Esto se hizo a través de una adenda, firmada por Gonzalo Guerrón, quien reemplazó a Orozco en la gerencia de Termopichincha después de su renuncia.

Los pagos se hicieron, aunque en el relato de la Fiscalía no se mencionó cómo fueron aprobados. Fuente: Primicias

Decenas de viviendas abandonadas, sin puertas ni ventanas, casas con fachadas y muros derrumbados o domicilios con los accesos clausurados con bloque y cemento. Ese fue el panorama que halló la Policía a finales de marzo pasado en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, en Machala (El Oro). El escenario de desolación y captación criminal motivó una nueva intervención del Bloque de Seguridad, este jueves 14 de mayo de 2026, en una apuesta por «presencia militar permanente» en la población.

Pasajes y callejones de barrios como El Pampón, 5 de Diciembre y 4 de Abril, hasta hace dos años marcados por el dinamismo del comercio de mariscos y por la pesca artesanal, ahora lucen desiertos.

Los barrios más afectados se ubican cerca a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y al puerto marítimo que le da nombre a la población o a las orillas del estero Huaylá, en la parte posterior de la población (riberas sur y sur-este de la parroquia).

Se trata de sitios estratégicos para el narcotráfico, pues ofrecen facilidades para ingreso y salida de embarcaciones de pesca artesanal, vinculadas a labores de contaminación con droga de contenedores marítimos y de los propios buques internacionales que recalan en los cercanos muelles portuarios. El estero con salida al archipiélago de Jambelí -y al mar abierto- ofrece también un punto de recalada a lanchas usadas para transportar armas y ejecutar delitos como piratería, según fuentes militares.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que con la intervención se ha militarizado “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande del país”. En 2025, antinarcóticos reportó incautaciones de 10,8 toneladas de droga con la terminal machaleña como puerto de origen, lo que representa el 11,24% de la droga decomisada en todas las terminales marítimas de Ecuador.

Puerto Bolívar es la cuarta terminal con el mayor número de incautaciones de cocaína de Ecuador, solo superada por tres puertos de Guayaquil -y su parroquia rural, Posorja-, según datos de antinarcóticos.

*Revise en este mapa la ubicación de la parroquia de Puerto Bolívar en relación a Machala y a su terminal marítima:

300 familias desplazadas, hasta 500 casas tomadas
La violencia ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 300 familias en Puerto Bolívar, en medio de amenazas, ataques armados, cuerpos desmembrados, crímenes múltiples y explosiones contra casas o negocios en los últimos dos años.

El número de viviendas tomadas por la banda criminal Los Lobos en la parroquia podría ascender a 500, según las autoridades. Por lo que en los próximos cuatro días, más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía prevén revisar 85 manzanas y 1.642 viviendas, de acuerdo a Loffredo.

El poblado, de cerca de 75.000 habitantes, otrora enclave de familias dedicadas a la pesca y al negocio gastronómico, se convirtió en territorio de violentas disputas criminales tras el fraccionamiento del grupo armado Los Lobos, que se dividió en Sao Box y Espejos en 2024.

El general de Ejército, Henry Delgado, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que se trata de facciones que cuentan con vínculos transaccionales como el Cártel Nueva Generación de México y grupos ilegales armados de Colombia.

Con la nueva intervención se busca ejercer control permanente en tierra y agua en Puerto Bolívar y realizar un censo sobre la propiedad de unas 2.000 embarcaciones, que atracan sobre muelles irregulares -extensiones desde las casas- a lo largo de casi cuatro kilómetros sobre el estero Huaylá.

El plan contempla regresar inmuebles a familias víctimas de desplazamiento forzado y derribar viviendas sin propietarios identificados, ocupadas por grupos criminales como escondites o centros de operación delictiva. El pasado 28 de marzo, en una primera incursión la Policía, detonó cinco casas.

Detienen a alias ‘Chupete’, «jefe» de los sicarios de Mafia Glen que opera en Guayaquil

Tres factores que convirtieron a Puerto Bolívar en un enclave criminal:
La parroquia urbana de Puerto Bolívar, cuya economía depende principalmente de la pesca, el comercio y el turismo en un sector aledaño al archipiélago de Jambelí, se convirtió en un enclave criminal por al menos tres razones clave que aprovechan las organizaciones criminales para su logística y operación:

1.- La cercanía al puerto y la conexión terrestre de Machala  
La terminal marítima de Puerto Bolívar, vecina a los barrios afectados por la violencia, se ubica a solo cuatro millas de mar abierto, un punto clave para el comercio internacional y el narcotráfico. Se trata de un puerto especializado en la exportación de banano y camarón. Los grupos armados usan rutas por tierra y mar, además de embarcaciones pesqueras y contenedores en puertos para el trafico de cargamentos ilegales. Además, la parroquia urbana está solo a seis kilómetros del centro de Machala, la capital de la provincia de El Oro, que, según informes de inteligencia militar, cumple una función de «paso, conexión y proyección logística» hacia la frontera sur y las rutas marítimas. El eje vial Machala–Puerto Bolívar y la avenida 25 de Junio son usadas por grupos criminales como ruta logística hacia cantones aledaños como Pasaje, Santa Rosa y El Guabo, agregan los informes. La zona de cuatro cantones también goza de conexión terrestre con Loja (Loja), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y la frontera con Perú.

2.- Tres kilómetros de riberas y muelles en el Estero Huaylá
Este cuerpo de agua, ubicado en la orilla sur y sureste de la parroquia, es una ruta vital de recalado para embarcaciones de pesca artesanal, que los grupos criminales se tomaron por su conexión fluvial con el archipiélago de Jambelí,  con los muelles del puerto vecino y con la salida a mar abierto . El estero, que conecta con camaroneras y con el mar cuenta con decenas de muelles improvisados irregulares, que en un tiempo fueron utilizados por los pescadores como extensiones de sus propias casas,  pero que luego fueron aprovechados por los delincuentes de forma estratégica para actividades criminales. En marzo pasado la Policía Nacional inició la destrucción de muelles ilegales sobre el estero Huaylá y se contempla la destrucción progresiva de estas estructuras.

3.- Capacidad de control territorial sobre un sector marginal 
Los grupos armados organizados relacionados al tráfico internacional de drogas y al microtráfico de sustancias encontraron en un sector marginal, olvidado y empobrecido el caldo de cultivo ideal para reclutar a jóvenes y pescadores, y para convertir a Puerto Bolívar en enclave criminal. En la provincia de El Oro las organizaciones criminales mantienen el control de zonas importantes mediante extorsiones y cobros ilegales (tipo vacunas extorsivas), utilizando amenazas, ataques armados y con explosivos. Al Estado le ha tomado tres años proponer un plan de intervención permanente en la zona luego de que se disparara la violencia a niveles históricos desde 2023. La disputa por el territorio se evidencia en homicidios por encargo, cometidos principalmente por sicarios que se movilizan en motocicletas o vehículos robados. Estos grupos participan en el contrabando de mercancías, combustible y armas por pasos fronterizos legales e ilegales, y usan el secuestro extorsivo como una forma de obtener dinero.

Lobos y Choneros, dos GAO operando en El Oro
En El Oro, el Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros mantiene posicionamiento en Machala, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas, según la caracterización de inteligencia militar. Pero su accionar delictivo abarca principalmente el narcotráfico y el sicariato.

El GAO Lobos tiene incluso mayor prominencia en la provincia y se dedica a actividades como sicariato, tráfico internacional y microtráfico de drogas, minería ilegal, robo de vehículos y extorsión.

Los Lobos mantienen una pugna territorial con el Grupo de Delincuencia Común (GDC) Sao Box -en Machala y Puerto Bolívar-,  «disponiendo para los enfrentamientos de armamento de corto y largo alcance, incluyendo pistolas, revólveres, metralletas, granadas, explosivos improvisados y fusiles». Fuente: Primicias